A las 7 de la mañana empezaron a llegar a la sala de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, ubicada en la capital del país, Las Madres de Soacha y Bogotá, que pasados 11 años siguen buscando la verdad, acerca de quiénes dieron la orden de asesinar a sus hijos, hermanos, sobrinos, tíos y esposos.
En la audiencia 12 mujeres y un hombre le expusieron al país y a los magistrados, quiénes eran sus familiares, en la lucha que han librado por reivindicar el nombre de cada uno de sus seres queridos, que fueron desaparecidos, torturados, indocumentados, disfrazados de guerrilleros y asesinados por miembros de las Fuerzas Militares de Colombia. Posteriormente algunos de esos militares recibieron recompensas económicas y asensos, en lo que se conoce como el emblemático caso de “Las Madres de Soacha”.
A su vez las víctimas, presentaron sus observaciones a las 31 versiones que ya rindieron algunos hombres de la Brigada Móvil 15 y del Batallón de Infantería ‘Francisco de Paula Santander’, presuntos responsables de alrededor de 69 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo, entre 2007 y 2008, igualmente comprometidos en las ejecuciones extrajudiciales de 15 jóvenes que con falsas promesas laborales fueron reclutados en Soacha y asesinados en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander).
Más de una década luchando contra el olvido
La batalla de estas mujeres por encontrar los cuerpos de sus hijos, iniciaría en el año 2008, fecha en la que los colombianos se enteraron del asesinato de jóvenes provenientes de familias humildes cometidos por miembros del Ejército Nacional.
Unidas por el dolor y la desolación aquellas abuelas, madres, esposas, hermanas, tías, sobrinas e hijas, que aparecieron por primera vez en las pantallas de un televisor, contando que sus familiares estaban desaparecidos, decidieron enfrentar a un Estado, al que le quedo grande la tarea consignada en la Constitución Política de 1991, defender los derechos humanos, la verdad y la justicia, así irrumpió en Colombia, La organización Madres de los Falsos Positivos de Soacha (MAFAPO), que en inicio reunió a puñado de mujeres; que pese a ser estigmatizadas, amenazadas y perseguidas; no se resignaron al olvido, hoy el colectivo MAFAPO, aglutina a todas las familias víctimas de los llamados falsos positivos.
El Ejército Nacional de Colombia, de Héroes a mercenarios
¿Quiénes dieron las órdenes para que mataran a nuestros hijos, de la manera tan miserable en la que lo hicieron?, esa fue la pregunta recurrente que las victimas le hicieron a los magistrados, en la audiencia que duró aproximadamente 8 horas.
“Mi hijo Julián tenía dos sueños uno era entrar al SENA, para hacer un curso de construcción, porque él quería hacer su propia casa; el otro sueño era que cuando él cumpliera 20 años, iba a prestar el servicio militar, para ganarse su libreta militar y conseguirse un mejor trabajo, donde él pudiera ganar un poquito más, pero no pudo cumplir ninguno de los dos”: Blanca Nubia Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy.
“Para mi realmente los hombres del Ejército Nacional, eran unos héroes, saber que cuando yo viajaba por carretera nos hacían los acompañamientos; cuando yo vine a enterarme que habían sido ellos mismos, quienes miserablemente le quitaron la vida a nuestros familiares y a miles de civiles más, sentí un dolor muy grande; ese dolor todavía no me lo puedo quitar de mi alma, ese el mensaje que les quiero dar hoy a las Fuerzas Militares, ¿Por qué ellos que eran los que cuidaban la vida de los civiles, se la cegaron a tantos colombianos?”. Jaqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo.
“Mi hijo amaba el Ejército, prestó su servicio militar en San José del Guaviare, no fue reclutado, él mismo se enlisto, estuvo en el monte prestando su servicio a la patria, como soldado raso, durante dos años y medio; mi hijo tenía 21 años, cuando el Ejército de Colombia, me lo mató miserablemente”. Soraida Muñoz, madre de Jony Duvian Soto.
La JEP, un camino de esperanza
A las 8:40 de la mañana iniciaron los relatos de las 13 familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, una a una pasaron frente a los tres magistrados y la sociedad civil, presentes en la sala; narraron los hechos de desaparición forzada, tortura y asesinato al que fueron sometidos sus familiares, asimismo, contaron las secuelas que ha dejado en sus familias estos hechos.
En nombre de sus seres queridos, le pidieron a la JEP, que llame a comparecer a peritos forenses de Medicina Legal, personal del CTI y la Fiscalía; responsables de lo que consideran una cadena de irregularidades que ha impedido que se sepa la verdad y se castigue a los altos mandos que sería los responsables de estos crímenes de Estado, además, de pedir al unísono, que el Senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez y el ex presidente de la República, Juan Manuel Santos; quienes fungían en su orden como Presidente y Ministro de Defensa, en el periodo en el que más ejecuciones extrajudiciales se presentaron a lo largo y ancho del territorio nacional; comparezcan ante la Justicia Especial para la Paz.
Los costos de la seguridad democrática
Según el estudio “La Política de Seguridad Democrática y las Ejecuciones Extrajudiciales”, realizado por docentes de la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia, durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, las ejecuciones extrajudiciales aumentaron en un 150 por ciento.
Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, entre 2004 y 2008, cerca de 3000 civiles murieron bajo esta misma modalidad, la Fiscalía General de la Nación habla de 2248 víctimas de ejecuciones ilegales, sin embargo la MAFAPO y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, indican que los campesinos asesinados y presentados como guerrilleros en el periodo de la Seguridad Democrática son más de 10 mil.
Blanca Nubia Monroy
El pasado lunes 14 de Octubre, doña Blanca Nubia, no pudo festejar el que hubiera sido el cumpleaños número 30 de su hijo Julián Oviedo Monroy, desparecido el 2 Marzo del 2008; Julián salió de su casa ubicada en Soacha, a las 7 de la noche, luego de seis meses de búsqueda exhaustiva por parte de sus familiares: en anfiteatros, hospitales y estaciones de Policía, el 29 de Agosto de 2008; el cuerpo de Julián fue encontrado en una fosa común del cementerio de Ocaña.
“Julián nació a las 10 de la noche en el hospital Simón Bolívar, era chiquitico, desde que yo quede embarazada fue una alegría muy bonita, a medida que iba a creciendo yo me tomaba mi vientre y lo abrazaba, lo consentía y él como que respondía a esa caricia. Julián fue la luz de mis ojos, él lo fue todo para mí, cuando él tenía 5 días de haber nacido, yo le hice un juramento: que no me iba a separar de él pasará lo que pasará y ahí estuvimos juntos 19 años; hasta que me separaron de él, me lo arrancaron de mis brazos bruscamente. Yo tengo la foto de mi hijo a lado de mi cama, a ratos me levanto y lo consiento, a veces le hablo, le saludo; cuando voy a salir de la casa le paso mi mano por su carita, le digo: cuida la casa y cuida a tus 3 hermanos”. Blanca Nubia Monroy.
Madres de los ‘falsos positivos’ de Soacha dan su versión ante la JEP / Foto: Bibiana Bello
Jaqueline Castillo
En su mano derecha Jaqueline Castillo, sostenía la foto de su hermano Jaime Castillo Peña, oriundo de Soacha, Cundinamarca, Jaime de 53 años de edad, desapareció el 10 de Agosto del 2008, en el Éxito de la calle 80 con avenida 68 en Bogotá. Dos meses después de su desaparición Jaqueline, logró identificarlo dentro de una fosa común de 11 cadáveres en Ocaña.
“Yo guardaba la esperanza de que no fuera Jaime, yo estaba sola, entonces llame a mi otro hermano y le dije venga porque creo que encontré a Jaime, cuando mi hermano salió dijo, si es Jaime. Me preguntaron si pertenecía a la guerrilla, les dije que no, me respondieron: aquí figura como guerrillero dado de baja en combate. Yo vengo de una familia muy humilde, de mis 7 hermanos yo fui la única que pudo estudiar, mi hermano siempre tuvo trabajos inestables, durante un tiempo le ayudaba a mi otro hermano en la carpintería, vendía dulces o limpiaba los vidrios de los carros en la calle, él era un ser buen ser humano, muy colaborador”. Jaqueline Castillo.
Las madres de Soacha señalaron que si bien algunos uniformados han aportado datos acerca de cómo se ejecutaron a sus seres queridos, la información entregada aún es escasa, razón por la que exigieron que la JEP, otorgue los beneficios solo a los militares que se acogieron a la justicia trasnacional, pero que están aportando con la verdad plena. Solicitaron además que los uniformados activos investigados por este delito sean expulsados de la fuerza pública, para que las ejecuciones extra judiciales no se repitan.
“La JEP es nuestra tabla de salvación, para saber qué fue lo pasó, quién se llevó a nuestros chinos y quién les dio la orden”. Blanca Monroy
Por su parte la magistrada Catalina Díaz, que asumió este caso, manifestó que gracias a los testimonios recolectados por la JEP, se ha podido establecer que existieron distintos métodos de selección de víctimas de los falsos positivos, para el caso puntual de Soacha y Antioquia, los reclutadores conseguían jóvenes vulnerables socialmente; para la región del Catatumbo, se construyeron “una especie de listas negras”, lista que portaban miembros de la unidad militar de esa región, de esta manera iban identificando personas, para a continuación ser presentadas como bajas falsas de supuestos combates .
