La exsenadora colombiana Piedad Córdoba ha solicitado a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia ser investigada, después de que la semana pasada un grupo de diputados de la Asamblea de Ecuador presentaran un informe en el que se le relacionaba con el empresario Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Córdoba ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales en el que ha responsabilizado a los “sectores de la ultraderecha” de América Latina de lanzar una campaña de desprestigio contra la oposición de las fuerzas de la izquierda, que se han convertido en “alternativa real” tras haber sabido “interpretar” el descontento social mostrado por amplias capas de la sociedad colombiana.
“En ese marco deben interpretarse las infundadas acusaciones contra mi trayectoria política y mi ámbito familiar. Su política es infundir miedo ante las transformaciones que se vislumbran para vender una falsa sensación de seguridad”, ha dicho Córdoba, quien ha recordado cómo tras años de vigilancia por parte del Estado “nunca han encontrado nada indebido”.
“Jamás he negado que conozco a Alex Saab, empresario que dentro de sus múltiples actividades desarrollaba emprendimientos comerciales que no estaban en ese momento cuestionados. Las relaciones que tuve con él se desarrollaron en escenarios enmarcados en la legalidad”, ha subrayado.
Córdoba ha anunciado que no solo emprenderá las acciones legales pertinentes contra quienes han lanzado estas acusaciones, sino que también solicitará a la Fiscalía de Colombia y al Tribunal Superior de Justicia que investigue su conducta
Las acusaciones contra Córdoba forman parte de una informe entregado hace una semana al presidente de Colombia, Iván Duque, por parte de un grupo de diputados de la Asamblea de Ecuador, sobre una supuesta trama transnacional de blanqueo de capitales que involucraría no solo a Maduro, sino también a otros importantes líderes latinoamericanos como los expresidentes Juan Manuel Santos o Rafael Correa.
Un día después de que se lanzaran estas acusaciones, la defensa de Saab, negó que el empresario hubiera llevado a cabo negocio alguno con los expresidentes Santos y Correa, y que ya fue sobreseída una causa al respecto en el año 2016.
En las 125 páginas que conforman el documento se acusa a los expresidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Juan Manuel Santos de estar involucrados en esta trama orquestada por Saab y su socio Álvaro Pulido, con la que se habrían blanqueado unos 160 millones de dólares.
Uno de los supuestos episodios a los que hace referencia el informe es la firma en 2011 de unos convenios suscritos por los gobiernos de los entonces expresidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos para levantar viviendas prefabricadas en Venezuela a través de la empresa Fondo Global de Construcción, propiedad de Saab y Pulido.
“Esta empresa no exportó una sola casa prefabricada de Ecuador a Venezuela –como era su objetivo–, sino que fue una fachada, el objetivo era apropiarse de las reservas de libre disponibilidad de Ecuador y el objetivo del ‘chavismo’ era acceder a los dólares de la reserva ecuatoriana”, señala esta comisión.
El acuerdo se cerró el 28 de noviembre de 2011, cuatro días después de que se creara Fondo Global de Construcción, con sede en Colombia, que a pesar de tratarse de una empresa de papel y no contar con experiencia en el sector, logró la licitación, tal y como ha publicado la revista ‘Semana’.
