El Gobierno Nacional expidió la Directiva 01 de 2022 para obligar a las entidades públicas a verificar la capacidad de la persona que ingresará bajo la modalidad de contratista para ejecutar múltiples obligaciones contraactuales.
Se exige que se constate además si tiene lasos familiares en primer y segundo grado de afinidad y de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con el Estado.
La directiva se expide en momentos en que la Presidencia de la República enfrenta un escándalo por los 25 contratos que firmó Karen Vaquiro, esposa del exasesor de la Casa de Nariño, Andrés Mayorquín con diferentes entidades del orden nacional por más de 1.200 millones de pesos.
Tanto Mayorquín como Váquiro, consideraron que no cometieron ninguna irregularidad con el manejo de información privilegiada para obtener contratos con entidades del Estado, mientras que la esposa del principal funcionario a cargo de María Paula Corre, jefa de gabinete del presidente Duque, dijo que negó en documentos públicos su estado civil, por “desconocimiento”.
