Los 133 impedimentos radicados en el Concejo de Bogotá, que provocaron la dilación del trámite de lo que en su momento fue el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la alcaldesa Claudia López, motivaron un proyecto de acuerdo para reformar el actual reglamento interno con el que funciona la Corporación.

Esta es una de las metas que se trazó el actual presidente del Concejo de Bogotá, Samil Abisambra, lo mismo que sus compañeros en la mesa directiva.

El primer cambio propuesto, tiene que ver con el momento en que se reciba la comunicación de impedimento de determinado Concejal. La idea es que el respectivo Presidente procederá a ponerla en consideración en la misma sesión de Plenaria o la Comisión Permanente que se encuentre citada o en cualquiera sesión posterior, para que esta instancia adopte de plano la decisión de aceptar o negarlo, y para agilizar la votación y evitar dilaciones, el Presidente respectivo podrá agrupar los impedimentos según las causales y las circunstancias de configuración, y procederá a su votación en grupo respetando las mayorías requeridas para la decisión de los mismos.

Adicionalmente, las recusaciones serán votadas en la Comisión de Ética del Concejo, que se propone crear, para agilizar la votación y evitar dilaciones, el Presidente de la Comisión de Ética del Concejo podrá agruparlas, según las causales y las circunstancias de configuración, y proceder a decidirlas en grupo respetando la mayoría requerida para su decisión.

Otra de las modificaciones es aquella concerniente a la estructura orgánica del Concejo Distrital en la que se debe incluir a la Comisión para la Equidad de la mujer de conformidad con la Ley 1981 de 2019, y además se busca que esta tenga incidencia en las juntas de voceros y así lograr que los asuntos para la equidad de la mujer tengan trascendencia en la Corporación.

En relación a las Comisiones Accidentales y de seguimiento, se propone una modificación al artículo 36, con el ánimo de eliminar duplicidades en ambos tipos de Comisiones y asignar las funciones que corresponden a una y a otra.

Otro cambio propuesto tiene que ver con la elección del Contralor, que se haría antes de finalizar el periodo constitucional del Concejo saliente con el fin de garantizar mayor transparencia y fiabilidad en el proceso de elección.