Estaban a punto de ser contratadas. Estas vías son un caso especial porque eran parte de una concesión fallida y ahora van a ser construidas por obra pública y pagadas con peajes. El Idesan (de la Gobernación de Santander) quería aplicarle a la evaluación de proponentes una regla que no está contemplada en el pliego tipo, lo cual le quitaba validez al proceso y lo enturbiaba. Es natural que la historia de la familia del gobernador prenda todas las alarmas. Con la buena disposición de la Alcaldía de Bucaramanga y del Invías, y dos representantes de la sociedad civil, Prosantander y la Sociedad Santandereana de Ingenieros -SSI-, se han logrado detectar las fallas en el proceso de selección del contratista, parándolo y repitiendo la evaluación de propuestas, además de ponerle un gerente al proyecto y lo más probable es que ahora lo logren hacer de forma trasparente. Este caso es un verdadero hito en la lucha contra la corrupción estatal que presuntamente iba contaminar este contrato. Pero también es un ejemplo muy interesante de realizarla a través de obra pública con endeudamiento y pagada con peajes. Aquí la historia.
Se trata de la licitación IDE-LP-001-2021 que tiene dos grupos: la doble calzada La Virgen – La Cemento (construcción) y Palenque- Café Madrid (rehabilitación, parte del anillo vial en el norte de la ciudad) que eran tramos de una concesión del antiguo INCO que iba de Lebrija hasta Rionegro. Este tramo quedó sin ejecutar y aunque el concesionario incumplió no le caducaron el contrato sino que llevaron a cabo una liquidación tortuosa. La anterior Alcaldía de Bucaramanga tuvo la iniciativa de proponerle al entonces vicepresidente, que fungía como el rector de la infraestructura en Colombia, que le dejara a la región ejecutar el tramo por obra pública y pagarlo con los recaudos del peaje, propuesta que fue aceptada. Sobre esto volveré más adelante porque hay una importante lección que estaremos pendientes de sacar de este caso.
Para ejecutar el proyecto se creó un Convenio (1113 de 2016) entre la Gobernación (por el territorio en donde queda la vía), la Alcaldía de Bucaramanga (porque estas vías son fundamentales para el desarrollo del Área Metropolitana, además de estar la conexión con el aeropuerto, la salida a la costa que de paso es fundamental para la movilidad de los barrios del norte de la ciudad y para el funcionamiento del Portal del Norte de Metrolínea), la ANI (que conservó la gestión predial en el Convenio), Invías como titular de las vías, y la Aeronáutica Civil (propietaria de parte de los predios en el subtramo que va desde la Y del aeropuerto hasta el aeropuerto), y designaron al Idesan como ejecutor de Convenio, instituto que está llevando el proceso de contratación. La vía será pagada con el recaudo del peaje y financiada con créditos al Idesan.
Prosantander, entidad sin ánimo de lucro que representa a los empresarios santandereanos, y la Sociedad Santandereana de Ingenieros -SSI-, como representantes y dolientes de la sociedad civil le solicitaron a la ministra Orozco (Transporte) que los dejara hacer parte del comité directivo del Convenio. Ella, como cabeza de las tres importantes entidades del orden nacional involucradas accedió en la misma reunión que se lo solicitaron. Así llegaron estos representantes de la sociedad civil al comité directivo del Convenio el 12 de julio, con voz pero sin voto, suficiente para opinar y vigilar que todo se haga bien.
Recomendaron de inmediato que en el proceso de selección no se fuera a aplicar la misma regla que había usado la Gobernación en un contrato de una vía en Barrancabermeja recientemente (ver licitación), porque estaba fuera del pliego tipo (versión 2) según la cual los proponentes debían presentar paz y salvo de parafiscales lo que es requisito durante la ejecución de la obra pero no para el proceso de selección y por eso el pliego tipo no lo considera. De esta forma pueden descabezar ilegalmente a muchos de los proponentes.
Para verificar este aspecto solicitaron el informe original de los evaluadores que fue prometido para el 16 de julio, después para el 23, posteriormente para el 30, hasta que por fin fue publicado en el Secop II el 3 de agosto. La Alcaldía, Invías, Prosantander y la SSI se pronunciaron sobre el informe de evaluación porque no estaba de acuerdo con los pliegos y lograron su revocatoria. Tanto quienes habían quedado seleccionados como los que no, hicieron sus reclamos y ahora el Idesan debe resolver. Pero la Alcaldía y la SSI fueron más allá y quisieron conocer el informe original suscrito por los evaluadores, la hoja de vida de cada uno y la interacción que tuvieron con las ofertas (cuya trazabilidad queda registrada en el Secop II). El resultado de esta verificación fue que 3 de los 5 evaluadores manifestaron que ellos no habían hecho la evaluación realmente. Es decir, la etapa de evaluación era nula y debía repetirse.
Ahora el comité directivo nombró un gerente que estará a cargo del Convenio y no será más el gerente del Idesan aunque la institución debe seguir siendo la ejecutora. Todo esto redundará en la trasparencia del proceso y en la correcta ejecución de la obra que brinde los beneficios esperados a los santandereanos, que realmente es lo que importa en las contrataciones del Estado.
De esta experiencia hay varias conclusiones de gran importancia:
- Si esta región demuestra que pueden hacer esta ex-concesión por obra pública, con cargo al peaje, habiéndola financiado con préstamos, con buenos resultados en tiempo y costo, tendremos una alternativa válida a las concesiones cuyo desempeño no es el mejor y que es preciso revisar.
- La participación de la sociedad civil es fundamental para cuidar los procesos de la corrupción acechante. El mayor doliente debería ser el funcionario que ha sido elegido por el pueblo pero lamentablemente por todos los rincones del país vemos procesos amañados que de inmediato indican que puede haber corrupción y que el funcionario está más interesado en el contrato (para obtener beneficios personales ilícitamente) que en el proyecto (beneficios para la población). Como la sociedad civil sí es un verdadero doliente, si se obtienen buenos resultados de esta experiencia habrá la oportunidad de oro de derivar un nuevo procedimiento mediante el cual pueda haber representantes de la sociedad civil cerca de los procesos (sin ser parte de su ejecución que solo le compete a las entidades) para cuidarlos, vigilarlos, mejorarlos y ayudarlos a que tengan el final exitoso que se espera. En todos los proyectos del Estado la sociedad civil es uno de los públicos interesados más importante; con este ejemplo se demuestra que tanto mas cerca esté de poder hacer vigilancia mejor será la trasparencia. Desde luego, estos representantes no pueden ser nombrados ni designados por el Gobernante sino por la misma sociedad civil en forma totalmente independiente.
- De lo sucedido con los problemas observados en este proceso:
- El hecho de que se haya vuelto a usar la mala práctica del contrato en Barrancabermeja indica que se está trasladando de procesos anteriores de la Gobernación a éste, y como tiene efectos de descalificar proponentes masivamente induce a pensar que se trate de una práctica corrupta. Hay que estar vigilantes para atajarlas.
- Lo anterior lleva a una conclusión fuerte: no basta tener pliegos tipo, hay que cuidar con recelo su aplicación correcta.
- Uno de los puntos clave es vigilar el nombramiento de evaluadores íntegros, sin tacha en su hoja de vida.
- Es fundamental que en las revisiones de documentos, éstos vayan con sus firmas originales y no sólo con sellos con la leyenda de “original firmado”.
Este ejemplo podría ser una luz de esperanza para empezar a tener éxito en la lucha contra la corrupción en la contratación estatal, que nos asfixia afectándonos a todos los colombianos aunque no nos demos cuenta o no comprendamos bien la relación con el bolsillo de cada uno. Estaremos pendientes de sus resultados para impulsar su implantación en todo el país.
@refonsecaz – Ingeniero, consultor en competitividad.
