Foto: Everth Hawkins, gobernador de San Andrés
Tras el anuncio de la Fiscalía de imputar cargos al gobernador de San Andrés y Providencia, los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, por presuntas irregularidades en la firma de 16 contratos durante la emergencia sanitaria del covid-19, el mandatario local acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitando medidas cautelares.
Hawkins dice que la actuación de la Fiscalía “corresponde a una persecución política en su contra por las críticas elevadas al jefe del ente investigador por su visita a la isla en la época más fuerte de la pandemia”.
La Fiscalía investiga al gobernador por los contratos firmados entre el 2 abril y el 29 mayo de 2020, que tenían como objetivo la realización de actividades de inspección turística, actualizar la información de la isla para ser difundida a los visitantes, al igual que auxiliares de enfermería, entre otros. El ente investigador considera que estos no podrían suscribirse porque en ese momento, un decreto nacional impedía la realización de actividades recreativas en lugares como playas y sitios de interés turístico.
