Fueron judicializados el secretario de Gobierno de la Gobernación de Meta, Hernán Alexis Gómez Niño, y a los exalcaldes de Fuentedeoro (Meta), Guillermo Suárez Trujillo y Jesús Antonio Londoño Zapata, por su presunta participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación en varios municipios de Meta, Casanare y Cundinamarca.
También fueron vinculados los exsecretarios de planeación de Fuentedeoro, Nelson Enrique Sarmiento Hernández y Miguel Roberto Muñoz Torres; y los contratistas Claudia Milena Ricaurte Rincón, Yeison Javier Medina Neira y Carlos Augusto Daza Orrego.
De acuerdo con las investigaciones, estas personas hicieron parte de un entramado criminal que, entre 2015 y 2022, orientó los procesos contractuales para realizar obras civiles, como acueductos, para beneficiar a dos uniones temporales.
En 2015, el ahora secretario de Gobierno de Meta habría gestionado irregularmente la adjudicación de un contrato por 4.752 millones de pesos, cuyo objeto era la construcción de un alcantarillado para las veredas Puerto Aljure y Puerto Santander, en Fuentedeoro (Meta); con el respectivo contrato de interventoría que ascendió a 218 millones de pesos.
En la licitación se presentaron varios oferentes para simular un concurso público. La evidencia indica que se usaron formatos, firmas y sellos de empresas constituidas legalmente para organizar propuestas falsas y así garantizar que una unión temporal ganara el contrato sin dificultades.
El entonces alcalde de Fuentedeoro, el señor Suárez Trujillo, presuntamente conocía el propósito ilegal y obtuvo ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) los recursos para cubrir un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. De este proyecto salieron los dineros del contrato de construcción del acueducto, el cual es motivo de investigación. Por esta actuación, el exmandatario habría recibido 150 millones de pesos.
Otra anomalía detectada estaría relacionada con el giro de 1.533 millones de pesos, sin tener en cuenta que el contrato fue suspendido por dificultades en acuerdos de servidumbre en varios predios por donde pasaría la red de alcantarillado.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los investigados, según el posible nivel de participación, delitos como: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y concierto para delinquir.
Los cargos no fueron aceptados. Tres de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son el secretario de Gobierno de Meta y los contratistas Daza Orrego y Ricaurte Rincón. Cuatro investigados más cumplirán detención en el lugar de residencia; mientras que el señor Medina Neira seguirá vinculado al proceso.
Un total de 11 inmuebles urbanos y 5 rurales, 25 vehículos, 4 sociedades, 4 establecimientos de comercio y 196 semovientes, fueron afectados con medidas cautelares en el marco de la investigación.
