Jorge Robledo
Hace unos días, El Espectador, El Tiempo y Semana hicieron noticia con la respuesta del Fiscal Daniel Hernández a un derecho de petición del defensor de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en el proceso penal contra la corrupción del Consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht y Corficolombiana-Grupo Aval). Los artículos dijeron que el Fiscal informó que los directivos corruptos de Odebrecht con los que él se reunió en Sao Pablo, Brasil, “no señalaron a Sarmiento”, una llamativa manera de absolverlo.
Hernández agregó que su visita a Brasil fue motivada por el debate de noviembre de 2018, debate que si no tumbó a Néstor Humberto Martínez fue porque, con el cambiazo provocado por el famoso video de Petro, le impusieron otro tema de conversación al país. Por lo que cuenta Hernández, nadie de la Justicia de Brasil asistió a la reunión, seguramente porque el Fiscal Martínez nunca celebró un acuerdo de colaboración con ella, como el que sí hizo Perú y con muy buenos resultados. ¿Puede usted, señor fiscal Hernández, mostrar el documento oficial de lo que pasó ese día o se trató de una charla informal?
La carta absolutoria del Fiscal Hernández cita a otro Fiscal delegado, que en diciembre de 2018 había señalado: “nunca se mencionó algún tipo de actuación con relevancia penal, relacionada con los representantes del Grupo Aval, salvo el nombre de José Elías Melo” (bastardillas aquí). ¡Apenas eso! Un asunto menor y sin relevancia que Melo fuera nada menos que el presidente de Corficolombiana, poderosa empresa del Grupo Aval, en ese momento con detención domiciliaria y acusado de ser coautor del soborno de 6,5 millones de dólares con el que el Consorcio Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Grupo Aval) se compró ese contrato ilegal. Hernández además reforzó la absolución con una mentira: que el brasileño de Odebrecht, Luis Bueno, quien tomó parte en el soborno, no dijo nada que tocara a los Sarmiento en el juicio que condenó a Melo.
Como si fuera poco, la respuesta de Hernández al abogado de Sarmiento Gutiérrez tiene fecha del 1 de julio de 2020, 14 meses después de que hubiera sido condenado a casi 12 años de cárcel José Elías Melo, subalterno de los Sarmiento, hijo y padre. Otro hecho muy relevante silenciado por este fiscal en su carta absolutoria.
En su respuesta, filtrada por alguien a los medios, Hernández tampoco informó que el juez que condenó a Melo también le pidió a la Fiscalía que investigara a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y a los directivos del Grupo Aval Carlos Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, y Mauricio Millán, uno de los directivos de Aval en el Consorcio, a la par que a María Victoria Guarín, la esposa de un alto directivo del Grupo Aval denunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por sus actos en la licitación de la Ruta del Sol 2 desde la Corporación Financiera Internacional, caso por el que la SIC también denunció a Sarmiento Gutiérrez en la Fiscalía.
Y que el Fiscal Hernández sí mintió en su respuesta al abogado de Sarmiento Gutiérrez lo prueba que el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Luis Bueno, le declaró al juez que Melo le pidió tratar la corrupción “exclusivamente con él, y que él iba a informarle a Luis Carlos Sarmiento Junior sobre el trato con Gabriel” García Morales, el viceministro de Vías que sobornaron con los 6,5 millones de dólares.
Sobre Daniel Hernández debe agregarse que el Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa –quien reemplazó a Martínez Neira en parte del proceso y cumpliendo él sí con sus deberes–, lo acusó formalmente por no haber denunciado a Otto Bula Bula por “los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir”.
En diciembre se cumplen cuatro años de estallado este escándalo, en el que la Fiscalía ha dicho que hubo sobornos por 32,5 millones de dólares, de los que solo se sabe quiénes pagaron 6,5 millones. Muy poco se ha demostrado sobre los altos funcionarios y políticos que los recibieron. Peor, bien difícil. Por la mediocridad de las investigaciones, este caso gravísimo tiende a terminar en que Melo pagó el soborno de su bolsillo y sin contarles nada a sus jefes, a quienes enriqueció con ese delito, o en que los de Odebrecht pagaron de sus arcas la parte que le tocaba al Grupo Aval, subsidiándolo en los 10,7 millones de dólares que les correspondía. Y no son chistes (wp.me/a99Bcq-2ST)
Coletilla: constituye una descarada agresión política a los colombianos que los duquistas se empeñen en imponer en la presidencia del Senado a Arturo Char, sobre quien la Corte Suprema dijo: “del acervo probatorio estudiado por la sala (sobre Aída Merlano) se da cuenta de la presunta realización de conductas punibles por parte del senador Arturo Char (…) se compulsarán copias para que se les investigue penalmente” a él y a otros.
