Hace más de quince años, este autor fue coordinador ponente de la ley que creó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una reforma que transformó silenciosamente la economía. La SAS no fue solo una reforma jurídica; fue un rediseño de los incentivos para emprender, invertir y crecer. Hoy, cuando esta figura es la columna vertebral del tejido empresarial, vale la pena hacer un corte de cuentas, no para celebrar el pasado, sino para entender qué exige el futuro: la actualización digital del derecho societario.

Los resultados son difíciles de controvertir. La SAS simplificó la constitución de empresas, redujo los costos de transacción y permitió que miles de emprendedores migraran desde la informalidad hacia estructuras modernas de responsabilidad limitada.  Además, hizo a Colombia compatible con estándares internacionales. En el último año, el 98% de las sociedades creadas fueron SAS. No es casualidad que sea la forma predominante de organización empresarial: cuando se reducen fricciones, el mercado la adopta sin necesidad de pedagogía. Pero toda innovación exitosa corre el riesgo de volverse invisible. Y lo invisible, en política pública, suele confundirse con lo suficiente.

El mundo productivo que vio nacer la SAS era esencialmente análogo. El que habitamos hoy es digital, distribuido y crecientemente intensivo en datos. Las empresas ya no solo producen bienes o servicios; producen información, operan en múltiples jurisdicciones y escalan a velocidades antes impensables. La pregunta, entonces, no es si la SAS funcionó, eso ya está resuelto, sino si nuestro derecho societario está preparado para la economía que viene.

La próxima gran reforma debería partir de un principio simple: así como la SAS fue la infraestructura jurídica del emprendimiento en los inicios del siglo XXI, Colombia necesita ahora la infraestructura societaria de la economía digital.

El país debería avanzar hacia una identidad empresarial plenamente digital. Constituir una sociedad en horas, operar libros corporativos mediante tecnologías verificables y realizar asambleas sin fricciones geográficas no debería ser la excepción, sino la regla. La trazabilidad tecnológica, además de reducir costos, fortalecería la transparencia.

Es momento de facilitar estructuras de capital más dinámicas. Las startups y las empresas de alto crecimiento requieren vehículos que permitan emitir distintas clases de acciones con agilidad, atraer inversión extranjera sin laberintos regulatorios y ejecutar planes de compensación accionaria para talento. Colombia podría explorar figuras societarias diseñadas para la innovación, marcos que reconozcan organizaciones descentralizadas cuyo gobierno se apoya en código tanto como en estatutos. El capital sigue a la flexibilidad.

Nada de esto implica desmontar lo que funciona. La fortaleza de la SAS radica precisamente en su adaptabilidad. Pero las economías que lideran no se limitan a preservar sus aciertos; los actualizan antes de que se vuelvan obsoletos.

El debate societario no es solo técnico: es una conversación sobre crecimiento. Cada barrera innecesaria en la creación o expansión de empresas es una barrera al empleo, a la innovación y a la movilidad social. La SAS demostró que una buena arquitectura institucional puede cambiar el comportamiento económico de un país. El desafío ahora es tener la misma audacia reformista para la siguiente etapa. Porque las naciones competitivas no solo celebran las reformas que hicieron historia, construyen, a tiempo, las que harán posible la próxima.

Simón Gaviria Muñoz