Colombia enfrentaba una situación dura en los años 80, con altos niveles de violencia, bloqueos institucionales y un sentimiento de no futuro. Los estudiantes, las guerrillas desmovilizadas, las élites modernizantes, los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria, los movimientos populares, los indígenas, los afros, los campesinos, las mujeres, y muchos más lograron un consenso sobre una Asamblea Nacional Constituyente como “pacto político de paz y de ampliación democrática”.
El contexto era el de varios procesos de paz fracasados, la Unión Patriótica exterminada, muchos políticos asesinados, el movimiento guerrillero fortalecido, los paramilitares creciendo, los narcotraficantes asesinando y secuestrando por doquier, los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas amenazados, los gobiernos con perfiles autoritarios, el holocausto del Palacio de Justicia y el Ejército Nacional denunciado y condenado por graves violaciones a los derechos humanos. En medio de ese caos, sin embargo, surgió la esperanza.
Aquí el recuento cronológico de la Asamblea Nacional Constituyente. En el año de 1990 se realizaron elecciones presidenciales en las que se llevó a cabo la famosa séptima papeleta impulsada por los estudiantes. Se convocó la Asamblea el 9 de octubre (Decreto 1926), la Corte Constitucional avaló la convocatoria el 20 de octubre y se llevaron a cabo elección de delegados en diciembre. La Asamblea la integraron 70 constituyentes, 25 del Partido Liberal, 19 de la Alianza Democrática M-19, once del Movimiento Social Conservador, dos del Movimiento Unión Cristiana, y dos de Movimientos Indígenas. Además, dos de Esperanza Paz y Libertad con voz y voto, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores con voz y uno del Quintin Lame con voz. La Asamblea se instaló el 5 de febrero de 1991 con 74 delegatarios presididos por Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe, y funcionó por 149 días.
Además de los triunviros, destaco, y no en orden de importancia, a Orlando Fals Borda, Alfredo Vásquez Carrizosa, Álvaro Leyva Durán, Iván Marulanda Gómez, Álvaro Echerry Uruburu, y Alfonso Palacio Rudas. Igualmente, a Aida Abella, militante aguerrida de la Unión Patriótica, hoy senadora. Maria Mercedes Carranza, quien comentó en su momento “Bajo el rigor jurídico que nos imponen las leyes, solo ahora podemos decir que hay Constitución”. Gustavo Zafra Roldán, que presidió años después la Comisión que culminó produciendo el Informe de Implementación de las Recomendaciones en los casos de Villatina, Los Uvos y Caloto, presentado por el Estado a la Comisión Interamericana en octubre de 1996. Y Lorenzo Muelas, que inculcó un reconocimiento a las minorías que habían sido ignoradas por más de 200 años de vida republicana. Mis excusas por no mencionarlos a todos y todas.
El 4 de julio de 1991 entró en vigor la Constitución que rige hoy en día en Colombia. Hay que destacar a la sociedad civil de la época que creó un movimiento para llevar al país entero al futuro, para sacar adelante una carta de derechos de consenso nacional que, a pesar de sus defectos porque no es perfecta, consagra los principios y diseños institucionales que el país requería y requiere, con la apuesta de preservar lo mejor de la tradición constitucional colombiana, corrigiendo sus sesgos autoritarios, excluyentes, confesionales, centralistas y homogenizantes. La crisis que se vivía en los 80 se enfrentó con más democracia, con un amplio catálogo de derechos y sus mecanismos de protección judicial, como la tutela y la apropiación de la gente de esos derechos, con mayor inclusión, con más igualdad y diversidad, con autonomía de las regiones y equilibrio entre los poderes, con un Estado laico y haciéndole frente a los desafíos como la crisis ambiental.
Con la nueva Constitución se abrió paso a un ideal de Estado social de derecho con autonomía competencial, constitucional y tributaria de las entidades territoriales nacional, intermedia y local, que la ley puede regular. Esto sin desconocer que acepta una economía social de mercado en que los derechos sociales y económicos a la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento ambiental, la vivienda y el empleo se garanticen aplicando los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, entre los distintos niveles de gobierno.
Sobre el asunto de la policía y la convivencia ciudadana hoy en controversia, sería importante volver a estudiar la propuesta que presentó en el año 1983 el entonces director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, anticipándose a lo que se aprobó en la Constituyente, la policía como una fuerza pública civil y no militar. Su propuesta en ese entonces, que la policía dependa de un departamento administrativo técnico civil y no del Ministerio de Defensa, no fue aceptada. Pero lo que quedó no ha funcionado adecuadamente. La policía no sale bien parada por su respuesta violenta a las protestas ciudadanas de los últimos meses y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de la semana pasada, recomendó la separación de la policía del Ministerio de Defensa, y que los procedimientos policiales se ajusten a los estandáres internacionales de los derechos humanos. Tarea postergada que hoy urge.
Seguimos, asimismo, en deuda con la igualdad “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica” y sobre todo con la equidad, por la falta de educación y empleo de nuestros jóvenes, que se reflejan en las protestas a partir de 28 de abril de 2021.
En el tema de la crisis ambiental hay que recuperar la calidad de vida de todas y todos, mera aspiración de toda la sociedad colombiana, hoy amenazada por la pandemia. Los avances de la Corte Constitucional creada en la Constitución actual, que declara a los principales ríos sujetos de derechos, que establece la protección de los páramos y la apuesta gradual por las energías renovables, señalan el camino correcto.
La Constitución tiene todavía muchas promesas por cumplir. Pero no hay que caer en el error de los que llaman a una nueva constituyente, y, que por razones políticas quieren hacer borrón y cuenta nueva. Los 30 años de la Constitución son un recordatorio de que el país tiene los insumos necesarios para ser un sólido Estado social de derecho,por algo es un referente para los países de la región. Sin embargo, hemos fallado en nuestro compromiso para hacerlo una realidad.
