Los agravios del Estado colombiano contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, no paran. Los presidentes de la Cámara, Jennifer Kristin Arias Falla, y el Senado, Juan Diego Gómez, enviaron una carta al alto tribunal del 31 de diciembre de 2021, protestando contra la Resolución de seguimiento del 25 de noviembre, donde el tribunal internacional sostuvo que los ajustes realizados a la Procuraduría General de la Nación no cumplen con el fallo sobre la destitución de Gustavo Petro.
Añadieron Arias y Gómez que la Corte IDH intenta “repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”-como si la decisión del estado colombiano de someterse a la supervisión del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos no fuera soberana-, y le pidieron que no se pronuncie antes de que la Corte Constitucional colombiana falle sobre el tema, con lo cual se violaría el “control de convencionalidad” que ejerce el alto tribunal interamericano sobre el juez constitucional.
El senador Iván Cepeda el 4 de enero manifestó que la carta de los presidentes del Senado y la Cámara “fue un atrevimiento” debido a que hablaron en nombre de todo el Congreso ante un organismo internacional. En la misma dirección veintiseis congresistas le dirigieron una carta el 5 de enero a la presidenta de la Corte IDH en la que manifestaron que los dos directivos no representan la posición institucional del Congreso de la República de Colombia, pues obedece a una valoración personal de éstos y, porque la comunicación no fue discutida ni aprobada por las plenarias de la Cámara o del Senado de la República.
El senador Gustavo Petro el 5 de enero sostuvo que no se trata de opinar sobre una sentencia. El Congreso estaba obligado a cumplirla porque es una sentencia judicial de máximo nivel en el país, agregando que los congresistas que votaron la ley de la Procuradora Margarita Cabello y ella misma “desacataron la justicia y desobedecieron la sentencia que buscaba democracia y respeto a los derechos humanos. El presidente del Congreso como la Procuradora deberían ser investigados por la justicia”.
La procuradora Cabello el 18 de enero volvió a insistir que conserva todas las facultades para actuar de manera preventiva y disciplinaria frente a presuntas faltas que cometan todos los funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Añadió que “Muy equivocados están los que creen que la sentencia de la Corte IDH les ampara para incurrir en infracciones de carácter disciplinario”, comentario que distorciona por completo el sentido de la sentencia Petro. Al dia siguiente le abrió investigación disciplinaria a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por supuestos trinos de contenido político.
No es la primera vez que altos funcionarios estatales se van lanza en ristre contra Corte IDH. El 15 de marzo de 2020, en el caso Bedoya Lima vs. Colombia, el director del Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, recusó a cuatro de los seis jueces del Tribunal, al cuestionar su poder de realizar preguntas, y se retiró de la audiencia, alegando supuestas faltas de garantías de los magistrados.
Recusar a un número elevado de jueces y levantarse de la mesa fue una bofetada para la victima, la periodista Jineth Bedoya, quien fue secuestrada, abusada sexualmente y torturada, y también un agravio para todas las victimas de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia y en el hemisferio. La Corte IDH en Resolución de 17 de marzo de 2021, calificó la decisión del Estado de abandonar la audiencia, como “una actuación inédita en la historia de esta Corte; carente de justificación, y absolutamente desproporcionada, todo lo cual ha supuesto además una revictimización de la señora Bedoya Lima”.
La actitud de reproche se extendió a otros organismos internacionales. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia publicó un informe referido a los hechos que se llevaron a cabo entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en el marco de las protestas en todo el país provocadas por la reforma tributaria del gobierno Duque, que terminaron en 63 muertos, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que aún están desaparecidas. La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, lo rechazó porque no se puede permitir que descalifiquen “la institucionalidad y el Estado de derecho, sobre todo, porque aquí hay políticos que están haciendo la política a costa de destruir la confianza ciudadana en las instituciones”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de julio de 2021, dio a conocer su informe sobre el Paro Nacional que contradijo la postura internacional del gobierno, de que en el país existe una democracia garantista al derecho fundamental de la protesta y que las violaciones a los derechos humanos durante el paro eran “casos aislados” en la Policía Nacional. Todo lo contrario, el informe evidenció una “sistematicidad” de la represión policial a las protestas legítimas en Colombia que no requiere de órdenes explicitas ni escritas de las autoridades, y emitió 41 recomendaciones para evitar repetición de lo mismo en el futuro. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez lo impugnó argumentando que “Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”, que “las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes para el Estado” y por lo tanto, el gobierno no va a cumplir algunas de ellas.
La relatoría independiente para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el marco de las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, producto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, coordinado por ex Defensor del Pueblo Carlos Negret, y publicado a mediados de diciembre de 2021, concluyó que durante esos dos días se perpetró una masacre cuya responsabilidad recae en la Policía Nacional. El informe fue rechazado por el presidente Iván Duque, el 15 de diciembre de 2021: “Construir aspiraciones políticas de cuenta de lacerar las instituciones es un acto de vileza, es un acto de villanía y es además una actitud contraria al deber de estar guiado por la verdad y por los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley”.
Seamos claros: el gobierno de Iván Duque y sus aliados se han caracterizado por desacatar los informes y las decisiones de entidades multilaterales de derechos humanos cada vez que les caen mal o que vayan en contra de intereses netamente políticos. Su actitud es inconsistente con el verdadero apoyo para los derechos humanos y el estado de derecho. El país merece menos resistencia y politicizacion por parte de las autoridades y más cumplimiento pleno.
* Fundador e integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, CAJAR y representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en lo nacional e internacional.
