El ánimo de poder en Colombia es muy grande, siempre buscado y anhelado por todos aquellos que les gusta manejar la cosa pública, precisamente por el poder que eso les da y sobre el cual, no hay reservas ni reversas.
Ejemplos hay muchos, pero los más sobresalientes siempre son aquellos que aspiran a ser presidentes de la república o por aquellos que aspiran a manejar a los presidentes de la República.
La Constitución Política de Colombia permite hoy desde antes de 1991, la elección popular de alcaldes (1986) y permite también la elección popular de gobernadores desde el año 1992.
Con ese superior permiso constitucional, llegaron todas las empresas electorales a comprar ya no solamente votos, sino a comprar los cargos y a comprar a los candidatos.
Las normas electorales en Colombia le descargan al Consejo Nacional Electoral (CNE) la responsabilidad de evitar que las empresas electorales compren los cargos y compren a los candidatos; también para fijar unos topes máximos de compra, perdón, de apoyo electoral y determina mediante normas generales hasta cuánto dinero se puede permitir invertir en ese negocio, perdón, en ese apoyo a los candidatos que se prestan, perdón, que se postulan a esos encargos; perdón; en esos cargos.
Leo con mucha risa y con bastante sorna una noticia muy seria que publica el diario El Espectador el día viernes pasado contando que “el CNE (Consejo Nacional Electoral) formuló cargos contra campaña de De la Calle por presuntamente superar los topes de publicidad”.
Ese tipo de noticias que tienen origen en esos despachos oficiales y que deberían respetarse por la misma razón, se han vuelto ridículas, tontas y hasta calentadoras, cuya única pretensión es hacerle creer a los partidos políticos y organizaciones y empresas electorales, que las normas tienen que respetarse a cualquier precio. No es así. No se cumplen las normas porque no hay ningún tipo de sanción y por eso las irrespetan a cualquier precio.
La Contraloría se ha lucido armando un escándalo con la imputación de cargos a Sergio Fajardo, a Aníbal Gaviria y a Alfredo Ramos. Dependiendo de los apoyos electorales que manifiesten en la próxima campaña electoral los “presuntamente responsables y presuntamente culpables”, repito, dependiendo su apoyo, también dependerán los fallos.
La Procuraduría en estos últimos dos meses se ha propuesto decirle al gobierno nacional por todos los medios de comunicación y a los gobiernos departamentales el millón de normas que tienen que cumplir, antes de que Carrillo deje la procuraduría. Seguramente dejará encartado a más de una figura nacional, para que se sienta su paso por allí y su nombre aplique para presidencia.
El Fiscal General de la Nación aparecerá con dos o tres escándalos próximamente, aparte de los suyos, en los que se haga sentir que está colocado.
Ya la Contraloría habló y duro. Ya la Procuraduría también está hablando duro pavimentando su salida. Ya un juez ha dicho que el ministro de Defensa y el Director General de las Policía deberán pagar un “carcelazo” de tres días por desacato a una tutela. Entonces era meramente previsible que el Consejo Nacional Electoral esté abriendo la boca y duro contra un excandidato presidencial y posible repitente de candidatura.
Todas estas entidades mostrando que están haciendo un oficio que la patria y el pueblo les van a agradecer profundamente.
De todas esas noticias no se discute su veracidad, ni más faltaba; tienen orígenes oficiales, son respaldadas por sus jefes, por lo tanto su fuente es cierta. Pero terminan en lo que dice el pueblo, en “tilín tilín y nada de paletas” o como acertadamente califican los caballistas ese tipo de noticias, “no son más que pedos y relinchidos”.
Nuestra Carta Magna permite que los órganos de control estén dirigidos por partidos generalmente contrarios al presidente de la república, precisamente para garantizar el sistema de pesos y contrapesos, para que las autoridades políticas y administrativas tengan siempre un vigilante. Pero es que en el sistema colombiano, el que postula y apoya es el presidente de la República y este le hace la señal a los congresistas para las elecciones de esos directores de eso que llaman “órganos de control” y por lógica queda así eliminado el contrapeso para quedar solamente los pesos.
Esos pesos son los que precisamente son puestos para las elecciones cuyo tope electoral dice vigilar el CNE.
En todas las elecciones actuales, pasadas, antepasadas, trasantepasadas, recontraqueteantepasadas, recontraqueterrequeteantepasadas y anteriores a ésta, se han pasado los topes de cualquier clase de aportes de los candidatos para elegir a la presidencia, a las gobernaciones, a las alcaldías, al Congreso, a las asambleas, a los concejos, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía, a los altos cargos de dirección de las Cortes, a los cargos de los altos mandos militares según escuchamos a coroneles, a los cargos en las embajadas, y en fin, siempre ha habido “presunta superación de aportes” no solo de publicidad sino también en la escogencia de los contratos y en los fallos judiciales, incluidos los de tutela. Basta leer las declaraciones de Gustavo Moreno, quien fue director de la unidad de la Fiscalía anticorrupción sobre el “cartel de la toga”.
Y si nos faltara hablar “por la presunta superación de aportes”, leamos nuevamente las cosas que se han presentado en la Dirección Nacional de estupefacientes para entregar los bienes que les fueron decomisados a los delincuentes y que fueron entregados por directores delincuentes.
Y por último, hablando en los mismos términos del CNE, sobre “la presunta superación de aportes”, digamos que nadie desconoce la “presunta superación de aportes” que hacen las entidades bancarias en las campañas electorales y aún pasadas estas, para que les nombren ministros o personas cercanas a los despachos donde se puedan tomar medidas que los favorezcan.
Qué susto el que nos llevamos cuando leímos esa noticia.
El Consejo Nacional investigará si la campaña de Humberto De la Calle ha violado “presuntamente los topes de los aportes económicos” de su última campaña.
Y si resultara cierto que “la presunta superación de los aportes” de De la Calle existió, entonces el Consejo Nacional Electoral tiene que devolverse a investigar a todos los que han sido candidatos y repasen las grabaciones hechas a los Rodríguez Orejuela que le metieron “a las malas” una plata a Samper para la presidencia; repasen las grabaciones entregadas a Gaviria cuando fue presidente; repasen las grabaciones y dejen hablar a los paramilitares “con sus presuntos aportes” a las campañas de Uribe; “los presuntos aportes” de Odebrecht a Zuluaga y Santos; repasen los que dijo Aída Merlano de sus patrocinadores y revivan a José “Ñeñé” Hernández, a quien mataron para robarle un Rolex, reloj que coincidencialmente marcaba la hora y la fecha de la “presunta superación de los aportes” que dicen que finalmente llevaron al poder a quien hoy prefiere olvidarse de la presidencia para hacer de presentador.
Y vayan a los departamentos preguntando a los gobernadores si hubo presunta violación a los aportes” para sus campañas. Abrazos les sobrarán a los investigadores.
Ese sería un gran aporte a la democracia colombiana de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y superaría esta entidad en mucho “los aportes hechos” por cualquier presidente. Pero no faltará quien diga que para que esas personas puedan hoy ocupar esas magistraturas, también pudieron “haber superado los presuntos aportes” que a veces la democracia cobra por ser elegidos para llegar a esos cargos. Y entonces es ahí donde terminan “las presuntas investigaciones”.
