“¡Vete!”, “¡Rebelión contra el dictador Kais!”, “¡El pueblo quiere destituir al presidente!”, gritaban los manifestantes. Túnez, asfixiado por una deuda superior al 100 por ciento de su PIB e incapaz de endeudarse en los mercados internacionales, está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de unos 2.000 millones de dólares.
Esta crisis financiera se ha traducido en los últimos meses en una escasez recurrente de productos básicos (harina, azúcar, café) en un contexto de inflación galopante (cerca del 9 por ciento en agosto en evolución anual). (DW, 15 de octubre, 2022)
La tan alabada transición democrática de Túnez tiene muchos aspectos y el hecho de que no haya dado resultados económicos ha hecho que se cuestione entre la mayoría de los tunecinos. Por eso, cuando un presidente populista como Kais Saied prometió cambiar el sistema y librar al país de su clase política, funcionó.
El presidente, desconocido para el público en general hace apenas unos años y poco activo en la política tunecina durante la dictadura, encarnó la ira de una nación deprimida y la canalizó para iniciar un nuevo capítulo. En julio de 2021 se hizo con el poder y lanzó una reforma destinada a dotar al país de una nueva constitución y un sistema político revisado.
Las principales atribuciones de la constitución son re-centralizar el poder, sustituir el sistema parlamentario por uno presidencial y limitar la influencia de la oposición política. En resumen, se trata de desmantelar el legado de la Primavera Árabe y rehacer el sistema que prevalecía antes de 2011. Como era de esperar, Saied se aseguró el apoyo del Estado profundo y siguió adelante con un referéndum sobre su constitución el 25 de julio de 2022.
Sin embargo, el proceso fue opaco y la participación de los votantes fue baja. La oposición a las políticas de Saied es cada vez mayor, tanto a nivel interno como externo, y las dificultades económicas de Túnez siguen profundizándose, en parte debido a la dinámica mundial. Más que una receta para la estabilidad, el referéndum puede abrir un nuevo ciclo de contestación, porque Saied es ahora el único culpable de la situación del país.
Así, por un lado, el campo islamista no tiene la capacidad de gobernar por sí mismo, y por el otro, el secularismo se encuentra tan fragmentado que tampoco puede ofrecer una alternativa viable. Las coaliciones resultantes se caracterizan por su debilidad y escasa cohesión: Túnez ha tenido 9 ejecutivos en diez años, antes de la crisis institucional de 2021-2022. Y esta ha sido, en líneas generales, la situación desde 2011.
En diciembre del presente año, el poderoso sindicato de trabajadores de Túnez atacó la agenda política y económica del presidente el sábado, incluidas las elecciones de este mes, diciendo que ya no aceptará lo que llamó una amenaza a la democracia en su desafío más claro hasta el momento.
El sindicato UGTT dice que tiene más de un millón de miembros, y ha demostrado ser capaz de paralizar la economía. En ocasiones ha respaldado al presidente Kais Saied después de que tomó la mayoría de los poderes el año pasado, pero en otras ocasiones ha expresado una tibia oposición. “Ya no aceptamos el camino actual por su ambigüedad y regla individual, y las sorpresas desagradables que esconde para el destino del país y la democracia”, dijo el líder de la UGTT, Noureddine Taboubi, en un discurso ante miles de simpatizantes.
Saied cerró el parlamento electo el año pasado y pasó a gobernar por decreto antes de redactar una nueva constitución, aprobada este verano. La mayoría de los partidos políticos están boicoteando las elecciones, diciendo que el nuevo parlamento no tendrá poder, están criticando los procedimientos que ha decretado el presidente, que incluyen poner a la comisión electoral bajo su jurisdicción.
Taboubi dijo que las elecciones de diciembre “no tendrían color ni sabor” como resultado de la constitución de Saied y que la votación carecía de unanimidad nacional. Los críticos del presidente han denunciado sus movimientos como un golpe de estado y han realizado repetidas protestas callejeras. Saied dice que sus acciones fueron necesarias para salvar a Túnez.
Sin embargo, aunque los tunecinos pueden diferir sobre la naturaleza, las causas y las implicaciones a corto y largo plazo de la crisis política que azota a Túnez, ninguno de ellos estará en desacuerdo sobre la realidad de la desastrosa situación económica del país.
Durante meses, Túnez se ha enfrentado a una creciente escasez en el suministro de ciertos productos básicos, como azúcar, sémola, aceite, café, combustible y medicamentos. Esta escasez, junto con los aumentos masivos de precios casi a diario, han afectado el poder adquisitivo y el sustento de los ciudadanos tunecinos, muchos de los cuales ahora no pueden pagar ni siquiera sus gastos diarios. De hecho, el sistema financiero en Túnez hoy está al borde del colapso, dado que el banco central y el sistema financiero local han alcanzado su capacidad máxima y carecen de la capacidad futura para garantizar los derechos de las personas.
Es en este contexto que el gobierno tunecino llegó a un acuerdo con el FMI tras meses de negociaciones. Túnez anunció en octubre que había llegado a un acuerdo técnico tentativo de 48 meses con el FMI a cambio de 1.900 millones de dólares para apoyar las políticas económicas en Túnez. Este prestamos pone en serios aprietos al gobierno.
La gobernanza cambiante de Túnez, unida a su crisis fiscal, también plantea la cuestión de cómo responderán otros países. Tras las medidas excepcionales adoptadas por Saied en julio de 2021, por ejemplo, las relaciones entre Estados Unidos y Túnez han fluctuado entre sucesivas declaraciones diplomáticas.
En algunos momentos, los funcionarios han pedido “restaurar el camino democrático” en Túnez, y en otros momentos han amenazado con cortar la ayuda. Sin embargo, en cada caso, las acciones de los EE. UU. finalmente han sugerido una especie de aceptación del camino actual junto con recordatorios pasivos para otorgar una mayor participación a los ciudadanos tunecinos.
En este 2022, Tunez ya comienza a avisar lo que sería el escenario común en varios países durante la recesión esperada de 2023. Colombia y América Latina deben tomar atenta nota para evitar crisis de gobernabilidad, que junto la crisis económica, sería una catástrofe para la región.
Hay que evitar situaciones como las de Perú, en plena crisis económica
