Hace unos meses conocí el desgarrador caso de Juan Gabriel Tavares, de 38 años, a quien la delincuencia le arrebató a su esposa de 27 años. Juntos tenían un local de comidas rápidas en Bosa la Independencia, pero todo se convirtió en tragedia, cuando, en diciembre de 2022, hombres armados ingresaron a robar en su establecimiento comercial.
Aunque en ningún momento se opusieron y entregaron todas las ganancias del día, los delincuentes abrieron fuego, disparándole en tres ocasiones a la joven mujer llamada Heidy. Ella murió, dejando huérfana a una niña de once años.
Dolorosamente, como este caso, hay miles en Bogotá. Ciudadanos apuñalados, agredidos o escopolaminados en el transporte público solo por robarlos. Algunas personas, como Heidy, pierden la vida, pues la sevicia de los delincuentes es inexplicable.
Durante la administración de Claudia López, en la que se descuidó abismalmente la seguridad de Bogotá, más de 620.000 personas fueron víctimas de hurto. La cifra es escandalosa y exageradamente preocupante, pues debemos recordar que en ese periodo hubo pandemia y la ciudadanía estuvo en casa. Aún así el hampa tuvo alta cabida.
Con la llegada del alcalde Carlos Fernando Galán, la gente conserva la esperanza de que esa realidad cambie, pues se eligió con la bandera de una Bogotá que caminará segura.
Sin embargo, el sol no se puede tapar con un dedo y sabemos que la delincuencia y la criminalidad están enquistadas en la capital del país. Tan solo de enero a octubre de 2024 se registraron 131.774 casos de hurto en todas sus modalidades y tal vez podrían ser muchos más, pues estos son solo los denunciados.
Ante esta alarmante realidad, la ciudad necesita un Protocolo de Atención Integral para Víctimas de Hurto, y, pensando en ello, presenté el proyecto de acuerdo 552 de 2024, ante el Concejo de la ciudad, que ya pasó a sanción del alcalde.
Considero que si a la gente no se le está garantizando su derecho a la seguridad, lo mínimo es que se le pueda orientar y brindar apoyo tras la materialización de un delito, que sin duda, deja profundas heridas.
Lo que busco con este Protocolo es que el Distrito cree una ruta y haga esfuerzos suficientes para acompañar a las víctimas con apoyo jurídico, psicosocial y mayor acceso a la oferta institucional.
Se trata de un paso significativo para estar del lado de las víctimas, de los agredidos, de los vulnerados. La desconfianza en las instituciones es otro factor que debe analizarse. Actualmente, tenemos un problema delicado y es que gran parte de la gente no denuncia. El 39 % de las víctimas de algún delito considera que hacerlo no generará ninguna solución.
Pido al Distrito y en especial a la Secretaría de Seguridad que actúe y reglamente esta iniciativa de forma rápida. No solo es cuestión de implementar nuevas estrategias, sino de lograr de nuevo la esperanza en la ciudadanía, de crear un entorno donde las personas se sientan protegidas y escuchadas.
Queremos justicia por Juan Gabriel Tavares y su pequeña hija, pues él asegura que la justicia en este país no fluye y que el Distrito los abandonó por completo. En su inmenso dolor y frustración ante lo ocurrido señala que el homicida sigue libre en las calles de la ciudad.
Ya está bueno de privilegios para los victimarios, que por cierto, son muchos por parte del gobierno de Gustavo Petro. Desde que llegó a la presidencia solo ha enviado mensajes errados, en los que los criminales terminan siendo favorecidos. El país necesita recomponer el rumbo, saber que la legalidad es el camino y no la delincuencia que tanto daño nos hace.
