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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Alejandro Toro

Granizal, víctimas que quieren votar pero no tiene un puesto cerca

Hoy quiero hablarles de la Vereda Granizal, ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, el segundo asentamiento informal más grande del país y el más grande del departamento, poblado hace 27 años, y que cuenta con aproximadamente 30 mil habitantes. Este asentamiento es producto del desplazamiento forzado durante el conflicto armado colombiano.

Los habitantes de este territorio, son en su mayoría (aproximadamente el 90%) víctimas de la guerra, que casi tres décadas después siguen viviendo las consecuencias del abandono estatal y que siguen sin ser reparadas. El otro porcentaje de los habitantes es población migrante, en su mayoría venezolanos que han llegado a este asentamiento.

En este territorio hay una serie de problemáticas por resolver: agua potable, centro de salud o mejores condiciones de infraestructura para la escuela de la zona. Sin embargo, hay una en la que quiero hacer énfasis y es el hecho de que en la vereda no hay un puesto de votación para la comunidad lo que significa que en este territorio se está vulnerando su derecho a elegir y ser elegido.

Y este hecho implica que la logística el día de las votaciones para los habitantes es complicada. Primero porque el asentamiento pertenece a Bello, pero para los habitantes es más fácil movilizarse por Medellín, lo que implica que ese día para ellos llegar a su lugar de votación es muy complicado y esto es aprovechado por algunos grupos políticos para influenciar el voto a cambio del transporte.

Es por ello que en aras de ofrecer garantías para este territorio he iniciado una serie e conversaciones con el Registrador Alexander Vega para hacer que las comunidades tengan derecho a votar dignamente lo más cercano a su sitio de habitación y profundizar de esta manera la democracia.

Después de una fructífera reunión y de hacer el puente con el registrador del municipio de Bello, se ha designado una comisión de alto nivel que ya realizó una visita de avanzada al lugar y levantó unas actas que se convierten en insumo principal para la gestión. Actualmente se está a la espera de conceptos por parte de otras entidades como el Tránsito, la Policía y Gestión de Riesgos, pero se está avanzando en garantizar este derecho para la comunidad.

Seguiré atento al desarrollo de esta gestión y ratificó mi compromiso con la Vereda Granizal para hacer que tengan condiciones de vida más dignas y justas, en las que se respeten sus derechos.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

 

El agua como víctima del conflicto, tema en la ONU 2023

En el marco de mis actividades como representante de la Comisión Segunda que trata asuntos internacionales, asistí como parte de la delegación colombiana a la UN 2023 Water Conference con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Catalina Velasco, el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad y el congresista Gersel Pérez.

El objetivo de este evento, que se realiza anualmente, es coordinar el trabajo de las Naciones Unidas sobre agua y saneamiento para un mundo mejor, entendiendo que una sociedad solo puede alcanzar altos índices de salud pública, equidad de género, logros educativos y productividad económica cuando todos sus miembros disfrutan de sus derechos al agua y al saneamiento.

El tema es de absoluta importancia para nuestro país, y así se ha visto reflejado en las actuaciones y decisiones gubernamentales. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo especial dedicado al ordenamiento del territorio alrededor del agua entendiendo que el respeto por las fuentes hídricas, sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambien­talmente sostenible y para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental.

Es importante tener en cuenta que, el medio ambiente ha sido reconocido por la JEP como una víctima silenciosa del conflicto armado, siendo el agua uno de los recursos naturales más afectados. Es por ello, que la participación de una delegación colombiana en este evento cobra gran sentido puesto que se busca la adopción de la Agenda de Acción del Agua, que representa compromisos voluntarios de las naciones y las partes interesadas para lograr objetivos de desarrollo sostenible.

En este sentido, en la búsqueda y consolidación de la Paz Total, un eje transversal a todas las políticas públicas y de gobierno, el acceso al agua es uno de los aspectos claves en un escenario de posconflicto en el cual se debe velar para que individuos y comunidades tengan sus necesidades básicas satisfechas y esto solo se logra si se garantiza el acceso al agua.

Mi compromiso como representante es con los territorios y con dignificar su calidad de vida, por ello la asistencia a este tipo de eventos internacionales en los que se establecen rutas de cooperación y compromisos audaces para garantizar el bienestar de las personas siempre será un espacio que contribuya a fortalecer las acciones que desde el legislativo realizamos. Seguimos trabajando por #ElCambioQueSoñamos

Proyecto de ley de sujeción a la justicia es un paso más hacia la Paz Total

Esta semana en el Congreso de la República se radicó un Proyecto de Ley de sujeción a la justicia, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas de alto impacto que tendrá un mecanismo de justicia ordinaria con investigación y judicialización. Este proyecto está pensado para aquellos proyectos armados al margen de la ley que no tienen finalidad o vocación política y pretende brindar herramientas al poder judicial.

Con la radicación de este proyecto, el gobierno le sigue cumpliendo a los colombianos con el propósito de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica, y demuestra una vez más que la paz se construye con diferentes estrategias. Esta es una de las maneras para avanzar en el camino de tejer y articular la vocación de paz de esta administración.

Nota relacionada: Radican proyecto de ley para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia

Actualmente tenemos vigente la Ley 2272 de 2022 que tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado, en esta hay dos caminos: una de negociación y otra de compensaciones que permita avanzar en sujeción a la justicia con estructuras que se mueven en la economía ilegal, que es precisamente el objeto del proyecto de ley presentado y que determinará las acciones de los jueces penales.

En esta, no hay reconocimiento político por lo que no hay justicia especial. Los actores armados deberán reconocer actuaciones, aportar a la verdad y reparación a víctimas, desmontar el aparato criminal, entregar las armas, cesar acciones como secuestros, reclutamiento a menores y/o desapariciones, entregar el inventario de los bienes, rentas ilícitas, colaboradores y redes de apoyo.

Las penas dependerán de la gravedad de conductas y grados de intervención. No habrá libertades inmediatas por lo que se contempla que la privación de la libertad este entre los 6 y 12 años incluyendo los 4 años de justicia restaurativa. La implementación de la Ley se hará en tres etapas: acercamientos y determinación de voluntad, procesamiento judicial con la Fiscalía, los jueces y estamentos de justicia y cumplimiento e implementación de la Ley.

Ahora, queda a disposición del Congreso la deliberación y aprobación, que será una plataforma jurídica en el proceso de construir la paz en nuestro país, y desde mi posición en la Cámara de Representantes trabajaré para que llegue a feliz término, para que nuestro país siga pavimentando el camino por el buen vivir de los colombianos y para que a los territorios lleguen oportunidades y calidad de vida.

«Alias Chirimoya está torpedeando el sometimiento del Clan del Golfo»: Alejandro Toro

El representante a la cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro,  denunció  que detrás las acciones violentas que se presentaron durante el paro minero en el Bajo Cauca está alias “Chirimoya”.

De acuerdo con el representante Toro, ‘alias Chirimoya’ busca consolidarse como el líder del Clan del Golfo, “es increíble lo que ha sucedido con él, fue capturado en el 2011 y dejado libre dos años después por una jueza que fue destituida, luego fue capturado en el 2015 y después dejado libre por un juez que fue capturado, en los últimos años ha liderado varios paros armados”, aseguró durante su intervención en la reciente plenaria de la Cámara.

Dijo además el congresista que otro de los objetivos de ‘Chirimoya’ y el más preocupante es que estaría buscando torpedear el ingreso del Clan el Golfo al proceso de sometimiento a la justicia, por lo que el Representante Toro advirtió que “hay que ponerle nombre y apellido a los criminales que están detrás de lo que está pasando y tienen que decirnos los integrantes del Clan del Golfo con claridad, si quieren la paz total o quieren seguir delinquiendo”.

El congresista explicó que Alias ‘Chirimoya’  ha sido la figura dentro del Clan del Golfo, encargada de amedrentar y atentar contra la vida de los lideres políticos que lo han tratado de perseguir y de cooptar movimientos sociales como hoy ocurre con el paro minero, y precisó además, que, según la estructura de la organización, ‘Chirimoya’ se ubica como uno de los hombres cercanos a ‘Gonzalito’, quien emprendió acciones en contra de la paz total como el secuestro de tres fiscales y ahora infiltrando el paro minero, todo con el objetivo de continuar recibiendo rentas ilegales provenientes de la extorción, el narcotráfico, entre otras.

El representante Toro anunció que visitar el bajo cauca antioqueño y pidió la realización de una audiencia entorno al tema del paro minero.

 

Amenazas al director de la UNP ¿Quién protege al protector?

El pasado 7 de marzo el director de la Unidad Nacional de Protección -UNP- Augusto Rodríguez sufrió un atentado en el que salió ileso, pero infortunadamente resultó herido uno de sus escoltas. Los hechos se presentaron el martes al regreso del director a su casa después de que su esquema identificará que cuatro personas los seguían. El director, además denunció que el día antes se había presentado otro incidente y que en otras oportunidades su equipo de seguridad había reportado que estaban siendo seguidos.

Los hechos son bastante delicados máxime cuando el director ha denunciado corrupción al interior de la entidad y malas prácticas como alquiler de vehículos de protección a personas que no lo necesitaban, falsos blindajes de carros y la existencia de mafias para contratar con ciertas empresas. Pero también, se ha sabido de irregularidades con las camionetas adscritas a la entidad y que están en manos de terceros como una camioneta asociada a la institución que transportaba cocaína y en días recientes una con armas y municiones.

No se puede caer en la generalización, pero lo que sucede al interior de la UNP muestra que a todas luces hay unos grandes y oscuros poderes que vienen anclados de administraciones anteriores al interior de la entidad que no quieren que nada cambie porque eso significa que los negocios que por años se han hecho en los que unos pocos ganaban y se han visto lucrados no seguirían pasando.

Lo sucedido en la UNP es similar a lo que sucede en la Sociedad de Activos Especiales -SAE- donde su director, Daniel Rojas, denunció serias irregularidades al interior de la entidad como por ejemplo que el inventario no coincidía o suspender la cesión de acciones en la Triple A.

Ambas entidades tienen algo en común: denunciar la corrupción que sucede allí incomoda al viejo poder y pone en aprietos dinastías que por años se han creado y enriquecido de las arcas del estado. Por eso es imperante que se cuide al cuidador y a los cientos de funcionarios que están en las entidades públicas en este momento equilibrando la balanza, entregando las tierras a los campesinos, otorgando protección a los líderes y liderando las grandes reformas del cambio que incomodan pero que es el mandato popular.

Toda mi solidaridad con Augusto Rodríguez.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

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Con tecnología y oportunidades alcalde de Medellín salva vidas

El caso de El Salvador y su manejo a la situación de seguridad por parte del presidente Bukele, luego de que en marzo del año pasado se declarará el régimen de excepción, deja a la fecha aproximadamente 61 mil personas detenidas y una serie de violaciones a los derechos humanos.

Su política de capturas masivas, incluso por “sospecha de colaboración” con las pandillas, generó un hacinamiento en las cárceles de ese país, según la la ONG Fespad del 106 % lo que llevó a construir en tiempo récord una cárcel de máxima seguridad para llevar los reos que han sido capturados en esta oleada.

Por otro lado, Human Rights Watch -HRW- y Cristosal concluyeron, en un informe presentado en diciembre de 2022, que «se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción», entre ellas detenciones «arbitrarias masivas», torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos penales «abusivos».

Aunque el centro penitenciario construido recientemente está hecho según el presidente Bukele para que las personas que ingresan no vuelvan a salir, lo cierto es que el modelo punitivo como tal ha demostrado en diferentes partes del mundo ser un fracaso y la violencia solo trae más violencia, las cárceles como centro de castigo sin un proceso de resocialización tienen como consecuencia tasas de reincidencia.

El INPEC, en Colombia en diciembre de 2022 presentó unos datos que demuestran que desde 2016 la tase de reincidencia es una constante en nuestro sistema y que cada año este hecho aumenta, al menos dos puntos porcentuales. En este sentido, los países, debemos avanzar hacia la materialización de oportunidades, y como la reforma a la justicia radicada en nuestro país un proceso que prepare al interno a la reincorporación.

Medellín, ha sido un caso de éxito en cuanto a mejores índices de seguridad mediante una estrategia de seguridad con alto impacto en la inversión social. Al finalizar el 2022 en comparación con 2019, los homicidios han disminuido un 39%. Actualmente, hay 24 mil personas beneficiarias de la política pública matrícula cero, se han entregado 65 mil computadores futuro a estudiantes entre séptimo y undécimo y se convirtió una cárcel en universidad para la cuarta revolución industrial.

La ciudad venía de una estrategia muy mediática en términos de justicia punitiva que no resultó y que por el contrario dejó un muy mal índice, por el contrario se logró demostrar que con oportunidades se puede contribuir en el fortalecimiento de la seguridad, es por ello que desde mi lugar en la Cámara de Representantes apoyaré la reforma a la justicia para que nuestro sistema sea mucho más humano, porque también he visto desde mi trabajo como muchos jóvenes llegan a la delincuencia porque no hubo otro camino y mi convicción, al igual que la del gobierno, es privilegiar la vida.

Alejandro Toro

Representante a la cámara

¿Y si le bajamos los impuestos a las energías renovables en el PND?

En múltiples oportunidades y escenarios he hablado de la importancia de dar el debate del articulado del Plan Nacional de Desarrollo, uno que en lo personal he defendido y que me ha gustado porque fue construido con las personas y es el primero en la historia que se construye desde abajo para ser el que dé el cambio hacia la paz total y aunque soy consciente de sus múltiples fortalezas, considero que se deben revisar sus falencias.

Uno de los puntos que considero necesita dar la discusión es el tema de las transferencias de energías no convencionales que en principio no tenía tributo y con la reforma pasó a 1 %; ahora en el Plan Nacional de desarrollo se propone que pase al 6 % y esto es algo que buscaremos modificar.

Hay un aspecto muy importante y es que justo cuándo se habla de transición energética subir el porcentaje de esta manera podría desincentivar la inversión y podría frenar el desarrollo del país en este renglón. Estamos en un momento importante para el país en materia energética pero también porque se discute la hoja de ruta de los próximos cuatro años y por eso se puede corregir las fallas de los artículos que podrían ser contraproducentes y en consecuencia, evitar que se afecte a sectores como el de las energías renovables.

Nuestro compromiso es con el país y nuestro propósito es que podamos tender puentes y dialogar para que el Plan Nacional de Desarrollo represente a las mayorías y deje tranquilos a los empresarios o a los sectores económicos, pero también a los territorios, por ello las alertas generadas por los gremios deben ser tenidas en cuenta para crear juntos mesas de trabajo para evitar poner en riesgo el curso de la transición energética en Colombia.

Desde mi lugar en la Cámara de Representantes, buscaré ser un garante para que no se ponga en riesgo el gremio de las energías no convencionales, para que la transición energética se dé y para que el Plan Nacional de Desarrollo responda a las propuestas que como Coalición le ofrecimos a Colombia.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

En elecciones la unidad más allá del Pacto

El Pacto Histórico que es una unión de fuerzas que coinciden en lo fundamental, hoy se ve fortalecido en el acuerdo de gobierno, es decir, que otros partidos, que inclusive no estuvieron en campaña han decidido respaldar las reformas del cambio, lo que hace que seamos mucho más grandes no solo en gobernabilidad y en el legislativo sino en los territorios.

Debemos entonces aprovechar esta potencialidad para organizarnos para las elecciones acordando alianzas o espacios para que quienes tienen mayores posibilidades y fortalezas en lo regional y lo local sean los candidatos que se encarguen del desembarque de las políticas del cambio en los territorios y asegurarnos que las reformas que el pueblo eligió se den si tenemos gobiernos aliados.

El Partido Liberal, Conservador y la U que hoy apoyan en la hoja de ruta de las transformaciones sociales que estamos liderando al gobierno, deben jugar junto a nosotros e inclusive sin el Pacto, y su papel político electoral debe ser estratégico al igual que el de los partidos de la coalición del Pacto sin que seamos un obstáculo los unos a los otros, anteponiendo la grandeza que hoy como gobierno tenemos y en donde nos fortalecernos mutuamente.

Donde ganen los partidos de gobierno el mensaje será claro y contundente, ganó Gustavo Petro y estoy seguro que si anteponemos la lógica, en la práctica seremos mucho más fuertes aprovechando nuestras diferencias para construir y sin renunciar a lo medular que es el cambio social, ambiental y La Paz total e indudablemente lograremos profundizar lo que iniciamos en el 2022 pero con una presencia territorial más fuerte.

La invitación es a que pensemos y actuemos como una unidad, a que ganemos todos juntos y fortalezcamos los territorios, a que respaldemos ese anhelo de cambio que mayoritariamente salió electo y que nos mantengamos en la senda de un país con más justicia social, que depongamos los egos y hagamos coaliciones que permitan seguir siendo fuertes.

Alejandro Toro

Medellín y Antioquia este 14 de febrero a respaldar el cambio

Este año con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y con las grandes reformas que se tramitará en el Congreso de la República se empiezan a tejer las grandes transformaciones que los colombianos eligieron en las urnas y que significan el primer paso para hacer de Colombia un país más digno y justo.

Nuestro país viene de momentos importantes que nos han llevado a estar ad portas de discutir la hoja de ruta para los próximos años y que tiene un programa que busca dar respuesta a lo que todos los colombianos queremos: cambios, y por eso lo haremos en democracia, consensuados, construyendo sobre lo construido, siendo gestores de una Colombia que cumpla la Constitución de 1991, nuestra carta magna.

Por eso quiero invitarlos este 14 de febrero a que nos encontremos en las calles, a que discutamos juntos las reformas, a que seamos agentes pedagógicos, a que llevemos nuestra bandera de Colombia, esa que nos hace sentir orgullosos para que juntos dialoguemos de los cambios que necesita el país para favorecer el futuro de nuestras familias.

El 14 de febrero será un espacio de democracia porque el cambio es con la gente, ustedes, el pueblo colombiano es quien han hecho que hoy en día esto sea posible, por eso los congresistas estaremos con nuestros equipos en las calles para escuchar, para mostrar que ganamos, pero seguimos ahí, con ustedes. Las reformas están listas para ser discutidas, y mejoradas de ser necesario, pero no podemos olvidar que el agro, la salud, las pensiones, el sistema de justicia pueden mejorar y por eso vamos a trabajar incansablemente.

Le invitamos a leer: El ministro Velásquez, un hombre implacable contra la corrupción

Mi compromiso como representante es con los colombianos, mi propuesta siempre ha sido trabajar por #ElCambioQueSoñamos, por eso nos vemos en las calles con la bandera de Colombia como símbolo del país que nos impulsa a ser mejores y trabajar por sacar adelante las grandes reformas para asegurar un mejor futuro para todos y todas.

Roban computador del representante Alejandro Toro

El representante a la cámara, Alejandro Toro, reveló que en días pasados ingresaron a su casa en El Carmen de Viboral, Antioquia, mientras el Congresista dormía junto a su familia y robaron un computador portátil que contenía información de su labor con congresista.

“Lo que preocupa es que teniendo elementos, electrodomésticos y otras cosas valiosas que se podían llevar, subieron al segundo piso de la casa y se tomaron la tarea de revisar mi maletín personal y se llevaron los documentos de lo que estamos investigando”, dijo.

Toro manifestó su preocupación porque en el computador tenía información relacionada con los predios que fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento de Antioquia.

El presidente de la cámara, David Racero, pidió colocar especial atención a la seguridad del representante y su familia.

El egómetro de Claudia y Peñalosa

Durante los últimos días hemos visto como el Metro de Bogotá ha vuelto a ser objeto de polémica a raíz de la sugerencia del presidente Gustavo Petro de pedir que se haga por lo menos uno de los tramos subterráneos.

Cuando Petro fue alcalde de Bogotá adelantó los estudios de ingeniería para que el Metro fuera bajo tierra, con un trazado desde Bosa, hasta la Calle 127 con Carrera 9. El costo de este proyecto se estimó en ese entonces en $13,9 billones, pero la devaluación y otras consideraciones hicieron que el CONPES dispusiera su recorte hasta la Calle 100 con Carrera 11.

Posteriormente Peñalosa llega a la alcaldía de Bogotá y desconociendo los avances que se tenían eligió hacer más troncales de Transmilenio y un metro elevado de muy baja capacidad con estaciones cada 1.5 kilómetros o más, anteponiendo su ego a la ciudad y sus necesidades y de paso desata la discusión entre metro elevado o subterráneo que no le ha permitido a Bogotá avanzar lo suficiente.

Con la llegada de Claudia López a la alcaldía y con un discurso anti Peñalosa y su metro elevado llega a dirigir la capital donde pronto olvido sus discursos y ahora defiende la realización de ese metro con unos pequeños avances y se encuentra en una puja en la que antepone su ego a la razón.

La realidad es que los costos adicionales en los que se incurriría son inferiores a los que traería para la ciudad el metro elevado pues según se ha conocido por parte de la empresa Metro de Bogotá, a casi cuatro años de la firma de la concesión el consorcio chino aún no ha presentado la totalidad de los estudios y diseños del proyecto.

A pesar del ego de la alcaldesa y de sus declaraciones, las condiciones están dadas para que el metro subterráneo se dé y cumplirle a la capital con una movilidad sostenible de calidad. Es el momento de anteponer el bien colectivo, negociar, buscar consensos y salir de la espiral de los últimos años en los que los bogotanos siguen viendo el metro en su imaginación y como una utopía.

 

Los privilegios de la banca tradicional a los que no pueden acceder las cooperativas financieras

Desde hace un tiempo vengo trabajando de la mano de las cooperativas financieras y el sector solidario para un proyecto que presenté y fue aprobado durante las sesiones conjuntas del Parlamento Andino que se realizaron esta semana en la Paz Bolivia; este trabajo me permitió entender mucho más del impacto que tiene este sector en la economía colombiana, pero también de algunas limitantes que tienen para ser más competitivos.

En el caso de Colombia hay 3.200 cooperativas, sus beneficios llegan a más de 20 millones de personas y generan alrededor de 120 mil puestos de empleo formal, Sin embargo, las condiciones actuales del mercado ponen a las cooperativas financieras, que son un porcentaje importante del sector, en una posición en la que, a pesar de tener buenas calificaciones de riesgo y cumplir estándares y normativas no pueden acceder a beneficios que la banca tradicional sí.

Me refiero exactamente al caso del Decreto 1068 de 2015 que reglamenta el sector hacienda y crédito público, que incluye lo que pueden hacer las entidades territoriales con los excedentes de liquidez, es decir, el dinero que le sobra a una entidad pública y que no compromete su objeto misional. Este decreto establece en el artículo 2.3.3.5.1 numeral segundo que solo los establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia financiera pueden acceder a estos títulos que se emiten.

Es decir que a pesar de que las cooperativas financieras están vigiladas por la misma entidad, se les niega la posibilidad de tener acceso a unos recursos a los que si pueden acceder las entidades bancarias de una manera arbitraria, porque las condiciones que establecen para que estas puedan acceder son las mismas que una cooperativa financiera puede cumplir sin problema, que de hecho en la actualidad cumplen y que no necesitan una cosa diferente a ser medidos con las mismas condiciones que la banca tradicional.

El asunto es que, en un país de libre competencia, lo que sucede con este decreto es que excluyen a un actor calificado y por ende no se le permite al acceso a unos recursos que pueden hacer que sean más competitivos y que fortalecerían a un sector con un gran impacto en el territorio y esto repercute en que no tienen suficiente capacidad para ofrecer créditos a los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, que son en su mayoría su público objetivo, y quienes se ven obligados a acudir al flagelo del gota a gota.

Es por esto que elevo mi voz como Representante a la Cámara por las cooperativas financieras para que sea modificado este decreto y que sean incluidos, no pedimos que bajen los estándares solamente que no se limite a entidades bancarias para que otros actores puedan entrar al juego en aras de la libre competencia que hay en nuestro país.

Alejandro Toro

El ministro Velásquez, un hombre implacable contra la corrupción

Esta semana se conoció la noticia de que el ministro de defensa Iván Velásquez sería requerido por la fiscalía guatemalteca por hechos relacionados con su trabajo como parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala; esta información generó opiniones a favor y en contra, pero también puso de manifiesto el invaluable trabajo que a lo largo de su vida ha realizado el ministro contra la corrupción.

Para entender lo que sucedió e incluso las diferentes reacciones que tuvo la noticia, primero me gustaría hacer un breve resumen de su valioso trabajo en Colombia. Velásquez trabajó para la Fiscalía en Medellín y posteriormente se desempeñó como juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia donde se hizo conocido como el «magistrado estrella» del escándalo de la parapolítica en Colombia, pues lideró durante seis años las pesquisas que derivaron en la condena de decenas de políticos por su relación con grupos paramilitares. Entre ellos, un primo del ex presidente Álvaro Uribe.

Ahora bien, según informó la Fiscalía de Guatemala se ha iniciado un proceso legal contra el ministro de defensa, Iván Velásquez, por su supuesto rol en el entramado de corrupción de Odebrecht en ese país. Sin embargo, el fiscal Curruchiche ha sido enfático en decir que no tiene pruebas que lo vinculen con haber recibido sobornos y en cambio, si existe información que demuestra que todos los acuerdos de colaboración que realizó Velásquez fueron avalados por un juez competente, como debía ser.

En el marco del derecho internacional, el trabajo que él desempeñaba era lo que se conoce como un amigable componedor, es decir, su rol era el de un tercero que buscaba consenso de forma imparcial pero no tenía la última palabra. Es por ello, que finalmente los acuerdos se realizaban a través de un juez. Otro punto que quizás olvida el fiscal de Guatemala es que, en el acuerdo de cooperación entre Naciones Unidas y Guatemala para la creación de la CICIG, quedó perfectamente claro que los miembros de la comisión cuentan con inmunidad durante e incluso después de finalizado su trabajo.

Lo sucedido con el ministro es muestra de la persecución que hoy viven quienes integraron la comisión. Actualmente, están en exilio más de 30 operadores judiciales que trabajaron en procesos contra la corrupción en Guatemala, algunos otros permanecen en el país y responden por procesos penales que ciudadanos, prensa e incluso observadores internacionales califican como montajes.

Reitero todo mi respaldo al ministro Iván Velásquez, por su impecable trayectoria, por su compromiso con la seguridad humana y por su invaluable lucha contra la corrupción; sus resultados lo preceden, el trabajo que está desarrollando en la cartera de defensa es muy bueno, pero sobre todo respaldo al gran ser humano que es. Adelante siempre ministro llevar las banderas que durante su vida ha izado no es fácil, pero son necesarias y más en esta época en la que soplan vientos de cambio.

Alejandro Toro

Quintero en Medellín rompe récord en seguridad

Al mejor estilo de Nayib Bukele y su estrategia de cero homicidios el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha logrado poner a la ciudad en una posición similar gracias a una estrategia en seguridad que ha dado los mejores resultados en estos tres años, comparados con los de los últimos períodos.

Atrás quedaron las épocas de la supuesta seguridad democrática en la que mandatarios con mucho bombo y show mediático hablaban de golpes contundentes en esta materia o contra estructuras delincuenciales pero que la realidad no pasaba nada y no había nada que mostrar.

Recientemente Medellín ha alcanzado 8 días consecutivos y 410 días no consecutivos entre 2020 y 2022 sin homicidios, una reducción del 49 % frente a 2019 y bajar la tasa en 10 puntos pasando de 23,9 en 2019 a 13,9 en la actualidad. Estas cifras significan que Medellín está teniendo la época menos violenta de los últimos 40 años.

Y estos datos son absolutamente importantes para una ciudad que ha sido marcada por la violencia, que en alguna época vivió episodios de gobernabilidad con las bandas delincuenciales o que fue corredor de sangre, algunas generaciones hemos crecido viendo como se normaliza el conflicto en las cuadras y como muchas veces no hay otra opción que pertenecer a los combos.

Gracias a la gestión del alcalde Quintero Calle y su equipo de trabajo, Medellín ahora no es la ciudad más violenta del mundo, con una estrategia que combina la tecnología y la seguridad humana con oportunidades ha logrado dar verdaderos resultados para la ciudad en este aspecto y se consolida como un referente.

Colombia está cambiando, Medellín cambio. La violencia nunca más será la protagonista y por el contrario se está convirtiendo en un espacio para la paz y la construcción de nuevas oportunidades sociales, nuevos paradigmas y nuevos discursos. Desde Medellín también estamos construyendo #ElcambioQueSoñamos.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

 

Una finca de paramilitares vuelve a los campesinos

Este viernes fui invitado por la Sociedad de Activos Especiales -SAE- a hacer la entrega de un predio en Pontevedra en el municipio de Planeta Rica en el departamento de Córdoba, a más de 120 familias campesinas para dar cumplimiento al mandato popular de las urnas el pasado 19 de junio y avanzar en la construcción de la Paz Total.

El predio que estaba en manos de la SAE como fruto de la extinción de dominio a alias ‘Falcón’ quien fue enviado a Estados Unidos en julio de 2022 en una aeronave de la DEA para que respondiera por cargos de narcotráfico en un tribunal de la Florida, tiene 1.205 hectáreas de las cuales 1.132 son aprovechables para usos de vocación agropecuaria y 73.5 son de bosque nativo.

Una de las cosas más importantes de esta entrega es que este nuevo gobierno está cumpliendo y está siguiendo la ruta para democratizar el uso del suelo en aquellos lugares donde el conflicto agrario ha sido crítico, gracias a la construcción de una Alianza Público – Popular y Campesina (APP/C) para la producción y soberanía agroalimentaria en ese importante camino que estamos construyendo, desde todos los escenarios, hacia la Paz Total.

Este evento de entrega se realizó en el marco del plan liderado por la SAE #ActivosPorElCambio y que busca, especialmente, restituir a las familias campesinas víctimas del despojo en el conflicto colombiano y de esta manera devolverles lo que les fue arrebatado, brindarles calidad de vida y dignificarlos.

El gobierno del cambio llegó a otorgar derechos de uso sobre la propiedad, para que las hectáreas de tierra sean aprovechadas para un proyecto productivo liderado principalmente por mujeres campesinas que sacan adelante 120 familias, pero no nos quedamos ahí y llegamos al territorio con una oferta institucional que incluye crédito a través del Banco Agrario y acompañamiento técnico a través del SENA.

Lo sucedido el viernes fue sumamente emocionante, y es la prueba irrefutable que cuando hay voluntad política y directrices pensadas en la comunidad de verdad se logran transformaciones importantes que impacten la sociedad; anteriormente la SAE estaba hecha para repartir entre políticos y amigos cercanos los predios y seguían profundizando la corrupción y la pobreza para los territorios víctimas del conflicto mientras que ahora está pensada para la gente.

Seguiremos sacando adelante las grandes reformas de #ElCambioQueSoñamos.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara