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Etiqueta: Alejandro Toro

Ecuador, se reinicia el juego del poder

Esta semana se conoció que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el decreto para disolver la Asamblea Nacional en base a la llamada “muerte cruzada”, una figura que se utiliza por primera vez y que fue recogida en la Constitución de 2008, promulgada durante el mandato del expresidente Correa, y amparada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La decisión que fue catalogada por el mandatario como “la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador” se da justamente en medio del juicio político que afrontaba el mandatario en la Asamblea Nacional y que podría haber derivado en su destitución.

 

Pero revisemos los hechos: la Asamblea Nacional que el presidente Lasso disolvió, era en su mayoría oposición, liderada por el partido Unión por la Esperanza UNES del expresidente Rafael Correa y el juicio que cursaba era por malversación de fondos lo que había derivado en graves perjuicios para las arcas estatales, según la información recopilada y expuesta por los asambleístas que lideraban el juicio.

El presidente Lasso considera que las nuevas elecciones son la forma para “devolverle al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones” pero vale la pena recordar que Ecuador viene de elecciones locales y que las dos ciudades principales quedaron también en manos del partido del expresidente Correa.

Además, en temas de popularidad el presidente Lasso es catalogado como el peor presidente de la historia e incluso fue derrotado en febrero de este año en una consulta popular que él mismo convocó, y, aun así, invocó la figura de “muerte cruzada” para llamar a elecciones y elegir una nueva Asamblea Nacional.

Si bien Lasso se está jugando una carta importante para quedarse en el poder, acaba de abrir al pueblo ecuatoriano una opción de justicia y equidad, pero además también acaba de abrir la posibilidad para que el mapa político se aclare para las próximas elecciones presidenciales y que la oposición, probablemente, gane terreno.

Todo mi respaldo al pueblo ecuatoriano para que se movilicen libre y democráticamente a las urnas y con total transparencia la ciudadanía pueda elegir en los comicios extras convocados por el presidente Lasso.

Alejandro Toro

Pregunta a la Fiscalía ¿El Ñeñe era el proveedor de sicarios en la costa?

Hoy quiero hablarles acerca del expediente que reposa en la Fiscalía desde el año 2008 con una investigación que contiene información sobre aproximadamente 200 asesinatos, muchos de ellos contra líderes y lideresas sociales, cometidos presuntamente por el Clan del Golfo en la Costa Caribe, una de las zonas en las que la organización delincuencial tiene mayor incidencia, y que a la fecha no ha dado mayores resultados.

Durante el desarrollo de la investigación se han interceptado de forma legal más de dos centenares de líneas telefónicas de personas vinculadas a la organización al margen de la ley que dan cuenta de los homicidios presuntamente cometidos y que vincularían al Ñeñe Hernández como proveedor de sicarios para el Clan del Golfo.

 

Desde el 2020, el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez recibió el expediente y ordenó que se volvieran a escuchar las interceptaciones telefónicas por una tercera, cuarta y quinta vez. En todas las ocasiones que se ha escuchado el material se ha llegado a las mismas conclusiones, por lo que expertos coinciden en que no conocen de un caso donde se haya llevado tantas veces el procedimiento de escucha de las llamadas sin que se llegué a una acción concreta por parte del ente investigador.

Dentro de las acciones irregulares que presuntamente ha realizado el fiscal Hernández para entorpecer la investigación está el prohibir hablar con testigos, negarse a interceptar otros 100 teléfonos, realizar inspecciones judiciales de los homicidios y entrevistarse con las familias de las víctimas, por lo que los hechos son por lo menos motivo de alerta y generan muchas dudas respecto al actuar del funcionario.

Y aquí es donde me parece importante realizar una serie de preguntas al fiscal y a la institución, ¿por qué a pesar de realizar el procedimiento de manera reiterativa el caso no avanza?, ¿por qué se evita escuchar a los testigos o a las víctimas?, ¿por qué torpedear las acciones que permitirían profundizar la investigación?, ¿qué vínculos han podido establecer entre el Ñeñe Hernández y el Clan del Golfo?

Además, en las horas y horas de escucha se ha logrado identificar 14 empresarios criminales del Clan del Golfo que siguen actuando gracias a la presunta inacción de la Fiscalía y del fiscal encargado del caso.

Desde el legislativo estaremos atentos y vigilantes a las acciones o inacciones que desde el ente investigador hagan con este caso porque es justo que el país tenga respuestas claras y que respecto a los hechos que se presentan en los territorios y las entidades y funcionarios tienen el deber de rendir cuentas.

Con el artículo 55 comienza la reforma agraria

Uno de los grandes pilares de transformación de este gobierno es la reforma agraria que busca modificar la producción y propiedad de la tierra en nuestro país para que las y los campesinos puedan tener un porcentaje de tierra para ejercer sus labores. Este principio busca solucionar años de inequidad e injusticia que ha habido en Colombia con respecto al tema de tierras, que incluso pasa por desplazamientos y despojos.

El artículo 55 que la oposición calificó de expropiación exprés en una lectura simplista y un poco alejada de la realidad es simplemente un espaldarazo que desde el legislativo le dimos a la tan anhelada reforma agraria y a la paz. En la práctica real lo que se busca es facilitar los procesos de avalúo y saneamiento de bienes pues debido a la falta de información o a la desactualización se presentan inconvenientes o retrasos sobre las ofertas de tierras que llegan.

 

Este gobierno desde el día uno ha hablado de forma diferente en temas de tierras y comprende la necesidad de avanzar en el tema y superar años de ineficiencia administrativa, de falta de voluntad política, de centralismo y de un exceso de institucionalidad que se queda en el “eso no se puede” para avanzar en un “cómo podemos hacerlo” con garantías para todos y todas.

El propósito de este gobierno es dignificar a las y los campesinos, cumplirle al país con la paz y hacer de los territorios lugares para la vida y las oportunidades y uno de los principios para materializar este propósito es la reforma agraria, una deuda histórica que como país tenemos y que no podemos permitirnos seguir incumpliendo.

Una Colombia Potencia Mundial de la Vida, deberá entonces iniciar por resolver los conflictos de las tierras y llegar a acuerdos incluso con los sectores más conservadores y tradicionales que no han permitido un avance significativo, ello implica consensos con las orillas diferentes e implica informar mejor a la comunidad para que no se generen ruidos innecesarios como el de la expropiación exprés.

Desde mi lugar en la Cámara de Representantes me comprometo a ser un garante y abanderado de la reforma agraria y a hacer las gestiones necesarias para que por fin superemos años de inequidad en temas agrarios. En buena hora, por la aprobación del artículo 55 en el PND, el primer paso para que se materialice.

1 de mayo, el pulso por la reforma laboral

Mañana es la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, una fecha en la que se rememora la histórica huelga general de 1886 en Chicago, Estados Unidos, donde los trabajadores protestaron por mejorar sus condiciones laborales. En aquel entonces las personas estaban tras la dignificación de sus jornadas y por la lucha de sus derechos.

Ahora, más de 150 años después, en Colombia la historia no es muy diferente. Es el único país del mundo en el que anochece para los trabajadores a las 10 de la noche porque la ley 789 de 2002 estableció los recargos nocturnos a partir de esa hora. O donde los recargos dominicales y festivos no se pagan como corresponde. Y en donde el tema de la contratación se convirtió en un karma para la mayoría de las personas que están bajo la modalidad de prestación de servicios.

 

Las luchas obreras son parte de la premisa que estamos trabajando en las reformas que desde el legislativo estamos tramitando y que días como mañana nos recuerdan la importancia y necesidad de adelantarlas, máxime cuando la reforma laboral tiene el visto bueno de una institución tan importante como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE.

Es importante también hablar de que, según información del DANE, “para el mes de marzo de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 10,0%, lo que representó una reducción de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (12,1%)” lo que quiere decir que avanzamos en acciones y estrategias que permitan garantizar el acceso al empleo de los ciudadanos, y que al contrario de lo que dice la oposición el país va bien.

Nuestro compromiso es con las y los colombianos, con garantizarles mejores condiciones, y es en el trabajo donde radica la capacidad de adquisición de las familias, en los ingresos es donde se impacta verdaderamente la calidad de vida de estas, de nada sirve la retórica cuando las personas no pueden suplir las necesidades del diario vivir, es por ello que vamos con toda por la reforma laboral y en honor a aquel, 1 de mayo de 1886, por la dignificación laboral.

Trabajadores y trabajadoras de Colombia: cuenten conmigo por la lucha de sus derechos desde el legislativo.

 

Iván Velásquez, un ministro para la defensa de la vida

Con la llegada del gobierno Colombia potencia mundial de la vida uno de los retos es sin duda transformar las políticas nacionales para que de verdad reflejen un cambio y una nueva forma de hacer las cosas donde se priorice la vida y se estandarice el cuidado de esta como una práctica transversal en todas las acciones de gobierno. Es por ello que, desde el Ministerio de Defensa, liderado por Iván Velásquez, se ha trabajado para que el enfoque de seguridad esté centrado en las personas.

Hoy se trabaja por proteger la vida de las y los colombianos, generando condiciones de seguridad en los entornos urbanos, pero particularmente en los rurales donde usualmente se han vivido y sentido las consecuencias del abandono estatal, recuperando el control del territorio para dejar atrás la espiral de violencia que históricamente nos ha azotado y que, incluso, llevó a bombardear a niños y posteriormente clasificarlos como “máquinas de guerra” para justificar la ineficiencia de un modelo que por años imperó y nos dejó sangre y lágrimas.

 

Esta nueva forma de hacer las cosas, ha sido motivo para que la oposición se dedique a hacer ruido e incluso a convertir hechos que no son noticia ni significan mala gestión en un gran boom para hacer sentir una sensación de caos que de ninguna manera corresponde a la verdad. La estrategia de confundir y mentir con la que ganaron el plebiscito de la paz se ha convertido en un modus operandi durante estos primeros ocho meses.

Una de las cosas que más repiten es que este gobierno está debilitando nuestras fuerzas y no hay nada más alejado de la realidad que ello, de hecho, hay un especial interés desde el gobierno a través del Ministerio de Defensa por fortalecer a la Fuerza Pública desde el talento humano, su legitimidad y apoyo al proceso de transformación de los territorios para que sus sueños no queden minados por el conflicto.

Lo que algunos llaman debilitar para nosotros es priorizar la vida y como Representante a la Cámara de Antioquia, un departamento que ha tenido que vivir tantos episodios de violencia, celebro este enfoque más humano de la política de seguridad para nuestro país y desde mi curul respaldo las actuaciones que se están haciendo en el Ministerio.

Alejandro Toro

Radican proyecto de ley para nivelar la balanza entre los bancos y las cooperativas

El representante a la cámara, Alejandro Toro, radicó un proyecto de ley que busca que los recursos remanentes de entidades territoriales además de poder ser invertidos en la banca tradicional, también puedan ser destinados a otro tipo de entidades financieras como las cooperativas.

El objetivo del proyecto de ley que es respaldado por congresistas de varios partidos es que las cooperativas financieras puedan recibir más capital; actualmente cuando a entidades territoriales como alcaldías o gobernaciones les quedan recursos que no fueron ejecutados, ese presupuesto puede ir destinado únicamente a los bancos para generar rendimientos financieros, lo que pretende la iniciativa del representante Alejandro Toro es que dichos recursos puedan ser invertidos en cualquier entidad, incluyendo a las cooperativas financieras.

 

De acuerdo con el Representante Toro, “al mejorar la competencia en el sector financiero, las cooperativas que se caracterizan por dar acceso a crédito a personas en situación de vulnerabilidad, tendrán mayores posibilidades de aumentar su impacto positivo en la sociedad, por ejemplo, combatiendo el flagelo del “gota a gota” al que recuerden miles de personas debido a las barreras para acceder al sistema bancario.

Según un estudio reciente de la Universidad Central, los préstamos “gota a gota” mueven alrededor de 2.800 millones de pesos al día y son innumerables las víctimas de este delito, parte de la solución es incrementar el acceso de población vulnerable al sector financiero, “Nuestro segmento natural es el estrato 1, 2 y 3 y tenemos un modelo de microfinanza que es precisamente la gente que no está bancarizada y el gobierno nacional hoy por hoy quiere trabajar con la economía popular y las cooperativas ya estamos preparadas para ello”, aseguró Victor Romero, gerente general de la cooperativa financiera JFK.

El representante Toro, autor de la iniciativa, aclaró que no se trata de reducción de ingresos para los bancos sino por el contrario es un proyecto que busca nivelar la brecha y ampliar la competencia en el sector financiero.

Leyva, un canciller para una potencia mundial de la vida

Esta semana se desarrolló en el Congreso de la República la moción de censura al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán citada por partidos de oposición quienes al final de la sesión no seguían en el recinto y no tuvieron la oportunidad de escuchar completa la gestión que respalda al canciller y por eso hoy quiero hablarles del gran trabajo que se está realizando en esta cartera.

La motivación de la moción se dio porque el ministro Leyva no asistió a algunas citas de la Comisión Segunda, que trata asuntos internacionales y de la cual hago parte. Sin embargo, el equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores siempre ha estado presto a responder las solicitudes de los congresistas y acompañar los procesos que se han citado.

 

Ahora bien, en cuánto a logros durante este gobierno podemos resaltar varios. Las gestiones lideradas por la Cancillería han sido fundamentales para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que marcó un hito político después de un septenio de tener la frontera cerrada. La reapertura no solo significó avivar el comercio y mejorar las condiciones del tránsito de las personas, sino que fue un mensaje simbólico importante al mundo.

Otro punto importante para resaltar es que desde el 2017, Colombia sostenía deudas por $115 mil millones con múltiples organismos internacionales, que incluso impedían que diplomáticos colombianos pudieran votar. Bajo el liderazgo de la actual Cancillería, se realizó el pago de las deudas.

La Cancillería realizó la adhesión del país a la Alianza Mundial Para Desaparecidos, un espacio de cooperación internacional que genera recomendaciones para poner en práctica las mejores metodologías en la prevención y búsqueda de desaparecidos, lo que indudablemente es un gran paso para que en nuestro país no exista más este flagelo y que las víctimas que ha dejado el conflicto puedan hacer su proceso.

Desde lo legislativo, la Cancillería ha radicado múltiples iniciativas de suma importancia. Destaco dos: el proyecto de ley para asegurar el cumplimiento de las sanciones y sentencias de organismos internacionales y la iniciativa para ratificar el Protocolo de la Convención contra la Tortura.

Y por último, me quiero referir a las acciones realizadas desde la Cancillería para contar con Brasil, España, México y Chile como países garantes del proceso de paz con el ELN y que demuestran el compromiso irrestricto de este gobierno con la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado.

Reitero mi apoyo al ministro Leyva, un hombre comprometido con este país y con cumplir la misión de su cargo de elevar las relaciones diplomáticas de nuestro país.

Granizal, víctimas que quieren votar pero no tiene un puesto cerca

Hoy quiero hablarles de la Vereda Granizal, ubicada en el municipio de Bello, Antioquia, el segundo asentamiento informal más grande del país y el más grande del departamento, poblado hace 27 años, y que cuenta con aproximadamente 30 mil habitantes. Este asentamiento es producto del desplazamiento forzado durante el conflicto armado colombiano.

Los habitantes de este territorio, son en su mayoría (aproximadamente el 90%) víctimas de la guerra, que casi tres décadas después siguen viviendo las consecuencias del abandono estatal y que siguen sin ser reparadas. El otro porcentaje de los habitantes es población migrante, en su mayoría venezolanos que han llegado a este asentamiento.

 

En este territorio hay una serie de problemáticas por resolver: agua potable, centro de salud o mejores condiciones de infraestructura para la escuela de la zona. Sin embargo, hay una en la que quiero hacer énfasis y es el hecho de que en la vereda no hay un puesto de votación para la comunidad lo que significa que en este territorio se está vulnerando su derecho a elegir y ser elegido.

Y este hecho implica que la logística el día de las votaciones para los habitantes es complicada. Primero porque el asentamiento pertenece a Bello, pero para los habitantes es más fácil movilizarse por Medellín, lo que implica que ese día para ellos llegar a su lugar de votación es muy complicado y esto es aprovechado por algunos grupos políticos para influenciar el voto a cambio del transporte.

Es por ello que en aras de ofrecer garantías para este territorio he iniciado una serie e conversaciones con el Registrador Alexander Vega para hacer que las comunidades tengan derecho a votar dignamente lo más cercano a su sitio de habitación y profundizar de esta manera la democracia.

Después de una fructífera reunión y de hacer el puente con el registrador del municipio de Bello, se ha designado una comisión de alto nivel que ya realizó una visita de avanzada al lugar y levantó unas actas que se convierten en insumo principal para la gestión. Actualmente se está a la espera de conceptos por parte de otras entidades como el Tránsito, la Policía y Gestión de Riesgos, pero se está avanzando en garantizar este derecho para la comunidad.

Seguiré atento al desarrollo de esta gestión y ratificó mi compromiso con la Vereda Granizal para hacer que tengan condiciones de vida más dignas y justas, en las que se respeten sus derechos.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

 

El agua como víctima del conflicto, tema en la ONU 2023

En el marco de mis actividades como representante de la Comisión Segunda que trata asuntos internacionales, asistí como parte de la delegación colombiana a la UN 2023 Water Conference con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio Catalina Velasco, el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible Susana Muhamad y el congresista Gersel Pérez.

El objetivo de este evento, que se realiza anualmente, es coordinar el trabajo de las Naciones Unidas sobre agua y saneamiento para un mundo mejor, entendiendo que una sociedad solo puede alcanzar altos índices de salud pública, equidad de género, logros educativos y productividad económica cuando todos sus miembros disfrutan de sus derechos al agua y al saneamiento.

 

El tema es de absoluta importancia para nuestro país, y así se ha visto reflejado en las actuaciones y decisiones gubernamentales. De hecho, el Plan Nacional de Desarrollo tiene un capítulo especial dedicado al ordenamiento del territorio alrededor del agua entendiendo que el respeto por las fuentes hídricas, sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambien­talmente sostenible y para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental.

Es importante tener en cuenta que, el medio ambiente ha sido reconocido por la JEP como una víctima silenciosa del conflicto armado, siendo el agua uno de los recursos naturales más afectados. Es por ello, que la participación de una delegación colombiana en este evento cobra gran sentido puesto que se busca la adopción de la Agenda de Acción del Agua, que representa compromisos voluntarios de las naciones y las partes interesadas para lograr objetivos de desarrollo sostenible.

En este sentido, en la búsqueda y consolidación de la Paz Total, un eje transversal a todas las políticas públicas y de gobierno, el acceso al agua es uno de los aspectos claves en un escenario de posconflicto en el cual se debe velar para que individuos y comunidades tengan sus necesidades básicas satisfechas y esto solo se logra si se garantiza el acceso al agua.

Mi compromiso como representante es con los territorios y con dignificar su calidad de vida, por ello la asistencia a este tipo de eventos internacionales en los que se establecen rutas de cooperación y compromisos audaces para garantizar el bienestar de las personas siempre será un espacio que contribuya a fortalecer las acciones que desde el legislativo realizamos. Seguimos trabajando por #ElCambioQueSoñamos

Proyecto de ley de sujeción a la justicia es un paso más hacia la Paz Total

Esta semana en el Congreso de la República se radicó un Proyecto de Ley de sujeción a la justicia, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas de alto impacto que tendrá un mecanismo de justicia ordinaria con investigación y judicialización. Este proyecto está pensado para aquellos proyectos armados al margen de la ley que no tienen finalidad o vocación política y pretende brindar herramientas al poder judicial.

Con la radicación de este proyecto, el gobierno le sigue cumpliendo a los colombianos con el propósito de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica, y demuestra una vez más que la paz se construye con diferentes estrategias. Esta es una de las maneras para avanzar en el camino de tejer y articular la vocación de paz de esta administración.

 

Nota relacionada: Radican proyecto de ley para el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia

Actualmente tenemos vigente la Ley 2272 de 2022 que tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado, en esta hay dos caminos: una de negociación y otra de compensaciones que permita avanzar en sujeción a la justicia con estructuras que se mueven en la economía ilegal, que es precisamente el objeto del proyecto de ley presentado y que determinará las acciones de los jueces penales.

En esta, no hay reconocimiento político por lo que no hay justicia especial. Los actores armados deberán reconocer actuaciones, aportar a la verdad y reparación a víctimas, desmontar el aparato criminal, entregar las armas, cesar acciones como secuestros, reclutamiento a menores y/o desapariciones, entregar el inventario de los bienes, rentas ilícitas, colaboradores y redes de apoyo.

Las penas dependerán de la gravedad de conductas y grados de intervención. No habrá libertades inmediatas por lo que se contempla que la privación de la libertad este entre los 6 y 12 años incluyendo los 4 años de justicia restaurativa. La implementación de la Ley se hará en tres etapas: acercamientos y determinación de voluntad, procesamiento judicial con la Fiscalía, los jueces y estamentos de justicia y cumplimiento e implementación de la Ley.

Ahora, queda a disposición del Congreso la deliberación y aprobación, que será una plataforma jurídica en el proceso de construir la paz en nuestro país, y desde mi posición en la Cámara de Representantes trabajaré para que llegue a feliz término, para que nuestro país siga pavimentando el camino por el buen vivir de los colombianos y para que a los territorios lleguen oportunidades y calidad de vida.

«Alias Chirimoya está torpedeando el sometimiento del Clan del Golfo»: Alejandro Toro

El representante a la cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro,  denunció  que detrás las acciones violentas que se presentaron durante el paro minero en el Bajo Cauca está alias “Chirimoya”.

De acuerdo con el representante Toro, ‘alias Chirimoya’ busca consolidarse como el líder del Clan del Golfo, “es increíble lo que ha sucedido con él, fue capturado en el 2011 y dejado libre dos años después por una jueza que fue destituida, luego fue capturado en el 2015 y después dejado libre por un juez que fue capturado, en los últimos años ha liderado varios paros armados”, aseguró durante su intervención en la reciente plenaria de la Cámara.

 

Dijo además el congresista que otro de los objetivos de ‘Chirimoya’ y el más preocupante es que estaría buscando torpedear el ingreso del Clan el Golfo al proceso de sometimiento a la justicia, por lo que el Representante Toro advirtió que “hay que ponerle nombre y apellido a los criminales que están detrás de lo que está pasando y tienen que decirnos los integrantes del Clan del Golfo con claridad, si quieren la paz total o quieren seguir delinquiendo”.

El congresista explicó que Alias ‘Chirimoya’  ha sido la figura dentro del Clan del Golfo, encargada de amedrentar y atentar contra la vida de los lideres políticos que lo han tratado de perseguir y de cooptar movimientos sociales como hoy ocurre con el paro minero, y precisó además, que, según la estructura de la organización, ‘Chirimoya’ se ubica como uno de los hombres cercanos a ‘Gonzalito’, quien emprendió acciones en contra de la paz total como el secuestro de tres fiscales y ahora infiltrando el paro minero, todo con el objetivo de continuar recibiendo rentas ilegales provenientes de la extorción, el narcotráfico, entre otras.

El representante Toro anunció que visitar el bajo cauca antioqueño y pidió la realización de una audiencia entorno al tema del paro minero.

 

Amenazas al director de la UNP ¿Quién protege al protector?

El pasado 7 de marzo el director de la Unidad Nacional de Protección -UNP- Augusto Rodríguez sufrió un atentado en el que salió ileso, pero infortunadamente resultó herido uno de sus escoltas. Los hechos se presentaron el martes al regreso del director a su casa después de que su esquema identificará que cuatro personas los seguían. El director, además denunció que el día antes se había presentado otro incidente y que en otras oportunidades su equipo de seguridad había reportado que estaban siendo seguidos.

Los hechos son bastante delicados máxime cuando el director ha denunciado corrupción al interior de la entidad y malas prácticas como alquiler de vehículos de protección a personas que no lo necesitaban, falsos blindajes de carros y la existencia de mafias para contratar con ciertas empresas. Pero también, se ha sabido de irregularidades con las camionetas adscritas a la entidad y que están en manos de terceros como una camioneta asociada a la institución que transportaba cocaína y en días recientes una con armas y municiones.

 

No se puede caer en la generalización, pero lo que sucede al interior de la UNP muestra que a todas luces hay unos grandes y oscuros poderes que vienen anclados de administraciones anteriores al interior de la entidad que no quieren que nada cambie porque eso significa que los negocios que por años se han hecho en los que unos pocos ganaban y se han visto lucrados no seguirían pasando.

Lo sucedido en la UNP es similar a lo que sucede en la Sociedad de Activos Especiales -SAE- donde su director, Daniel Rojas, denunció serias irregularidades al interior de la entidad como por ejemplo que el inventario no coincidía o suspender la cesión de acciones en la Triple A.

Ambas entidades tienen algo en común: denunciar la corrupción que sucede allí incomoda al viejo poder y pone en aprietos dinastías que por años se han creado y enriquecido de las arcas del estado. Por eso es imperante que se cuide al cuidador y a los cientos de funcionarios que están en las entidades públicas en este momento equilibrando la balanza, entregando las tierras a los campesinos, otorgando protección a los líderes y liderando las grandes reformas del cambio que incomodan pero que es el mandato popular.

Toda mi solidaridad con Augusto Rodríguez.

Alejandro Toro

Representante a la Cámara

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Con tecnología y oportunidades alcalde de Medellín salva vidas

El caso de El Salvador y su manejo a la situación de seguridad por parte del presidente Bukele, luego de que en marzo del año pasado se declarará el régimen de excepción, deja a la fecha aproximadamente 61 mil personas detenidas y una serie de violaciones a los derechos humanos.

Su política de capturas masivas, incluso por “sospecha de colaboración” con las pandillas, generó un hacinamiento en las cárceles de ese país, según la la ONG Fespad del 106 % lo que llevó a construir en tiempo récord una cárcel de máxima seguridad para llevar los reos que han sido capturados en esta oleada.

 

Por otro lado, Human Rights Watch -HRW- y Cristosal concluyeron, en un informe presentado en diciembre de 2022, que «se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción», entre ellas detenciones «arbitrarias masivas», torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos penales «abusivos».

Aunque el centro penitenciario construido recientemente está hecho según el presidente Bukele para que las personas que ingresan no vuelvan a salir, lo cierto es que el modelo punitivo como tal ha demostrado en diferentes partes del mundo ser un fracaso y la violencia solo trae más violencia, las cárceles como centro de castigo sin un proceso de resocialización tienen como consecuencia tasas de reincidencia.

El INPEC, en Colombia en diciembre de 2022 presentó unos datos que demuestran que desde 2016 la tase de reincidencia es una constante en nuestro sistema y que cada año este hecho aumenta, al menos dos puntos porcentuales. En este sentido, los países, debemos avanzar hacia la materialización de oportunidades, y como la reforma a la justicia radicada en nuestro país un proceso que prepare al interno a la reincorporación.

Medellín, ha sido un caso de éxito en cuanto a mejores índices de seguridad mediante una estrategia de seguridad con alto impacto en la inversión social. Al finalizar el 2022 en comparación con 2019, los homicidios han disminuido un 39%. Actualmente, hay 24 mil personas beneficiarias de la política pública matrícula cero, se han entregado 65 mil computadores futuro a estudiantes entre séptimo y undécimo y se convirtió una cárcel en universidad para la cuarta revolución industrial.

La ciudad venía de una estrategia muy mediática en términos de justicia punitiva que no resultó y que por el contrario dejó un muy mal índice, por el contrario se logró demostrar que con oportunidades se puede contribuir en el fortalecimiento de la seguridad, es por ello que desde mi lugar en la Cámara de Representantes apoyaré la reforma a la justicia para que nuestro sistema sea mucho más humano, porque también he visto desde mi trabajo como muchos jóvenes llegan a la delincuencia porque no hubo otro camino y mi convicción, al igual que la del gobierno, es privilegiar la vida.

Alejandro Toro

Representante a la cámara