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El presidente Gustavo Petro se ha empecinado con terquedad aragonesa en que ECOPETROL se aparte del core de su negocio, explorar, explotar, transportar y refinar hidrocarburos. Contra toda evidencia sostiene que “el tiempo del petróleo se acabó”. Ello lo llevó a ordenarle al presidente de la empresa Ricardo Roa “hacer una especie de exorcismo” de la empresa, al tiempo que le pidió que se quitara el petróleo “de la cabeza” y fue terminante al espetar “quítate el petróleo de la cabeza”.

Luego, en el marco de un Consejo de ministros realizado el 11 de febrero el presidente Petro increpó al ministro de Minas y Energía Andrés Camacho alegando que “si nosotros estamos contra el fracking -por la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad – yo quiero que se venda esa operación, la del Permian, para invertirlo en energía”.

Pero ya era tarde, dado que el 3 de febrero se había acordado entre las partes, ECOPETROL y la OXY la prórroga de su contrato de asociación que data desde julio de 2019 hasta el 2027. El presidente Petro se resistió a dar su brazo a torcer e insistió en su cuenta de X el 14 de septiembre en que “ECOPETROL debería vender su participación en el Permian. Ahora, más recientemente, según ha trascendido a los medios, el Presidente Petro citó a Palacio a varios miembros de la Junta directiva de ECOPETROL con el propósito de darle la directriz de salir del Permian. Aduce el Presidente Petro que “el negocio que va a quebrar a ECOPETROL es Permian, el proyecto de fracking que la petrolera tiene en sociedad con la Oxy en Estados Unidos”.

Insiste además el Presidente Petro, en que “permian no es un buen negocio”, en que este es un negocio “chimbo”, cuando todas las cifras de la propia empresa lo desmienten y hablan por sí solas: Pero, la verdad sea dicha, hoy por hoy esta es la inversión más rentable de cuantas posee el Grupo empresarial ECOPETROL en su portafolio: el costo del levantamiento del barril de crudo oscila entre los US $5 y los US $6 dólar, costo este que contrasta con el promedio en los campos en explotación en Colombia, el cual fluctúa entre los US $12 y los US $14. La producción proveniente del mismo está alrededor de 115.000 barriles / día, por encima de la producción de Rubiales, considerado el mayor campo productor en territorio nacional, representando el 15% de la producción total de ECOPETROL (115 mil barriles/día). Además, las reservas a su haber están cifradas en 189 millones de barriles equivalentes, lo cual representa el 10% de todas las reservas con las que cuenta la estatal petrolera.

Y, como si lo anterior fuera poco, hablando de su rentabilidad, el margen EBITDA se sitúa en el 76%, en comparación con el promedio del resto de la operación de ECOPETROL que está entre el 30% y 40%! De llegar a prosperar el dislate de vender su participación en el Permian empeoraría la situación financiera de la empresa, la cual ha registrado una caída de sus utilidades, que completó en junio pasado 10 trimestres consecutivos a la baja, en un 78%, en términos reales, entre los años 2022 y 2025. De no ser por el Permian la situación habría sido más apremiante y de paso la de las finanzas del Estado, toda vez que dependen en gran medida del giro de los dividendos que le reporta como su principal accionista con el 88.49% de las acciones. Renunciar al Permian por parte de ECOPETROL sería una pésima imitación de quien invita a sus contertulios convidándolos a irse a otra fiesta ya que la disfrutan está tan buena!

Huelga decir, que la afirmación del Presidente Petro, de que el producido de la eventual venta de la participación de ECOPETROL en el Permian le serviría para “invertirlo en energía limpia”, puesto que, de llegar a cristalizarse este despropósito no es verdad que ECOPETROL le traspasaría el valor de la venta a la Nación, pues dado el carácter de la misma sólo puede girarle dividendos, los cuales se verían menguados con tal operación. Además, según el experto Sergio Cabrales “vender con descuento el negocio del Permian de ECOPETROL, valorado en aproximadamente US $5.500 millones, podría representar una disminución del 30% de la cotización actual de la acción”. Y la cereza del pastel sería que ECOPETROL tendría que pagar una penalidad por su desistimiento del orden de los US $400 millones!

De allí la reacción de parte de quienes hemos tenido la responsabilidad de conducir la política pública en materia de hidrocarburos, así como de los expertos y conocedores del sector, así como la férrea oposición a este desaguisado de parte de la Unión Sindical Obrera (USO, la cual, por boca de su Presidente Cesar Loza, manifestaron su decisión de irse a la huelga a defender la empresa que ellos mismos gestaron con otra huelga, por considerar que este sería “un error que pone en serios riesgos las finanzas de ECOPETROL”. Un exabrupto. Otra razón que nos llevó a encender todas las alarmas por el antecedente de lo que ocurrió con el fallido negocio de la negociación que venía adelantando ECOPETROL para participar en la sociedad Crownrock, propiedad de la OXY para desarrollar el proyecto Oslo, ubicado en la misma cuenca del Permian.

En efecto, después que la Junta directiva lo había aprobado, por presiones del ejecutivo se echó para atrás y se descartó, según dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque “el asunto es de coherencia…el petróleo sigue adelante, pero no con fracking”. De esta manera ya se había sentado un precedente al respecto, funesto por cierto!

Amylkar Acosta

Después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el Gobierno Nacional ha terminado por aceptar que en Colombia sí hay una escasez de gas, que esta es creciente, que la producción nacional del mismo es insuficiente para satisfacer la demanda esencial y que por lo tanto se requiere importarlo para conjurar un eventual racionamiento, dejando atrás el negacionismo de la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para quien, según ella, Colombia tendría asegurado el abastecimiento hasta el año 2042 y del ex ministro Andrés Camacho, quien sostuvo que aquí no había escasez sino acaparamiento por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo y especulando con el mismo y ordenó investigaciones por ello a la Superintendencia de servicios públicos, las cuales nunca llegaron a ningún Pereira.

Luego de admitir, por fuerza de las circunstancias, la imperiosa necesidad de importar el gas vendría el embeleco de traerlo desde Venezuela primero y desde Catar después, al tiempo que el Presidente Petro, en una actitud errática primero le recrimina a ECOPETROL por estarle “mamando gallo en el tema”, porque “este Gobierno dijo; transición energética significa reemplazar , no acompañar los combustibles fósiles”  e interpeló a su Presidente Ricardo Roa con este interrogante: “¿por qué vamos a promover el uso de gas natural si eso es muerte?”. Pero ello no fue óbice para posteriormente, en medio de un Consejo de Ministros el 7 de abril, manifestarle que no entendía “por qué Ecopetrol no está importando gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa gasolina no permite negociación con los colombianos (…) la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa el gas” que requiere el país.

En el entretanto, la empresa ECOPETROL, consciente de la necesidad de su aprestamiento para importar gas, habida cuenta que al tiempo que es el principal productor de este energético es también el mayor consumidor, había dado los pasos conducentes para ello. En efecto, contrató para ello los servicios de la empresa Puertos Inversiones y Obras (PIO SAS), para la instalación de una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSU, por sus siglas en inglés) en Buenaventura y una planta regasificadora en Buga (Valle del Cauca), hasta donde se transportará en camiones cisternas, una especie de isocontenedores, en estado líquido, a falta de un gasoducto, con el que no se cuenta. Operación esta compleja y costosa. Esta planta tendrá una capacidad muy limitada, de sólo 60 MMPCD, si se compara con la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC), instalada en Barú (Cartagena), con una capacidad de 450 MMPCD y estará disponible en el segundo trimestre de 2026.

Es de anotar que actualmente sólo se cuenta con la regasificadora que instaló la Sociedad portuaria del Cayao (SPEC) en Barú, Cartagena, con una capacidad inicial de 400 MMPCD y actualmente, luego de su ampliación, es de 450 MMPCD, la cual se proyecta hasta 530 MMPCD para el 2026. La misma fue instalada gracias a la iniciativa del denominado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) y me correspondió como Ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014.

Fue inaugurada finalizando el 2016 y desde entonces le ha servido de fuente de abastecimiento del combustible a dicho parque térmico y así poder cumplir con sus obligaciones de Oferta de energía en firme (OEF) adquiridas por el Cargo por confiabilidad. De no haber sido por la SPEC el país se habría apagado el año pasado cuando la sequía que trajo consigo el fenómeno de El Niño puso a prueba el respaldo del parque térmico, operando a su máxima capacidad, hasta cubrir el 58% de la demanda de energía.

En este contexto y dado que las necesidades de importación serán mayores y crecientes ha surgido otra iniciativa que es a todas luces muy prometedora, por parte de la empresa transportadora de gas TGI, filial del Grupo energía Bogotá (GEB). Así lo anunció el Presidente de este Juan Ricardo Ortega. Según sus declaraciones, la misma consiste en conectar la red con el campo Chuchupa, uno de los históricos productores de gas en La Guajira, utilizando la licencia ambiental de una infraestructura ya existente, lo cual abreviaría los términos para su entrada en operación. Tiene, además la ventaja de contar con la infraestructura del gasoducto que opera HOCOL, empresa del grupo empresarial ECOPETROL, hoy subutilizado, pues de su capacidad de transporte de 500 MMPCD sólo esta transportando 70 MMPCD.

Según la compañía, esto permitiría arrancar operaciones en menos de un año. Como lo manifestó Ortega, “contamos con el barco, el capital y la capacidad técnica para poner en marcha esta solución”. Para luego es tarde. Queda en manos del Gobierno nacional apoyar esta iniciativa para garantizar el abastecimiento en los próximos años contando con esta otra regasificadora, que tendría una capacidad mucho mayor que la de Buga, pues estamos hablando de 260 MMPCD para el primer trimestre de 2027, justo cuando el país podría afrontar una crisis de desabastecimiento, la cual se escalaría hasta los 400 MMPCD para el 2029.

Este proyecto anunciado por Juan Ricardo Ortega es de tal importancia y urgencia para el país que amerita ser considerado como de interés nacional estratégico (PINE) y ser tratado como tal, en aplicación del Documento CONPES 3762 de 2013, en orden a agilizar sus trámites y poder contar más pronto con tarde con esta regasificadora. Tanto más en cuanto que, según el Gestor del Mercado de gas, Colombia tendrá una creciente necesidad de importar gas, con un déficit que pasará de 117 millones de pies cúbicos diarios en 2026 (16% de la demanda) a 224 millones en 2027 (37%) y 260 millones en 2028 (43%) para cubrir la demanda nacional. 

Por mi parte, yo insistiría en que, pensando en el mediano y largo plazo, se contemple instalar allí un complejo bidireccional, de tal suerte que lo urgente, que es ampliar la capacidad regasificadora, no impida que se disponga también de una planta de licuefacción, previendo que, cuando sea declarada la comercialidad de SIRIUS y recuperemos la autosuficiencia de provisión de gas natural, dispongamos de la facilidad para exportar los excedentes.

Amylkar Acosta

Vamos a “reactivar el suministro de gas desde Venezuela”, ha dicho el ministro de Minas y Energía Edwin Palma, cuando desde allá Colombia no ha recibido una sola molécula de gas, no se puede reactivar lo que nunca ha estado activo. Colombia cumplió su parte y durante   7 años (2008-2015), más allá de lo pactado, le suministro a Venezuela, en promedio 150 MMPCD.

Bueno es recordar que Venezuela nunca cumplió con su parte, que le obligaba a corresponder proporcionándole a Colombia el mismo volumen a partir de 2011.  Así quedó consignado en el contrato que firmaron Chaves y Uribe en mayo de 2007, dándole vida al gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaute, que une a La Guajira con el Estado Zulia. Venezuela nos puso conejo!

Además de los “retos técnicos, jurídicos y económicos, y en eso estamos concentrando la gestión pública”, que, según el Ministro Palma, al afirmar que “no es un camino sencillo, pero estamos avanzando”, están de por medio las sanciones impuestas por los EEUU a Venezuela y solo con la aquiescencia de la Oficina de control de activos extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los EEUU, que complican la viabilidad de cualquier acuerdo para reactivar el contrato incumplido, que está vigente hasta el 2027, se podrá avanzar en dicho propósito. A no ser que el Presidente Petro quiera desafiar al altanero de Trump, exponiendo al país a las mismas represalias arancelarias (25%) que les está aplicando a los países que le compren petróleo o gas a la dictadura de Nicolás Maduro. Le saldría a Colombia más caro el caldo que los huevos!

Ante la afirmación del ministro Palma de que se ha impuesto “el reto de traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de terminar el año”, cabe preguntarse qué ha cambiado desde agosto del año pasado, cuando el exministro Andrés Camacho aseguró ante el Congreso de la República que “ni política, ni financiera o técnicamente vamos a poder importar gas desde Venezuela”. Dicho sea de paso. ECOPETROL le solicitó a la OFAC su autorización para importar gas desde Venezuela en noviembre de 2022 y sólo ha recibido la callada por respuesta.

No es previsible que en el corto plazo Venezuela pueda disponer de la infraestructura necesaria para transportar el gas desde el oriente de su territorio, que es donde están sus mayores reservas de gas natural, en la Perla, que se estiman en 9TPC, casi 4 veces las reservas probadas de Colombia, en un campo operado por Repsol y Eni, hasta empalmar con el desastrado gasoducto Antonio Ricaute en el Estado Zulia, que toca rehabilitar, lo cual demanda una cuantiosa inversión que la quebrada PDVSA no está en condiciones de asumir. A ello se ha venido a sumar el endurecimiento de las sanciones de los EEUU a Venezuela.

Este paso, en falso a mi juicio, según el ministro Palma será “decisivo para romper con los monopolios y garantizar energía justa”, sin reparar en el hecho de que, si algún monopolio en materia de gas en el país quien lo ejerce es ECOPETROL, liderando la producción nacional, con el 72%, posee el 90% de las reservas probadas del país y es a la vez el segundo mayor consumidor, después de la industria, en sus refinerías acaparando más de 150 MMPCD. 

Por lo demás, la Presidenta de la Junta directiva de ECOPETROL Mónica de Greiff ha sido categórica al afirmar en forma tajante que “nunca va a llegar gas de Venezuela a Colombia”. Lo descartó en forma terminante. Según ella, “ECOPETROL no puede importar gas de una compañía pública de Venezuela por las sanciones que le impondría Estados Unidos a ECOPETROL”. Interrogado por esta circunstancia, el Ministro Palma le salió al paso a las declaraciones de Mónica aseverando y asegurando olímpicamente que “ECOPETROL, aunque nuestra principal empresa, es un agente más, para traer gas de Venezuela no se necesita a ECOPETROL”. Esta si es ya la tapa, el Gobierno no cuenta con otra empresa distinta a esta, con el músculo financiero y la logística requeridos para dicha importación, por lo que se tendría que recurrir a la tan denostada empresa privada.

Cabe resaltar que esta posición del Ministro Palma va a contrapelo de la orden impartida por parte del propio Presidente Gustavo Petro, quien en desarrollo de un Consejo de ministros transmitido en directo reprendió y le llamó la atención, jalándole la oreja, al Presidente de ECOPETROL Ricardo Roa en los siguientes términos: “hermano no entiendo por qué ECOPETROL no está importando gas. El simple hecho que ECOPETROL no importa gas como sí importa gasolina está generando este negociado con los colombianos”, aludiendo a la importación de gas por los privados, Y fue más lejos el Presidente Petro al sentenciar: “la orden que yo le doy al Ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en ECOPETROL y por qué no importa el gas y compite. Competencia, dice el capitalismo”.

En medio de esta cortina de humo, insistiendo en el embeleco de importar gas desde Venezuela y los desvaríos de la política energética que pone de manifiesto, queda flotando en el ambiente la pregunta: si no es ECOPETROL quien importaría el gas desde Venezuela, quién lo haría. De hecho, ECOPETROL hace rato tomó la decisión, a través de su Junta directiva, de contratar la regasificación de gas en el Pacífico, para lo cual firmó el primer contrato de regasificación con la empresa PIO SAS (Puertos, Inversiones y Obras S.A.S), con una capacidad de 60 MMPCD, la cual entraría en operación en el segundo trimestre del año entrante. Aspira, además, siguiendo las instrucciones del presidente Petro, a tener su propia planta regasificadora en La Guajira, aprovechando las facilidades que ofrecen las dos plataformas del campo Chuchupa y la estación de Ballena, desde donde parte el gasoducto que opera actualmente y que transporta el gas hasta Barrancabermeja, con una capacidad de 300 MMPCD, aproximadamente.

Amylkar Acosta