Etiqueta: Amylkar Acosta

El Congreso de la República está en deuda con las regiones. Debieron transcurrir 20 años para que por fin tramitara la Ley orgánica de ordenamiento territorial  (LOOT), mediante la Ley 1454 de 2011, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución política, que le encomendó establecer “la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales”, que han estado reducidos a un capitis diminutio, tratados como menores de edad. Pero todo fue un fiasco.

La Ley que se expidió no lo hizo, resultó un remedo de LOOT, dando pábulo a la descentralización disfuncional, consistente en delegarle funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin asignarle los recursos para que las pudieran asumir, contrariando lo dispuesto en el artículo 356 de la misma. Ese Estado centralista denominado por el Nobel de economía y conocedor de la pungente realidad de Colombia James Robinson, como el “Leviatán de Papel”, es el mismo que según él se caracteriza por “la ineficiencia en el cumplimiento de sus funciones”. Y ello, pese a concentrar y de qué manera los ingresos públicos.

Bueno es advertir que, como lo sostiene el jurista Ricardo Zuluaga “de las 25 funciones básicas del Estado, las fundamentales le corresponden en exclusiva al Gobierno central y otras 10 las ejerce de forma compartida con las entidades territoriales; mientras que las entidades territoriales no tienen ninguna que sea suya de manera exclusiva y en las 10 sobre las que puede tener alguna incidencia, lo hacen de forma compartida con la Nación. Todo lo cual se traduce en que no hay un solo aspecto de la vida estatal que no sea intervenible por el Gobierno central”.

Llama poderosamente la atención el hecho de que no obstante concentrar los ingresos mientras desconcentra funciones y competencias, muchas de las cuales han pasado a las entidades regionales, la Nación ha seguido acusando, como lastre inveterado, un déficit crónico de sus finanzas, el cual entre 2021 y 2024 registró un promedio de -5.5%, y ello a pesar de la vigencia de la Ley 1473 de 2011 de la Regla fiscal y de disponer periódicamente del Marco fiscal de Mediano plazo (MFMP) reglado por la Ley 819 de 2003. Aún durante el más largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011, para los productos mineros y 2003 – 2014 para el petróleo), se pudo corregir dicho déficit, como sí lo lograron otros países de la región. Han sido más juiciosos los departamentos y municipios, sometidos como lo han estado a la Ley  617 de 2000, los cuales no obstante la precariedad de sus recursos han venido registrando un superávit fiscal. 

De manera que si Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana no ha sido propiamente por cuenta de las transferencias del Sistema General de Participaciones, sino por la glotonería del Gobierno central. Eso está claro! Por esta razón y en respuesta al clamor y a la presión de parte de los 32 gobernadores, que el Congreso de la República se animó a aprobar la Ley 2200 de 2022, la cual dispuso en el parágrafo transitorio del artículo 5 de la misma que “el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, en pleno consenso con los departamentos representados en la Federación Nacional de Departamentos, hará una identificación de las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos

para su ejecución y procederá a nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal a los departamentos para cada competencia identificada en un plazo de 8 meses a partir de la vigencia de la presente Ley”. Transcurridos 33 meses no se le ha dado cumplimiento. 

Es en este contexto que emerge la iniciativa de enmendar la plana de las dos reformas a los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de los cuales fueron objeto en los años 2001 y 2007, en detrimento de los ingresos de los departamentos, distritos y municipios, mediante el proyecto de acto legislativo que está a un solo debate de ser aprobado por el Congreso de la República. Con ello se busca su resarcimiento, pues, como bien dijo nuestro laureado con el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez que a las regiones sólo llega desde el Gobierno central el óxido del poder. Pues llegó la hora de sacudirse de toda esa herrumbre por parte de las regiones, para dejar de ser alfil sin albedrío del agobiante centralismo   Y ello justamente es lo que se busca con la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP). 

Cuando comenzó su trámite el mayor reparo a dicho proyecto fue que al transferirle mayores recursos a las entidades territoriales sin garantizar que con estos asumieran nuevas y mayores competencias se llevaría de calle la Regla fiscal, incumpliéndola, atentando contra la sostenibilidad fiscal y poniendo al borde de la debacle fiscal al Estado colombiano, lo cual constituiría un acto de soberana irresponsabilidad por parte del Congreso de la República.

Empero, en la ponencia aprobada en su séptimo de ocho debates, en respuesta a este reparo, se estableció claramente que el Acto legislativo que se apruebe solo entrará en vigor una vez que sea expedida la Ley de competencias, en la cual se deberá dar un nuevo reparto de las mismas, descargando al Gobierno central de la responsabilidad de aquellas funciones y competencias que asuman las entidades territoriales, concomitantemente con la reducción de su presupuesto. Los detractores de esta iniciativa sólo suman las mayores transferencias en el minuendo, pero no restan en el sustraendo las competencias que la Nación dejará de asumir.  Se trata, entonces, de barajar para volver a repartir, nada más pero tampoco nada menos!

Se trata de un juego de suma cero fiscalmente, en el que los recursos que demandarán las mayores transferencias estarán atadas a mayores responsabilidades por parte de las entidades territoriales. Hay que pasar de Bruño a Baldor para que la suma algebraica disipe los temores de un desbordamiento del gasto atribuible a la duplicidad en el ejercicio de las mismas funciones y competencias por parte de la Nación y las entidades territoriales. Dicho de otra manera, el impacto de esta reforma del SGP debe ser neutral y para asegurarse que así sea la Ley de competencias debe prever que se cumpla con la Regla fiscal y con los parámetros del MFMP.

No se puede seguir insistiendo en que con este paso se estaría descuadernando las finanzas del Estado al pasar el monto de las transferencias del SGP del 23.8% al 39.5%  de los ingresos corrientes de la Nación (ICN) durante los próximos 12 años, contados a partir del 2027 cuando, como se sabe, sin la reforma in comento dichas transferencias subirán del 22.2% en 2024 hasta alcanzar el 31.3% de los ICN en 2026, para un incremento “inercial” de 9.1 puntos porcentuales en un lapso mucho menor, sin que nadie haya salido a desgarrarse las vestiduras por ello!

Amylkar Acosta

Al anunciar su demanda contra el Decreto 934 de 2013, expedido por el ex ministro de Minas y Energía Federico Rengifo, el Alcalde de la Capital por aquellas calendas Gustavo Petro manifestó que “según el Distrito la norma en cuestión es regresiva, desborda el régimen constitucional, legal y jurisprudencial existente en el país en materia de autonomía territorial, protección ambiental y de planificación y ordenamiento territorial, por lo que se procederá a su demanda ante el Consejo de Estado, con la correspondiente solicitud de suspensión provisional”, como efecto lo hizo.

Y en su decisión de segunda instancia la Sección tercera del Consejo de Estado anulando esta norma trajo a colación la Sentencia de la Corte Constitucional (C – 123 de 2014), “la cual definió que la toma de decisiones sobre el desarrollo de proyectos mineros debe responder a la participación de la Nación y los municipios mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades”. Es decir que la Nación no podía desconocer la autonomía territorial consagrada en el artículo 287 de la Constitución política, avasallando con sus determinaciones a las entidades territoriales. Y fue más lejos el Consejo de Estado al dejar establecido que la Nación “deberá acordar con las entidades territoriales todo lo atinente al Plan de manejo ambiental (PMA), bajo los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, previstos en el artículo 288 de la Carta”. Así de claro!

Y qué dice la Sentencia de la Corte Constitucional. Esta dirimió el conflicto de competencias planteado a partir de la interpretación del artículo 37 de la Ley 685 de 2001 del Código de Minas, que había dado lugar a un enfrentamiento entre los municipios, que se habían arrogado la facultad de impedir la actividad minera en sus territorios, ya fuera a través de consultas populares, la primera de ellas en el Municipio de Piedras, celebrada el 28 de julio de 2013, secundada por otra aupada por el entonces Alcalde de Ibagué y hoy Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, mientras el Ministerio de Minas y Energía mediante el Decreto objeto de la demanda lo prohibió.

Después de varios bandazos por parte de la Corte Constitucional en los que falló ora dándoles la razón a las entidades territoriales ora dándole un espaldarazo a la Nación, finalmente emitió una providencia unificadora en el sentido que “al igual que no puede concluirse que el Constituyente estableció un principio de autonomía territorial sin límite alguno, tampoco es válido afirmar que el principio de Estado unitario avala cualquier regulación legal que, en pos de distribuir competencias, establezca límites a contenidos esenciales del principio de autonomía territorial”, reivindicando de esta manera los principios de la descentralización y la autonomía territorial, tan venidos a menos en los tiempos que corren como producto de la avalancha re-centralizadora que siguió a la expedición de la Constitución de 1991.

Traigo a colación estos antecedentes a propósito de la expedición el 30 de enero del Decreto 044 de 2024 por parte de la Ministra de ambiente y desarrollo sostenible (MADS) Susana Muhamad, según ella para “evitar que se otorguen nuevos títulos y licencias en aquellos ecosistemas sensibles donde nunca ha debido haber minería”. Además de contrariar lo dispuesto en el artículo 34 del Código de Minas, que es Ley de la República, de rango superior a dicho Decreto, al darle un gran poder de discrecionalidad para determinar las “reservas temporales” al MADS se lleva de calle el principio de la autonomía territorial, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado que obliga a la concertación entre la Nación y las entidades territoriales.

La preocupación es mayor en la medida que se podría llegar al extremo, según lo establece la norma cuestionada, que las áreas delimitadas como tales pueden “culminar con la restricción o exclusión definitiva de la minería”. Olvida la Ministra que su Despacho es del Medioambiente y el desarrollo sostenible, conceptos estos inseparables y compatibles. En su lugar, el Gobierno debería apoyar y avalar el trámite en el Congreso de la República del proyecto de ley de coordinación y concurrencia entre las autoridades nacionales y territoriales y de participación ciudadana para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, tal como se lo han solicitado reiteradamente las altas cortes.

Este es el camino para superar conflictos como el paro minero en contra de este esperpento jurídico: la concertación entre la Nación y los territorios!

Es irónico que esto ocurra en un Gobierno presidido por el Presidente Petro, quien siendo Alcalde Mayor del Distrito de Bogotá le plantó cara al Gobierno Nacional en defensa de la autonomía territorial que ahora se transgrede con este Decreto, que va en la misma dirección de la decisión de la Agencia Nacional Minera, retomando las facultades y competencias delegadas al Departamento de Antioquia. Es la recentralización en marcha, en menoscabo de la autonomía territorial, la misma que el Presidente y el Ministro Jaramillo defendieron a capa y espada como alcaldes. Las decisiones dejarán de tomarse desde los territorios para tomarse en los escritorios por parte de la burocracia enquistada en la paquidérmica estructura del andamiaje centralista, ninguneando a las autoridades territoriales. Esta es la ironía como arte de gobierno.

Amylkar Acosta

¡Estas son las razones de la sinrazón de las que hablaba El Quijote!

El presidente Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas de Colombia con el Estado de Israel el pasado 2 de mayo. Lo que precipitó esta medida fue el desacato por parte del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu de la Resolución del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas que pidió un cese del fuego. “Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”, espetó el presidente Petro el 8 de junio a través de su cuenta de X.

A renglón seguido expidió el proyecto de Decreto para comentarios “por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel”, el cual cobró vigencia el pasado 14 de agosto con el número 1047. Entre las consideraciones del mismo se aducen como razones justificativas que “la República de Colombia considera que las operaciones militares en contra del pueblo palestino representan un quebrantamiento a la paz y seguridad internacional».

Se advierte que esta medida se mantendrá en vigor “hasta que se cumplan a cabalidad las ordenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia, en el proceso de aplicación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio en la franja de Gaza”.

El presidente Petro, expidió este Decreto, sin modificación alguna, pese a las observaciones que le hizo el Procurador delegado con funciones para asuntos ambientales, minero-energéticos y agrarios Gustavo Adolfo Guerrero el 17 de junio al borrador del mismo, las cuales fueron desoídas y desestimadas. Advierte él “sobre la posible configuración de un riesgo de daño antijurídico, por adolecer el acto administrativo que se pretende expedir de posible ausencia o falsa motivación. Los argumentos expuestos no están acordes con la realidad fáctica y probatoria”, acotó. Por su parte el Contralor General arguyó que, según lo dispone el Código minero “el concesionario dispondrá libremente el destino de los minerales explotados y establecerá las condiciones de su enajenación y comercialización”. Y enfatizó en que “el proyecto de Decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera”.

Obviamente, el primer impacto de este veto a las exportaciones a Israel se sentirá en la balanza de comercio y el ingreso de divisas al país, que se verán menoscabadas en US $500 millones. Pero también se verán afectados los ingresos del Estado, pues se dejarán de recibir $650.000 millones/año, entre impuesto a la renta recaudado por la Nación y las regalías que reciben estos dos departamentos, que verán reducidos sus ingresos en $100.000 millones por concepto de regalías.

Y ello se da en momentos en los que las afugias fiscales del Gobierno son mayores, debiendo recortar el Presupuesto en $20 billones y se apresta a presentar un proyecto de ley de financiamiento por valor de $12 billones. Cabe aquí la expresión bíblica, cuando Cristo reprendió a Pedro: como estamos y tú cortando orejas.

Es preciso aclarar que el carbón colombiano que se exporta a Israel es solo térmico, el cual es usado para la generación de energía, no es metalúrgico, que es el que se utiliza en la industria militar. Por tanto está fuera de lugar afirmar desatentadamente, para justificar esta absurda medida, como lo hizo el Presidente Gustavo Petro, que con el carbón extraído de las entrañas del territorio colombiano “se hacen bombas para matar los niños de Palestina”. No es el caso del petróleo, que sirve de combustible para alimentar la agresión Israelí al pueblo palestino y por ello esta vez, como ocurrió en 1973, a raíz de la guerra del Yom Kipur, cuando la OPEP decretó un embargo petrolero, utilizando este como arma de guerra, con magros resultados, varios países que le proveen petróleo a Israel están contemplando apelar a ello para boicotearlo.

De otra parte, es de anotar que tanto GLENCOR como DRUMOND son multinacionales que operan no solo en Colombia y son ellas las que le proveen el carbón a Israel, no Colombia como Estado, de manera que si se les impide suministrarlo desde Colombia lo harán desde los otros países en donde operan (Australia, India, Indonesia, incluso los EEUU), que son nuestros competidores, a través de sus comercializadoras. Israel no se va a ver afectada, no va a dejar de recibir el carbón que requieren, no se va a apagar por cuenta de la decisión del Presidente Petro. Esta medida, en suma, resulta inane frente a los intereses de Israel.

Esta decisión es abiertamente violatoria del TLC firmado entre Colombia e Israel, que entró en vigor el 2020, del TLC suscrito en 2006 con EEUU, domicilio principal de DRUMOND, así como del Acuerdo de protección a la inversión firmado en 2009 entre Colombia y Suiza, domicilio de GLENCOR. Con ello se ha sentado un pésimo precedente, pues los tratados y los acuerdos son para cumplirlos y su incumplimiento acarrea consecuencias, Colombia puede ser objeto de sanciones comerciales y retaliaciones por parte de los países afectados por su transgresión y de contera con ello se afecta la seguridad jurídica y la confianza inversionista, que sólo sirven de espantapájaros a la inversión y a los inversionistas, en momentos en los que el país más los requiere para el impulso y la reactivación de la economía colombiana. Huelga decir que la política exterior debe responder a una política de Estado y no a una política de gobierno.

Colombia, entonces, con este dislate, se está haciendo el harakiri, Colombia pierde por punta y punta, con cara y con sello, se queda con el pecado y sin la gracia con esta decisión desafortunada y contraproducente, que muy seguramente derivará en controversias jurídicas en el país y en instancias internacionales de las cuales el Estado puede salir mal librado. De hecho, ya se han anunciado demandas de nulidad ante la Corte Constitucional por la presunta violación de la Constitución Política. Este Decreto se le puede convertir al Gobierno en un bumerang.

Amylkar Acosta