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Toda regla tiene su excepción y la Regla fiscal no escapa a esta sentencia. En efecto, el parágrafo 2 del artículo 5º, modificado por el artículo 60 de la Ley 2155, prevé que “la Regla fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales en este artículo, en el caso de que ocurran eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país”.

Pues bien, el pasado 9 de junio, el Consejo Nacional de Política fiscal (CONFIS) le aprobó al ministro de Hacienda Ávila Plazas, apelar a esta Cláusula para esquivar el cumplimiento de la Regla fiscal, que ya se había incumplido el año anterior, excediendo sus límites y parámetros, utilizando el ardid de las llamadas “transacciones de única vez” (TUV), por valor 1.9% del PIB, subterfugio este que, según la Ley 2155 de 2021, permite descontarla, es decir no computarla “en el cálculo del balance primario neto estructural del Gobierno central”.

Así se puso en pausa el cumplimiento de la Regla fiscal por el término de tres vigencias consecutivas, empezando por el 2025. El CONFIS se limitó a decir, en un lacónico comunicado de prensa, que “los efectos contractivos de la Cláusula de escape serían menores que los obtenidos en un escenario de ajuste fiscal consistente con las metas actuales de la Regla fiscal”. Dicho de otra manera, a juicio del CONFIS eludir el cumplimiento de la Regla fiscal es el mal menor.

El ministro de Hacienda se justificó alegando que “no se puede paralizar al Estado debido a la falta de recursos”, subrayando la urgencia de ajustar las finanzas del país. En sus declaraciones, observó que “la religión que nos colocaron de la Regla fiscal, según la cual no es posible llegar sino hasta ciertos límites, seguramente no vamos a llegar a los límites establecidos por la Regla fiscal, pero va a haber incrementos en el nivel de endeudamiento…Necesitamos garantizar los ingresos que aseguran el equilibrio fiscal”.

Aunque no es vinculante su concepto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF)  debía pronunciarse y lo hizo y entre sus consideraciones se refiere  al hecho de que “el Ministerio justificó su propuesta en la alta inflexibilidad del gasto y la limitada capacidad de generar ingresos suficientes en el corto plazo; consideró inviable el cumplimiento de las metas paramétricas de la regla fiscal y afirmó que se requiere más tiempo para hacer los ajustes necesarios para cumplirlas sin incurrir en una parálisis del Estado. Según el Ministerio, la alternativa viable para asegurar financieramente el funcionamiento básico del Estado en el corto plazo es la activación de la cláusula de escape”.

Aunque aduce el Ministerio de Hacienda que “no existe un evento sobreviniente que este año (como en el anterior) le permita recurrir a la presentación de transacciones de única vez, TUV”, tampoco existía para dar este paso. En ese sentido la CARF fue enfática al afirmar que “de acuerdo con el marco normativo, la cláusula de escape puede invocarse en presencia de eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica. No se encuentra en la solicitud del ministerio de Hacienda y Crédito una explicación suficiente de la pertinencia de la cláusula en una situación fiscal como la actual. El principal desbalance macroeconómico en la actualidad es precisamente el desequilibrio fiscal”, que no es un hecho sobreviniente. Y advirtió, además, que “la activación de la cláusula de escape, en sí misma, no soluciona ninguno de los desequilibrios fiscales estructurales que presenta el país”.

Y fue más lejos el CARF al afirmar que “la situación de las finanzas públicas de Colombia es crítica. Los altos y persistentes déficits fiscales, las inflexibilidades estructurales del sistema presupuestal, la sistemática sobreestimación de ingresos tributarios, y la ausencia de medidas suficientes de ajuste fiscal han derivado en retos crecientes para la sostenibilidad de la deuda y en presiones a la liquidez del Gobierno”.

En concepto del presidente de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, “recurrir a esta medida sin una razón técnica enviará una señal negativa a los mercados internacionales, incrementando el costo del endeudamiento para el país”.

Según él “Colombia ya enfrenta una de las tasas de interés reales más altas entre las economías medianas y grandes, y esta decisión podría agravar aún más la situación”. En efecto, para mayo de este año seguros de riesgo de impago (CDS) de Colombia se ubicaron 102 puntos por encima del promedio de países con calificación BB y 166 puntos por encima de sus pares de Latinoamérica. Esto, desde luego, como era de esperarse, ha elevado ostensiblemente el costo  de la deuda, a tal punto que el país estaría pagando entre  $11.9 y $14.7 billones adicionales en intereses este año.

Y no hay que perder de vista que como lo manifiesta Luis Fernando Mejía “un deterioro adicional de la prima de riesgo tendría repercusiones negativas sobre la recuperación del crecimiento económico” y a su vez un menor crecimiento redunda en un menor recaudo de impuestos, que son menores ingresos para el fisco, agravando el déficit fiscal, pues por cada punto que deja de crecer el PIB se reduce el recaudo en $2 billones. Esto es una barbaridad!

El Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez es categórico al afirmar que “más allá del argumento técnico que pueda esgrimir el gobierno, la estabilidad, y el crecimiento económico no deben garantizarse sacrificando la disciplina fiscal…La falta de acción sobre los gastos de funcionamiento compromete el crecimiento futuro más que la propia aplicación de la regla fiscal…La cláusula de escape es un instrumento excepcional contemplado en la Ley…Este debe ir acompañado de medidas claras y certeras para regresar al marco de la Regla fiscal”.

Ahora bien, si miramos en perspectiva lo que se nos viene pasamos de la preocupación al pánico, sobre todo al ver la irresponsabilidad con la que se está manejando esta que es una las peores crisis fiscales a las que se ha visto abocada la Nación.

Amylkar Acosta

Barranquilla, agosto 22 de 2025

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Se suele hablar de la Transición energética en singular, cuando la realidad es que estamos registrando la tercera transición. Me explico, la primera tuvo lugar cuando gracias al invento del motor de combustión interna, el petróleo y sus derivados desplazaron al carbón como combustible. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX (1863 – 1893). La segunda transición tuvo como detonante la guerra del Yom Kipur, en octubre de 1973, cuando por primera vez en la historia se utilizó el petróleo como arma de guerra, al decretarle los países árabes un embargo petrolero a los países de Occidente aliados de Israel, encabezados por EEUU.

Notificados de que dicho embargo podía llegar a repetirse y conscientes de que las mayores reservas de crudo se concentraban en el golfo pérsico, las grandes potencias se propusieron blindar su seguridad energética disipando dicho riesgo, diversificando su matriz energética. Y fue así como el carbón, que había sido desplazado por el petróleo, volvió a vivir su segunda juventud al integrarlo a la misma y el gas natural, que hasta entonces sólo había sido un estorbo en la industria petrolera, también se integró a ella. Por su parte las grandes multinacionales petroleras, conocidas como las siete hermanas, entendieron también la inconveniencia de poner todos los huevos en la misma sesta y se dispusieron a diversificar el portafolio de sus inversiones. Y así se encontró el hambre con la comida.

En efecto dos empresas petroleras estadounidenses aterrizaron en Colombia, más exactamente en La Guajira, venían tras del carbón y el gas natural, una de ellas, TEXAS se asoció con ECOPETROL (mayo, 3 de 1974) para explorar y explotar el más gigante yacimiento de gas, con las mayores reservas, offshore (Chuchupa), Ballena y Riohacha y otra de ellas, la EXXON se asoció con la estatal CARBOCOL (diciembre, 17 de 1976), a través de su filial INTERCOR para explotar a cielo abierto el mayor yacimiento de carbón de Latinoamérica (El Cerrejón).

Feliz coincidencia, porque justamente en el año 1975 Colombia pasó de ser exportador, por décadas, de petróleo, a tener que importarlo por la súbita declinación de sus reservas, las de carbón y gas se convirtieron en el paño de lágrimas para la Nación, convirtiéndose la región Caribe en la despensa minero – energética del país. De no haber sido por ello las afugias fiscales del Estado y su balanza de comercio exterior habrían sido mayores de lo que fueron.

Pues, ahora, cuando estamos en la tercera Transición energética, que tuvo su largada con el Acuerdo de París (1975), que tiene como propósito la descarbonización de la economía, nuevamente la región Caribe le extiende la mano a Colombia, toda vez que el mayor potencial de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), especialmente eólica, solar – fotovoltaica y la biomasa están allí.

Sobre todo en momentos en los que Colombia, según lo que revela el más reciente Informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dando cuenta del Balance reservas / producción de gas natural en el país, las reservas probadas de gas natural siguen cayendo, esta vez (2023 – 2024) el 13%, debido a la acelerada declinación de los mayores campos productores situados en La Guajira y en los Llanos orientales. Y concomitantemente con la caída de las reservas probadas, que pasaron de 2.37 TPC a 2.06 TPC, ha venido cayendo también la producción. Mientras la relación R/P pasó de 6.1 a sólo 5.9 años, al tiempo que la producción bajó desde 1.170 MMPCD en 2023 a 1.707 MMPCD en 2024 y ya en 2025 vamos en 824 MMPCD.

Ello se ha traducido en un déficit de oferta de gas, que el Gobierno Nacional, con terquedad aragonesa se ha negado a aceptar, pues para él no se trata de una escasez sino de maniobras especulativas por parte de las empresas comercializadoras de gas natural. Lo cierto es que desde el 4 de diciembre del año anterior, Colombia se ha visto en la penosa necesidad de importar gas, por primera vez en 45 años, para cubrir la demanda esencial, esto es, las estaciones de compresión, la domiciliaria, pequeño comercio, industria, el gas natural comprimido (GNC) para los vehículos y las refinerías. Por lo pronto se están importando 40 MMPCD (4% de la demanda), pero hacia el futuro el déficit y los volúmenes de gas importados serán mucho mayores.

Se estima por parte de NATURGAS que este año el déficit de la oferta de gas se acrecentará hasta llegar al 7% y para los próximos años la cantidad de gas importado será del orden de los 190 MMPCD en 2026, 286 MMPCD en 2027 y 405 MMPCD en 2028. Y ello, en razón de que al tiempo que cae la producción crece la demanda de gas, cuanto más en cuanto que este es considerado como el combustible de la Transición energética. Ello desde luego ya está teniendo un duro impacto en el bolsillo de los usuarios, toda vez que el precio del gas importado es mucho mayor que el del gas extraído en el territorio nacional.

En tales circunstancias, en las que tanto la seguridad como la soberanía energética están en tan grave predicamento, una vez más el Caribe colombiano y La Guajira en particular le tienden de nuevo la mano al resto del país, pues, hoy por hoy, la mayor apuesta de Colombia para recobrarlas está en SIRIUS, un enorme descubrimiento de gas costa afuera, cuyas reservas se comparan con las del Campo de Chuchupa cuando fue declarado comercial y duplican las actuales reservas remanentes.

Amylkar Acosta