El barrio La Primavera en Baranoa, amaneció convertido en escenario de luto y dolor por el asesinato de una niña de 11 años, quien fue alcanzada por una bala en medio de un tiroteo.
En la escena del crimen dos hombres a quienes supuestamente iba dirigido el ataque, resultaron heridos. hecho ocurrió hacia las 9:15 de la noche del jueves 18 de septiembre en inmediaciones de la calle 22 con carrera 22.
La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.
La Fiscalía y la Policía trabajan en la recopilación de material de cámaras de seguridad y testimonios de la zona para capturar a los responsables del asesinato de la menor.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a la exsecretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación de Atlántico, Milagros del Carmen Sarmiento Ortiz; y al subsecretario de Gestión Agropecuaria de Atlántico, Martín Rafael Atencio García, como posibles responsables de las irregularidades en el proceso de contratación de cascos en fibra de vidrio para lanchas de pesca artesanal.
A estas personas se les atribuye los delitos de contratos sin cumplimientos de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Adicionalmente, a Sarmiento Ortiz le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado y fraude procesal.
La exsecretaria de Desarrollo Económico, en mayo de 2014, ordenó abrir una licitación por 1.000 millones de pesos para el suministro de 170 cascos. El valor de cada elemento se fijó en su momento en algo más de 5’800.000 pesos, desconociendo una consultoría previa que estableció un costo menor. Este proceso finalmente fue declarado desierto por falta de oferentes. Posteriormente, el 10 de julio de 2014, la exfuncionaria dispuso poner en marcha un mecanismo de selección abreviada para la compra de 200 cascos. En ese sentido, el 12 de septiembre de 2014, fue suscrito con una fundación privada un contrato por 980 millones de pesos.
De acuerdo con el órgano de investigación judicial, Sarmiento Ortiz habría acordado favorecer a un contratista que no cumplía con los requisitos legales exigidos, no tenía experiencia ni capacidad suficiente para elaborar las lanchas, carecía de un astillero en Atlántico y de musculo financiero. En ese sentido, fueron modificados los pliegos de condiciones, el comité evaluador calificó indebidamente la propuesta comercial, se validaron documentos con información falsa y, a través de un contrato de prestación de servicios por 17 millones de pesos, se vinculó a un profesional para que brindara asesorías al adjudicatario.
La Fiscalía pudo establecer que el contratista tan solo había suministrado 32 de los 200 cascos que se comprometió a fabricar en 29 días. Por lo anterior, las partes acordaron suspender el contrato con el supuesto argumento de afectaciones por la fuerte temporada de lluvias, sin establecer el tiempo del aplazamiento para permitir a la fundación elaborar los elementos restantes. Para el 12 de diciembre de 2014, fue reactivado el contrato y se entregaron los 168 cascos que faltaban.
A su vez, Atencio García, como integrante del comité evaluador, presuntamente valoró los documentos presentados por el contratista, otorgó una calificación superior a la real y recomendó asignar el contrato por encima de otros oferentes más competentes. El entonces subsecretario de Gestión Agropecuaria, durante la ejecución del objeto previsto, fue nombrado supervisor del contrato y, ante el incumplimiento de la fundación, no alertó sobre las demoras y dejó que pasaran los días para que el contratista cumpliera.
El gremio de motocarros en el municipio de Soledad (Atlántico) protagonizan una manifestación por la ola de inseguridad que deben soportar durante sus jornadas laborales.
Según ellos, no cuentan con el suficiente acompañamiento por parte de la Policía y esto los ha convertido en el blanco de inseguridad en el municipio.
Durante la marcha se han presentado bloqueos en la calle 30, donde se presentaron algunos momentos de tensión con usuarios de otros motocarros que no se habían unido a la jornada de protestas.
El gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, confirmó la muerte de tres personas en un mismo hecho n la noche de este lunes 2 de junio en una casa-finca de la Vía al Mar, llamada Villa de Olvega.
En el lugar resultaron heridas 9 personas más que se encontraban en medio de una fiesta electrónica n la Vía al Mar, cercana al peaje Papiros.
Estamos analizando cuáles son las causas que, casi siempre, son exactamente las mismas: las peleas internas entre bandas por la lucha por el territorio. No tenemos en este momento toda la información (de la masacre) y obviamente estaremos hablando con nuestra Policía para que nos den la información”, expresó el mandatario local.
Las autoridades locales y la Fiscalía se encuentran confirmando las sospechas que los llevan a pensar que tras el hecho estaría una disputa territorial que involucraría a la estructura criminal de ‘Los Costeños’.
Las víctimas fatales respondían a los nombres de Ronaldo José Alarcón Castrilleros, Luis Alfredo Vergara Julio y Maciel Karina Gómez, una DJ.
Las primeras hipótesis hablan de alias de El Turco, presunto integrante de ‘Los Costeños’, quién habría ordenado el ataque que aparentemente iba dirigido contra Raúl Henao Farías, alias Choco, quien resultó herido en el fémur derecho.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, explica que desde su administración se están preparando para enfrentar cualquier situación de emergencia que se pueda vivir en el territorio como consecuencia del invierno, que especialmente afecta a Barranquilla donde se forman grandes arroyos que terminan provocando fuertes emergencias.
«Muchas veces hay sequías severas que de una u otra manera alteran el curso de los ríos y la economía de las familias que dependen de la pesca, pero también a veces tenemos exceso de agua donde tenemos las dos terceras partes del departamento inundado, y nuestras áreas de cosecha han quedado con 3 metros de agua encima y el proceso de evacuación duró casi un año y perjudicó todas las actividades de la población», dijo.
Frente a los anuncios y alertas por posibles huracanes explicó que con junto con las entidades del Gobierno Nacional y la Armada vienen ejerciendo el debido monitoreo para que no se afecten las actividades de turismo, puertos y de protección a la población cercana a las áreas que pueden en riesgo.
Aseguró además que las actividades económicas en el Atlántico que están relacionadas con el puerto no presentan mayores dificultades porque se encuentran en un buen momento.
«Nuestro canal de acceso al rio Magdalena como la capacidad de bodega en nuestros puertos están en estos momentos bien a pesar de que se dice que las actividades se han reducido», afirmó.
Verano de la Rosa anunció que su administración dispondrá de 5 billones de pesos en vías, acueductos, hospitales y escuelas.
En zona rural del municipio de Campo de la Cruz, al sur del departamento del Atlántico, fue hallado un cadáver de una persona, que las autoridades presumen, se encontraba desaparecida.
El hallazgo fue posible gracias a que un grupo de campesinos transitaban por el sector conocido como Caño Piedras, se toparon con el cuerpo, al parecer de un hombre que estaba prácticamente en osamenta, atado de los pies con una cabuya.
La Policía llegó al lugar una vez fue avisada, en compañía del personal de Medicina Legal y de la Fiscalía para hacer el respectivo levantamiento.
De acuerdo con la versión de personas que habitan en cercanías, se trataría de un hombre de unos 30 años reportado como desaparecido.
El Departamento del Atlántico ha sido testigo de un importante golpe a la criminalidad con la captura de alias ‘Diablito’, un miembro destacado del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más temidas del país. El operativo, llevado a cabo en el marco de la macrooperación ‘Atamante’, tuvo lugar en las últimas horas y se logró gracias a la colaboración entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Alias ‘Diablito’ formaba parte del frente ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ del Clan del Golfo y se dedicaba principalmente a extorsionar a los comerciantes en los municipios del Atlántico. Esta modalidad delictiva es una de las más comunes dentro de las actividades del grupo, que busca financiar sus operaciones mediante la intimidación a pequeñas y grandes empresas, lo que crea un ambiente de miedo y control en las comunidades afectadas.
Durante el operativo, las autoridades lograron incautar elementos que corroboran la implicación de alias ‘Diablito’ en los actos delictivos. Entre los materiales encontrados se incluyen 20 cartuchos calibre 5.56, 6 panfletos vinculados al Clan del Golfo, y un celular utilizado para coordinar las extorsiones y otras actividades ilícitas. Estos hallazgos no solo son prueba de su participación en crímenes de alto impacto, sino también de su capacidad para movilizar recursos y mantenerse operativo en el área.
#ÚltimaHora 🚨 | En el marco de la macrooperación “Atamante”, unidades del @GaulaPolicia, capturan a alias "Diablito", integrante del Clan del Golfo. Se encargaba de actividades ilícitas como la extorsión y entrega de panfletos al sector comercio en los municipios del Atlántico. pic.twitter.com/lhuFze7Iht
— Departamento de Policía Atlántico (@PoliciAtlantico) March 2, 2025
El coronel John Harvey Peña Riveros, comandante del Comando de Policía Atlántico, subrayó la importancia de la captura al indicar que alias ‘Diablito’ era un elemento clave para la organización criminal en la región. “Este delincuente pretendía seguir causando daño a nuestra comunidad. Con su detención, afectamos directamente las operaciones del Clan del Golfo”, declaró Peña. De acuerdo con el oficial, esta captura podría derivar en una disminución de los crímenes de extorsión y constreñimiento en la región, ya que alias ‘Diablito’ era uno de los principales responsables de estos delitos.
El Gaula de la Policía en el Atlántico también destacó que la caída de alias ‘Diablito’ representa un paso significativo en la lucha contra la criminalidad en la región. La detención de este miembro del Clan del Golfo es un ejemplo más de los esfuerzos que están haciendo las autoridades para desmantelar las estructuras de los grupos armados ilegales y restablecer la seguridad en los municipios del Atlántico.
Las fuerzas de seguridad en el Atlántico seguirán adelante con sus operaciones, buscando capturar a otros miembros del Clan del Golfo y de otras organizaciones criminales que continúan afectando a la región.
Un edificio en Barranquilla ubicado en el barrio Campo Alegre, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla, que estaba en deterioro según cuentas los vecinos, se desplomó en la tarde de hoy.
El hecho dejó al menos cinco personas lesionadas, entre esos cuatro niños. La edificación se encuentra ubicada la calle 89 con carrera 41 esquina, el cual había sido desalojado hace varios años por afectaciones en su infraestructura.
Las autoridades de Barranquilla, junto con la Policía hacen presencia en el lugar para remover los escombros y atender a las personas heridas, descartando además la posibilidad de que existan más ciudadanos afectados.
El colegio San Antonio de Padua del municipio de Soledad, Atlántico, recibió un ataque armado por un sujeto que se acercaron a sus instalaciones disparando contra las personas que estaban cerca a la puerta de la instalación.
El hecho dejó a una docente heridas y dos estudiantes con lesiones. Las tres personas fueron trasladados a una clínica en donde son atendidos.
La Alcaldía de Soledad informó que de manera conjunta con el Comando de Policía Metropolitana de Barranquilla se ofrecieron hasta 30 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los autores del atentado contra integrantes de la familia educativa de la institución San Antonio de Padua.
El coronel César Sarabia, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que se tiene identificados a dos sujetos que habrían participado en el atentado a bala en la puerta de las instalaciones del plantel educativo San Antonio de Padua, en el barrio La Candelaria de Soledad.
Un juez de garantías aseguró que “no había un elemento que diera el nivel probatorio para una sentencia condenatoria” para el empresario Julio Gerleím por el caso de corrupción electoral que tiene tras las rejas a la excongresista, Aída Merlano.
Gerlein Echeverría, fue vinculado a un proceso de corrupción electoral por parte de la Fiscalía, por concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, relacionados con las elecciones de mayo de 2018 en el departamento del Atlántico.
La defensa de Gerlein representada por el abogado Jaime Lombana dijo que en las declaraciones se presentaron demasiadas contradicciones sin que se estableciera una prueba en contra del empresario.
“Ningún testigo dijo haber visto a Julio siendo parte de organización criminal”, aseguró Lombana.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) reunió a las entidades competentes en una mesa de trabajo en la urbanización Villa Olímpica de Galapa (Atlántico) desde el pasado 28 de julio de 2024 para conocer las soluciones al problema de suministro de agua,
En la mesa de trabajo virtual, realizada este primero de agosto, se convocó a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía Municipal de Galapa, la empresa Aguacaribe Colombia, así como a la Interventoría Consorcio Interservicios Galapa, junto con funcionarios de la Dirección Territorial Noroccidente y de la Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado de la Superservicios.
“Con este encuentro, desde la Superservicios pudimos confirmar que el daño en un tramo de la línea de aducción fue el que llevó a la suspensión del servicio de acueducto por parte de la empresa Aguacaribe, que ya cumple seis días a los más de 5.400 usuarios, lo que desencadenó afectaciones al orden público. La empresa nos informó que se encuentra adelantando labores de reparación, sin embargo, aunque están captando 45 litros por segundo de agua, las presiones en red no han incrementado, por lo que se presume la existencia de nuevas fugas, situación que dificulta el llenado de los tanques de almacenamiento”, confirmó James Copete, director Técnico Acueducto y Alcantarillado.
Por esta razón, la Superservicios solicitó a Aguacaribe, solucionar a la mayor brevedad posible esta emergencia para el restablecimiento del servicio con normalidad a la urbanización afectada. Y así mismo, requirió reporte de información al prestador para conocer la atención a cada una de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por la comunidad.
Aguacaribe Colombia, deberá presentar a la Superservicios el Plan de Emergencia y Contingencia, así como los planes de inversión que tiene estimados para dar solución en el corto, mediano y largo plazo, a las dificultades que se presentan, junto con el municipio en su calidad de garante de la prestación de los servicios, con plazo del 8 de agosto de 2024.
Durante el Séptimo Encuentro y Feria de Energías Renovables, en Barranquilla, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, destacó el potencial en materia de niveles de vientos, sol, gas y agua que tienen departamentos como el Atlántico y La Guajira, propicios para la atracción de inversionistas del sector energético.
«Esta es una reunión que simboliza una voluntad de una generación de ponerse a tono con los desafíos y ser competitivos y de construir nuestro proyecto de energía del futuro. Si no lo hacemos quedaremos a la saga del camino», precisó Verano.
Agregó que el desafío es acoger, con perseverancia, los programas que apunten a ofrecer alternativas de energía, sobre todo en regiones que demandan de un servicio óptimo y sostenible.
Pidió a los empresarios del sector aprovechar la gran oportunidad para el desarrollo energético no solo de la región Caribe, sino de todo el país para apostarle a las condiciones del territorio e incentivar el uso de energías limpias y renovables.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al interventor y representante legal y director de servicios de Apoyo de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Gustavo Adolfo Silva Quintero, por presuntamente omitir informar y advertir los actos que pusieran en riesgo la ejecución y entrega de las viviendas dentro del proyecto “La Arenosa”, ubicado en el Municipio de Santo Tomas del departamento de Atlántico.
De acuerdo con el Ministerio Público el posible comportamiento del disciplinable pudo ocasionar un detrimento de los valores pagados al contratista por más de $2.000 millones, generando incertidumbre sobre la estabilidad, entrega, funcionalidad y legalización de la obra, toda vez que está se encuentran en estado de abandono y ciertas estructuras han tenido que ser demolidas.
Silva Quintero no habría exigido el avance ajustado al cronograma de la obra, ni asegurado los desembolsos oportunos de recursos al contratista ejecutor y que se cumplieran todas las cláusulas del contrato, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.
A la hora de determinar la viabilidad medioambiental de un proyecto, cualquiera que él sea y, si así lo requiere, de expedir la Licencia ambiental para el mismo, es pertinente evaluar no solo el impacto de la ejecución del mismo sino el impacto de no ejecutarlo.
Este es el caso: con este proyecto de El Canal del Dique se busca restaurar ambientalmente el Sistema del Canal que lleva su mismo nombre por medio de impactos positivos que buscan el bienestar de las comunidades y sus prácticas tradicionales y evitar de paso las recurrentes inundaciones que, como las de los años 2010 y 2011, a causa del fenómeno de La Niña, fueron arrasadoras.
De otro modo se paralizarían en el país todas las obras de mitigación que, como en el caso de La Mojana, se vienen adelantando por la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), a la espera de la Licencia ambiental para actuar, mientras los damnificados esperan con el agua al cuello.
Coincido con el Alcalde del Distrito de Cartagena Dumeck Turbay cuando afirma que exigirle a este Proyecto Licencia ambiental entraña una contradicción y con el Gobernador de Bolívar Yamil Arana cuando pone el grito en el cielo y exclama: “que un proyecto de recuperación ambiental, el más importante de Latinoamérica, requiera licencia ambiental es un chiste”. Por su parte el Gobernador del Atlántico Eduardo Verano, quien además de Constituyente fue Ministro de Ambiente, pone de manifiesto que este es “un proyecto que contempla una inversión cercana a dos billones de pesos. Tiene un componente ambiental y social, así como un manejo de las poblaciones para tratar de mejorar las condiciones de su economía”.
Este es mi tercio en la polémica suscitada, en auxilio de la postura del Alcalde de Cartagena y de los gobernadores de Bolívar y Atlántico, cuyas declaraciones, a modo S.O.S, deben suscitar el respaldo de toda la región Caribe. Unidos somos más y más fuertes!
Pidiendo pista en Palacio, así vimos a varios gobernadores electos en las elecciones del pasado 29 de octubre, cuando el presidente, Gustavo Petro, no los invitó a la primera reunión que realizó el pasado miércoles 7 de noviembre a puerta cerrada con 15 de los 32 nuevos gobernantes departamentales. Al mismo tiempo, el jefe de Estado desistió de participar en la cumbre que por esos mismos días la Federación Colombiana de Departamentos realizara en Santa Marta con los gobernadores entrantes y salientes, en un ambiente de inconformismo de su presidente por la reunión en Palacio.
Desde la oposición se criticó al presidente Petro porque consideraron una amenaza de exclusión de los programas e inversiones nacionales hacia los departamentos cuyos gobernantes elegidos no están alineados con la agenda de cambios del gobierno nacional, y rabiosamente cuestionaron que Petro intente ahora construir un primer anillo que viabilice las reformas y permita una fluida ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en las regiones gobernadas por fuerzas políticas afines. Estoy seguro de que la interlocución y coordinación institucional con todas las gobernaciones y alcaldías vendrá muy pronto, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. La afinidad política entre presidente y gobernadores no riñe para nada con la concurrencia necesaria entre Gobierno Nacional y departamentos.
Fue esa misma derecha incomoda por la reunión de Palacio, la que, por boca del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, en el programa de opinión Hora 20 de Caracol Radio de la semana post elecciones, anunció la creación de un bloque de gobernantes de oposición al presidente Petro. Mientras el electo gobernador uribista de Antioquia, Andrés Julián Rendón, promueve un inconveniente referéndum para que los departamentos gocen de total autonomía fiscal, evitando con ello que los entes territoriales de mayor solvencia puedan ayudar a aquellos con evidente debilidad fiscal y financiera.
Pero la actitud más dramática, ante la inocultable safada presidencial en la cumbre del Palacio de Nariño, la protagonizaron los gobernadores que representan a los clanes más poderosos y cuestionados del Caribe colombiano. Elvia Milena SanJuan, gobernadora electa del Cesar, y criatura creada a imagen y semejanza del Clan Gnecco, no demoró en trinar para pedir pista: “en la gobernación del cesar solo encontrará aliados institucionales para sacar adelante nuestros planes de desarrollo”, suplicó a Petro. Los mismos ruegos que por todos los medios hizo Eduardo Verano de la Rosa, elegido gobernador del Atlántico con el remolque del polémico Clan Char.
Justificados temores deben tener el presidente Petro y el alto gobierno con el manejo irregular que estos clanes le darán en sus departamentos a las inversiones que provengan del Estado central. Petro conoce muy bien los entramados de corrupción que rodean la contratación pública en el Cesar y el Atlántico.
Sabe en detalle como los clanes han mezclado históricamente criminalidad y política en estos territorios. No sobra además recordarle que, por ejemplo en el Cesar, el Clan en el poder ha agrandado su fortuna con los recursos de las regalías del carbón, los proyectos de paz de los municipios PDTs y las inversiones que patinan y obtienen sus congresistas a punta de chantajes con los gobiernos nacionales, mientras seguirán gobernando un departamento con el 85% de la población en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, con el 41% de sus familias en inseguridad alimentaria moderada o severa, con 24 de sus 25 municipios sin agua potable permanente, con la tercera tasa de mortalidad infantil por desnutrición después de Guajira y Chocó o con el 40% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para solo mencionar algunos datos de la dramática emergencia social que han producido los Gnecco y sus aliados.
Razones de sobra tiene el gobierno Petro para encontrar mecanismos institucionales que le permita ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo en estos departamentos secuestrados por los Clanes. Mecanismo que eviten que los recursos se esfumen o vayan a parar a los insaciables bolsillos de estas familias.
El cambio, presidente, no consiste en darle pista a estas estructuras de la política regional. Para que el cambio signifique mejorar la vida de la gente, hay que acudir a la agudeza y al carácter para proteger los recursos destinados a ello.
