La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en conjunto con la Policía Nacional lograron el decomiso de un total de 69 bultos de carbón vegetal, en operativo vial realizado a la altura de la inspección de Briceño, en el municipio de Sopó, que eran transportados sin contar con el respectivo salvoconducto.
El material decomisado equivale a unos 1.380 kilogramos de carbón vegetal, que eran movilizados por particulares sin contar con salvoconducto, tal como lo establece el Artículo 6º. de la Resolución 753 del 9 de mayo de 2018.
El funcionario agregó que el salvoconducto único nacional es el documento otorgado por la autoridad ambiental que permite la movilidad de flora para el aprovechamiento forestal y es indispensable presentarlo en el momento de un operativo o retén con el que las autoridades hacen control a la movilización de este tipo de material.
“Recordemos que para el aprovechamiento y transporte de carbón vegetal es indispensable contar con los permisos expedidos por la autoridad ambiental y así evitar este tipo de situaciones”: expresó el director regional Sabana Centro de la CAR, en el comunicado de la entidad.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Policía Nacional ordenaron la suspensión inmediata de las actividades de una curtiembre ubicada en la vereda Chingacío, del municipio de Chocontá, luego de sorprender en situación de flagrancia el vertimiento directo al río Bogotá, de aguas provenientes de la actividad de curtido, producto de la actividad de curtido de pieles sin tratamiento previo y sin permiso ambiental, generando afectaciones a los recursos naturales.
En la diligencia se observó un bombo con 18 pieles en su interior en proceso de curtido, sorprendiendo en situación de flagrancia el descargue de aguas residuales provenientes de la actividad de curtido. El laboratorio ambiental de la CAR realizó muestreos y análisis que arrojaron valores que superan los límites permitidos por la normatividad vigente.
Adicionalmente, en el sitio se evidenciaron 19 pieles en Wet Blue (proceso por medio del cual se aplica al cuero pegamento para tuberías de PVC de color azul para su posterior proceso); 38 pieles terminadas y listas para comercializar, así como maquinaria, 13 lonas con viruta y aserrín y residuos peligrosos dispuestos inadecuadamente en el suelo tales como lodos activados, envases químicos y ácido con residuos del proceso de descarne
“No cederemos en la aplicación de las sanciones, multas y medidas que sean necesarias para evitar que después de tantos esfuerzos por la recuperación del río Bogotá, algunos curtidores incumplan la normatividad ambiental”, afirmó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.
Se pudo validar además la afectación a varios recursos naturales además del río Bogotá, como el fuerte impacto en la biodiversidad acuática, con la muerte de organismos y alteraciones en la cadena alimentaria, sumada a los impactos en actividades de economía local, ligadas a la pesca, la acuicultura y el uso recreativo del agua.
“Es evidente que estas malas prácticas generan daños a otros recursos como, por ejemplo, el suelo, pues la descarga directa de aguas contaminadas con químicos, ocasionan acumulación de metales pesados y compuestos tóxicos, así como riesgos para la salud humana por la exposición directa a sustancias y la posible alteración de alimentos a través de su absorción por las plantas.”, explicó el director Ballesteros.
La Corporación aplicará las correspondientes sanciones definidas en la normatividad vigente para este tipo de prácticas que atentan contra la calidad del agua de la más importante corriente hídrica del territorio en su cuenca alta, el río Bogotá.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR impuso una medida preventiva en la vereda Tilata, en el municipio de Chocontá, donde particulares adelantaban actividades de adecuación y preparación del terreno con fines agrícolas, a escasos metros del espejo de agua del embalse El Sisga, uno de los sistemas de abastecimiento más importantes de la cuenca Alta del río Bogotá.
“En este cultivo no se respetó la zona de ronda hídrica, además, el uso de elementos mecanizados como tractores, a diario genera una grave degradación del recurso suelo” explicó Josué Camacho, director regional de la CAR.
La CAR observó inadecuada disposición de residuos de origen agroquímico, tales como fertilizantes y fungicidas incumpliendo la normatividad vigente que establece la obligatoriedad de implementar planes de gestión para el manejo de los productos posconsumo de plaguicidas.
“El uso de elementos químicos como pesticidas y abonos exige un manejo adecuado pues de lo contrario puede ser el origen de contaminación de fuentes hídricas por el fenómeno de escorrentía”, agregó el director Camacho.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR logró el rescate de una tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius), en zona urbana del municipio de La Mesa.
De acuerdo a la información suministrada por una mujer, el ejemplar cumple 4 años en cautiverio. Esta tortuga macho adulto llegó hasta su residencia y desde entonces permaneció con ella.
Al momento del operativo, biólogos de la CAR pudieron identificar problemas nutricionales, pues los escudos del caparazón presentaban anomalías compatibles con deficiencias en la alimentación. A esto se suma el hecho de que la tortuga morrocoy se encuentra catalogada como especie vulnerable (VU) por el Libro Rojo de Reptiles de Colombia (2015) y por la Resolución No. 126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Las especies silvestres deben estar en su propio hábitat, prestando los servicios ecosistémicos por todo su ciclo de vida e interactuando con otras especies de flora y fauna de las cuales depende”, afirmó Emma Constanza Zúñiga, directora jurídica de la CAR.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció una inversión de 500 millones de pesos para dar inicio a la primera fase del proyecto del Parque Ecoturístico del Cerro La Laguna de La Petaca, ubicado en la zona rural del municipio de Manta, al nororiente del departamento de Cundinamarca.
Esta iniciativa, liderada por la Alcaldía de Manta, contempla una inversión total cercana a los 1.500 millones de pesos. De ese monto, la CAR financiará una tercera parte, como muestra de su compromiso con el fortalecimiento de la cultura ambiental y el desarrollo del ecoturismo en la región.
El Parque Ecoturístico busca convertirse en un referente de conservación y turismo sostenible, aprovechando el valioso entorno natural de la laguna de La Petaca, un ecosistema de gran riqueza hídrica y biodiversidad que ha sido objeto de esfuerzos de preservación durante más de veinte años.
Con la nueva intervención se espera fortalecer estas acciones mediante la adecuación de senderos ecológicos, la construcción de infraestructura básica para visitantes, instalación de señalética ambiental y la creación de puntos de avistamiento, entre otros elementos. Todo ello con el objetivo de ofrecer una experiencia de turismo de naturaleza que valore, respete y conserve este importante patrimonio ambiental.
“Este proyecto no solo aporta al desarrollo económico del municipio, sino que se convierte en una herramienta clave para educar, conservar y conectar a las comunidades con su territorio”, señaló Alfred Ballesteros, director general de la CAR.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) inició proceso sancionatorio a seis minas de carbón ubicadas en el municipio de Cucunubá, en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, que estaban operando sin licencia ambiental ni título minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), además de ocasionar afectaciones sobre los recursos agua, suelo y flora.
La decisión se tomó luego de las visitas realizadas por el equipo técnico de la dirección regional Ubaté de la CAR, en las que se pudo establecer que, al operar sin el cumplimiento de los requisitos definidos por la normatividad vigente, estas minas estarían afectando gravemente el equilibrio de los ecosistemas en la vereda Pueblo Viejo como fuentes hídricas y bosques.
“El desarrollo de esta actividad sin los correspondientes permisos, agrava las consecuencias legales; En tal sentido insistimos al sector minero, para que realice los trámites correspondientes a la legalización de la actividad y cumplan con las normas ambientales.”, afirmó el director regional Ubaté de la CAR, Bryan Martínez.
Tras la elaboración de los respectivos informes técnicos, hablan de daños ambientales a fuentes hídricas como las quebradas Pueblo Viejo, Palacios y Media Luna, comprometiendo los cuerpos de agua y los ecosistemas circundantes donde se encontraron vertimientos libres de estériles, (material que no se procesa porque no contiene suficiente elemento mineral útil), lo que sepultó la capa vegetal y perjudicó tanto bosques nativos como potreros aledaños.
La contaminación de los cuerpos de agua se produjo por el arrastre de sedimentos y la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales mineras. También se observaron lixiviados de hierro provenientes de chatarra mal dispuesta, así como aceites y lubricantes vertidos directamente sobre el suelo, poniendo en riesgo la calidad del agua, a lo que se suma la falta de infraestructura para manejar aguas de escorrentía, lo que causa erosión del terreno, especialmente durante temporada de lluvias.
“Se espera que este proceso sancionatorio siente un precedente en el control y prevención de actividades mineras ilegales, lo que se traduce en altas multas económicas, para los infractores a fin de mitigar a la afectación generada al medio ambiente y los recursos naturales de la región, dado que es un derecho el poder disfrutar de un ambiente sano para todos”, puntualizó el director regional Martínez.
Debido a las fuertes lluvias que se vienen registrando en la región del Gualivá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), puso en marcha un plan de contención representado en la activación de maquinaria, la entrega de bolsas big bag y el seguimiento a las obras de control y mitigación de emergencias que finalizaron en 2024, entre otras.
Gracias a estas estrategias se dejaron en operación dos máquinas orugas para el dragado de la quebrada Negra, la cual ha presentado fuertes crecientes en los últimos días.
Así mismo, en Sasaima, la Corporación hizo entrega ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, de 10 bolsacretos, también conocidas como bolsas big bag, las cuales miden 2 metros de largo aproximadamente que, compactadas con arena y piedra, sirven como gaviones para estabilizar suelos y controlar desbordamientos a manera de una muralla de contención.
“Venimos realizando un trabajo colaborativo dentro del cual hemos dispuesto utilizar estos bolsacretos en la ladera de la quebrada Blanca en la vereda Guane, la cual pasa a pocos metros de la Institución Educativa Gualivá”, informó el director regional de la CAR, Ronald Prieto.
Como complemento de estas acciones, equipos técnicos de la regional Gualivá realizan desde hace varios días monitoreo continuo de las obras entregadas por la CAR en 2024, como los muros de contención en el río Villeta, el río Dulce, en Sasaima y los trabajos de estabilización de taludes en el punto de unión de los ríos Tobia y Negro, en la zona poblada de Tobia Grande, en donde se ha logrado mitigar el riesgo por deslizamientos e inundaciones evitando situaciones que pueden afectar la seguridad de las poblaciones aledañas o el uso de las vías de acceso.
Autoridades ambientales suspendieron las actividades de explotación en una mina ubicada en zona rural del municipio de Lenguazaque, en la provincia de Ubaté, Cundinamarca.
La acción estuvo a cargo de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, con el apoyo del Grupo de Caballería Mediano # 13 Tequendama del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.
Lo anterior gracias a la visita de inspección al predio La Carbonera, ubicado en la vereda Tabita El Carmen de Lenguazaque, donde se observaron múltiples afectaciones a los recursos suelo, aire, agua y paisaje derivados de la explotación ilegal del mineral.
“Durante el operativo de alto impacto que realizamos el pasado 24 de abril pudimos evidenciar que si bien este predio cuenta con titulo minero, no dispone de licencia otorgada por la autoridad ambiental, en este caso la CAR, por lo cual su actividad es ilegal”, afirmó Emma Constanza Zúñiga, directora general (e) de la CAR.
La funcionara explicó que, al momento de la diligencia, los técnicos pudieron establecer el desarrollo de actividades de explotación subterránea de carbón mineral de forma mecanizada en un área aproximada de 0,46 hectáreas, donde se identificó un compresor en funcionamiento, así como indicios de corte de madera reciente, lo que permite inferir que había personal operando minutos antes del operativo.
También se observó una motosierra, presumiblemente utilizada por el personal minero para el corte de palancas empleadas en las labores de sostenimiento subterráneo, al lado de docenas de troncos recién cortados y en la zona contigua se halló una pila de carbón de aproximadamente de 10 toneladas.
El informe técnico de la UIGA señala que los daños ambientales son significativos: Por un lado, se observaron cambios en la estructura y en las propiedades fisicoquímicas del suelo, dado que la acumulación del material estéril altera sus características y la presencia se pocetas de aguas contaminada con sustancias ácidas provenientes de la actividad minera causa alteraciones en la estructura del suelo, reduce su capacidad para retención de nutrientes y otros componentes.
En la visita se identificaron afectaciones significativas al recurso hídrico y al entorno natural. A escasa distancia de la bocamina, se encuentra una fuente hídrica que actualmente recibe descargas contaminadas de manera directa, producto de la inadecuada disposición de residuos de carbón sobre la ronda hídrica, lo que ha provocado alteraciones en las propiedades fisicoquímicas de la corriente.
Adicionalmente, se constató una pérdida considerable de cobertura vegetal, derivada de la apertura de la bocamina, la instalación de infraestructura minera y la construcción de vías de acceso. Estas intervenciones han aumentado el riesgo de erosión del suelo y degradación del ecosistema local, comprometiendo la estabilidad ambiental de la zona.
Se observó además la tala de árboles sin los permisos correspondientes de aprovechamiento forestal, lo que constituye una infracción a la normatividad ambiental vigente y agrava el impacto sobre los recursos naturales del área intervenida.
Un operativo conjunto entre la la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, la alcaldía municipal de Funza y la Policía de Carabineros, impidieron actividades de tala y retiro de material vegetal que un particular realizaba en plena zona de ronda del humedal Gualí con la pretensión de instalar un restaurante en esta área.
El operativo evidenció las actividades irregulares que se hacían con una retroexcavadora encendida realizando remoción de material vegetal tipo junco, el cual era depositado a menos de 10 metros de la ronda del humedal, formando una barrera tipo jarillón contra el espejo de agua y en la zona de ronda del Distrito de Manejo Integrado – DMI Humedal Gualí, ocasionando afectaciones en un área estimada de 949 metros cuadrados.
El propietario manifestó desconocer que el terreno hacía parte de un área protegida y explicó que la intervención que estaba adelantando tenía como fin la instalación de un restaurante.
“Aunque el propietario informó que no sabía que el predio hace parte de un DMI, esto no lo exime de su responsabilidad, ya que está obligado a consultar, tanto en la Oficina de Planeación de la Alcaldía Municipal como en la CAR, los usos del suelo previo a la iniciación de los trabajos”, explicó la directora regional Sabana Occidente, Mercy Johanne Ospina.
La CAR Cundinamarca, viene realizando una gestión integral de recuperación y protección del humedal Gualí, con el objetivo de garantizar la presencia de la fauna y flora propias de este ecosistema, que representa el hábitat de importantes especies endémicas, entre ellas, la tingua bogotana.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) pide a la ciudadanía en la región dejar los miedos y prevención por los micos o monos, esto por el mito o rumor de ser transmisores de fiebre amarilla.
De acuerdo con la entidad, «estos animales lejos de representar un riesgo para la salud humana desempeñan un papel fundamental en la vigilancia y detección temprana de la fiebre amarilla».
La CAR viene insistiendo en la necesidad de informar y explicar a la ciudadanía que los micos no son transmisores del virus de la fiebre amarilla. Esta enfermedad viral es propagada exclusivamente por la picadura de mosquitos infectados de los géneros Sabethes y Aedes. El contagio ocurre cuando un mosquito pica a un animal o persona infectada y, posteriormente, a otro ser humano.
«Los micos, por tanto, no son responsables de su propagación, ni representan un riesgo directo para la salud humana», reiteró el organismo de control ambiental.
“Los micos actúan como reservorios naturales del virus, lo que facilita el monitoreo ambiental de la fiebre amarilla. Sin embargo, esto no los convierte en una amenaza. Por el contrario, su presencia es esencial para identificar zonas de riesgo y frenar posibles brotes en humanos mediante acciones como la vacunación y el control del mosquito transmisor.” Aseguro, Sara Cantillo, médico veterinaria de la CAR.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR activó la alerta por el incremento en la presencia en la región del caracol gigante africano, una especie invasora propia de climas cálidos que causa grandes daños al medio ambiente y problemas de salud pública.
De acuerdo con la entidad, este molusco está presente en 38 de los 104 municipios que componen la jurisdicción, es decir en el 35% de su territorio, siendo las regiones Alto Magdalena, Gualivá, Tequendama y Sumapaz las zonas más impactadas.
Esta especie invasora ataca y se alimenta de más de 800 especies de árboles y plantas arrasando con troncos y cortezas, al tiempo que consume desechos orgánicos, incluyendo materia fecal y algunos elementos inorgánicos como los compuestos de paredes y columnas.
El caracol gigante africano se localiza en regiones entre los 0 y los 1.500 metros sobre el nivel del mar, es decir en climas cálidos cuya humedad beneficia su muy abundante multiplicación, puesto que desde los 5 meses comienzan a reproducirse.
“Invitamos a la comunidad a informar oportunamente a las autoridades la presencia de caracol africano en sus viviendas y predios de manera que podamos actuar oportunamente y poner freno a los riesgos que genera tanto para otras especies como para las personas”, afirmó Camila Velásquez, directora regional Alto Magdalena de la CAR.
La funcionaria agregó que la erradicación de este invertebrado debe realizarse de manera técnica y siempre atendiendo los protocolos establecidos por las autoridades ambientales y sanitarias, con el fin de no comprometer el equilibrio del entorno ni el bienestar de las comunidades.
Velásquez explicó además que este animal es causante de enfermedades humanas que podrían afectar el sistema nervioso central y en las vías digestivas del ser humano
Las autoridades ambientales de Cundinamarca y fueron alertadas por la presencia de un caimán aguja en una de las viviendas del municipio de Ricaurte.
De inmediato acudieron al lugar expertos de la dirección regional Alto Magdalena de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en compañía del cuerpo oficial de Bomberos para de forma controlada rescatar al animal.
El equipo de la CAR realizó una valoración clínica del ejemplar, que incluyó la revisión de su estado físico y posibles lesiones, por fortuna se determinó que el caimán aguja se encontraba en adecuadas condiciones de salud, sin evidencias de enfermedades o traumatismos que comprometieran su supervivencia, condiciones que le permitieron ser liberado inmediatamente en un hábitat que cumplía con los criterios técnicos necesarios para garantizar su bienestar y adaptación al medio natural.
La directora regional Alto Magdalena, Camila Velásquez, señaló que “el caimán aguja es una especie clave en los ecosistemas acuáticos de la región, ya que desempeña un papel fundamental en el control de poblaciones de peces y otros organismos, contribuyendo al equilibrio ecológico. Además, su presencia es un indicador de la salud de los humedales y ríos, lo que resalta la importancia de su conservación”.
El caimán aguja ayuda a regular las zonas hídricas de las inmediaciones del río Magdalena, teniendo en cuenta que es un cazador de peces carnívoros o en malas condiciones y un excavador de grandes túneles que ayuda a drenar los caños sedimentados o las ciénagas; en su proceso digestivo libera elementos utilizados por las plantas y los animales. Adicionalmente, esta especie tarda entre 6 y 9 años para lograr su madures sexual que le permita su reproducción.
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) firmaron memorando de entendimiento para fortalecer la protección de los páramos de Sumapaz y Chingaza y promover un ecoturismo sostenible y responsable.
Esta alianza abarca estos dos de los ecosistemas más importantes del país, esenciales para la regulación hídrica y el equilibrio climático.
Con esta iniciativa se fortalecerán las estrategias de manejo sostenible, ordenamiento territorial y gestión de riesgos climáticos, a la vez que impulsarán programas de educación ambiental, participación ciudadana y negocios verdes en la región. Así, se beneficiarán tanto los ecosistemas como las comunidades locales que dependen de ellos, demostrando el compromiso de ambas instituciones con la conservación y la transformación territorial en Cundinamarca y el país.
“Una alianza que nos va a permitir trabajar de manera articulada por nuestro páramo de Sumapaz, el más grande del mundo, así como por el páramo de Chingaza. Vamos a adelantar procesos de gestión del conocimiento, intercambios de sistemas de información y de buenas experiencias de una entidad emblemática como lo es Parques Nacionales que hoy ha logrado un estado de conservación de cerca del 98% en un ecosistema tan importante como Chingaza”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ballesteros.
El acuerdo girará en torno a la protección y conservación de la biodiversidad; el ordenamiento territorial; la gestión de riesgo y cambio climático; ecoturismo y negocios verdes y educación ambiental y participación social.
Por su parte, el director general de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo Martínez Zamora resaltó que, “hemos consolidado esta alianza de trabajo con la CAR porque tenemos un propósito conjunto: mirar al futuro en perspectiva de tener un mejor ecosistema que soporte las necesidades ambientales de toda la región y para eso es importante fortalecer el conocimiento, trabajar con las comunidades y tener una visión de convergencia con el fin de proteger la vida.”
Un operativo liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR puso freno a una explotación ilegal de carbón mineral en la vereda Barrancas, del municipio de Suesca.
En el lugar se hicieron presentes técnicos de la dirección regional Almeidas y Guatavita, de la CAR, quienes establecieron que la mina si bien no está ubicada en zonas de páramo, si presenta varias inconsistencias, principalmente la operación sin título minero ni permisos ambientales.
En los alrededores de la bocamina, se encontró un patio de acopio con mineral de carbón previamente explotado en un volumen aproximado de 12 metros cúbicos acopiados en un área de 10 metros cuadrados.
“Desde esta Regional venimos fortaleciendo las acciones de control y vigilancia de este tipo de actividades, toda vez que se trata de la cuenca alta del río Bogotá y, por tanto, cualquier afectación a los recursos suelo, flora, fauna o paisaje representa un riesgo para la seguridad hídrica de la zona”, afirmó Josué Camacho, director regional de la CAR.
La entidad de control impuso medida de suspensión a la actividad de explotación de carbón en el predio en cuestión.
“Mientras avanzamos con los detalles y la evaluación de las afectaciones ambientales que venía ocasionando esta actividad, hemos dispuesto suspender de manera inmediata su operación”, explicó el director regional Camacho.
Así mismo, el funcionario reiteró el llamado a los cundinamarqueses a denunciar cualquier actividad que ponga el riesgo el cuidado del medio ambiente en la región.
Un operativo de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR Cundinamarca), donde además participó el Grupo de Caballería No. 10 Tequendama del Ejército Nacional, evitó la descarga y disposición de residuos y desechos de demolición en un predio ubicado en la vía Bogotá – Mosquera en la calle 13, a la altura de la carrera 123, el cual únicamente podía ser utilizado con fines agrícolas, según el permiso legal que le ampara.
Al momento de la diligencia se encontró en situación de flagrancia una volqueta doble troque descargando material de aproximadamente un volumen de 15.6 m3 constituido principalmente por bloques de cemento y ladrillos, fragmentos de cerámica, costales de fibra, papel aluminio, vidrio y tela, bolsas y guantes de plástico, varillas de hierro y tubos de PVC, cerámicas, troncos de madera, llantas y asfalto.
“En esta acción coordinada de la CAR y la Fuerza Pública, logramos suspender de manera inmediata la disposición de residuos de demolición y construcción – RCD, mientras el laboratorio de la CAR avanza en los estudios a detalle para tener claridad de las afectaciones realizadas en este predio al recurso suelo y al paisaje”, afirmó la directora regional Sabana Occidente de la CAR, Mercy Johanne Ospina.
De acuerdo con la funcionaria, este predio gozaba de un permiso otorgado por la CAR en 2023 para un proyecto de adecuación y restauración de suelos con fines agrícolas para la siembra de hortalizas y pastos, mediante la disposición de material de excavación, arenas, limos, arcillas y tierra negra, exclusivamente.
También se encontró un montículo que contenía residuos de construcción y demolición envueltos en una matriz de lodo y barro y se observó una topografía desnivelada con forma de terraplén de aproximadamente 10 ha el cual presenta alturas entre los 3 a 6 metros aproximadamente, lo que evidencia que no se estaría dando cumplimiento al permiso otorgado por la CAR en octubre de 2023 en la que se autoriza una altura promedio de 1.8 metros, máximo.
“Esta práctica demuestra un manejo inadecuado que afecta el recurso suelo al causar compactación, reduciendo su porosidad, capacidad de infiltración y aireación. Esto compromete las primeras capas y reduce su funcionalidad al actuar como una barrera física que interfiere con diferentes procesos del ecosistema”, añadió Ballesteros.
