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El pasado martes el exgobernador Carlos Amaya anunció en una rueda de prensa realizada en la sede del Partido Alianza Verde que desistía de su precandidatura a la Alcaldía de Bogotá, pues había decidido lanzarse de nuevo a la Gobernación de Boyacá.

Entre otras cosas, señaló que en la actualidad la campaña para la Alcaldía no está definida, y que, por tanto, él habría tenido posibilidades de ser el candidato por el Partido, y eventualmente, el próximo alcalde de Bogotá.

Sin embargo, a pesar de que él veía muy viable su candidatura, decidió volver a lanzarse a la Gobernación de Boyacá, porque según él su corazón está en Boyacá y tiene enorme interés, según sus palabras, en “cuidar lo que ha construido con mucho afecto”.

Es menester alertar a los ciudadanos y ciudadanas de Boyacá sobre esta decisión tomada por el exgobernador. Los atajos y las prácticas cuestionables del exgobernador han sido enormes y no pueden pasar desapercibidas:

1. Posible abuso de poder para favorecer a su suegro, quién construyó una mansión en Paipa ilegalmente y sin licencia de construcción;
2. Carrusel de contratación en obras públicas de infraestructura que involucra a amigos íntimos, grandes zares de obras públicas acusados de direccionar contratos y un financiador de su campaña.

• Conceptos adversos de parte de Contraloría General de la República sobre su gobernación y 4 procesos disciplinarios en curso en la Procuraduría, de los cuales uno es por enriquecimiento ilícito.

Con estos graves antecedentes nos preocupa enormemente el destino de Boyacá si este personaje vuelve a ser su Gobernador. Esperamos que la ciudadanía de forma consciente pueda organizarse y votar por un candidato que realmente represente los intereses de la gente y que no busque alimentar de forma voraz sus intereses personales.

Por último, durante la ya mencionada rueda de prensa al exgobernador le preguntaron sobre mis denuncias, a lo que él irónicamente respondió que me mandaba un abrazo, pues esa era la forma como respondía ante los ataques y las calumnias, y expresó además que yo no conocía lo que ha pasado en Boyacá y que mis “calumnias” se contrarrestaban con todas las obras que ha hecho.

Pues ya que dice que sus obras hablan por él, vale la pena que explique por qué hoy, 5 años después de haberle entregado de forma muy cuestionable a sus amigos íntimos, a los hermanos Peña, un contrato por $124 mil millones para la pavimentación de las vías que conectan los municipios de Socotá y Monguí con otros municipios, los alcaldes de estos municipios salen a decir que hay retrasos de más de 4 años y en una carretera solo hay un avance del 25% en la obra[1].

Además, Amaya afirmó que su suegro, a quien denunciamos, ya había contratado un abogado “muy prestigioso” para defenderlo por los daños patrimoniales que causó mi denuncia.

Pues hay que decir que los daños patrimoniales los causaron ellos cuando decidieron construir una mansión de forma ilegal sobre una zona con protección ambiental donde se prohibía construir y por construir sin licencia de construcción.

Además, al exgobernador se le olvidó contar que me entuteló pidiendo retractación de mis denuncias y que ante su tutela un juez falló dándome la razón, pues mis afirmaciones se soportan en pruebas documentales, en hechos.

No más atajos exgobernador, respóndale a la ciudadanía de Boyacá, ni los bogotanos ni los boyacenses merecen que se les instrumentalice para intereses particulares. Los recursos públicos son sagrados.

Diego Cancino 

[1] https://twitter.com/WRadioColombia/status/1663307981629558784?s=20

Esta semana denunciamos que el ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya favoreció a un círculo íntimo con millonarios contratos que terminaron en hallazgos fiscales, detrimento patrimonial e investigaciones disciplinarias.

Los beneficiarios de más de 167 mil millones son los hermanos José Antonio y David Felipe Peña Villalobos, oriundos de Villavicencio, quienes organizaron un esquema de contratación en el que participaron con personas cercanas y resultaron ganadores de tres jugosas licitaciones para obras viales en Boyacá con sobre costos, retrasos y múltiples irregularidades.

Los hermanos Peña Villalobos conocen a Carlos Amaya por lo menos desde el año 2015, cuando se desarrollaba su campaña a la Gobernación de Boyacá. A su vez los hermanos Peña son íntimos amigos de Jaime Flórez (también oriundo de Villavicencio), pupilo político e íntimo amigo de Carlos Amaya.

En este esquema cinco empresas distintas de Villavicencio y Bogotá participaron a través de 3 consorcios en por lo menos tres procesos licitatorios en los que resultaron ganadores de 3 contratos en 2017, 2018 y 2019.

Las direcciones comerciales de los 3 consorcios conformados y de 2 empresas participantes son exactamente las mismas, y los representantes legales de los consorcios y las 5 empresas participantes son los mismos: los Peña Villalobos y sus socios los Ramírez Duarte.

Además, el interventor que se elige en procesos licitatorios independientes (y quien es el encargado de vigilar el cumplimiento integral de los contratos) es el mismo para 2 de 3 contratos, y ya había trabajado antes en el Meta con los socios de los Peña.

Durante el desarrollo de los procesos licitatorios sucedieron hechos particulares que generan enormes dudas sobre la transparencia de la licitación y demuestran el posible direccionamiento de estos contratos para favorecer a los hermanos Peña. Veamos:

En primer lugar, en el proceso licitatorio del 2017 solo se presentaron 3 oferentes, 2 experimentados contratistas del Estado y el consorcio de los Peña. En esa licitación dio la extraña casualidad que los experimentados contratistas dejaron de presentar exactamente los mismos documentos durante la licitación y quedaron automáticamente rechazados.

En segundo lugar, el INVIAS alertó que en la licitación de 2018 la Gobernación de Boyacá modificó el pliego de condiciones limitando la competencia justa en el proceso licitatorio.

El resultado de todos estos hechos irregulares es absolutamente contundente: Amaya tiene una investigación disciplinaria abierta en la procuraduría por presuntas irregularidades en la etapa precontractual y contractual del contrato del 2017.

El interventor y la secretaria de Hacienda de Carlos Amaya tienen un proceso de responsabilidad fiscal abierto por presunto detrimento patrimonial por el contrato de 2017.

El contrato de 2018 ha tenido 10 prórrogas que han significado adiciones presupuestales por $31 mil millones, retrasos que además han representado protestas de los trabajadores de obra alegando retraso en el pago de acreedores y de salarios; y una acción popular interpuesta por el retraso en las obras.

A la luz de todos estos hechos no podemos aceptar que Carlos Amaya sea candidato a la alcaldía de Bogotá o a cualquier otro cargo de elección popular por el Partido Verde.

La cultura del atajo es la antípoda del Partido Verde que fundamos con Mockus. Nuestro partido promueve el No Todo Vale, la coherencia entre medios y fines, los recursos públicos como recursos sagrados.

Es el momento de que como partido volvamos a generar confianza y demos ejemplo de política digna en nuestro país.

Había una vez unas tierras hermosas atravesadas por la Cordillera Oriental de la región Andina Colombiana., con personas soñadoras y muy inteligentes que sobresalen en el mundo. Lo malo de esta historia, como siempre, son los que no saben manejar el poder, que buscan acaparlo todo y que no permiten que los sueños de esas personas puedan volverse realidad. Este es el caso de un gobernador, que  no supo cómo administrar los recursos otorgados y al cual le hemos puesto el lente, porque las personas soñadoras de estas tierras lo han denunciado y no quieren que ocupe más cargos públicos.

La historia que están a punto de leer nos conmovió profundamente por el hecho de que lo que está en juego son los recursos de las personas, y estos se han gastado en cosas que no son para el bien común, sino en asuntos privados de personas que se creen muy vivas y que nadie se va a dar cuenta de sus fechorías.

Sin duda alguna, a quien nos referimos es a Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá (2016-2019) quien fue precandidato presidencial por el Partido Alianza Verde. Este personaje no ha interiorizado uno de los principios fundamentales del Partido Verde: los recursos públicos son sagrados. Dicho principio se erige como columna vertebral porque de él se desprenden otras conductas que darían cuenta de un actuar político sin corrupción y en donde no primen los intereses particulares sobre el interés general de la comunidad.

El caso de Carlos Amaya durante la Gobernación de Boyacá de 2016 a 2019 es un claro ejemplo de mala gestión de los recursos, por lo que, se incumple el principio en mención. Lo anterior se evidencia en dos de los informes de auditoría realizados por la Contraloría General de la República (CGR), en los que en ambos se determinó concepto adverso y se demostró que para 2016 y 2017 hubo incumplimiento material, en algunos casos con detrimento patrimonial. Lo anterior quiere decir que la información acerca de la materia controlada no resulta conforme con los criterios aplicados.

Además del mal manejo de los recursos, la CGR en 2018 evidenció que Amaya mintió, cuando al analizar el Informe de resultados del Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá y del Departamento de Boyacá para la vigencia 2017[1], se presentaron resultados que no corresponden a la realidad de la gestión. Por ejemplo, se presentaron avances de casi un 90% en la ejecución y puesta en funcionamiento de acueductos, alcantarillados y plantas de tratamiento, cuando en realidad, algunos proyectos se encuentran en ejecución y la mayoría están en proceso de diseño, presentación o aprobación.

Como gobernador de Boyacá, la conducta de Amaya no sólo es cuestionable a la luz de estos informes por los incumplimientos que pone de presente la CGR, sino por cuatro procesos disciplinarios que al día de hoy están activos en la Procuraduría General de la Nación: 1) en 2018 se radicó queja por presuntos actos de corrupción, enriquecimientos injustificados en Tunja y por el aumento injustificado del impuesto predial; 2) en 2019 por hechos de corrupción al celebrar contratos sin el cumplimiento de requisitos, 3) en 2020 por hallazgos en los contratos 1665 de 2018 y 1652 de 2019, 4) Y en 2022 por el proyecto de mejoramiento de la vía Miraflores – Páez en el tramo comprendido del Km 100+000 hasta el km 112+100 (Departamento de Boyacá).

No le quitemos el lente a este personaje, la justicia llega porque llega.

Diego Cancino

[1] Página 29 del Informe de Auditoría para la vigencia de 2017.