Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Corte Suprema de Justicia

La CIDH pide elegir pronto a un fiscal y a aconseja a Petro calmarse

La Comisión Interamericana de derechos humanos, CIDH, hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que c finalice el proceso de elección del fiscal general, y decida el nombre de la persona que reemplazará a Francisco Barbosa, quien culminó su periodo este 12 de febrero.

La CIDH considera que la falta de designación de un fiscal podría llevar a debilitar el sistema de justicia colombiano, «La Fiscalía General de la Nación, al tener el monopolio de la acción penal, juega un papel fundamental en la lucha contra la impunidad, el acceso a la justicia y en la preservación de la democracia y del Estado de derecho en Colombia. La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía», señala la CIDH».

Así mismo, el tribunal internacional pidió al presidente de la república, Gustavo Petro, brindar las garantías que se requieren para el proceso se lleve a cabo con total tranquilidad.

«A través del Poder Ejecutivo, se brindarán todas las garantías y condiciones necesarias para que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de sus funciones, elijan a la persona titular de la Fiscalía General de la Nación bajo los preceptos de imparcialidad e institucionalidad», señaló.

Corte Suprema de Justicia investiga a Miguel Polo Polo

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación al representante a la cámara por las curules para los afrodescendientes, Miguel Polo Polo, por los delitos de injuria y calumnia.

Los hechos por lo que el congresista deberá responder tiene que ver con una denuncia interpuesta por el exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, por un comentario en la red social X en donde el representante lo relaciona, supuestamente, con dos suicidios de extrabajadores del senador, el financiamiento de la Primera Línea, entre otros hechos”.

El máximo tribunal de la justicia en Colombia consideró que dicho comentario “podría vulnerar presuntamente los derechos a la honra y el buen nombre de Bolívar, al contener supuestamente un señalamiento injurioso y partir de hechos que serían falsos”.

A la Corte también se le protesta

Durante años, los colombianos hemos marchado tanto a favor como en contra de las decisiones de las altas cortes de nuestro país. Nos vienen a la mente los intensos debates de la Corte Constitucional sobre asuntos como el matrimonio entre personas del mismo sexo o las diferentes posturas que hemos visto en las calles frente a la despenalización del aborto.

La reciente polémica en torno a la elección de la Fiscal General de la Nación no ha sido la excepción, impulsando de nuevo a los ciudadanos a manifestarse y demostrando así el dinamismo de nuestra democracia. La Corte Suprema de Justicia, al no elegir a una de las candidatas de la terna propuesta por el presidente de la república, ha reavivado el debate sobre el procedimiento adecuado para esta elección. La ausencia de un plazo fijo para decidir sobre la terna presidencial, especialmente al tratarse de un puesto de tal magnitud —considerado por muchos como el segundo más importante de la nación—, ha llevado a todos los colombianos a un estado de incertidumbre e inestabilidad.

Si la terna fue enviada desde el año pasado y la selección de una de ellas depende únicamente de una entrevista, surgen las preguntas: ¿por qué los magistrados convocan a tantas sesiones sin llegar a un acuerdo?, ¿Qué están esperando?, ¿qué es lo que realmente los lleva a votaciones mayoritariamente en blanco?. Muchos especulan que esta elección es un juego sobre quién hace más lobby, y en ocasiones, sobre quién promete más burocracia al interior de la Fiscalía, evidenciado por los numerosos reportes sobre familiares y amigos de los magistrados que en la actualidad trabajan allí. Por estas razones, aunque la decisión última corresponde a los magistrados, no parece ser esta la elección más impoluta de la nación, y así como muchas otras, parece estar guiada más por intereses personales que por un juicio meramente objetivo. Así que es válido y legítimo protestar ante esta corte y ante cualquier institución del Estado.

La indecisión ha facilitado que ciertos grupos políticos y económicos, que se benefician de la gestión del hasta ayer Fiscal Francisco Barbosa, nominado en su momento por el expresidente Iván Duque —un claro opositor ideológico del Presidente Petro—, usen los medios de comunicación de su propiedad en contra de la elección de la nueva Fiscal; lo condenable es que manipulen a la opinión pública, replicando rumores y falsedades sobre las protestas, afirmando por ejemplo que el pasado 8 de febrero en el marco de las manifestaciones hubo secuestros de magistrados, evacuaciones en helicópteros, y hasta agresiones físicas, todas desmentidas posteriormente.

El debate sobre la elección de la futura Fiscal General permanece abierto, esperamos que la Honorable Corte Suprema contribuya a la unidad nacional este próximo 22 de febrero eligiendo una de las mujeres de la terna y de esta manera permitiéndonos dar fin a tan agotante debate, para pasar eso sí a otro: la reforma a la salud, que después de haber sido aprobada en Cámara el año pasado, este año inicia la discusión en el Senado.

Encuentre aquí más columnas de Esteban Restrepo

¿Qué tan duro está siendo el “Golpe Blando”?

La avidez de poder de la derecha colombiana la tiene desaforada. La instrumentalización que hicieron de la protesta del 8 de febrero no tuvo límites. Mientras que los medios de comunicación inventaron noticias para crear en el imaginario social que la manifestación devino en “secuestro” y “agresiones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, la procuraduría se tomó atribuciones del ejecutivo, exigiendo al general William Salamanca que protegiera la “vida de los magistrados”. La Fiscalía, politizada hasta los tuétanos, prefirió pasar por alto las contundentes denuncias de los posibles delitos que cometió la vicefiscal y creó un grupo especializado para que investigara los “desmanes”, en tanto que, representantes de los partidos políticos vociferaban que el gobierno cometió “actos ilegales, inconstitucionales” y que el presidente “estaría incurriendo en actos criminales”.

Aunque en la mañana se señaló a Fecode como “borregos del gobierno”, fue el periodista Ricardo Ospina de Blu Radio, quien empezó la incitación a la zozobra con un post, pasadas las dos de la tarde, diciendo: “Atentos: Un magistrado de la Sala Civil… que intentó salir a pie del Palacio de Justicia… fue atacado a piedra por manifestantes. Tuvo que regresar al edificio”. El concejal Daniel Briceño lo secundó (antes de las 4 de la tarde) posteando “acaban de sacar magistrados en helicóptero gracias a un plantón violento provocado por usted presidente”.

La revista Semana, por su parte, afirmó que los magistrados habían quedado “sitiados adentro del recinto” y remató el exmagistrado Jaime Arrubla, en el mismo portal, calificando la invención como un “secuestro colectivo”. La misma revista, en su desespero por generar caos e incertidumbre, falseó una noticia en la que se aseguró que la mayoría de los magistrados “fueron evacuados en helicóptero y otros por una salida que se habilitó”. Tal fue el cinismo que la derecha, en redes sociales, intentó asemejar la manifestación con el “holocausto del palacio de justicia” como lo comprueba el periodista Camilo Andrés García. La incitación a la violencia llevó a que un grupo de personas presentadas como “Hispalibertarios”, que vestían gorras negras con águilas amarillas, llegaran a la sede de Colombia Humana con la finalidad de atacar y empapelar sus instalaciones.

Mientras se orquestaba la confabulación, la procuradora (en la cumbre de gobernadores que se llevaba en Cartagena) categóricamente sostuvo que los magistrados “están secuestrados por un grupo de manifestantes”. El presidente tuvo que replicarla recordándole que es el quien da las ordenes a la policía y exigiéndole que “no abuse de sus funciones”. En lugar de aperturar una investigación contra Martha Mancera, la Fiscalía resolvió conformar un equipo de trabajo para “efectuar los actos urgentes que correspondan y ejercer la acción penal frente a los posibles hechos delictivos que se hayan cometido”. Son varios los videos publicados en los que se observan personas que agreden a periodistas y, luego, empujan la puerta del parqueadero del Palacio de Justicia, queriendo presentar la manifestación pacífica como un hecho vandálico.

Los ánimos los terminó caldear el Centro Democrático y el Partido Liberal. María Fernanda Cabal, representante del uribismo, a las 4:30 de la tarde publicó en su cuenta de X: “Este país necesita líderes valientes como el General Arias Cabrales y el Coronel Plazas, que defiendan la democracia y la justicia frente a la violencia. Que defiendan la justicia de los violentos como en 1985”, en un intento de comparar las protestas con el Holocausto. Entretanto, César Gaviria, director del liberalismo, sostuvo en un comunicado a la opinión pública o que “estamos viendo más allá de un comportamiento dictatorial raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”.

Es evidente el delirio de la derecha por hacer un golpe blando contra el presidente electo democráticamente, Gustavo Petro. Esta situación esta pasando de castaño a oscuro y la construcción mental del tal “Golpe Blando”, cada vez tiene más expresiones en la realidad.     

Encuentre aquí más columnas de Maylor Caicedo

A Colombia la salvarán las instituciones

La estabilidad política, social, económica e institucional se ven amenazadas cuando un presidente alienta la movilización popular con discursos de odio. Y más grave aún cuando lo hace para presionar a las Cortes, desafiando así la Constitución y las Leyes que él mismo juró proteger.

Desde 1945, la separación de poderes fue una realidad en Colombia, y desde entonces el poder público está dividido en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Un paso necesario para prevenir la concentración y el abuso de poder en cualquiera de estas tres esferas, evitando así las decisiones políticas autoritarias que pudieran tener graves consecuencias para el país. Esta división, aunque imperfecta, no solo es por definición, un rasgo distintivo de un país democrático y un Estado Constitucional, como el nuestro, si no también es una estructura que protege las libertades y los derechos de los ciudadanos de posibles actos de arbitrariedad.

En varias ocasiones, los mensajes difundidos por el presidente del Gobierno del Cambio a través de sus redes sociales han desafiado esta división de poderes y han promovido de manera irresponsable manifestaciones en las calles sin considerar las posibles consecuencias de tales convocatorias. La última semana no fue la excepción. Las disputas con el Fiscal General de la Nación y su deseo de contar con una fiscal alineada con su postura política, llevaron nuevamente a que el presidente convocara y respaldara nuevas protestas, esta vez con el objetivo de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera rápidamente. Ante la falta de consenso para la elección de la nueva fiscal, los manifestantes que apoyaban al presidente bloquearon el acceso al Palacio de Justicia, comprometiendo no solo el derecho a la libre locomoción de quienes se encontraban en esta sede judicial, sino también generando una situación de tensión que amenazó la integridad del sistema democrático y el respeto por la independencia del poder judicial. Aunque la situación se resolvió el mismo día, evocó inevitablemente la toma del Palacio de Justicia que hizo el M-19 en 1985, un hecho que hoy en día representa una herida profunda en la memoria colectiva de los colombianos.

Como es costumbre, el presidente culpó a otros y no asumió su responsabilidad en una situación, que no solo generó incertidumbre política, sino que también envió señales negativas a ciudadanos e inversores por igual. Las consecuencias podrían ser profundas, tanto a corto como a largo plazo en materia de crecimiento económico y empleo, la atmósfera de duda resultante puede desalentar la inversión en el país, promover la fuga de capitales, socavar la confianza de consumidores y empresarios, y aumentar el costo del capital para las empresas, ya que las primas de riesgo serán más altas para compensar la creciente incertidumbre en nuestro país. Algo que ya pasó en Venezuela y Turquía, donde la independencia judicial ha sido puesta en duda y parece estar confeccionada a la medida de la rama ejecutiva.

En medio del dolor que ha marcado a nuestro país esta semana, recae sobre nosotros la responsabilidad y el deber de alzar la voz en defensa de la democracia, de las instituciones y del equilibrio entre las tres esferas del poder público, pero también de la estabilidad económica y del empleo de los más de 25 millones de colombianos que formamos parte de la fuerza laboral. Mantengo la confianza en la fortaleza de la democracia colombiana y estoy convencida de que, así como las instituciones han salvado a Colombia de las malas decisiones de este último año y medio, seguirán siendo la salvaguarda del país frente a un cambio que solo nos perjudica.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Sandra Forero

Urge una Cumbre de Poderes, presidente

Es una enorme irresponsabilidad. Echarle más leña al fuego de una polarización política acechada por serios riesgos de una grave afectación a nuestra estabilidad institucional es una actitud francamente reprochable. A los dirigentes políticos no se les puede admitir un comportamiento cargado de odio comparable al de cualquiera de los energúmenos que bloquearon el parqueadero del Palacio de Justicia el jueves pasado. En estos tiempos de turbulencia lo aconsejable es la moderación y el sentido democrático.

Esta crispación política ha corrido por cuenta sobre todo de una prematura precandidatura presidencial del saliente Fiscal Francisco Barbosa. El hasta ahora jefe del ente investigador, no ha ahorrado esfuerzo alguno para abusar de su cargo como opositor político y dar rienda suelta a sus pretensiones electorales, con un lenguaje tan destemplado y grotesco contra el Presidente Petro como el utilizado por el Expresidente Cesar Gaviria. Es el mismo fiscal encubridor de la Ñeñe política de Duque, que ante la imposibilidad de demostrar en las conductas de Nicolás Petro actos que comprometan la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico, precipita un allanamiento a Fecode para fabricar una acusación y un juicio político contra el Presidente. Y como si fuera poco, es el mismo Fiscal que ahora pretende mantener su control de la Fiscalía a través de su cuestionada Vice fiscal Marta Mancera. No sorprende para nada el ensordecedor silencio de Uribe y Duque, jefes políticos de Barbosa y de su compañera de causa la Procuradora Margarita Cabello, ante semejante socavamiento de la legitimidad de la justicia y del órgano de control disciplinario.

Con todo el respeto que reclama y merece la Corte Suprema de Justicia en su autonomía para la elección de la nueva fiscal general, es inocultable la inmensa responsabilidad política e institucional que le corresponde asumir en esta coyuntura. Sin que ello se interprete como una presión indebida, el alto tribunal debe entender que dilatar inexplicablemente la elección de la fiscal de una terna de altas calidades y demostrada independencia, aumenta el volumen de la confrontación política. Y tiene el efecto práctico de dejar la Fiscalía en manos de personas tan cuestionadas como la Vice fiscal Mancera y el fiscal Gabriel Jaimes. Una dilación que en ningún caso justifica conductas agresivas contra magistrados y trabajadores del Palacio de Justicia en Bogotá, único caso de alteración del orden público en la jornada de movilización ciudadana del pasado 8 de febrero, rápidamente neutralizado por orden presidencial a la fuerza pública.

Al Presidente de la Republica le corresponde asumir el principal liderazgo en la superación de la actual tensión política. La estabilidad institucional es una tradición democrática que debemos preservar y que no puede ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia. Estabilidad que es un imperativo para la realización de la agenda de cambio del gobierno y del cumplimiento eficaz del Plan Nacional de Desarrollo en un año que es crucial en la transformación del país. Presidente Petro: con su liderazgo el país puede calmar los ánimos y moderar el debate público en el marco de su convocatoria a un Acuerdo Nacional. Usted podría convocar de inmediato en Palacio una Cumbre de los poderes públicos, con presencia de los presidentes de las altas cortes, la Procuradora, el Contralor General, el Defensor del Pueblo y los Presidentes de Senado y Cámara, que permita construir un consenso alrededor de una ruta de salida institucional al impasse que afrontamos. La Conferencia Episcopal, la OEA y Naciones Unidas podrían acompañar esta convocatoria y proceso.

Presidente: su liderazgo e iniciativa son imprescindibles para unir al país y neutralizar el fuego de quienes quieren incendiarlo y sabotear los cambios por los que votamos las mayorías. Usted tiene la capacidad y el imperativo de convertir la estabilidad y el Estado de Derecho en la causa de las ciudadanías de la Colombia de hoy.  

Encuentre aquí más columnas de Antonio Sanguino

El primero que debe calmarse es Petro

Dice el viejo y conocido refrán, tantas veces va el cántaro al agua hasta que se rompe, y es precisamente lo que sucedió en Bogotá en la manifestación convocada por Fecode para exigir una pronta elección de quien será el reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General de la Nación, el cántaro se rompió.

La batalla campal que se presentó en el ingreso a las instalaciones del Palacio de Justicia pudo convertirse en una segunda toma al Palacio de Justicia, situación que hubiese puesto en jaque al mismo presidente de la república quien a través de sus trinos se ha encargado de instigar y encender los ánimos.

Estoy de acuerdo en que la Corte Suprema de Justicia no debe ni puede demorar la elección del nuevo fiscal general de la Nación, que en este caso podría ser una mujer, pero también estoy de acuerdo con este proceso debe hacerse en medio de un escenario tranquilo y no en un marco de ataques y enfrentamientos desde otros poderes, en este caso, del Ejecutivo.

El presidente de la república debe saber que una manifestación puede salirse de control y que es por esto que no es prudente acudir a la presión popular para lograr determinado objetivo porque una protesta o manifestación puede salirse de control por la exaltación de los ánimos.

El primero que debe calmarse es el presidente de la república, y además, debe ser el primero que en acudir a la prudencia y a olvidar los desahogos por las redes sociales. Ha llegado el momento en que Gustavo Petro deje el activismo político y se dedique a actuar como el jefe de Estado que es, porque llamar a una protesta ciudadana para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal de forma rápida no es el camino adecuado.

Lo único que se consiguió con esa protesta fue exaltar más los ánimos y en medio de la crispación las cosas se salen de control.  Es hora de que el presidente Gustavo Petro pare la llamadera a la protesta ciudadana porque es él quien va a salir perjudicado.

Sería bueno además de que el Pacto Histórico y el mismo presidente Gustavo Petro pidan disculpas al país por los hechos que sucedieron ayer en medio de la protesta, porque si bien es cierto que el primer mandatario y su coalición política no convocaron de manera tajante a acompañar la marcha de Fecode, también es cierto que sí la apoyaron, y políticamente son los responsables.

Estoy de acuerdo en la Corte Suprema de Justicia, debe elegir un fiscal general de la Nación con prontitud si en realidad quiere ayudar a calmar los ánimos, pero, qué pena, no es con marchas en las calles como se puede conseguir este objetivo, porque quien más pierde con manifestaciones violentas, es el presidente de la república, Gustavo Petro.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Óscar Sevillano

Marcha convocada por Fecode se salió de control

La marcha convocada por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) para pedirle a la Corte Suprema de Justicia una pronta elección del nuevo fiscal general de la Nación, terminó en fuertes enfrentamientos en el centro de la ciudad, al frente del Palacio de Justicia.

Los manifestantes bloquearon los ingresos y salidas del Palacio de Justicia, por lo que el Esmad tuvo que intervenir para intentar despejar las calles para que tanto magistrados de las cortes que se encontraban al interior del edificio, como funcionarios de las altas cortes, pudieran tener las garantías para salir.

Fue necesario el uso de bombas aturdidoras por parte del Esmad a la altura de la calle 12 con carrera 8, para dispersar a quienes provocaron los desordenes.

En el lugar hizo presencia el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quien negó cualquier responsabilidad del presidente de la república en los hechos violentos que se presentaron en las afueras del Palacio de Justicia.

Corte Suprema de Justicia sigue sin elegir fiscal

En una nueva jornada de votación no hubo consenso por parte de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia para elegir el reemplazo de Francisco Barbosa como Fiscal general, periodo que vence el próximo 12 de febrero.

Después de dos rondas de votación, ninguna de las tres ternadas por el presidente Petro, logro los 16 votos necesarios por parte de los magistrados.

Así lo dio a conocer el presidente de la alta corporación, el magistrado Gerson Chaverra en un comunicado a la opinión pública:

“Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación, hicimos dos rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser elegida la nueva fiscal general de la Nación, que conforme a nuestro reglamento se requiere una mayoría de 16 votos”

El 22 de febrero es la fecha establecida para la próxima Sala Plena de la Corte Suprema, en la que se espera que los magistrados logren elegir entre Ángela María Buitrago, Amelia Pérez o Luz Adriana Camargo las tres candidatas a reemplazar a Barbosa en la dirección del ente investigativo.

También se conoció que antes de iniciar la votación, el fiscal saliente Francisco Barbosa, presentó un detallado informe sobre su labor en estos cuatro años al frente de la Fiscalía. Al no lograrse unanimidad en la elección, se espera que, al terminar el actual periodo en la dirección del ente acusador, empiece un periodo de interinidad en dicho organismo.

Al conocerse el resultado negativo en la elección de la nueva fiscal, por parte Corte Suprema de Justicia los ánimos de los manifestantes que marcharon hoy exigiendo celeridad en este proceso, se caldearon, al punto de intentar ingresar por la fuerza a las instalaciones del alto tribunal, y generando enfrentamientos con la fuerza pública.

Juan Carlos Abadía fue condenado a 21 años de cárcel

La Sala Especial de Primera Instancia condenó a 21 años y 7 meses de prisión al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía Campo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado por la cuantía. La Corte le negó la ejecución condicional y la prisión domiciliaria, por lo cual se dispuso la privación inmediata de su libertad.

Las irregularidades que señala el alto tribunal tienen que ver con un convenio de cooperación, suscrito el 29 de enero del 2010 por el entonces gobernador y el secretario de educación departamental, con la fundación ‘Calimío’, cuya finalidad era dotar de material bibliográfico a 40 bibliotecas escolares en 10 municipios del departamento. Este convenio se fijó por un valor de $1.072 millones de pesos.  

La Sala Especial de Primera Instancia encontró que se incumplieron los requisitos en el trámite y celebración de esta contratación, realizada sin verificar las condiciones legales para su perfeccionamiento. Además, se acudió a un convenio de interés público con el fin de no hacer una licitación y favorecer a terceros, pues lo contratado implicaba una contraprestación y el monto superaba la menor cuantía. Tampoco se elaboraron estudios previos serios y completos en los que se identificara las necesidades reales de las instituciones educativas que se pretendía beneficiar.

Se demostró además que la fundación contrató la adquisición de los libros a dos empresas y, en esas negociaciones, hubo sobrecostos que les permitieron a los representantes legales de la entidad sin ánimo de lucro, y a esas dos empresas apropiarse de recursos públicos. De acuerdo con la sentencia condenatoria, para dotar de bibliotecas a las instituciones educativas y cumplir el objeto del convenio, el 28 de febrero de 2010, la fundación suscribió por $1.000.000.000.00 el contrato de suministro con la empresa “Ediciones Alfa y Omega” gerenciada por Luz Piedad Hurtado Cardona, la cual compró a “Ediciones La Clave del Saber” representada por su esposo, José Antonio Rodríguez Molina, los textos del convenio que este adquirió con otras editoriales por tan solo $182.517.600.00.

El fallo obliga al exgobernador al pago de una multa de $817.482.400, más 187,4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, para un total de $914.271.500. Además, fue inhabilitado para el ejercicio de derecho y funciones públicas por 240 meses

Capturaron al exgobernador Juan Carlos Abadía

El exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue capturado por temas relacionados con corrupción durante su período.

Abadía enfrenta cargos en la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en los delitos de contratos sin cumplimientos de requisitos legales y peculado por apropiación. El proceso tiene que ver un millonario contrato que tenía por objeto el suministro de recursos bibliográficos a más de 40 bibliotecas en diez municipios del Valle del Cauca. 

El contrato tenía un valor de 1.072 millones de pesos; sin embargo, se habría presentado un sobrecosto por un valor cercano a los 200 millones de pesos. 

Juan Carlos Abadía fue diputado del Valle del Cauca, concejal de Cali y elegido gobernador del departamento de donde es oriundo para el período 2007 – 2011.

La Corte y Francisco Barbosa

Es cierto que la Corte Suprema de Justicia no tiene un límite de tiempo para elegir al reemplazo del actual fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pero también es cierto que no puede tampoco dilatar la decisión, prologando de paso una interinidad que no le sirve en nada la estabilidad institucional.

Creo necesaria la pronta elección de quien asumirá el cargo, en este caso, una de las tres mujeres ternadas por el presidente, Gustavo Petro, porque no solo evita una interinidad indefinida, sino que, además elimina la posibilidad de que el fiscal saliente, Francisco Barbosa, maneje los hilos de la entidad a través de su actual subalterna, la vicefiscal, Marta Mancera.

Sería fatal que la Corte Suprema de Justicia se preste al juego de Francisco Barbosa porque es evidente que le gustaría dejar a su vicefiscal ocupando el cargo de fiscal general por tiempo indefinido vaya uno a saber si con la intención de seguir dirigiendo la entidad a la distancia y de paso influir en las decisiones que se tomen.

Lo anterior lo digo por la seguridad con la que Barbosa da por hecho que Mancera será su reemplazo, lo que hace que uno se pregunte, sí existe algún acuerdo por debajo de la mesa entre el fiscal saliente y la Corte Suprema de Justicia para demorar la elección.

Tan seguro está Barbosa de lo que podría pasar luego de su salida de la Fiscalía, que, durante su visita a los Estados Unidos, presentó a su vicefiscal como su próxima sucesora, lo que además deja la duda de, sí existe un acuerdo entre el fiscal saliente y la posible fiscal (e), especialmente por casos como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en donde Barbosa parece interesado en archivarlo, mientras ha puesto el acelerador en los procesos que de una u otra manera ponen en jaque la legitimidad del gobierno Petro.

A esto es a lo que la Corte Suprema de Justicia no debe prestarse porque la investigación judicial es un trabajo bastante delicado como para que siga convertido en la base para una eventual campaña política a la presidencia por parte de quien hoy dirige esta labor.

La Fiscalía General de la Nación no puede ni debe seguir actuando como un partido de oposición. Su dignidad como institución debe recuperarse y esto no se va a conseguir con base en una fiscalía interina indeterminada, además, pero con la sospecha de que podría ser manejada a la distancia por Francisco Barbosa.

Encuentre aquí más columnas de opinión de Oscar Sevillano

La Corte Suprema declaró legales las interceptaciones al abogado Diego Cadena

La Corte Suprema de Justicia declaró legales las interceptaciones realizadas en el marco de la investigación en contra el abogado Diego Cadena por supuesta manipulación de testigos. 

El abogado Cadena presentó una tutela argumentando que esas interceptaciones no tendrían validez jurídica, porque desde su modo de ver, «fueron hechas en el marco de su trabajo como representante legal del exmandatario»

El máximo tribunal de la justicia en Colombia concluyó en su análisis que las interceptaciones se hicieron luego de que el abogado Diego Cadena renunció a ser el defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que por tanto se encuentran en un marco legal.

.»Para la fecha en que se presentaron las interceptaciones, como lo señaló el Tribunal en respuesta a esta demanda, el actor no fungía como abogado defensor del señor Álvaro Uribe Vélez, razón por la cual, a diferencia de lo indicado en la solicitud de tutela, no se ha presentado una infracción constitucional a la guarda del secreto profesional», reza en el fallo .

Un afrodescendiente es elegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, eligió como presidente del máximo tribunal de la Justicia en Colombia, al juez al magistrado afrodescendiente, Gerson Chaverra Castro.

Es la primera vez en la historia de Colombia, que el al tribunal escoge a una persona afrodescendiente como el representante del poder judicial.

Gerson Chaverra Castro, hijo de una maestra de escuela y un mecánico, nació en el corregimiento Querá del municipio de Bajo Baudó, con cabecera municipal en Pizarro, en el departamento del Chocó.

Entre tanto, fue elegido como vicepresidente de la corporación el magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque. Por su parte, las salas de Casación Civil, Agraria y Rural; Laboral, Penal y las Especiales de Primera Instancia e Instrucción designaron como presidentes a los magistrados Fernando Augusto Jiménez Valderrama, Marjorie Zúñiga Romero, Diego Eugenio Corredor Beltrán, Jorge Emilio Caldas Vera y Misael Fernando Rodríguez Castellanos, respectivamente.

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra Castro, es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, y Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.

Cuenta con una amplia trayectoria en la Rama Judicial, iniciada como servidor judicial en distintas poblaciones del departamento del Chocó como Riosucio, Tadó, Quibdó, Bahía Solano e Istmina, en las cuales se desempeñó como juez promiscuo municipal, juez penal municipal, juez promiscuo del circuito, juez penal del circuito y juez penal del circuito especializado; posteriormente  ejerció (del 2004 al 2007) como juez penal del circuito de Bogotá, de donde pasó a ser magistrado por concurso de méritos de la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó y, después, del Tribunal Superior del Bogotá, del cual fue presidente. Ha ejercido como presidente de la Sala de Casación Penal y vicepresidente de la corporación.

La Corte Suprema de Justicia absolvió a exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque

La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de La Guajira, Hernando David Deluque Freyle dentro del proceos de investigación que se le seguía por temas de corrupción.

El máximo tribunal de la justicia le seguía un proceso de investigación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en lo relacionado con la construcción de obras para el plan maestro de alcantarillado sanitario de Riohacha, sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

El proceso de construcción del acueducto no contó con las licencias ambientales que se requieren para estos casos y tampoco se realizó la consulta previa con la comunidad indígena que habita en el territorio.

Para la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, «las situaciones que generaron las supuestas irregularidades que eran señaladas por la Fiscalía, se generaron a partir de factores externos que no correspondían al exgobernador».