El segundo mandato de Trump no representa una amenaza hipotética para la democracia estadounidense, advierten los profesores Levitsky y Way, sino su desmantelamiento desde adentro. A diferencia de su primer mandato, Trump no llega como un outsider sin experiencia, sin plan ni estructura partidaria. Llega con todo eso. Hoy domina completamente al Partido Republicano, ha purgado a los críticos internos y promete gobernar con leales que lo acompañarán en un proyecto autoritario que ya no se oculta: enjuiciar a sus rivales, castigar a los medios y usar al ejército contra las protestas. Ahora, todo bajo el paraguas de una inmunidad presidencial casi total, otorgada por una decisión extraordinaria de la Corte Suprema. (S.Levistky, L.Way, El camino hacia el autoritarismo estadounidense, POLIS, 2025).
Pero lo más inquietante -afirman Levitsky y Way- no es que se destruya el orden constitucional: es que no será necesario. Estados Unidos seguirá teniendo elecciones, partidos, jueces y prensa. Lo que cambiará será la cancha. El poder presidencial se utilizará para inclinar el terreno, manipular las instituciones, y hacer cada vez más costosa y riesgosa la oposición (¿un golpe blando?). No se trata de una dictadura al estilo clásico. Se trata de un autoritarismo competitivo, un régimen donde la competencia existe, pero es sistemáticamente injusta. (S.Levistky, L.Way, Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism, Journal of Democracy, 2002). Permítaseme proponer una traducción más descriptiva para nuestro medio: autoritarismo democrático. Paradójico sí, pero está sucediendo.
Este modelo, que ya hemos visto en Venezuela, Nicaragua, Hungría, Rusia, India y El Salvador, permite que el gobierno conserve las formas de la democracia mientras degrada su esencia. Y para lograrlo, necesita una herramienta central: el Estado. No como garante de derechos, sino como arma de intimidación, castigo y cooptación.
A continuación, resumo las nueve formas concretas en que, según Levitsky y Way, el Estado puede volverse un arma al servicio del poder:
- La justicia como herramienta de intimidación
El primer paso es el uso del aparato judicial para perseguir selectivamente a los críticos. No se necesita inventar delitos. Basta con usar los ya existentes: evasión fiscal, errores en registros, incumplimientos menores. La justicia se convierte en un mecanismo de desgaste, no de sanción. Lo que importa no es condenar, sino agotar.
- La burocracia profesional, convertida en botín
En las democracias sanas, los funcionarios de carrera sirven al Estado, no al presidente. Pero el plan de Trump de revivir el “Anexo F” permitiría despedir a miles de empleados y reemplazarlos con leales sin experiencia. Es una purga encubierta. Y donde antes había normas, quedarían órdenes.
- Premios y castigos desde el Estado regulador
Quien controla las licencias, los contratos, las exenciones tributarias y las sanciones, tiene un poder inmenso. Un Estado politizado puede castigar a empresas opositoras, ahogar medios independientes o premiar con contratos públicos a quienes se alineen. El mensaje es claro: “si no estás conmigo, estás en problemas”.
- Universidades bajo amenaza
Las universidades -por ser centros de pensamiento crítico- se vuelven objetivos naturales. Bajo el autoritarismo competitivo, se las somete a auditorías, se amenaza su financiación, y se politizan sus procesos de acreditación. El objetivo no es cerrarlas, sino disciplinarlas.
- El ataque legal a la prensa libre
Las demandas por difamación se vuelven una forma elegante de censura. No importa ganarlas. Basta con imponer miedo, desgaste económico y autocensura. Los medios, para sobrevivir, se moderan, se silencian o desaparecen.
- El IRS como martillo político
En EE. UU., las donaciones a campañas son públicas. Con un IRS politizado, basta con cruzar esa información para seleccionar a quién auditar, a quién castigar. Incluso si no se hace, la amenaza basta para disuadir. La política se convierte en un riesgo fiscal. (IRS = Internal Revenue Service, el servicio de recaudo de impuestos).
- Impunidad para los violentos propios
El Estado arma no solo persigue a los adversarios. También protege a los aliados. La inacción deliberada del Departamento de Justicia ante actos de violencia política -como los del 6 de enero- envía un mensaje: quienes atacan a la oposición no solo serán tolerados, sino protegidos.
- Desgaste y autocensura de la oposición
No hace falta encarcelar a todos los críticos. Basta con subir el costo de oponerse. El miedo a las represalias fiscales, judiciales o comerciales lleva a muchos a retirarse. Periodistas que dejan de investigar. Rectores que prefieren el silencio. Empresarios que ya no donan. El ecosistema opositor se seca sin necesidad de disparar.
- Cooptación preventiva: la “gran capitulación”
Finalmente, el arma del Estado también seduce. Quien controla regulaciones y contratos puede comprar obediencia. Empresas tecnológicas y grandes medios han comenzado a acercarse al nuevo poder, no por convicción sino por cálculo. Lo mismo ocurre con académicos, donantes y líderes sociales. Lo llaman “realismo”. Pero en la práctica es una rendición anticipada.
Levitsky y Way no vaticinan una dictadura clásica para EE. UU. No habrá cierre del Congreso ni desapariciones. Pero sí podría consolidarse un régimen donde la oposición existe, pero compite en desventaja estructural. Donde la ley se aplica con doble rasero. Donde el miedo sustituye al debate, y la resignación al voto.
Lo más inquietante: este patrón no es exclusivo de Trump como ya se dijo. Se está viviendo en Venezuela, Hungría, Turquía, Rusia, India, Nicaragua, se ha visto en Perú y en Brasil, en donde, como Colombia, las instituciones políticas, económicas y sociales son mucho más débiles que en Estados Unidos. La maquinaria del Estado puede convertirse en un botín y en un arma. Depende del verdadero compromiso democrático de quién la controle versus la fuerza -y el coraje- para resistir que tenga la sociedad.
Por encima de las preferencias políticas personales, este análisis sirve como una ilustración esencial -y urgente- para reflexionar sobre la salud de la democracia en Colombia, porque resulta alarmante que en conversaciones cotidianas sea común oír la pregunta de si el presidente Petro seguirá o no en 2026. No porque pueda afirmarse que hay señales claras de ruptura institucional, sino porque el talante de un gobernante puede llevar a tensar -o respetar- los límites del poder. Y eso no debería depender jamás de las simpatías personales, sino del compromiso colectivo con las reglas del juego democrático.
Referencias
J.Arango, La estrategia de los inocentes, ConfidencialNoticias, 2025.
S.Levistky, L.Way, El camino hacia el autoritarismo estadounidense, POLIS, 2025.
S.Levistky, L.Way, Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism, Journal of Democracy, 2002.
Rafael Fonseca Zarate
