La política colombiana se mueve entre sombras y amenazas importadas. Lo que parece un simple episodio de sanciones de Estados Unidos contra el presidente Gustavo Petro, su esposa, su hijo y el ministro Benedetti, en realidad revela una estrategia calculada en la que la derecha colombiana cumple un papel central. Detrás de la inclusión en la llamada lista Clinton no solo hay la presión de Washington y los discursos incendiarios de Donald Trump.
Detrás de esa acción externa existe un entramado interno que merece más atención. No todo viene de fuera. Sectores de la derecha colombiana han preparado durante meses el escenario para que una acción estadounidense encuentre justificación y eco. Esos actores han trabajado en dos frentes. Por un lado, han sostenido una narrativa que presenta al gobierno como cómplice o permisivo con el narcotráfico. Por el otro, han utilizado redes políticas y mediáticas para amplificar cada tropiezo del Ejecutivo, hasta convertir un error administrativo en una supuesta falla estructural que justificaría medidas drásticas.
La derecha colombiana ha optado por el atajo doloroso de la confrontación en lugar del acuerdo nacional, negándose sistemáticamente a sentarse a negociar soluciones amplias y urgentes. Prefiere la polarización, los llamados a la violencia y la creación de escenarios de crisis que erosionan la democracia, antes que contribuir a pactos que protejan la soberanía y el bienestar colectivo.
La escalada de amenazas verbales y de medidas económicas anunciadas por la Casa Blanca no surgió en el vacío. Los asesinatos de personas que se transportaban en lanchas en el mar caribe y el océano pacífico, la presencia de una flota naval con capacidad de intervención en Colombia o Venezuela, las advertencias presidenciales sobre tarifas y sanciones son el resultado de una campaña que mezcla falsos datos, medias verdades y provocaciones directas.
En ese tablero, la contribución de ciertos congresistas y operadores políticos debe señalarse con nombre propio. El senador estadounidense Bernardo “Berni” Moreno, hermano del uribista Luis Alberto Moreno exembajador de Colombia en Estados Unidos, mencionado por el presidente como uno de los instigadores de la ofensiva ha servido de eco internacional para quienes en Colombia buscan aislar al mandatario y sabotear su gobierno. Esa exportación de hostilidad permite que actores locales escapen de la responsabilidad por décadas de complacencia frente a redes ilegales y, al tiempo, habilita al gobierno de Estados Unidos a intervenir con argumentos de seguridad hemisférica.
Mientras tanto, en el país, la táctica de la derecha no se limita a denunciar. Busca tejer una narrativa funcional que no descarta la posibilidad de un golpe blando. Se procede a desgastar desde dentro hasta que la opinión pública, los mercados y las instituciones internacionales acepten como inevitable una intervención que inicialmente se vende como una corrección técnica contra el narcotráfico. Esa ruta es peligrosa porque convierte la política doméstica en un escenario de legitimación externa. Cuando quienes deberían hacer control político prefieren azuzar la crisis, lo que pretenden y logran es dejar a la nación más indefensa frente a presiones foráneas.
El gobierno tampoco está exento de culpas. Las imprudencias públicas del presidente han sido aprovechadas sin piedad por sus adversarios. El episodio del megáfono en Nueva York mostró que la teatralidad puede costar caro cuando se trata de relaciones internacionales. Un mandatario que se expresa con ligereza frente a audiencias globales entrega munición a quienes necesitan un pretexto para convertir una crisis diplomática en una intervención económica o política de mayor calibre. Esa imprudencia no justifica amenazas extranjeras, pero las facilita y las hacen más plausibles ante observadores que desconocen matices y contextos.
Es imprescindible señalar con franqueza otra posibilidad. Si la operación de desgaste conocido como golpe blando fracasa, no es descartable que el siguiente paso sea una acción más agresiva desde fuera. Esa acción puede presentarse como una intervención limitada, dirigida contra laboratorios y redes de narcotráfico. Ese relato funciona porque hay problemas reales que necesitan solución. El riesgo es que la supuesta solución se convierta en cobertura para un derrocamiento político o para medidas que de facto reduzcan la soberanía nacional. Advertir esa posibilidad no es conspirar. Es pensar en voz alta para no llegar otro día a lamentar que los avisos no fueron escuchados.
La defensa de la democracia exige tres gestos urgentes. Primero, la oposición debe dejar de considerar como triunfo cualquier daño a la gobernabilidad si ese daño viene acompañado de pérdida de soberanía. Segundo, el gobierno debe atenuar las formas que amplifican su vulnerabilidad externa y priorizar la prudencia diplomática sin renunciar a su agenda interna. Tercero, la sociedad civil y los medios tienen la obligación de investigar y mostrar quiénes, dentro del país, han tejido puentes con intereses que hoy posibilitan la coerción externa.
Colocar la responsabilidad fuera y solo fuera sería una lectura cómoda y peligrosa. El escenario actual muestra que hay corresponsabilidades internas que han hecho posible la injerencia. Colombia necesita debate, transparencia y capacidad de maniobra autónoma. No puede permitirse que actores nacionales, en alianza con intereses externos, conviertan la tutela internacional en un instrumento para cambiar la correlación política por vías no electorales.
El país está en una encrucijada. Si la prudencia y la unidad nacional no llegan a tiempo, la próxima escalada podría no ser económica ni diplomática. Podría ser violenta y ocurrir desde fuera, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Pensar esa hipótesis es doloroso y alarmante. Evitarla es una responsabilidad que pertenece por igual a gobierno, oposición y ciudadanía. Una democracia sólida se defiende con instituciones fuertes y con líderes que reconozcan que la teatralidad no reemplaza la estrategia.
Luis Emil Sanabria D
