El presidente solo debe twittear para mostrar los avances de su plan de gobierno, para referirse a la agenda global y reflexionar sobre los desarreglos institucionales creados y consolidados en las últimas tres décadas al abrigo de la Constitución de 1991, la cual se está destruyendo por tantas reformas adversas al espíritu que la inspiró.
A los ataques de periodistas de los grandes medios, y de otros actores que no están en la línea de competencia del presidente porque son de rango inferior – así algunos se sientan iguales -, debe responder el equipo de comunicaciones del gobierno a través de medios públicos y privados, si por supuesto a estos últimos les dé la gana de darle al gobierno espacio para informar y platicar y no desinformar a la ciudadanía.
Hizo bien el presidente en reproducir a las siete de la noche y a todo el país su discurso en la Escuela Militar de Cadetes donde respondió a tanto ruido mediático en su mayoría creado por enemigos internos desde el Estado (fiscalete y procuradora), y por medios a ultranza opositores.
Lo cierto es que existe un desmadre institucional creado en los últimos treinta años desde cuando cambió el modelo de desarrollo mediante el cual el mercado se convirtió en amo y dueño de la economía, del cielo, del aire, de la tierra y del Estado, dejando algunos espacios para que otros también tengan la oportunidad de crear economías de poder mediante la creación y multiplicación de feudos en la administración pública, a los cuales los trimillonarios no se oponen, por el contrario, cooptan para que decidan a favor cuando se trate de sus intereses económicos, porque a la dirigencia de Colombia solo le interesa la economía por lo cual su debilidad intelectual e ideológica es total, razón que también explica tanta violencia. Acumulación y violencia sin inteligencia, define a la dirigencia de esta nación. Sin embargo, el presidente debe controlar momentos de impulsividad, porque de ahí se agarra la oposición para atacarlo, pues no tienen de dónde más, sin embargo, es la trampa que le tienden y en la cual a veces cae.
El presidente y su gobierno están haciendo las cosas bien en un país que recibieron destartalado por la acumulación de equivocaciones que Duque se encargó de perfeccionar, incluidos desastrosos nombramientos de magistrados, fiscales, procuradores y contralores. Son muchos años de un sostenido deterioro institucional.
Superado el primer capítulo – vendrán muchos más porque todo apunta a un entrampamiento al alto gobierno -, de la agitación mediática por chuzadas ilegales a exempleadas de Laura Sarabia, el presidente debe dedicarse a defender las reformas y otras acciones estratégicas de su gobierno, y no gastar tiempo y jerarquía con tantos periodistas enemigos encargados de asumir la defensa de una dirigencia sin rango ético, ideológico e intelectual.
Su capacidad intelectual y política la debe dedicar a construir lo estructural del cambio. Es lo importante, lo demás son las trampas de una oposición decadente.
Presidente, lo importante son las reformas y los desajustes institucionales creados en treinta años, de pronto en dos siglos, pues son las barreras al cambio. Once y más millones de colombianos lo elegimos para gobernar no para trinar contra todo opositor, bandido o fascista que se cruce en el camino.
La fiscalía del fiscalete, la descabellada procuraduría y los enredos de las cortes
Hay un poder político y/o judicial salido de madre. Las actuaciones del fiscal general, personaje menor, sin nadie que lo vigile, porque la Comisión de Acusaciones del Congreso conformada en su mayoría por uribistas o línea política afín, nunca le hará nada a ningún fiscal por temor a que haga algo contra ellos ante tanta cosa obscura que esconden.
Si la Corte Suprema elige el fiscal, debería ponerlo en su sitio cuando las circunstancias así lo ameriten. Si la Corte lo nombra, la Corte debe llamarlo al orden más allá de si es o no su juez, porque ya sabemos que su juez no sirve para nada. Si puede hacerlo y no lo hacen, es otro desarreglo institucional. Y si las otras cortes tampoco pueden llamarle la atención para salvaguardar las instituciones y la armonía del estado, significa que quedó mal armado el tercer poder, y por tanto se justifica, cuando menos, una reforma constitucional.
El fiscalete es rueda suelta, de ahí su arrogancia, patanería, incapacidad y peligrosa gestión, pues no le rinde cuentas a nadie, no obedece a nadie, por eso actúa como un sedicioso. Las chuzadas a las exempleadas de Laura Sarabia fueron ordenadas por la fiscalía en alianza con oficiales de la policía, y es delito mayor porque lo hicieron por fuera de una correcta conducta judicial.
El fiscalete se abroga derechos superiores sobre la Policía Nacional, mientras las Cortes siguen calladas, porque la Fiscalía está invadida de empresas burocráticas de algunos o de muchos togados. Da la sensación de que, el cartel de togados dejó secuelas o herederos. Por eso unos se tapan con otros. Pero no trabajan para los ciudadanos cuyos recursos se han convertido en fuente de tráfico, negocio y corrupción.
Las cortes no pueden ir en contra vía a construir un país con instituciones y normas que permitan su desarrollo. Se ha creado un sistema de cortes y de otras instancias inservibles, cuyo funcionamiento le cuesta billones al erario público. El famoso modelo de tú me eliges yo te elijo, incluye tropas de burócratas y de pronto una que otra célula de corrupción. Cuando las cortes eligen los organismos de control abren las nóminas para darle espacio a las empresas burocráticas de quienes eligieron a las cabezas de esos organismos. Por eso, la Corte Suprema regaña al presidente de la República, pero no al fiscalete.
En el fondo, aunque políticamente es incorrecto, hace bien el presidente en no recibir a la multitud de magistrados, que son un enorme cuerpo de egos que gustan que el presidente de la república los invite a palacio, que los posesione y tenga un discurso para cada nombramiento. Es decir, un presidente de la nación con agenda para decenas de magistrados, otra extravagancia organizacional de Colombia en el mundo.
El desbarajuste institucional se ha degradado y multiplicado, ha conducido a nombramientos sin méritos en las Cortes. El presidente no se puede equivocar en las ternas para Fiscalía, Procuraduría y Corte Constitucional. Tienen que ser personas del más alto nivel jurídico y ético. Los nombramientos que hizo Duque son tan malos como malo es él y el uribismo en el sentido infinito de la expresión.
Los malos nombramientos han derivado en que no haya unidad de criterio jurídico en temas sensibles y fundamentales. Se observa en el Consejo de Estado, pero también, por aquello de las empresas burocráticas de familiares y amigos, la Corte Constitucional aprobó un engendro de reforma a la Procuraduría en contravía de la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), que acaba de recordar en comunicado del 1 de junio de 2023 que los funcionarios públicos elegidos por elección popular solo pueden ser sancionados por un juez penal, y la señora Cabello y su masa inmensa de costosos funcionarios no tienen esa condición. La procuraduría debe desaparecer.
Si en esta materia el Consejo de Estado unifica su pensamiento alineado con la CIDH, la procuradora podría llegar hasta la Corte Constitucional, que avaló y le dio vida al modelo Cabello. Decidiría a su favor porque la actual Corte no tiene talante para enmendar el error, con lo cual se produciría un choque de trenes y un choque internacional de Cortes.
Tenemos un Consejo de Estado, una Corte Suprema y una Corte Constitucional, cada una por su lado, cada una con intereses propios, mientras Colombia se sigue fracturando dado que los intereses de aquellos no son los intereses de la nación.
Tres ternas de magistrados deben proponer el presidente en los próximos meses para enderezar una Corte Constitucional en capa caída. Una terna de impecables penalistas debe proponer para que la gelatinosa Corte Suprema elija al nuevo fiscal general. Y ya para el cierre de su gobierno, Petro deberá ternar a quien reemplazará a la señora Cabello. Si propone amigos que también podrían ser amigos a la medida de las Cortes, la crisis institucional se ahondará, y el peor de los destinos tendrá el país de la belleza en destrucción.
Ante los océanos de impunidad, bien hace el presidente Petro en invitar al fiscal de la Corte Penal Internacional porque la Fiscalía no es un organismo de justicia, es un bunker de la impunidad.
