Hay una grave amenaza a la institucionalidad en Colombia. Con todas las letras hay que decirlo. No podemos esperar a que lo que hoy son, aparentemente, comentarios al aire de un deslenguado, narcisista y mediático presidente, se vuelvan golpes de Estado.
Hay que evitar que en un ataque de rabia como el del viernes, decida cerrar el Congreso, desconocer una corte, o tomarse la junta del Banco de la República. Hay que evitarle a Petro la tentación, que ha tenido desde que fue alcalde, de tomar decisiones autoritarias por fuera del ordenamiento jurídico.
Es nuestro deber reaccionar con todo el carácter ya mismo, y exigirle que respete a las instituciones, que con tanto esfuerzo hemos logrado construir en Colombia. Todo el país debe hacerlo, y explicarle al presidente que él en realidad no manda, que sólo administra temporalmente, y que quienes en verdad mandan, son la Constitución y la Ley. Nos sumaríamos así, por fortuna, al llamado que inmediatamente hicieron las cortes, casi todo el país político, y hasta el Consejo Gremial, que pocas veces se pronuncia.
Pero para poner las cosas en contexto, conviene recordar en detalle la gota que tuvo que haber rebosado la paciencia institucional en Colombia. ”Yo soy el jefe del Estado, por lo tanto, su jefe” fue la frase que le dijo el viernes pasado el Presidente Petro al Fiscal Barbosa, en uno de sus acostumbrados ataques de ira. ¿La razón? El fiscal general se atrevió a denunciar que Petro había cometido un error brutal y abusivo, con consecuencias fatales, al señalar al fiscal estrella del caso Odebrecht, Daniel Hernández, de estar aliado nada menos que con el Clan del Golfo. Semejante señalamiento, en un país cuyo gobierno le ha dado, de facto, una patente de corso a cuanta banda criminal opera en Colombia, para que amenace y asesine sin problemas, es muy, muy grave. Eso denunció Barbosa.
En reacción Petro, por ignorancia, maldad, o ambas, ¡se abrogó con su frase la jefatura del poder judicial!. Desconoce Petro que hay separación de poderes, y que ninguno de los tres: ni el judicial, ni el legislativo, ni el ejecutivo, está por encima de los otros dos. Para bien de Colombia, y desgracia del presidente, nuestra constitución garantizó con múltiples herramientas el balance de poderes. A Petro eso parece tenerle sin cuidado, cuando sale amenazante por televisión: “(soy) su jefe”, pero la verdad es que la Fiscalía pertenece a la rama judicial. Como bien respondió el fiscal, ¿acaso Petro puede echar (o declararle insubsistencia) legalmente a Barbosa?, ¿no que era el jefe?.
Los escasos y vergonzantes opinadores petristas que quedan, han enfocado que se trató de un error de los dos: del presidente y del fiscal. Pero no es así. El fiscal, dicen, se sobrepasó primero al señalar de dictador a Petro. ¿Por qué?, pues, como no podía ser de otra manera, Barbosa señaló que quien se intenta pasar por la faja la rama judicial, como lo hizo Petro con el caso del clan del Golfo, actúa como un dictador. No se equivocó en ningún momento el fiscal. Y es que además nadie honesto puede decir que Barbosa, quien por supuesto, no es nada afín al Pacto Histórico, ha perseguido y obstaculizado al gobierno.
Todos los colombianos fuimos testigos que colaboró desde el primer momento: “Fue una reunión muy cordial, trazamos las líneas de trabajo conjuntas en el marco de la colaboración armónica que va a existir entre la Fiscalía y el Gobierno. Hay muchos campos de trabajo conjuntos” dijo el Fiscal al término de su primera reunión, el 24 de agosto del año pasado, pasadas escasas semanas de la posesión del presidente.
A partir de allí, se han vuelto a reunir tres veces, las tres con grandes elogios mutuos. Así que no, no hay un problema de origen, presidente, es usted el que debe respetar la institucionalidad, ¡no se comporte como un dictador!.
