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Errores no forzados del presidente Petro

Los errores no forzados son la pesadilla de cualquier tenista. Son fallos cometidos sin que el rival haya ejercido una presión significativa. Un golpe que termina fuera de la cancha o en la red, sin estar condicionado por la contundencia o ubicación del tiro contrario. Es decir, el jugador tenía tiempo, espacio y condiciones razonables para ejecutarlo bien. Se equivoca solo. El oponente no tiene mérito en el punto ganado.

En el tenis, no siempre gana el más talentoso, sino el que comete menos errores no forzados. En política, pasa igual. Petro llegó a la Presidencia con una oportunidad histórica en sus manos: amplio margen de maniobra, respaldo popular, una promesa clara de transformación, justicia social y lucha contra la corrupción. Pero ha jugado mal su propio partido, perdiendo muchos puntos él solo.

 

Los errores no forzados de su gobierno se pueden listar con relativa facilidad. Algunos son estructurales; otros, puntuales. En esta lista no caben las simples antipatías de sus opositores, que tenderían a incluir todo lo que no les gusta. Eso ya no serían errores no forzados, sino objeciones ideológicas. Pero tampoco pretende ser una lista exhaustiva, ni completamente objetiva: es una interpretación razonada.

Cada lector podrá cuestionarla desde su propia mirada, siempre que evite los sesgos binarios que arruinan cualquier intento de análisis. Porque parecerá indulgente para los furibundos de derecha, o injusta para los furibundos de izquierda, y la descalificación será inmediata, como todo argumento con ellos. Por fortuna, los demás somos más, y esta lista es para invitar a la reflexión de esa mayoría:

  • Frenar los contratos de exploración, en contra de la recomendación de su primer equipo económico, provocó una caída del 51 % en la inversión (Banco de la República, abril 2024). No se ha seguido un claro plan de transición energética y, al contrario, se han puesto trabas a proyectos de energías limpias. La decisión ha tenido un alto costo económico y sin beneficios ambientales importantes para el mundo (La Silla Vacía, 2024).
  • Nombramiento de ministros que contaban con sus propios criterios a sabiendas de que no llegaría a acuerdos con visiones diferentes para favorecer al país: Ocampo, López, González, Gaviria. Sus reemplazos fueron menos técnicos, activistas, y todos con menos recorrido. (La Silla Vacía, 2024). Solo con un gran equipo se hace un gran gobierno.
  • Nombramiento de Olmedo López en la UNGRD. Designó a este funcionario sin credenciales técnicas ni trayectoria ética, facilitando una red de corrupción en la compra de carrotanques y el uso indebido de fondos públicos para influir en congresistas. En contravía absoluta a sus promesas de lucha contra la corrupción.
  • Nombramientos ideológicos sin idoneidad. Casos como Irene Vélez y Laura Sarabia evidenciaron una prioridad por la lealtad simbólica sobre el mérito. El resultado fue desconfianza institucional y daño en sectores clave como energía y relaciones exteriores.
  • Congelamiento y reversa en los peajes.Congelar tarifas fue popular pero fiscalmente costoso. Reversarlo en menos de un año sumó un daño reputacional ante inversionistas y no resolvió el estancamiento del programa vial (La Silla Vacía, 2024).
  • Tres reformas en una sola legislatura.Salud, pensiones y trabajo fueron lanzadas simultáneamente, con discursos de balcón, advertencias presidenciales y presión sindical. Esta estrategia elevó la conflictividad y aumentó las posibilidades de fracaso (La Silla Vacía, 2024).
  • Reforma a la salud mal diseñada y mal ejecutada.Sin consenso ni transición técnica, el proyecto colapsó. Petro sacó a Gaviria, pero terminó con una reforma más cercana a su visión. El desgaste fue inútil y costoso (La Silla Vacía, 2023).
  • Crisis por retaliación tras el hundimiento de la reforma a la Salud. Intervino aseguradoras como Sanitas y Nueva EPS, generando caos y desprotección. La improvisación afectó a maestros, afiliados y generó desconfianza generalizada (La Silla Vacía, 2024).
  • Intervenciones institucionales reversadas por la Corte. Decisiones sobre EPS (Sanitas) que han sido revertidas por falta de sustento jurídico y técnico, revelando descoordinación y debilitando la legitimidad del Ejecutivo (ConsultorSalud, 2025)
  • Ideas improvisadas sin sustento técnico. Propuestas como el tren elevado de Buenaventura a Barranquilla, el gas por cable desde Panamá (sin contar con una línea de transmisión de alta tensión), o un tren interoceánico desde China, fueron lanzadas sin explicaciones claras, sin estudios previos, y han desacreditado su palabra, su agenda energética y de infraestructura.
  • Gobierno sin hoja de ruta clara. Ha mostrado desdén por su propio Plan Nacional de Desarrollo. Ha gobernado a punta de anuncios y subsidios sin coherencia estratégica ni sostenibilidad fiscal. La inversión estructural fue relegada.
  • Entorno familiar comprometido. Su hijo fue investigado por enriquecimiento ilícito con fondos de campaña y su hermano sostuvo diálogos informales con presos. Petro no marcó distancia y los defendió públicamente, aumentando el daño reputacional.
  • Movilizaciones con baja respuesta. Convocatorias repetidas que han terminado en movilizaciones débiles, incluso presuntamente financiadas o forzadas. El efecto fue contrario: exhibieron debilidad, no respaldo y se ha dejado contar (El País, América-Colombia, 2025).
  • Manejo político del caso Leyva. Nombró como canciller a un personaje complicado y luego no supo gestionar su salida quien ha desatado acusaciones graves contra Petro, afectando su imagen.
  • Nombramiento e injerencia de Alfredo Saade, otro personaje complicado según los que lo conocen. Su intromisión en la contratación de pasaportes sin competencia legal, provocaron la renuncia de Sarabia y una crisis interna evitable.
  • Propuesta de consulta popular. “El día de la consulta, la oposición llamaría a quedarse en casa. Con eso, el Gobierno se dejaría contar y quedaría en evidencia que tiene pocas posibilidades de ganar en 2026. Sería un tiro en el pie, más aún si lo hacen el día de las consultas internas de los partidos”. (El País, América-Colombia, 2025). La historia enseña que los referendos o las consultas están condenados al fracaso.
  • Propuesta de Asamblea Constituyente sin base legal ni política, contradiciendo su promesa de campaña y poniendo en entredicho la estabilidad institucional al plantear una constituyente sin respaldo jurídico ni social suficiente, alimentando la narrativa del autoritarismo (La Silla Vacía, 2024).

El país esperaba que el cambio comenzara con gestos concretos: cortar de raíz la corrupción en entidades como la SAE o la UNGRD, nombrar un gabinete técnico y plural, liderar con hechos la transición energética, mostrar logros reales en pobreza, salud, educación. Pero no hubo victorias tempranas. Y sin victorias tempranas, no hay confianza sostenida. Ni legitimidad para reformas difíciles. Ni permanencia para su proyecto político.

Ahora no puede decir que no lo dejaron. Pese a que pudo haber talanqueras impuestas por la llamada oposición, o el establecimiento que no quería ningún avance del progresismo, es innegable que los errores no forzados son demasiado numerosos, a los que nadie lo obligó. No fue el Congreso, no fueron los medios, no fue el “establecimiento”. Fueron decisiones propias, fallos de ejecución, excesos de improvisación, arrogancia política.

En tenis muchos partidos los gana el que comete menos errores no forzados. Petro no está perdiendo su partido por un contrincante brillante. Está perdiendo por sus propios errores. Ha jugado mal su oportunidad. Y la izquierda democrática, que por fin había llegado al poder, hoy enfrenta el riesgo de pagar ese precio histórico; en claro contraste, su mejor campaña con miras a las elecciones del próximo año hubiera sido la del éxito reconocido del actual gobierno. Petro no puede contar mayoritariamente ni con ese reconocimiento ni con la disculpa de que no lo dejaron.

Pero el partido no ha terminado. El presidente Petro podría hacer su propia reflexión y remediar con urgencia las causas de sus errores no forzados. Le queda una cuarta parte. ¡Juegue por Colombia, presidente Petro!

Rafael Fonseca

La protesta en Medellín por acto público de Petro junto a un grupo de criminales

Cientos de ciudadanos en Medellín se dieron cita en la plazoleta de la Alpujarra para sentar su voz de protesta por el acto público del presidente de la república, Gustavo Petro, junto a reconocidos criminales que purgan pena en la capital antioqueña.

El acto de protesta fue convocado por políticos antioqueños del partido uribista, Centro Democrático y por Creemos, movimiento fundado por el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Estuvieron presentes Sebastián López, presidente del Concejo de Medellín y miembro del CD; también participaron, Claudia Carrasquilla, Andrés Rodríguez y Luis Guillermo Vélez.

 

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En medio de las protestas se escuchó el acostumbrado grito «fuera Petro» e inconformidades porque según lo dijeron algunos manifestantes: «con este acto en tarima se puso en peligro a la ciudad».

Los criminales con los que el presidente Gustavo Petro compartió tarima en Medellín fueron los siguientes: José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.

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Aumenta la crisis diplomática con los EE.UU: Gustavo Petro llama a consultas a su embajador

Minutos después de conocerse la llamada de los Estados Unidos a consultas a su embajador, John Mcnamara, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo lo mismo con su embajador en el país norteamericano, Daniel García Peña.

«Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNámara, encargado de la embajada de EEUU en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel GarcíaPeña en los EEUU», escribió el primer mandatario desde su cuenta de X.

 

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Esto podría ahondar la crisis diplomática desatada entre los dos países, que tendría consecuencias comerciales y de seguridad jurídica a los colombianos residentes en los Estados Unidos.

Gustavo Petro aseguró que el embajador debe informarlo sobre varios puntos relacionados con sus promesas al inicio del gobierno, entre ellos: la propuesta de una interconexión eléctrica entre América del Sur, Panamá y Norteamérica, como vía para avanzar en la descarbonización y aprovechar el potencial energético limpio de la región. También busca claridad sobre las iniciativas ambientales de revitalizar la Amazonía y el Chocó como sumideros naturales de CO2.

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Las dudas hacia Petro por la falta de transparencia en sus viajes

La opinión pública y diferentes sectores políticos han cuestionado el viaje del presidente Gustavo Petro al Ecuador el pasado 24 de mayo -sin que se conociera de manera oficial en su agenda.

El primer mandatario viajó al país vecino a la posesión del presidente Daniel Noboa en Quito, a pesar de su demora en reconocer su triunfo. Desde la capital del Ecuador se desplazó hacia Manta en donde permaneció en una casa de lujo, sin que hasta el momento se sepa con quien estuvo.

 

Diferentes sectores políticos han pedido las debidas explicaciones a la Presidencia de la República porque según lo han dicho, la agenda internacional del jefe de Estado debe contar con la total transparencia que se requiere.

Las especulaciones que se han dado en torno al viaje de Petro hablan de una supuesta reunión con alias Fito, el temido jefe del grupo criminal ‘Los Choneros’. La Casa de Nariño ha negado una posible cita con este delincuente, sin embargo, hasta el momento no se ha dejado claro el porqué del viaje de Petro a Manta.

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Francia Márquez pide a la fiscal general investigar el supuesto complot para sacar a Petro de la Presidencia

La vicepresidenta de la república, Francia Márquez, pidió a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, investigar con prontitud las afirmaciones que dan cuenta de un supuesto complot fraguado por el excanciller, Álvaro Leyva, para dar un golpe de Estado al primer mandatario, Gustavo Petro.

Márquez solicita además se indague si ella (Francia Márquez) tuvo algo que ver con este supuesto intento golpista.

 

«Considero de la más alta importancia que el país conozca con prontitud la verdad acerca de lo ocurrido», dice la vicepresidenta en el texto.

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Dice además que rechaza cualquier intento de atentar contra democracia y la institucionalidad, asegurando que no es una persona que puedan utilizar para este tipo de acciones.

Petro suspende la extradición de alias Mocho Olmedo

El Gobierno del presidente, Gustavo Petro, tomó la decisión de suspender la extradición de Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, líder del frente 33 de las disidencias, argumentando que en la actualidad se realizan diálogos con el rente 33 del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio.

La decisión se da luego de que la Corte Suprema de Justicia diera su visto bueno para que alias Mocho Olmedo se pueda extraditar a los Estados Unidos por solicitud de una corte en la Florida.

 

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La justicia norteamericana busca procesar judicialmente a Henao por concierto para distribuir una sustancia controlada con intención de importarla ilegalmente a ese país, concierto para importar una sustancia controlada, concierto para cometer lavado de activos y tentativa de lavado de dinero.

De acuerdo con la resolución del Gobierno Petro, la suspensión de la extradición solo se mantendrá mientras Henao aporte de forma verificable al proceso de Paz Total.

El complot de Leyva

Aunque complot y conspiración se usen indistintamente para significar acuerdos secretos con el fin de cometer actos ilegales o dañinos como un asesinato, traición o corrupción –concierto para delinquir en la tradición gringa– nos inclinamos por el galicismo de complot para ubicar un Álvaro Leyva deseoso “de obtener poder y   dominio” mediante una conjura estrictamente política. Si bien la historia colombiana ha estado marcada por personajes oscuros y siniestros que han conjurado golpes de estado mediante actos viles de asesinato de poderosos, recordemos la Nefanda Noche Septembrina (1828), donde se puso al descubierto el periodo de “Conspiretas” de la patria cuando Pedro Carujo intentó el magnicidio del libertador Simón Bolívar pero la historia hasta ahora graduó a francisco de Paula Santander de la intentona sin éxito mortal. Posteriormente nuestro siglo XX demostró otra tentativa de derrocar el gobierno de Ernesto Sampér, y parece que hoy, en el siglo XXI, el peso de la historia lo cargará Leyva como depositario de todas las sospechas de desestabilizar el gobierno de Gustavo Petro.

A Leyva las fuerzas políticas de izquierda lo tildaron de traidor a la patria y la Ultra Derecha (Para el argentino Agustín Laje: Derechita Vergonzante) lo graduó de  solitario y fracasado golpista (aunque pudo ser el primer golpe de estado del siglo veinte) pero como no se dio, tendría que pasar algo más allá dentro de las circunstancias actuales del país para que sepamos la realidad. Porque hasta ahora  no se conocen situaciones atribuibles a un plan organizado donde confluyen muchas cosas como caldo de cultivo para fraguarse un “complot”, pongámoslo en su contexto: Por un lado se tiene la sensación de un país descuadernado por falta de consensos para gobernar, sumado a las conversaciones empantanadas con el Clan del Golfo, ELN y las disidencias de las FARC que no le permiten mostrar resultados de la política de Paz Total, en la medida que todos ellos esperan resultados y solo hay promesas incumplidas bien sea por falta de presupuesto o por falta de consensos políticos y respaldo ciudadano.

 

Por el lado de la vicepresidente Francia Márquez, nos debe muchas explicaciones, porque en la materialización de un derrocamiento, es ella -como vicepresidente- quien debe asumir el gobierno legítimo, y proseguir con el plan Leyva que aún no nos han querido contar.

Por parte de los norteamericanos sabemos, por fuentes periodísticas, que no quisieron participar, y no es difícil interpretar que en los planes de Trump está en primer orden su participación histórica en la próxima tercer guerra mundial entre Irán e Israel, lo que relegaría a un último plano un derrocamiento sudamericano progresista, que lo ve como una nimiedad en la geopolítica mundial y porque Petro no le aporta mayor relevancia a la consolidación de la agenda política Trumpista. 

Frente a la derecha colombiana toma la vocería el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien no deja pasar por alto este oportuno suceso para respirar una bocanada de oxígeno fresco  para politizar su eventual condena y martirizarse frente a una persecución conspirativa de Leyva. Uribe hará lo que mejor saben hacer las ultras caudillistas: apalancarse exponencialmente en su beneficio político quedando como mártir, perseguido y utilizado por la izquierda complotista.  Pregunta obligada sería si las Fuerzas Armadas están en el plan de Leyva?.

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Capítulo aparte nos merece la señora Fiscal General colombiana, ella ¿sabrá en que está metida?. Surgen serias dudas sobre si es plenamente consciente de la complejidad y profundidad del contexto en el que se encuentra inmersa. Resulta alarmante que ni siquiera hubiera escuchado el audio enviado por el presidente Gustavo Petro -quien la postuló para el cargo-, y que solo reaccionara una vez el contenido fue revelado por el diario El País de España, obligando al órgano investigador a despabilar, aunque la tendrá difícil por su exposición internacional ante investigaciones de presunta corrupción en el caso Odebrecht capítulo Guatemala, bajo el rigor de una fiscal de tendencia ultraconservadora. Sin embargo, regresando a Colombia, su situación es aún más delicada: no solo se espera que actúe con independencia institucional, sino que también carga con lealtad hacia el sector político de izquierda petrista. Debe tener muy claro que su permanencia en el cargo depende del órgano competente que puede removerla, no de quien la ternó, y que el cumplimiento imparcial de sus deberes es imperativo en el actual contexto de alta tensión nacional.

De todas formas, en las manos de ella reposa la responsabilidad de avanzar con prontitud en la investigación del denominado «complot Leyva», cuyas implicaciones superan el terreno penal para entrar de lleno en la gobernabilidad democrática. Nadie quisiera estar en sus zapatos que deben caminar por un verdadero laberinto institucional y emocional, en el que convergen nombres y hechos de gran peso simbólico y político: Petro, Uribe, Leyva, Odebrecht, y ahora, un presunto intento de magnicidio contra un precandidato presidencial de derecha. El entramado fáctico comienza a perfilar un escenario con múltiples cabos que conectan el atentado de Miguel Uribe con grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, todos actores que han expresado inconformidad con los incumplimientos en la implementación de la política de Paz Total. Interpretar el modus operandi de estos grupos no es una tarea compleja, pero sí urgente, para determinar si estamos frente a un hecho aislado o ante una estrategia concertada que podría alterar gravemente el curso institucional del país.

El complot Leyva les serviría a todos los presuntos señalados siempre y cuando se dé un cambio en las reglas de juego políticas -sin octava papeleta- para volver a barajar la partida y mejor aún con una vicepresidenta en modo aprendiz que Leyva pueda manipular, así se encarna en el papel de brujo, inmerso en conjuros institucionales, enfrentando acusaciones lanzadas por otra figura controversial con el tono de hereje, el ministro de justicia Eduardo Montealegre, quien quiere imputarle el “menoscabo de la integridad nacional”, un delito que acarrea hasta 30 años de prisión por “conspiretas” según el artículo 455 del Código Penal.

Pero, ¿qué está pensando Leyva?, un veterano zorro astuto de la política nacional, curtido en los laberintos del poder y habituado a navegar las aguas turbulentas de la intriga palaciega. Ha sido un actor transversal en todos los gobiernos, con todas las fuerzas y, sobre todo, profundo conocedor de los códigos ocultos del caudillismo colombiano. Quien ha estado en contacto directo con los principales protagonistas de la vida política del país -desde la derecha conservadora hasta la izquierda alternativa, pasando por el espectro liberal y el centro vacío- tiene la capacidad de articularse con todos, de interpretarlos y, llegado el caso, de confundirlos. Leyva sabe mover las piezas con maestría: mete a todos los actores políticos en un mismo costal ideológico y prende la trituradora política para ver qué sale de cara a las elecciones que se aproximan.

Así las cosas, no es descabellado anticipar que el presidente Gustavo Petro podría pasar a la historia no solo por liderar un gobierno de ruptura, sino por haber sido objeto del primer gran complot político del siglo XXI en Colombia. Aunque en grado de tentativa, la sombra de la conspiración comienza a delinearse. Ya no es solo materia para historiadores o teóricos de la política como Fouché o Maquiavelo; ahora es terreno fértil para quienes, como Leyva, entienden el poder no desde la legalidad, sino desde la alquimia del cálculo político, y ojalá que la fiscal logre salir de su laberinto para adelantarnos algo.

Luis Fernando Ulloa

Un gobierno caótico y anárquico

A menos de un mes de cumplir su tercer año de gobierno y de iniciar la recta final de su gobierno, una persona sensata debe reconocer que este gobierno ha sido, sin lugar a dudas un gobierno anárquico, desordenado, con una falta inmensa de método y de forma.

Y para aquéllos que seguramente no están de acuerdo con las premisas anteriores, le vendría bien recorrer: no, los escándalos; porque estos son propios de todos los gobiernos democráticos, pero si, el origen de ellos. Es ese origen de las dificultades los que llevan a inferir la enorme falta de orden en el presidente de la república.

 

Todos los sucesos que han enlodado la gestión del presidente, han tenido el mismo origen: Su mismo Gobierno. esto es algo nunca antes visto en la política contemporánea colombiana, si hacemos memoria el único registro que más o menos se acerca a lo que está viviendo el país, es lo sucedido con Ernesto Samper y las confesiones que se empezaron a conocer por parte de algunos miembros de su gobierno.

En este gobierno ha pasado de todo: Del escándalo del hijo del presidente y el presunto recibo de dineros de reconocidos condenados por narcotráfico, denunciado por su entonces pareja; el cual tuvo su clímax cuando el mismo hijo del presidente confesó ante la fiscalía los movimientos no lícitos que se habían realizado para lograr financiar la campaña.

Del anterior pasamos a los escándalos de Laura Sarabia, la número dos del gobierno. escándalo que también tuvo su origen en las entrañas del gobierno. En esta ocasión se acusaba a la mujer con mayor poder en la casa de Nariño, de supuestamente haber incidido para que se le aplicara el polígrafo a su niñera, lo cual llevó a la denuncia de la trabajadora.

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Luego el país se enteró de las amenazas del hoy ministro del interior, el cual, mediante mensajes de voz que todo el país conoció, advirtió de los dineros que él consiguió y de la debilidad en la que entraría el gobierno si él habla. Este mismo funcionario ha tenido una seguidilla de salidas en falso que bien daría para que ningún gobierno quisiera saber de él; al menos, ningún gobierno decente.

No había pasado mucho tiempo, cuando apareció el penoso caso de los carros tanques de la Guajira y todo lo que eso generó, funcionarios acusándose los unos a los otros, una consejera imputada y privada de la libertad, la cual denunció entre otras, amenazas contra su vida.

Pero podría escribir varias páginas sobre los detalles más escabrosos del presidente y su gobierno, sin olvidar detalles como el paseo del mismo tomado de la mano de un supuesto travesti, mientras su esposa lo esperaba en el palacio de Nariño. mucho se rumora del rompimiento matrimonial por esta indelicadeza del presidente para con su esposa y su familia.

Pero lo que ha sucedido los últimos meses deja ver la tremenda situación que vive el país; producto de la clase de gobierno que por mayorías democráticas llegó al poder, y que nos tiene transitando el camino más oscuro en la reciente historia de los presidentes.

Muchos criticamos las cartas de Leiva. en particular yo lo hago porque reconozco en el escribiente un personaje oscuro y peligroso, porque sé que más que una preocupación por el país, de lo que se trata es de un acto de deslealtad y bajeza supremo. pero no por las características mencionadas dejan de revestir una posible verdad que preocupa.

En cualquier otro país del mundo las denuncias de las cartas de Leiva habrían generado un sunami de consideraciones monumentales. en nuestro país, el impacto de dichas revelaciones no duró la semana.

Y como si lo anterior fuera poco, a hora resulta que el presidente de la República en un viaje que por demás causó extrañeza y aprovechando la posesión del presidente de Ecuador, el cual piensa diametralmente opuesto a sus ideas comunistas, termina perdiéndose dos días y resulta, de acuerdo con información de uno de los periodistas más serios de país, Mauricio Vargas, alojado en la casa de uno de los mafiosos más peligrosos de ese país y la relación que podía existir con el atentado al candidato presidencial, el joven Miguel Uribe.

Al analizarlo afondo, da escalofrío el presente que vivimos. y la fresa en el postre, es la aparición nuevamente de Leiva y su oscuridad; ahora aparentemente tratando de orquestar la salida de Petro, no por los conductos constitucionales; al hacer un análisis no muy profundo de la información que ha sido publicada, debo decir que es posible que el excanciller haya tenido la indelicadeza o brutalidad, como lo quieran ver, de plantear tal alternativa a sus contertulios. lo que nos lleva al inicio de esta columna: nuevamente un exfuncionario del Gobierno protagoniza un escándalo más en contra del presidente y devela una vez más lo caótico y anárquico del actual gobierno, un gobierno que afortunadamente, pronto, dentro de un año terminará.

PD. Bien por Vicky, pantalonuda y valiente. poniéndole la cara a la tormenta y no dejándose apabullar por aquellos que la quieren perjudicar. Tenemos que reconocer que esta mujer, tiene el carácter que a muchos les falta.  

Jefferson Mena Sánchez

Gustavo Petro pide a Francia Márquez aclarar si hizo parte de un complot para sacarlo de la presidencia

El presidente Gustavo Petro pidió a la vicepresidenta, Francia Márquez, y todas las personas que menciona el artículo publicado en el diario El País de España, aclarar sí es verdad que se estaba fraguando un golpe de Estado a su Gobierno.

“Todas las personas que nombra allí, de las cuales yo no sé si lo que él cuenta es verdad o no, deben dar explicaciones y no solamente políticas públicas, sino ante la justicia”, afirmó el primer mandatario durante una rueda de prensa que concesión en marco del IV Conferencia Internacional de la ONU sobre Financiación al Desarrollo.

 

Entre las personas que menciona el texto del diario internacional se encuentran la vicepresidenta Francia Márquez y la candidata a la presidencia, Vicky Dávila.

La vicepresidenta de la república, Francia Márquez, a través de un comunicado negó hacer parte del supuesto plan.

«No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”, dice el texto.

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Álvaro Leyva habría buscado apoyo en Estados Unidos para sacar a Petro de la Presidencia

En una revelación que sacude el panorama político colombiano, el diario El País de España informó que Álvaro Leyva, excanciller del gobierno de Gustavo Petro, habría viajado a Estados Unidos hace dos meses con el objetivo de recabar apoyo político para impulsar la salida del presidente colombiano. Según el medio europeo, Leyva mantuvo contactos con asesores cercanos a la administración del expresidente Donald Trump y con figuras del Partido Republicano.

De acuerdo con audios y declaraciones confidenciales citadas por El País, Leyva habría promovido una estrategia de presión internacional que desembocara en la destitución de Petro y la eventual sucesión presidencial a manos de la actual vicepresidenta, Francia Márquez.

 

La información, que aún no ha sido confirmada por las autoridades colombianas ni por Leyva, podría tener implicaciones significativas en el entorno político nacional, especialmente por tratarse de un exministro de Relaciones Exteriores, cargo que exige lealtad institucional y diplomacia. La presunta búsqueda de apoyo en sectores afines a Trump añade una capa de controversia, en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno Petro y la oposición.

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Voceros del oficialismo han calificado estas versiones como un intento golpista y han pedido a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar si existen fundamentos legales para abrir una indagación formal contra Leyva.

Hasta el momento, Álvaro Leyva ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos. Mientras tanto, la noticia ha generado un intenso debate en medios y redes sociales, agitando las aguas de una ya polarizada política colombiana.

La bandera de la “guerra a muerte”, un símbolo equivocado

En los principios del siglo XIX, en medio de la contienda por la independencia, Simón Bolívar enarboló una bandera roja y negra que representaba la guerra a muerte contra los realistas. Era un acto político y simbólico de ruptura con la Corona española, una declaración de que no habría cuartel para quienes se opusieran al nacimiento de la República. Bolívar, en su momento, apeló a esta forma de guerra total como respuesta a la brutalidad de los ejércitos coloniales.

Durante la reciente alocución pública, que enmarcó la firma de la nueva ley que modifica normas laborales devolviéndole derechos a los trabajadores y trabajadoras, el presidente Gustavo Petro exaltó nuevamente la bandera roja y negra. Al hacerlo, no solo despertó controversia, sino que introdujo un elemento profundamente inconveniente en el debate público, sobre todo viniendo del jefe de Estado de una nación que aún transita por caminos frágiles de reconciliación y construcción de paz.

 

Rescatar hoy esa bandera y lo que representa es no solo un equívoco, sino también un profundo retroceso. En tiempos en los que la humanidad ha avanzado hacia acuerdos internacionales que colocan la dignidad humana por encima de los intereses militares, ondear la bandera de la guerra a muerte equivale a desconocer los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos que Colombia, como Estado, está obligado a respetar.

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El DIH -consagrado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales-establece límites en los conflictos armados, protege a los civiles, prohíbe los ataques indiscriminados y garantiza el trato digno a los prisioneros de guerra. Rechaza, en esencia, cualquier lógica que niegue la humanidad del adversario. La guerra a muerte, por el contrario, implica eliminar toda forma de distinción entre combatientes y no combatientes, y de paso, posiblemente legitimar la venganza como táctica de combate, y debilitar la posibilidad de reconciliación, de perdón, y de paz.

El presidente, como primera autoridad del país, comandante supremo de las Fuerzas Armadas y hombre de paz, no puede permitirse ambigüedades discursivas que pongan en duda el compromiso del Estado con DIH. La Colombia actual está obligada no solo legal, sino también moralmente, a actuar conforme a los principios de humanidad, distinción, proporcionalidad y necesidad militar. Cualquier exaltación simbólica que contradiga ese compromiso debilita la legitimidad del Estado ante la comunidad nacional e internacional, y abre la puerta a interpretaciones peligrosas.

En un país donde múltiples actores armados aún están activos, y son responsables de infracciones constantes al DIH y graves violaciones a los Derechos Humanos, donde hay procesos de paz en curso y donde la justicia transicional se esfuerza por garantizar la no repetición, lanzar al aire la imagen de la guerra a muerte puede ser interpretado por unos como permiso, y por otros como amenaza. En ambos casos, se pone en riesgo la estabilidad de un proceso que apenas se ha empezado a consolidar.

No se trata de negar los símbolos de lucha de nuestra historia ni de invisibilizar el carácter rupturista de las independencias. Se trata de comprender que los símbolos, en política, también construyen realidades. Enarbolar una bandera que anuncia muerte es incompatible con un discurso de paz. Lo que la sociedad colombiana necesita es resaltar un nuevo horizonte de justicia con vida, de transición con garantías, de transformación sin violencia.

Necesitamos símbolos de encuentro, pactos de respeto mutuo, lenguajes de cuidado. La bandera que debe ondear hoy es la del Derecho Internacional Humanitario, la del diálogo político, la de los acuerdos sociales, la del compromiso con la vida de todos y todas, sin excepción. Porque la historia nos enseña, con dolor, que ninguna guerra a muerte ha traído justicia duradera.

Luis Emil Sanabria D.

¿Fue Isabel Zuleta quien ordenó trasladar a peligrosos criminales en Medellín al acto público del presidente Gustavo Petro?

La Consejería Comisionada de Paz y la Delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional, Medellín y el Valle de Aburrá respondió a los cuestionamientos que se han hecho desde la opinión pública, porque, al parecer, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, habría dado autorización para el traslado de los nueve cabecillas de estructuras criminales a la concentración del presidente Gustavo Petro en Medellín el pasado sábado 21 de junio.

En comunicado, se asegura que la senadora Zuleta en uso de sus facultades como coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá, puede solicitar el traslado de estas personas en el marco del proceso de diálogos, y es el INPEC quien expide la debida orden.

 

«En el marco de las facultades otorgadas por el presidente de la república y en atención a los logros y avances alcanzados en el Espacio de Conversación Sociojurídico de Paz Urbana de Medellín y El Valle de Aburrá, se remitió la solicitud de autorización para el traslado de voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto actualmente privados de la libertad, al director del Instituto Nacional Penitenciario – INPEC, como entidad responsable de la custodia y vigilancia quien, en efecto, autorizó y brindó todo el dispositivo de seguridad y custodia necesario para el debido traslado, todo dentro del conducto regular establecido por la ley», dice el texto.

“Por lo anterior queda en evidencia que la coordinadora no ordena, solicita a la entidad correspondiente, que es diferente, y hace la solicitud amparada en sus facultades”, puntualiza.

Con esto se aclara el rol que jugó la congresista de la coalición de Gobierno en el polémico acto en Medellín del jefe de Estado junto a los jefes de peligrosas organizaciones criminales en la capital de Antioquia, quienes purgan sus condenas en las cárceles.

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No es el CNE quien debe investigar a Gustavo Petro: Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional con una votación 5 – 4 determinó que quien debe investigar y juzgar al presidente de la república en ejercicio, en este caso, Gustavo Petro.

El alto tribunal llegó a esta decisión al considerar que que eso es tarea de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

 

La Corte Constitucional dejó claro que el papel del Consejo Nacional Electoral es el de investigar a las campañas, partidos, movimientos y demás integrantes de las campañas presidenciales y de consulta interpartidista de 2022, pero en ningún momento al presidente de la República.

En el fallo otorgó un plazo al CNE para que en un plazo de cinco días hábiles haga llegar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, las investigaciones adelantadas en el caso de la presunta financiación irregular de dichas campañas, con el fin de que esta corporación ejerza las competencias que le corresponden frente al presidente.

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Inicia la implementación de la Ley de Salud Mental

El presidente Gustavo Petro firmó la nueva Ley de Salud Mental, una normativa que representa un avance sin precedentes en la garantía del derecho a la atención psicosocial en Colombia, reconociendo que la salud emocional es tan esencial como la física para el desarrollo integral de las personas y la construcción de una sociedad más equitativa.

Durante la ceremonia de sanción, el presidente hizo un llamado enfático a que la ley no se quede en el papel.

 

“No queremos una ley que no se cumpla. Esta ley tiene que vivir en cada colegio, en cada hospital, en cada familia que necesita apoyo”, afirmó Petro, subrayando la importancia de una implementación real y efectiva. El mandatario instó a las instituciones públicas y a la ciudadanía a asumir con responsabilidad la transformación que propone esta nueva normativa.

La Ley de Salud Mental incorpora un enfoque preventivo e integral, al ordenar que todos los centros de atención médica, tanto públicos como privados, integren servicios de salud mental en el primer nivel de atención. Esto implica que deberán contar con profesionales capacitados para atender casos de crisis emocionales, ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias, entre otros padecimientos psíquicos, sin necesidad de remisión a niveles superiores del sistema.

Asimismo, la normativa busca erradicar el estigma social que pesa sobre los trastornos mentales y establece garantías especiales para poblaciones vulnerables, como jóvenes, mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto armado, comunidades étnicas y personas con discapacidad psicosocial. La ley reconoce la salud mental como un pilar para la paz total y la cohesión social, integrándola de forma transversal en las políticas públicas de bienestar.

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Con la firma de Petro: Habemus reforma laboral

Con la sanción presidencial a la reforma laboral aprobada en su totalidad por el Congreso de la República, entran en vigencia los nuevos cambios en el sistema con el que rige el trabajo en Colombia.

En un acto celebrado desde la Quinta de Bolívar en Bogotá, el presidente de la república, Gustavo Petro, firmó la nueva ley que a partir de la fecha rige el sistema laboral en nuestro país que retorna el pago de los dominicales y festivos al 100% y autoriza los recargos nocturnos desde las 7 de la noche.

 

Durante su discurso el primer mandatario pidió a la ciudadanía ejercer total vigilancia para que las nuevas reglas se cumplan en Colombia y lo aprobado no pase a ser «letra muerta».

«Hay que escoger un Gobierno que logre implementar la ley y que no se convierta en “letra muerta”, como la Constitución», afirmó.

“No quiero una nueva Constitución, sino aplicar la existente. Es letra muerta y no quiero que esta ley lo sea”, agregó.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino anunció la firma de los decretos reglamentarios a partir de la semana siguiente para iniciar la implementación de lo recién aprobado.

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