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Alemania se compromete con 1.000 millones de euros al fondo de bosques tropicales de Brasil (Reuters, noviembre 19/2025)

La Unión Europea simplifica los fondos de inversión sostenibles para evitar el greenwashing (Cinco Días, noviembre 20/2025)

La ISSB integra los riesgos relacionados con la naturaleza en los estándares globales de reporte (Financial News, noviembre 19/2025)

En las últimas semanas, el mundo de la sostenibilidad nos ha reconocido algo que muchos pedimos: la naturaleza no espera y nosotros tampoco podemos hacerlo. Alemania anunció que invertirá 1000 millones de euros en el fondo de bosques tropicales de Brasil, la Unión Europea está reformando sus reglas para que los fondos sostenibles sean más claros y la ISSB (Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, por sus siglas en inglés) se prepara para que los riesgos relacionados con la naturaleza dejen de ser un tema secundario en los reportes financieros. Noticias que, al principio, pueden parecer distantes, pero que juntas nos cuentan algo más profundo: la biodiversidad empieza a ser reconocida como un verdadero activo estratégico.

La inversión alemana en la Amazonía es un gesto histórico, sin duda, pero también nos recuerda lo difícil que es proteger lo que es de todos y, al mismo tiempo, de nadie. En Brasil, muchas comunidades dependen de la selva para vivir, mientras que las presiones de la agricultura industrial y la tala ilegal siguen ahí. Para que este dinero realmente funcione, no basta con transferirlo; hace falta fortalecer las instituciones locales, involucrar a las comunidades y apoyar los proyectos de base que ya están haciendo un trabajo increíble. Por ejemplo, en Mato Grosso, iniciativas indígenas están usando tecnología satelital y conocimiento ancestral para monitorear la selva y denunciar la deforestación, demostrando que la combinación de ciencia y cultura local puede ser más potente que cualquier política nacional.

En Europa, la reforma del SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, por sus siglas en inglés) busca ponerle fin a la confusión sobre qué fondos son realmente sostenibles. Pero no es magia: los gestores de fondos tienen que adaptarse rápido, y los inversionistas, especialmente los menos experimentados, pueden perderse entre cifras y clasificaciones. Aquí la solución está en educar, en dar herramientas claras y confiables. Fundaciones como WWF y grupos como la UNEP-FI están trabajando en guías de inversión que combinan impacto real con rentabilidad, algo que demuestra que la sostenibilidad no está peleada con el sentido común financiero.

Y luego está la ISSB, que con su decisión de integrar los riesgos de naturaleza en los reportes financieros nos está diciendo algo que deberíamos haber sabido hace tiempo: lo que dependemos de la naturaleza es tan real como nuestra deuda o nuestro flujo de caja. Empresas como Natura en Brasil o Patagonia en Estados Unidos ya reportan cómo sus operaciones dependen de la biodiversidad y qué impacto tienen, mostrando que es posible hacerlo sin que la contabilidad se vuelva un laberinto. Aun así, muchas pymes y empresas medianas luchan por recopilar estos datos. Por eso es importante que los estándares sean escalables y que existan herramientas accesibles que permitan a todos participar sin sentirse abrumados.

Lo cierto es que ninguna inversión o regulación por sí sola garantiza la conservación. Sin políticas locales fuertes, sin educación ambiental y sin la participación de la comunidad, los resultados pueden ser regulares, en el mejor de los casos.

Por eso proyectos que conectan la inversión financiera con la gobernanza territorial, los conocimientos indígenas y la educación ambiental son los que realmente marcan la diferencia. Por ejemplo, programas en Perú que vinculan pagos por conservación con educación comunitaria han logrado reducir la tala ilegal mientras generan ingresos directos para las familias locales. Ese es el tipo de enfoque que necesitamos ver replicado en todas partes.

Lo que estas noticias muestran es un cambio profundo: la biodiversidad empieza a ocupar el lugar que siempre debió tener. Ya no es un tema de ética ambiental; es económico, social y humano. Proteger la naturaleza significa asegurar el agua, los alimentos, la energía y la estabilidad de nuestras comunidades. Pero también implica reconocer los retos: la gobernanza local, la recopilación de datos confiables, la transparencia de los fondos y la educación de los inversionistas son obstáculos reales que requieren soluciones creativas y colaborativas.

Si algo queda claro, es que estamos ante una oportunidad histórica. Invertir en la naturaleza no es solo un acto responsable; es un acto inteligente. La combinación de inversión, regulación y estándares globales puede ser la llave para que la conservación deje de ser un ideal lejano y se convierta en un proyecto tangible, con impacto medible, que beneficie tanto a los ecosistemas como a quienes vivimos de ellos.

Es más, si logramos que estas acciones se sientan cercanas, conectadas con historias humanas, con comunidades y empresas que ya están dando pasos concretos, entonces la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto y se transforma en algo que todos podemos entender, apoyar y replicar.

Juan Camilo Clavijo

Dadas la magnitud de los recortes necesarios, el poco tiempo disponible para implementarlos y un contexto político desafiante, un sobrepaso del umbral de 1,5 °C ocurrirá, muy probablemente dentro de la próxima década. UNEP. Emissions Gap Report 2025: Off Target.

Los últimos análisis del Emissions Gap Report del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) muestran una realidad contundente y preocupante: aun si los países cumplen sus compromisos climáticos actuales, el mundo sigue encaminado hacia 2.8 °C de calentamiento global.

Este dato no es técnico; es político, social y existencial. Significa que los modelos de sostenibilidad y de ESG —pensados para gestionar riesgos en un mundo de 1.5 °C— son ahora insuficientes frente a un escenario de impactos más agresivos, menos previsibles y, sobre todo, con efectos desproporcionados sobre las comunidades que históricamente han protegido los ecosistemas: las comunidades indígenas.

Estas comunidades son guardianas del 80% de la biodiversidad que queda en el planeta. Esto quiere decir que, si realmente queremos proteger los sistemas naturales que sostienen la vida —la selva amazónica, la cuenca del Congo, los bosques de Papúa Nueva Guinea, las selvas del Sudeste Asiático, y las reservas marinas del Pacífico Sur y Norte frente a Canadá y Estados Unidos, entre otros ecosistemas— es imprescindible empoderar a quienes han sabido conservarlos durante siglos. No es una narrativa romántica: es un hecho estratégico. Si queremos conservar los pulmones del mundo, necesitamos fortalecer a sus guardianes.

Sin embargo, la realidad actual es otra. Las comunidades indígenas reciben menos del 1% de la financiación climática internacional. Además, sus modelos de gobernanza rara vez se tienen en cuenta en las decisiones. Con demasiada frecuencia, la llamada “consulta previa” se reduce a una casilla por marcar dentro de un formulario corporativo, para avanzar con un proyecto que ya está diseñado antes de que la comunidad tenga voz.

Los ESG, en su forma actual, ¿han contribuido a mejorar la gestión de riesgos de las empresas? La respuesta es sí. Pero cuando se trata de trabajar con comunidades, se queda corto. No puede negar su naturaleza extractiva: recoge información cultural, geográfica, social y política para alimentar reportes corporativos, sin retorno para esas comunidades o, peor aún, sin transparencia sobre el uso de esos datos.

Ha llegado el momento de que los criterios ESG evolucionen. Deben pasar de ser transaccionales a ser transformacionales. Es decir, dejar atrás la lógica de “evito riesgos, reporto métricas, reduzco mi huella” y avanzar hacia una postura afirmativa: “redistribuyo poder, comparto decisiones, regenero sistemas.” Lo uno no excluye lo otro. Al contrario: redistribuir poder, compartir decisiones y regenerar sistemas incluye —y amplía— la mitigación de riesgos, la medición de resultados y la reducción de impactos. La diferencia es que esta expansión genera beneficios reales en el territorio y para las personas, no solo en los informes.

Esto implica un cambio profundo, que también debe venir desde las políticas públicas. Las leyes y marcos regulatorios deben abrir espacio a la participación real y a la gobernanza compartida, no solo exigir a las empresas que “consulten”: deben empoderar a las comunidades, fortalecer sus capacidades y asegurarles acceso directo a recursos y decisiones. Porque lo que está en juego es mayor que una matriz de indicadores ESG.

Si no hacemos este cambio, en un planeta que se calienta 2.8 °C, los riesgos dejarán de ser financieros para convertirse en riesgos sociales: acceso al agua, salud, migración forzada, seguridad alimentaria. En ese escenario, los modelos de gestión del agua ya no pueden depender únicamente de infraestructura o soluciones tecnológicas. Deben integrar los saberes indígenas sobre cómo regenerar ecosistemas en lugar de limitarse a mitigar impactos. La resiliencia ya no puede medirse por la cantidad de proyectos ejecutados, sino por la capacidad de una comunidad de mantener su forma de vida con autonomía y dignidad.

Este no es un llamado a añadir un indicador nuevo a una hoja de cálculo. Es un llamado a cambiar el centro de gravedad del ESG: de la gestión de proyectos a la regeneración de sistemas. De la participación simbólica a la gobernanza compartida. De la consulta al co-liderazgo.

Porque si no lo hacemos, no solo estaremos fallando en nuestras métricas de sostenibilidad. Estaremos fallando como humanidad.

Juan Camilo Clavijo

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, prometió que Colombia se convertiría en una “potencia mundial de la vida”. Fue un discurso poderoso, lleno de simbolismo y esperanza, que planteaba un cambio profundo en la relación del país con su territorio, sus recursos naturales y su gente. Dos años después, la promesa sigue agitando los discursos desde la Casa de Nariño, pero se ha quedado ahí, solo discurso.

En los primeros meses de su gobierno, se sintió un impulso renovador. El país empezó a hablar de transición energética, de justicia ambiental, de poner el agua en el centro de las decisiones. Y, en efecto, algunos avances concretos se han materializado. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, Colombia alcanzó un avance del 60 % en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el frente social, más de un millón y medio de personas salieron de la pobreza monetaria entre 2022 y 2023. Son cifras que dan cuenta de un esfuerzo real por combinar la sostenibilidad ambiental con la inclusión social, algo que muy pocos gobiernos en la región han intentado con seriedad.

También hubo señales alentadoras en el sector energético. En 2024, se aprobaron 25 nuevas licencias para proyectos de energías renovables —una cifra sin precedentes en la historia del país—, entre parques eólicos y solares que, juntos, podrían aportar más de cinco gigavatios de capacidad limpia a la matriz nacional. Hubo además avances en la reglamentación de la ley de plásticos de un solo uso, en la protección de humedales y en la formalización de tierras campesinas. Son pasos que, en cualquier otra coyuntura, podrían verse como logros contundentes. Pero en Colombia, donde las heridas ambientales son profundas y las economías ilegales se mezclan con la vida cotidiana, el cambio nunca ha sido lineal.

La deforestación es un buen ejemplo de esa contradicción. En 2023, el país logró una reducción histórica del 36 % en la pérdida de bosques respecto al año anterior, llegando a la cifra más baja en casi una década. En la Amazonía, la caída fue incluso más pronunciada, y por un momento pareció que la tendencia al desastre podía revertirse. Pero la alegría duró poco. En 2024, los datos del IDEAM y de organismos internacionales mostraron que la deforestación volvió a aumentar, esta vez en un 35 %, con más de 107 mil hectáreas arrasadas. Las causas son las mismas de siempre: expansión ganadera, acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos y minería ilegal. Los acuerdos de conservación con campesinos y comunidades ayudaron a contener la destrucción en algunos territorios, pero los grupos armados y la falta de control estatal en otros terminaron por diluir los esfuerzos.

La minería ilegal, por su parte, sigue siendo una llaga abierta. Está presente en casi todo el país y ha contaminado ríos, suelos y vidas enteras. La Defensoría del Pueblo estima que cada año se vierten más de 13 millones de metros cúbicos de agua contaminada con mercurio en los ríos colombianos. Es una cifra difícil de imaginar, pero detrás de ella hay historias muy concretas: niños con problemas neurológicos, peces que ya no se pueden comer, comunidades enteras que dependen del agua envenenada. A pesar de los operativos, las incautaciones y la retórica de control, el negocio ilegal del oro continúa siendo una de las principales fuentes de destrucción ambiental del país.

En paralelo, la contaminación de las fuentes hídricas ha crecido silenciosamente. Diez departamentos están hoy en riesgo por la presencia de mercurio y otros metales pesados, y en algunos ríos, como el Nechí, los niveles de contaminación superan ampliamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno creó una “Policía del Agua”, con más de ocho mil agentes encargados de proteger los cuerpos hídricos. Es una idea valiosa, pero simbólicamente insuficiente frente a la magnitud del problema. Sumando una capa mas a la insuficiencia de hombres en la Policía Nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo, titulado Colombia Potencia Mundial de la Vida, recoge una visión ambiciosa: ordenar el territorio alrededor del agua, transformar la economía hacia modelos limpios y asegurar una transición energética justa. La intención está ahí, pero la realidad la desafía todos los días. Las cifras mejoran en unos frentes y retroceden en otros; las leyes avanzan en el papel, pero chocan con la informalidad, la violencia, la corrupción y la falta de capacidad institucional.

En muchos sentidos, Petro está intentando cambiar la lógica de desarrollo de un país construido sobre la extracción, la desigualdad y la dependencia de los combustibles fósiles. Pero hacerlo en cuatro años, en medio de una crisis social y política constante, es casi una misión imposible. La sostenibilidad no se decreta: se construye con tiempo, con confianza, con instituciones sólidas y con una ciudadanía que crea en el proceso.

Hoy, Colombia tiene razones para sentirse esperanzada, pero también para ser cauta. Ha habido logros: más energía limpia o mayor conciencia ambiental. Pero los desafíos siguen siendo enormes. Frenar la deforestación, erradicar la minería ilegal, descontaminar los ríos y garantizar agua segura para todos no son metas de un gobierno, sino tareas de una generación entera.

Petro quiso que su legado fuera el de un país reconciliado con la naturaleza. El discurso de la “vida” sigue siendo poderoso, pero necesita de hechos duraderos, concentración en acciones concretas, tanto ambientales como de seguridad, burócratas eficaces, y calma política (todo lo opuesto a lo que es Petro como político).

La gran pregunta es: ¿es posible que este gobierno cumpla su promesa ambiental (y todas las demás) a pesar de si mismo?

Juan Camilo Clavijo

Obstáculos a las energías renovables: nuevas exigencias para proyectos de energía eólica y solar en tierras federales están ralentizando su despliegue, afectando incentivos fiscales y obstaculizando la transición energética (The Washington Post, 17 de julio de 2025).

Al igual que la democracia, la justicia, ciertos aspectos de la economía o la diplomacia, la sostenibilidad también se ve amenazada por esta nueva ola de conservadurismo. Esto provoca un nivel de incertidumbre, en todos los ámbitos, que no habíamos experimentado en nuestra época.

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Hoy en día, atacar la sostenibilidad se ha convertido en una herramienta política, desplazándola de su análisis técnico y su objetividad científica. Lo vemos reflejado en acciones como la mencionada al inicio de este artículo. Al presidente de Estados Unidos no le basta con eliminar controles y permisos ambientales ni con reducir impuestos a empresas extractivistas; ahora también impone barreras a proyectos de energías renovables. Se trata de un ataque político deliberado a las iniciativas sostenibles.

Pero no podemos quedarnos en la queja constante ni en la perplejidad inmovilizadora. La pregunta es clara: ¿la sostenibilidad debe evolucionar o resistir? Esta interrogante podría aplicarse también a otros ámbitos que están atravesando transformaciones abruptas. Pero en este artículo, me enfocaré exclusivamente en la sostenibilidad.

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Es evidente que la incertidumbre generada por líderes como Donald Trump y otros actores conservadores obliga a repensar la sostenibilidad. Ya no puede verse como un lujo o un complemento corporativo. Hoy, más que nunca, es una herramienta estratégica para garantizar resiliencia, legitimidad social y estabilidad a largo plazo, especialmente en un contexto de cambio climático cada vez más acelerado.

Para que esto sea posible, es necesario adaptarse con inteligencia y rapidez, interpretando el entorno con claridad. Los actores clave deben continuar trabajando en sostenibilidad sin ser estigmatizados como “izquierdistas” o “creyentes woke”, etiquetas que han causado un gran daño a este campo.

Un buen ejemplo de adaptación lo dan empresas como IKEA y Unilever, que han ajustado su narrativa: han dejado de utilizar términos como “cero emisiones” y, en su lugar, hablan de “eficiencia”, “reducción de costos”, “innovación local” y “bienestar del consumidor”. Asimismo, ante el aumento de las tasas de interés y un escrutinio regulatorio más severo, muchos fondos ESG están migrando hacia enfoques de “impacto tangible”, priorizando resultados concretos —como empleo, acceso al agua o adaptación climática— en lugar de indicadores abstractos. El objetivo es demostrar valor social real, medible y visible, más allá del marketing de sostenibilidad.

¿Es suficiente con esta adaptación empresarial? Tal vez no. Podríamos ir un paso más allá y pasar de la simple “gestión de riesgos climáticos” al liderazgo en la transición justa, sin perder ambición, y enfrentando tanto los retrocesos políticos como las nuevas demandas sociales: justicia climática, soberanía económica y digitalización.

Es clave desvincular la sostenibilidad de banderas políticas específicas, incluso si sus temas cruzan con salud, empleo, equidad o democracia. De lo contrario, corremos el riesgo de que siga siendo estigmatizada como una causa “de izquierda” o “comunista”, lo cual ha alimentado las reacciones más violentas contra estos temas.

Por otro lado, está más que comprobado que la estrategia basada únicamente en argumentos científicos, datos objetivos y estudios rigurosos ha fracasado en influir a grandes sectores de la sociedad. Hoy, es necesario repensar cómo se comunica la sostenibilidad en redes sociales y medios, utilizando herramientas emocionales similares a las que emplean personajes como Joe Rogan o Javier Milei: miedo, amenaza, orgullo, revancha.

Personalmente, no es mi estilo de confrontación ni mi forma preferida de argumentar. Pero ante la pérdida generalizada de objetividad en el debate público, creo que debemos aprender de las estrategias narrativas de quienes han logrado posicionar discursos radicales con gran eficacia.

Es momento de evolucionar. No podemos seguir insistiendo en las mismas formas de comunicar y defender la sostenibilidad. Necesitamos nuevas herramientas para contrarrestar la fuerza arrolladora de los Bolsonaros, Mileis o Trumps, incluso si eso significa aprender de sus propias tácticas.

Juan Camilo Clavijo