La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Óscar Santiago Gómez Leal, pareja sentimental de la periodista fallecida, Laura Camila Blanco, por el delito de Feminicidio.
Los resultados de los exámenes de Medicina Legal indican que la periodista fue asfixiada antes de la caída del balcon de su apartamento donde se encontraba en compañía de su novio con quien minutos antes del fatal desenlace sostuvo una fuerte discusión, según contaron testigos del momento.
«El hombre habría atacado a la mujer (…) y en medio del estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la arrojó por la ventana. En su momento, Gómez Leal aseguró que su compañera se lanzó voluntariamente. De esta manera, intentó desviar las investigaciones», dice el dictamen.
Óscar Santiago Gómez estuvo trabajando como líder de proyecto hasta julio de 2025 en una empresa que prestaba servicios de publicidad. El hombre ya llevaba 3 años y 9 meses en dicha compañía.
«Laura y su novio discutieron fuertemente en na de las habitaciones del apartamento. Luego, Gómez salió del cuarto y les dijo a las personas que estaban en la sala de la vivienda que su novia supuestamente se había «lanzado por la ventana», reza en las investigaciones.
Oscar Santiago Gómez es profesional en Ingeniería de Sistemas en la Fundación de Educación Superior San José y prestaba sus servicios profesionales como director de proyectos) especializado en estrategia 360° de marketing digital.
La Corte Suprema de Justicia, llamó a juicio al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, quien tiene proceso judicial abierto por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
El máximo tribunal de la justicia le investiga por que al parecer durante cuatro años una mujer figuró como empleada de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, pero nunca fue a trabajar y sus salarios fueron cobrados por terceros cercanos a Jiménez López».
Estos hechos habrían sucedido durante el período 2014 – 2018 cuando Jiménez ocupaba una curul en la Cámara de Representantes.
También se le señala de haber obligado a algunos de las personas de su equipo a entregarle parte de sus salarios, costumbre que parece haber hecho carrera en el Congreso de la República, entre algunos representantes y senadores.
Adriana Patricia Lizarazo Cordero fue enviada a prisión por supuestos temas de estafa a, al menos, ocho ciudadanos en Bogotá que estarían buscando invertir sus ahorros y perdieron sus recursos.
Lizarazo Cordero durante 2016 y 2024, se habría hecho pasar como funcionaria de diferentes entidades públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la DIAN, entre otras, para ganarse la confianza de las víctimas y que de esta manera le consignaran altas sumas de dinero.
Las evidencias dan cuenta de que Lizarazo Cordero inicialmente les enviaban letras de cambios, contratos comerciales entre otros documentos que daban apariencia de legalidad a la negociación. Posteriormente, eran inducidos a transferir el dinero para la supuesta compra de unos pines que les permitirían participar en los remates, pero finalmente no recibían ni los bienes, ni los recursos entregados.
La Fiscalía ha asociado ocho denuncias en las que se acreditan pérdidas superiores a los 450.000.000 de pesos. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá la imputó en contumacia, por los delitos de estafa agravada y abuso de confianza.
La Justicia ordenó la suspensión con efecto inmediato del juicio oral contra el expresidente, Álvaro Uribe, acusado de supuesto fraude procesal, soborno y manipulación a testigos, en una medida provisional que responde a la recusación interpuesta en la víspera contra la jueza Sandra Heredia por falta de imparcialidad.
El Tribunal Superior de Bogotá ha argumentado que «la suspensión del trámite es necesaria y urgente al estar en entredicho la imparcialidad de la funcionaria y la validez de la actuación que se agote a futuro», por lo que el juicio oral permanecerá paralizado hasta que se resuelva de fondo la cuestión presentada por la defensa de Uribe.
«Desde el momento en que se propone la recusación, hasta su decisión definitiva, el trámite debe detenerse», han recordado los magistrados basándose en el Código de Procedimiento Penal. No obstante, el Tribunal ha asegurado que la suspensión no anticipa en ningún caso el fallo definitivo, sino que pretende garantizar el debido proceso, según recoge la W Radio.
La Justicia colombiana ha tomado esta decisión un día después de que la defensa del expresidente haya recusado a la jueza por falta de imparcialidad en el marco del juicio en su contra por supuesto fraude procesal, soborno y manipulación a testigos.
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe, presidente de 2002 a 2010, denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones apuntaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Dairo Mora Valbuena, actual dueño y presidente de la Revista Poder enfrenta una demanda por incumplimientos en los pagos al personal de la redacción y a sus proveedores.
Confidencia Noticias habló con varias personas que prestaron sus servicios profesionales a la Revista Poder, quienes confirmaron que Mora Valbuena no solo les adeuda varios meses de pagos, sino que además les maltrataba verbalmente.
Fueron varios periodistas y comunicadores sociales quienes se vieron afectados por el proceder de Dairo Mora, uno de ellos, el reconocido periodista, Wilber Raillo, a quien le adeudan los últimos meses de trabajo.
Una investigación de la Wradio revela además que las deudas y obligaciones superaría los $500 millones de pesos, contemplando pasivos con nómina y proveedores.
Hasta el momento, Dairo Mora Valbuena, ha guardado silencio ante este asunto que hoy se encuentra en manos de la justicia.
La Fiscalía imputó cargos a Samuel Zuleta Márquez, investigado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano. Los hechos se presentaron el pasado 2 de enero en una celda del pabellón 32 de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de la capital del país.
La investigación pudo establecer que que el crimen ocurrió al interior de una celda donde departían el presunto agresor, la víctima y otros internos. Allí, Zuleta Márquez, en lo que sería un hecho de intolerancia, habría herido a Correa Galeano en el tórax con un arma cortopunzante, causándole la muerte.
Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó al procesado el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado.
La jueza de Cúcuta Vivian Polanía es cuestionada ya que fue captada recientemente mientras fumaba y estaba semidesnuda durante una audiencia. Tras la polémica, en las últimas horas se conoció que la Comisión de Disciplina Judicial, en Norte de Santander, abrirá una investigación en su contra para evidenciar si cometió faltas disciplinarias.
Los juristas publicaron un comunicado donde se refieren a las acusaciones contra la jueza con funciones de control de garantías que se han conocido en los diferentes medios de comunicación en las últimas horas. Con base en esas pruebas, los togados nortesantandereanos tomarán decisiones, en los próximos días, sobre las eventuales sanciones que enfrentará Polania.
“Por ser de su competencia territorial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 114 de la ley 270 de 1996, en interpretación armónica con lo dispuesto por el artículo 19 del acto legislativo 02 de 2015, a efectos de que se surta el trámite más expedito”, ordenaron los jueces de la Comisión de Disciplina Judicial.
Hay que recordar que la legislación colombiana ordena que los abogados y demás miembros de la Rama Judicial deben prestar sus labores con pulcritud y no realizar actividades que puedan entorpecer los trámites que se surtan en medio de audiencias o juicios. Además, se podría penalizar a quienes, por sus acciones, pongan en tela de juicio la credibilidad de la justicia colombiana.
En este caso, como Vivian Polania es una jueza, sus sanciones podrían ser más graves, según lo estipula la Ley 270 de 1996, donde se exhorta a los funcionarios judiciales a prestar con decoro su servicio a la patria y a la ciudadanía. “Desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”, reza el artículo 153 numeral 2, de la citada norma.
No solo el video donde está acostada en su coma, en ropa interior y mientras fuma le estaría causando líos con la justicia. Luego de esas imágenes salió a la luz pública otra filmación donde confunde la marihuana con la valeriana y sugiere tomar gotas de la misma en medio de otra audiencia virtual.
“Cálmese, tómese unas goticas de marihuana, nos vemos mañana, doctor”. Inmediatamente, se dio cuenta del lapsus y corrigió: “De marihuana, ¡ay Dios mío! Esto se borra (…), unas goticas de valeriana, ¡Dios mío, cómo se borra eso!”, dice la jueza Polanía.
Cabe resaltar que el pasado 21 de febrero del año 2021 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta había emitido la circular 002, en la que se recomienda, tanto a jueces de la República, como a los sujetos procesados, mantener las cámaras encendidas en todas las diligencias judiciales. “(…) a través de la cual el Presidente de la Sala Penal de la Corporación recomienda la apertura de cámara durante las sesiones virtuales tanto para Jueces como para Sujetos Procesales”, señala el documento emitido por el juzgado.
Hay que recordar que no es la primera vez que Polania se mete en estos líos. De hecho, ya había estado en el centro de otras polémicas por conductas que están, según varios de sus críticos, fuera de su labor como servidora de la Rama Judicial.
En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 334 mil seguidores, comparte contenido en el que deja ver su pasión por el Crossfit. Además, a través de esta cuenta personal, la jueza Vivian Polanía también comparte imágenes en las que se le ve usando poca ropa. Por ello, se ha dado a conocer en redes sociales como “la jueza más sexy de Colombia”, hecho que le ha causado otras varias críticas.
Para el año 2020, cuando su función como togada se vio relacionada con estas imágenes que comparte a través de las redes sociales, se generó un gran debate por las labores que cumple, frente al contenido que publica.
Este viernes Néstor Morales periodista de Blu Radio habló con Vivian y contó lo siguiente: «La jueza está destrozada, estuvo llorando todo el tiempo. Es una mujer joven, ya había sido objeto de un llamado de atención por sus publicaciones en redes sociales. Ella me dice que ha sido diagnosticada con síndrome de depresión y ansiedad. Lloraba y lloraba. Asegura que lleva encerrada tres años en su casa, porque ha sido víctima de amenazas de muerte. Tiene escoltas, no sale de su domicilio y por eso estaba despachando en la audiencia desde su casa», indicó Morales.
Según la versión de Polanía, tiene sobrecarga de trabajo y trabaja demasiadas horas al día. Además, contó que estaba fumando, a pesar de haberlo dejado hace varios años y que volvió a hacerlo debido a la ansiedad.
Fiscalía incautó $759’950.000 que eran transportados en un vehículo de gama alta en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.
El dinero estaba distribuido en fajos de billetes de $50.000, embalado en plástico negro y cinta, y cada paquete tenía como marca particular una carta de póker en la parte superior. La millonaria suma permanecía oculta en una bolsa de papel regalo que los ocupantes llevaban en la silla trasera del lujoso carro.
Dos hombres que se movilizaban en el vehículo fueron indagados sobre la procedencia y destino de los casi 800 millones de pesos, sin embargo, ninguno dio respuesta alguna, por lo que fueron detenidos.
En audiencia pública la Fiscalía imputó el delito de lavado de activos. El juez de control de garantías avaló los procedimientos de captura, decretó la suspensión del poder dispositivo con fines de comiso sobre el dinero y el carro e impuso medida de aseguramiento en cárcel contra uno de los detenidos identificado como Jairo Roberto Figueroa Guerra.
La Fiscalía apeló la decisión de libertada otorgada a Ilich Antonio Jaimes Quitiam, el otro procesado, quien ya había sido condenado por lavado de activos y su comportamiento evidenciaría una continuidad de la actividad delictiva.
Las investigaciones continuarán con el ánimo de establecer la procedencia de los $759’950.000 incautados y tener claridad respecto a las personas involucradas en el transporte y uso de la millonaria suma.
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Ante un juez con función de Control de Garantías la Fiscalía les imputo cargos a dos hinchas del equipo de fútbol los Millonarios, por su presunta responsabilidad en la muerte de Carlos Andrés Junior Virviescas, hincha del Alianza Petrolera.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo 2 de abril cuando en medio de una riña entre los equipos fue apuñaleado Junior Virviescas, quien trató de disolver la pelea por la vía del diálogo.
Posteriormente los presuntos responsables fueron capturados y dejados en libertad por un juez de control de garantias, que decretó la ilegalidad de sus capturas.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó nuevamente ante un juez la orden de captura, logrando ser aprehendidos nuevamente cuando estaban en el aeropuerto de Bucaramanga esperando su vuelo con destino a la capital del país
En audiencia que se realizó hoy en Barrancabermeja, Juan Pablo Rodríguez Alvarado, aceptó los cargos imputados por homicidio agravado. Por su parte, Cristian Mauricio Parada Ascensio se abstuvo de hacerlo.
Mañana a las 8 a.m en el Palacio de Justicia del Puerto Petrolero se llevará a cabo la audiencia de solicitud de imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario.
Un Juzgado confirmó medida de aseguramiento contra Luis Javier Rojas Morera, hijo de una funcionaria del Congreso capturado con $613 millones en efectivo el año pasado en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrabando, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y favorecimiento al contrabando en contra de 19 personas, presuntas integrantes de una organización delictiva dedicada al contrabando técnico de telas, configurando operaciones ilegales de lavado de activos en aproximadamente $130 mil millones.
Un juez de conocimiento de Bogotá decidió dejar en firme la decisión del juez 61 de garantías que le dio la libertad al empresario Víctor Maldonado y le retiró el brazalete electrónico, aparato con el cual el Inpec lo vigilaba constantemente.
La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos para el próximo 15 de marzo al ex vicepresidente del Banco Agrario el señor Alejandro Jiménez, quien se desempeña actualmente como gerente empresarial de banca de inversión en la misma entidad, por presuntas irregularidades que se presentaron en el polémico préstamo al consorcio Navelena (proyecto de navegabilidad del río magdalena) que tenía convenio con el consorcio de la multinacional Odebrecht.
La Fiscalía General de la Nación descubrió que en Medellín existía una empresa exportadora de oro que simuló operaciones por 1.3 billones de pesos en transacciones comerciales con habitantes de la calle, taxistas, panaderos y hasta muertos.
En las últimas horas las autoridades incautaron un cargamento de cocaína que estaba en ladrillos de construcción que serían exportados hacia Holanda desde el puerto de Cartagena (Bolívar).
