En importante foro, la Contraloría General de la República, dio a conocer un estudio sobre los ingresos y gastos del sistema de Justicia y Paz, con motivo de los 20 años de vigencia de la Ley 975 de 2005 que le dio origen. Las intervenciones de la ministra de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura completaron las luces y sombras del primer esfuerzo colombiano en justicia transicional para juzgar principalmente a los jefes del paramilitarismo después del Pacto de Ralito que culminó con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La ministra observó, cómo lo novedoso del esfuerzo que se emprendía llevó a la justicia a tardarse siete años en su organización, pues no estaba estructurada, ni peparada, para enfrentar macro-casos de juzgamiento de los máximos responsables de las múltiples estructuras regionales criminales, con números elevados de víctimas y de hechos victimizantes.
A la primera audiencia realizada para escuchar la versión libre de Mancuso, se presentaron 3.500 víctimas al Bunker de la Fiscalía que no tenía donde acomodarlas. En total, entre 2006 y la fecha de corte de junio de 2024, Justicia y Paz recogió en versiones libres 260.128 hechos delictivos, de los cuales imputó la mitad, con afectación de 256.379 víctimas. Mediante las 89 mega sentencias expedidas hasta la fecha, 921 postulados (11,85% de los imputados) han sido condenados por 15.236 hechos delictivos que afectaron a 40.450 víctimas (15,8% de las relacionadas en las imputaciones). Si bien es un avance que se debe reconocer, Justicia y Paz tiene todavía mucho camino por recorrer para satisfacer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las restantes 210.000 víctimas identificadas en las versiones libres. Las cifras son alarmantes y muestran que después de 20 años, se asoma la impunidad.
La ministra señaló que fue precisamente Justicia y Paz la que abrió el camino de la centralidad de las víctimas que se concretó en el Acuerdo de Paz de la Habana, como vía indispensable entre la guerra y la paz. El presidente del Consejo de la Judicatura, a su vez, reclamó porque a los magistrados de Justicia y Paz se les dejó solos, penando con el sufrimiento de las víctimas que reclamaba satisfacción.
Al entender la magnitud de la tarea encomendada en un campo del derecho penal que no se había ensayado en el país, sus sentencias son verdaderos homenajes a la verdad. Parecen tesis doctorales en historia de la parte del conflicto armado menos publicitada y, en muchos casos invisibilizada. Cuando se supo que los jefes de las AUC estaban señalando, con nombre propio, a autoridades militares, políticas, civiles y judiciales, empezó a regir una especie de pacto de silencio. Pocos medios relataban los hechos que denunciaban los comandantes paramilitares pues pisaban callos del poder. Sorpresivamente, en 2008, fueron extraditados a Estados Unidos en lo que se denunció en la época como un esfuerzo por silenciar la verdad que descargaban a borbotones.
Esas 89 sentencias de Justicia y Paz dieron traslado a la Justicia Ordinaria de más de 14.000 terceros involucrados en los hechos delictivos investigados. Sus procesos, sí es que fueron iniciados, duermen el sueño de los justos.
Como con el Informe de la Comisión de la Verdad, frente a las sentencias de Justicia y Paz, se percibe el afán de esconder la historia y cargarle el peso muerto de la violencia solamente a las FARC y a los grupos alzados en armas. La única manera de conseguir la no repetición es con la verdad completa que Justicia y Paz fue pionera en revelar y la Comisión de la Verdad en completar el retrato de nuestras múltiples fuentes de victimización y violencia.
Clara López Obregón
