El dictamen de Medicina Legal entregado a la Fiscalía General de la Nación que determina las causas de la muerte del diplomático, Nicolás Ávila, establece la presencia de sustancias psicoactivas en su organismo.
El documento revelado por el diario El Tiempo señala que en su cuerpo se encontraron este tipo de sustancia lo mismo que hematomas.
«Dentro de los hallazgos del examen externo se encuentran lesiones de trauma de tipo contundente por hematomas en región facial y cuello, abrasiones en región facial y excoriaciones en región abdominal y hombro derecho», dice el documento.
«las lesiones contundentes no son letales y corresponden a una dinámica de forcejeo y reducción; La muerte se explica por un trastorno del ritmo cardíaco secundario a intoxicación por cocaína asociado a Delirio Hiperactivo con Agitación Severa», puntualiza el dictamen.
Familiares de Nicolás Ávila piden a la Fiscalía continuar con la investigación porque para ellos resulta extraño que no se le haya brindado la atención oportuna.
De acuerdo con el dictamen del Instituto de Medicina Legal, el menor Dylan Santiago Castro fue asesinado por asfixia. Los hechos ocurrieron en la zona rural de la localidad de Usme.
El documento de Medicina Legal reseña que el menor de edad no tenía signos de violencia sexual, pero la causa de su muerte fue asfixia mecánica. La madre del menor denunció su desaparición en los últimos días generando las alertas de las autoridades.
La policía judicial activó los protocolos fijando una búsqueda en el perímetro de la finca», operativo en el que estuvo al frente general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
De acuerdo con reporte de Medicina Legal, todas las muertes violentas en Colombia, hasta el mes de julio de 2023, han aumentando, incluidos los homicidios, mientras MinDefensa y la Policía Nacional dicen que están disminuyendo.
Los homicidios han aumentado en un 5.5% entre enero y julio de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior, son 412 casos más.
La diferencia entre las cifras que maneja Mindefensa y Medicina Legal seguramente está relacionada con la exclusión de algunos homicidios por parte de la Policía, cómo es el caso de los homicidios por “uso legítimo de la fuerza”, por legítima defensa y preterintencionales. Esto no solo pone en cuestión las cifras, sino que se anticipa, de manera irregular, a la calificación que sólo pueden dar los jueces tras los juicios que adelantan para condenar o absolver a los posibles victimarios.
Cómo se puede ver en el cuadro anexo, también han aumentado los muertos en siniestros viales en un 5%, los suicidios en un 17% y las muertes accidentales en un 7%.
La Policía de Valleduparconfirmó el hallazgo del cuerpo del militar Miguel Ángel Agresot Rodríguez, de 35 años ven el sector Playa Maravilla, a un costado del turístico río Guatapurí. El cadáver fue reportado por las bañistas.
El cuerpo presentaba heridas con armas cortopunzantes, por lo que fue llevado a Medicina Legal de Cartagena para tratar de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del asesinato.
Definitivamente, con el concepto de “Homicidio Intencional” las cifras que hoy está entregando Bogotá no incluyen los homicidios que se ejecutan en “uso legítimo de la fuerza” (abatidos por la Fuerza Pública), legítima defensa, homicidios preterintencionales y accidentales.
Estos cambios se sustentan en que las cifras de la Policía -SIEDCO- se están ajustando con base en el documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC “Clasificación Internacional de delitos con fines estadísticos” que define el homicidio intencional como “La muerte ilícita causada con la intención de causarle la muerte o lesiones graves” .
Frente a estos cambios, que seguramente tienen su justificación, surgen una serie de interrogantes y cuyas respuestas son necesarias para garantizar la confiabilidad de las cifras y la posibilidad de ser contrastadas entre los departamentos y municipios del país, con otros países y ciudades de la región y del mundo y entre periodos de tiempo más a menos largos.
¿En qué periodos de tiempo, años, se van excluir los homicidios que se ejecutaron en Colombia (departamentos y municipios) en “uso legítimo de la fuerza” (abatidos por la Fuerza Pública), legítima defensa, homicidios preterintencionales y accidentales, 10 años, 20 años, 30 años? Esto para poder determinar los periodos de comparación.
¿En qué países de la región y del mundo se está adelantando esta tarea de exclusión de estos tipos de homicidios? Esto para saber con qué países, municipios y ciudades nos podemos comparar.
¿Esta exclusión está siendo discutida con el distrito y las demás ciudades del país que manejan sistemas de información y observatorios de violencia y delincuencia?
¿Esta exclusión está siendo discutida con la Rama Judicial? Esto porque al final del proceso de investigación de cualquier homicidio es el juez el que determina, con base en acerbo probatorio, el tipo de homicidio y toma la decisión de absolver o condenar.
Cómo evitar lo que pasó con los “falsos positivos”, donde las víctimas en su momento fueron presentadas como “abatidas en combate” y años después se vino a confirmar que fueron dadas de baja de manera ilegítima? Hasta ahora se sabe que fueron más de 6000 los casos registrados en el país.
En esta misma línea ¿Quién determina cuándo un caso de homicidios se da en “legítima defensa”, es “preterintencional” o es “accidental”? ¿Los investigadores de la Policía, de la Fiscalía o los jueces con base en las pruebas recogidas por estos investigadores y el análisis forense?
De acuerdo con la respuesta anterior ¿Cuándo se toma la determinación de incluirlos o excluirlos de las cifras que manejan las instituciones y que deben ser públicas y transparentes?
Estas y seguramente otras preguntas que van a aparecer con la discusión pública sobre la exclusión de los homicidios referenciados en este artículo, las autoridades de seguridad y justicia, que están adelantando esta tarea las deben asumir como un derecho de petición.
Todo esto para seguir avanzando en la confiabilidad de las cifras de violencia y delincuencia, que permiten contar con adecuados diagnósticos y la definición, ejecución y seguimiento de planes y acciones para enfrentar los problemas de inseguridad que hoy preocupan a la mayoría de los colombianos.
De acuerdo con el ente investigador el coronel Dávila fue visto por última vez el 9 de junio en la localidad de Teusaquillo a las 5:40 de la tarde, ingresando al apartamento de un familiar, posteriormente sale del lugar a las 5:53.
Luego, cuando son las 18:13 el coronel llama a Silvia Charry y a las 18:16 conduce la camioneta por los alrededores de su casa, se estaciona en el punto final, se baja el conductor hacía una tienda a comprar una soda. Finalmente, a las 18:18, llega el conductor al vehículo, abre la puerta. Y el teniente se dispara. El informe descarta la presencia de signos de violencia en el cuerpo del coronel.
Según el director de Medicina Legal, se hizo cotejo balístico del arma y de las huellas del coronel con el arma que se disparó. Asimismo, el director informó que el coronel estaba tomando ‘Alprazolam’, un medicamente por un cuadro de ansiedad que padecía.
El equipo de profesionales que participaron en el informe estuvo conformado por tres patólogos, tres balísticos y dos biólogos.
La vicefiscal General, Martha Mancera, anunció una nueva investigación para esclarecer si hubo alguna presión o inducción que hiciera que el coronel Óscar Dávila
El Instituto Nacional de Medicina Legal, estableció que la muerte de Juan Pablo Gonzáles -el hombre capturado por el abuso sexual contra la joven Hilary Castro- se produjo por múltiples heridas, por lo que su deceso, según las evidencias, sería producto de un homicidio.
El cuerpo del presunto violador fue encontrado en la URI de Puente Aranda donde fue recluido luego de su detención. En el lugar de prisión estaban alrededor de 80 presos.
Juan Pablo González fue enviado a prisión tras una investigación luego de conocerse la denuncia de la menor de edad, Hilary Castro, quien asegura que el hombre la abordó al salir de la estación de TransMilenio en la Castellana y amenazándola con un cuchillo la sometió sexualmente.
Con los resultados de Medicinal Legal, la Fiscalía General de la Nación, deberá establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar del asesinato, además de investigar a los funcionarios a cargo de velar por su seguridad.
