El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay se encuentra entre la vida y la muerte, después de un atentado en el reconocido barrio Modelia de la localidad de Fontibón de Bogotá. Al momento de escribir esta columna el pronóstico no es alentador y los reportes periodísticos informan que por la máxima gravedad de sus heridas, el líder del uribismo transitaría las 72 horas más críticas para su salvación.
En la tarde del pasado sábado 7 de junio un presunto sicario de 14 años –un niño convertido en arma política– accionó una pistola de gran poder contra el cráneo de Miguel Uribe en un mitin político al aire libre, consternando a los vecinos de un tranquilo barrio de Bogotá. Lo primero que tenemos que decir es que Miguel Uribe proviene del liberalismo y actualmente lidera las encuestas dentro del partido Centro Democrático alzando su voz política inconforme con el gobierno. El atentado contra su vida no es solo una tragedia personal, es producto de mentes débiles que amenazan la democracia y el respeto por la diferencia del disenso respetuoso, pues nada justifica la violencia política como el respeto por las ideas de todos.
Lo segundo es que cambia totalmente la escena política del país, sumado a que se entra en un espiral de revanchismo violento, como lo acaba de constatar el expresidente Álvaro Uribe mediante un mensaje donde manifiesta que también van a atentar contra su vida, igualmente se conoció el mismo plan contra las precandidatas Vicky Dávila y María Fernanda Cabal, lo que incendiaría de raíz el proceso electoral que se avecina.
Colombia revive sus fantasmas más oscuros, con un preocupante deterioro de la seguridad nacional y la escalada de un lenguaje de odio que rápidamente se materializa en violencia física. La estabilidad institucional pende de un hilo, no solo por el resurgimiento del sicariato y la narcoviolencia que creíamos superados desde los años ochenta, sino -y quizás más alarmante- por una retórica populista que sistemáticamente alimenta divisiones. Este discurso polarizador, cargado de señalamientos personales y un lenguaje de clases confrontacional, ha creado un clima social inflamable, sumado a las contradicciones incongruentes del presidente Petro, mientras condena el atentado contra Uribe Turbay como «un fracaso para el gobierno y el Estado», días antes había vinculado al senador con el polémico Estatuto de Seguridad de su abuelo, Julio César Turbay Ayala, afirmando que era hijo de quien torturó a 10 mil jóvenes. Esta ambivalencia discursiva entre condenar la violencia y al mismo tiempo avivar resentimientos históricos, ejemplifica precisamente el círculo vicioso que hoy amenaza la convivencia nacional.
Por su parte, las cortes colombianas en un comunicado conjunto, alzaron su voz para defender los pilares institucionales de la democracia, subrayando que el disenso político no debe fracturar el Estado de Derecho. Su mensaje central traza el camino a seguir, mediante la construcción de puentes mediante el diálogo genuino, sustentado en valores fundamentales como la justicia, la paz, el respeto a los derechos y libertades individuales, y -quizás lo más urgente en el actual contexto- el respeto por el equilibrio de poderes. Este llamado judicial no es retórico, toda vez que constituye un recordatorio solemne de que las instituciones son el último dique de contención contra la polarización que amenaza con desbordarse. En esencia, las cortes plantean que la fortaleza democrática se mide precisamente en la capacidad de convivir con quienes piensan distinto, sin que esas diferencias deriven en la erosión del sistema político que nos cobija a todos.
Por el lado de la derecha le contestan al presidente tildándolo de enfermo y drogadicto por sus intempestivas, continuas y prolongadas pérdidas de escena. Por los lados del centro político siguen sin rumbo, sin agenda, sin propuestas y sin una interpretación de la realidad nacional.
Como si fuera poco, por el lado de la fiscalía está la peor parte, porque no le ayuda para nada la hipótesis inicial que acaba de proferir la señora fiscal basada en que este grave atentado es producto del crimen para “desestabilizar el gobierno”, la señora fiscal debe aplicar celeridad en este caso y desmarcarse de la idea generalizada ante la opinión pública que ella está al servicio de los intereses del gobierno quien la ternó, sumado a los nubarrones judiciales que la ensombrecen con el caso de Odebrecht en Guatemala, de lo contrario, flaco favor le hace al país y al presidente con esta teoría baladí.
El presidente Petro enfrenta una disyuntiva que debe resolver urgentemente: optar por la moderación mediante un acuerdo político que garantice seguridad para los candidatos y estabilidad institucional -aunque esto contradiga su talante – o persistir en su línea confrontacional impulsando la consulta popular por «decretazo», medida considerada ilegal e inconstitucional por amplios sectores, que alzaría las banderas Bolivarianas de «guerra a muerte» y profundizaría la fractura social. En este momento crítico, donde la democracia exige serenidad y apego a las reglas, el camino del diálogo y el consenso aparece como la única vía para evitar un choque frontal con todas las instituciones del Estado -Congreso, Cortes y organismos de control- que, de materializarse, podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes y sumir al país en una espiral de violencia política difícil de contener.
Más allá de la tragedia personal, el país enfrenta el reflejo de un clima político donde la diferencia ideológica se ha deformado hasta el punto en que se expresa con violencia, y no con debate democrático. La pregunta urgente es si sobrevivirá la institucionalidad colombiana en las próximas 72 horas, pues insistir en la cuestionada consulta popular por decretazo sería cavar la tumba institucional. Urge un acuerdo mínimo que incluya el desmonte de la consulta, impartir justicia expedita y garantizar seguridad electoral. Si los señores de la política eligen la confrontación, resucitarán los peores demonios de nuestra historia, este es el momento definitivo que exige grandeza para dejar atrás los discursos de odio y priorizar la estabilidad democrática.
Luis Fernando Ulloa
