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Colombia debe ir hacia un nuevo pacto social 2026 desde lo público, lo Comunitario y la Justicia Social

Escrito por Marcela Clavijo en Dic 9, 2025. Publicado en Opinión.

Hoy, más que nunca, es necesario defender lo público como herramienta de transformación social y respaldar políticas progresistas que permitan construir, desde abajo y con la gente, un país más justo, feminista, democrático e igualitario.

Por Marcela Clavijo P.

Colombia atraviesa un momento decisivo. Tras años de estancamiento económico y profundización de las desigualdades, el país muestra señales de recuperación: un crecimiento del 2,4% en la primera mitad de 2025, superior al 1,6% de 2024, impulsado por el consumo privado, la reactivación del gasto público, la reducción de la inflación y una leve flexibilización de las tasas de interés. Este contexto abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia un pacto social inclusivo, tal como propone el nuevo gobierno del presidente Juan Manuel Santos, centrado en la prosperidad democrática, la ampliación de derechos y la redistribución efectiva de las oportunidades.

Sin embargo, las cifras económicas no son suficientes para comprender la realidad social del país. Un análisis con enfoque diferencial e intersectorial evidencia que el bienestar no se distribuye de manera homogénea: persisten brechas regionales, desigualdades de género, disparidades intergeneracionales y profundas inequidades socioeconómicas que exigen un rol más fuerte, coordinado y estratégico del Estado.

1. El contexto socioeconómico: avances frágiles y desigualdades persistentes

Aunque la proyección de reducción de la pobreza al 37% en 2024 parece alentadora, este indicador aún refleja la precariedad estructural del modelo económico históricamente centrado en el mercado. El salario mínimo de $1.300.000 COP, equivalente a apenas $323 USD, no permite cubrir ni siquiera los gastos básicos, cuando el costo real de vivir con dignidad asciende a cerca de $546 USD mensuales.

Este desajuste entre costo de vida y poder adquisitivo demuestra que la población trabajadora —y en particular las mujeres, jóvenes, personas diversas sexualmente, rurales y étnicas— sostienen la economía mediante trabajos informales, precarizados y mal remunerados, mientras soportan las cargas históricas de cuidado no remunerado y barreras de acceso a salud, educación, transporte e internet.

2. El rol del Estado: la recuperación solo es posible desde lo público

En un país donde el 47,6% de los hogares depende del arriendo, donde solo 59,5% tiene acceso a internet y donde las desigualdades territoriales se profundizan, el papel del Estado no puede limitarse a la regulación del mercado.

El crecimiento de 2025 no se explica por la liberalización económica, sino por la expansión del gasto público y las mejoras en condiciones monetarias. Esto confirma las tesis progresistas que sostienen que el desarrollo sostenible depende de la intervención estatal, la planificación territorial, la inversión social y la redistribución del ingreso.

El gobierno que inicia tiene la oportunidad y el desafío de recuperar la legitimidad y la fuerza de lo público, defendiendo un modelo donde:

• La seguridad es entendida como seguridad humana y no solo militar.

• La salud es un derecho garantizado por el Estado, no un negocio intermediado.

• La educación se concibe como motor de igualdad social.

• La economía popular es reconocida como pilar central del desarrollo.

• El acceso a la vivienda y los servicios públicos es universal, digno y asequible.

3. Enfoque diferencial: las desigualdades afectan de manera distinta a cada población

Un análisis progresista exige reconocer que las condiciones de vida en Colombia no afectan por igual a toda la población.

Las brechas son claras:

• Mujeres: enfrentan baja inserción laboral, sobrecarga de cuidado y peores salarios.

• Juventudes: padecen mayor desempleo, inestabilidad laboral y falta de acceso a vivienda y educación superior.

• Poblaciones LGBTIQ+: experimentan discriminación laboral, violencia y precariedad económica.

• Comunidades rurales y étnicas: viven rezagos históricos en infraestructura, conectividad y servicios básicos.

• Personas mayores: tienen pensiones insuficientes y acceso limitado a salud de calidad.

Este mosaico social exige que cada política pública —desde el empleo hasta la salud, desde la vivienda hasta la seguridad— incorpore un enfoque interseccional que reconozca las experiencias diferenciadas y articule respuestas integrales.

4. Intersectorialidad: el desarrollo no depende de un solo ministerio

Los desafíos en regiones como Risaralda —seguridad, desempleo, infraestructura y desarrollo económico— no pueden abordarse de manera aislada. Las políticas deben construirse desde la intersectorialidad, es decir, mediante la articulación efectiva entre:

• Desarrollo Social

• Educación

• Salud

• Vivienda

• Transporte

• Cultura

• Trabajo

• Agricultura

• Igualdad y Equidad de Género

• TIC

Solo así será posible cerrar brechas estructurales y avanzar hacia un modelo de bienestar integral.

5. Hacia un proyecto de país con justicia social y democracia profunda

La recuperación económica no tendrá impacto real si no se transforma en justicia social, mayor redistribución del ingreso y ampliación de derechos. Un proyecto progresista debe asumir que la prosperidad no es solo crecimiento, sino:

• Trabajo digno y decente para toda la población.

• Salud y educación públicas y universales.

• Seguridad humana, ambiental y económica.

• Participación ciudadana amplia y vinculante.

• Políticas fiscales progresivas donde quienes más tienen aporten más.

• Cuidado como pilar del modelo económico.

El pacto social que propone el nuevo gobierno debe ser, ante todo, un pacto por la vida digna, la igualdad, la paz territorial y la consolidación de un Estado social de derecho robusto que garantice derechos, regule al mercado y actúe de manera eficaz para cerrar brechas históricas.

Conclusión: Colombia 2025 exige más Estado, más igualdad y más democracia

El país avanza, pero de manera desigual. El crecimiento económico debe traducirse en bienestar para las mayorías y no solo en cifras macroeconómicas positivas. Los desafíos que enfrenta Colombia requieren un Estado fuerte, protector y redistributivo, comprometido con la justicia social, la equidad territorial y la dignidad de todas las personas. Hoy, más que nunca, es necesario defender lo público como herramienta de transformación social y respaldar políticas progresistas que permitan construir, desde abajo y con la gente, un país más justo, feminista, democrático e igualitario

Marcela Clavijo

Crónica del consejo de los mercados

Escrito por Fabián Herrera en Dic 8, 2025. Publicado en Opinión.

En el Reino del Águila, donde las torres de cristal observan el firmamento y los oráculos interpretan los números como constelaciones vivientes, surgió un presagio inquietante: el Informe ADP, guardián de la fuerza laboral, reveló –32 mil guerreros perdidos, la señal más débil vista en muchas lunas.–

Los sabios murmuraban en los pasillos del poder:

—“La Gran Fed deberá liberar un nuevo recorte de tasas…”

Pero otros advertían:

—“El verdadero juicio, el reporte oficial de empleo, solo hablará después de la gran asamblea.”

Y, sin embargo, la economía del Águila seguía fuerte, como un gigante que tambalea, pero jamás cae.

Ahora todos los reinos del oeste aguardan el miércoles próximo, día en que se reunirá El Gran Consejo de la Fed.

Los profetas anuncian con un 90% de certeza que la tasa será reducida nuevamente, pero recuerdan la advertencia de las últimas dos lunas:

la Fed baja el escudo… pero habla con voz severa, dura como hierro.

Ese doble lenguaje ha fortalecido al Dragón Dólar y frenado las marchas victoriosas de acciones y tesoros.

Más al sur, sin embargo, los reinos de Chile, Brasil, México y Colombia avanzan como ejércitos indomables, alcanzando alturas no vistas desde antes de los últimos dos concilios de la Fed.

Pero un poder más antiguo se despierta al oriente.

En la Tierra del Sol Naciente, los bonos a 10 años se alzan hasta 1.95%, tocando las puertas del mítico nivel del 2%, un muro que no ha sido cruzado en veinte años. Los magos del mundo entero contuvieron el aliento.

En Latinoamérica, los mercados marchan con resiliencia heroica. Las bolsas alcanzan nuevos picos y las monedas se detienen en su avance…excepto por dos guerreros rebeldes: Chile, impulsado por los vientos electorales y el vigor del cobre, y Colombia, sostenida por la intervención silenciosa de Crédito Público.

En el corazón del Reino Colombiano, el Banco de la República se prepara para una de sus decisiones más difíciles. Dos fuerzas colosales chocan en el centro del salón:

Fuerzas que empujan a subir la tasa:

• un riesgo fiscal que se expande como sombra creciente,

• ventas masivas de TES,

• el deterioro en la confianza de los inversores,

• y voces políticas que resuenan en los corredores.

Fuerzas que piden bajar la guardia:

• la inflación desciende,

• los alimentos caen como trigo en abundancia,

• el peso se ha fortalecido con brío,

• y el IPP cae 1.51% en noviembre.

El desenlace probable, según los sabios:mantener la tasa en calma, pero hablar con tono severo… o incluso subir 25 puntos básicos si los presagios se oscurecen.

Pero todos conocen el verdadero árbitro:

El Dragón Dólar.

Si se alza en vuelo, será señal de duda, si permanece sereno, será señal de confianza.

La Guerra Electoral del 2026

Los oráculos de Invamer revelaron los nuevos destinos:

Cepeda lidera la primera vuelta con 32%, apoyado por una izquierda unificada. La derecha suma más, pero está dividida en mil pedazos, con De la Espriella al frente con 20%. El centro, con Fajardo debilitado, lucha por mantenerse con vida. Los duelos de segunda vuelta muestran sendas distintas, pero una certeza:

Cepeda es casi seguro llegará al combate final. Los mercados, sin embargo, no tiemblan. Saben que la batalla está lejos y el campo aún se llena de nuevos contendientes.

Fabián Herrera

El Congreso que Colombia necesita: razones para reconstruir su papel en la democracia

Escrito por Daniel Gómez Gaviria en Dic 8, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia se juega en 2026 algo más que un cambio de gobiernos: se juega la calidad de sus instituciones. Podemos tener presidentes brillantes, planes ambiciosos y diagnósticos acertados, pero sin un Congreso capaz de tramitar reformas sensatas, controlar al poder y legislar con visión de largo plazo, la democracia se vuelve ruido, no progreso. La historia reciente lo demuestra —cuando el Congreso funciona como escenario de transacción inmediata, captura de intereses o producción legislativa sin análisis, el país avanza poco, gasta demasiado y profundiza sus conflictos. Por eso urge recuperar su rol original: ser el corazón del debate democrático.

Primero, el Congreso debe volver a ser el centro del debate público y programático. El lugar donde se confrontan ideas con altura, no trincheras donde se profundizan odios. Un Congreso deliberativo es el que defiende posiciones, argumenta, persuade y construye desde el desacuerdo. La polarización ha sustituido la política por el grito moralizante. Urge restaurar la conversación democrática donde las mayorías se construyen con razones y no con ruido; donde la palabra vuelva a tener poder para abrir caminos y no para cerrarlos. Colombia no necesita unanimidad, necesita acuerdos mínimos para avanzar. Y esos acuerdos solo nacen donde existen instituciones capaces de soportar la diferencia: el Congreso.

Segundo, el país necesita un Congreso que legisle con evidencia. En una economía con bajo crecimiento, informalidad crónica y un Estado fiscalmente presionado, cada ley debe pasar un examen serio: ¿Cuánto cuesta? ¿A quién beneficia? ¿Quién paga? ¿Dónde se concentra el impacto? Hoy la creación de normas rara vez incorpora estudios de costo-beneficio, impactos diferenciales en regiones o efectos esperados en productividad. La Oficina de Asistencia Técnica del Congreso —creada pero aún insuficiente y sin operar— debe convertirse en un centro permanente de análisis económico-jurídico independiente, similar a las oficinas presupuestales legislativas en democracias consolidadas. Las leyes necesitan memoria técnica, no solo intención política.

Tercero, legislar es gobernar con consecuencias. Hay leyes simbólicas que no cambian nada y leyes mal diseñadas que destruyen empleos, inversión o servicios públicos. Un buen senador debe entender política pública: saber anticipar efectos indeseados e incluso los inesperados. El salario mínimo excesivamente alto excluye jóvenes; el exceso de trámites expulsa microempresas de la formalidad; subsidios mal focalizados se convierten en gasto ineficiente. Legislar con conocimiento es saber cuándo una ley transforma para bien y cuándo es mejor no legislar. A veces gobernar es permitir que el mercado y la sociedad civil resuelvan problemas sin intervención. La sobrerregulación, tan colombiana, debe dar paso a la regulación inteligente.

Cuarto, el Congreso es el núcleo del control político. No para bloquear gobiernos sino para mejorar las decisiones y evitar abusos de poder. Controlar no es perseguir; es garantizar transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal. Un Congreso pasivo permite que el Ejecutivo expanda el gasto sin sustentos, acumule poder y tome decisiones improvisadas que después pagan los ciudadanos. Un Congreso activo obliga a explicar, justifica y corrige. La descentralización, la inversión pública, la transición energética, la política social y la estabilidad macroeconómica requieren un Congreso que pregunte, cuestione y proponga.

Quinto, el Congreso debe ser guardián de las libertades. Su responsabilidad es proteger el pluralismo, la libre empresa, la competencia económica, la libertad de prensa, la independencia del Banco de la República y los derechos individuales. Una democracia liberal necesita pesos y contrapesos: un Estado que regule pero no asfixie, inversión privada que prospere sin privilegios, un ciudadano que pueda emprender sin pedir permiso a cien oficinas. El Congreso debe actualizar y depurar el marco legal —eliminar normas obsoletas, simplificar reglas, reducir costos regulatorios y crear un ambiente donde producir, innovar y trabajar sea más fácil que evadir o huir.

Colombia necesita un Congreso que piense a largo plazo. Capaz de procesar conflictos, construir acuerdos, medir impacto, corregir rumbos y defender libertades. El futuro no se juega solo en el Ejecutivo. Se juega en el Congreso que tengamos. Un Congreso débil hace gobiernos débiles. Un Congreso serio hace que los países crezcan, confíen y prosperen.

En 2026 no elegiremos solo personas. Elegiremos el tipo de democracia que queremos.

Daniel Gómez

De aquellos polvos…

Escrito por Almudena González Barreda en Dic 8, 2025. Publicado en Opinión.

El expresidente Zapatero, hoy lobista pro Venezuela o lo que es lo mismo vedette a sueldo Maduro, amigo de Petro y de cuantos progresistas quedan en occidente ha multiplicado su patrimonio inmobiliario por 115 desde que dejó la Moncloa. Yo de mayor quiero ser vedette de un narco estado. Lo digo desde aquí, por si me lee alguien y me quiere contactar.

Renta bro, como dicen mis hijos, trabajar para los que manejan el flujo de los cientos de millones que se mueven desde Venezuela a Colombia, de Colombia al Caribe, del Caribe a Centro América, de ahí a México, de México a Estados Unidos… Pero de Venezuela a España, pasando también por Marruecos, de Marruecos a… No sólo compensa por multiplicar tu fortuna, sino por sanear financieramente el estado de la descendencia, los amigos y algunos conocidos.

La descendencia de Zapatero la conocimos en 2009 y nos asustó por el espantajo gótico del cuadro; dos hijas de carita palurda, rechonchas, de eye liner a carbón, uñas color escarabajo y vestidos largos y oscuros como el hábito de una bruja en una noche de invierno alemán. Hace poco hemos sabido que las niñas ya son señoras de cara rechoncha, dueñas de una empresa y de propiedades inmobiliarias, seguramente socialistas como el padre, gracias al cual no forman parte de esa juventud española sin poder adquisitivo suficiente para un piso. No seré yo la que critique que tu padre te ayude a dar tus primeros pasos, pero sí critico la procedencia de esa ayuda. Pensándolo mejor, tal vez no quiero trabajar para ese entramado del narcotráfico, no me llamen, prefiero seguir siendo una pobre mortal distributista y dejar que mis hijos se lo curren y yo les ayude en lo que pueda.

Pero este señor de cejas arqueadas, como las de Mr. Bean, es el tonto del progresismo internacional. Blanqueador de un dictador que se ha robado unas elecciones y tiene secuestrado a todo un país, Venezuela, que ha pasado de ser motor de Hispanoamérica a quedarse a la cola del mundo desde que pasó del capitalismo al comunismo de Chávez, y ahora es la narcodictadura de Maduro y Zapatero su relaciones públicas internacional. Deseando estoy de que hable “el pollo Carvajal” y tire de la manta y con él caiga el hombre de la ceja. Sí, le tengo inquina y no es por ser una vedette, sino por malvado. Por ser el de “conviene que haya tensión”, por ese revisionismo histórico de la guerra civil y por ser el blanqueador de un terrorismo que hoy se sienta en el congreso de los diputados y todavía no ha pedido perdón. Porque de aquellos polvos… estos lodos.

El mismo Zapatero, ex presidente español, que sentó las bases para que hoy en España resuene cada poco tiempo ese discurso de unidad, memoria y concordia tan cursi y falso como el que claman los sanchistas y los acólitos del régimen como si los años de transición, de los gobiernos de González y de Aznar, hubieran sido tiempos siniestros y oscuros. Siniestros fueron por la existencia de los terroristas de ETA y del Grapo. Hoy desaparecidos como tal, pero insertados en grupos parlamentarios, y eso sí es oscuro.

Todo lo que hoy vivimos con Sánchez; las cesiones a los separatistas, los herederos de ETA como hombres de paz, la persecución a los jueces, el señalamiento a periodistas no afines… toda esa degradación institucional está dirigida al único fin, deshacer la España constitucional que nació tras un proceso de perdón y olvido; la transición, y convertirla en un estado federal comunista y republicano, donde la élite – esos políticos corruptos- vive a cuerpo de rey y el resto les pagamos la fiesta.

El socialismo actual español, el de Zapatero, responde a ese proyecto malvado y el error de Pedro, su heredero, ha sido enriquecer a los suyos antes de tiempo. Le han podido las ansias y les han pillado con más manos en las nalgas, digo en la masa.

Y para que dejemos de pensar en ello arman cortinas de humo ridículas, como las Charos, o como decir que la izquierda abertzale era pacifista (como dijo una indocumentada vedette progresista en TVE este fin de semana) o como el miedo a los fascistas… para que olvidemos que: un Peugeot con cuatro amigos recorrió la península buscando votos para unas primarias socialistas. De ellos, uno ya ha pasado por prisión y otros dos acaban de entran en el módulo tranquilo de Soto del Real… Tic tac sólo queda uno por entrar.

Almudena González

Extremistas

Escrito por Jaime Arango en Dic 7, 2025. Publicado en Opinión.

Hasta hace unos años, la definición de extremismo político era clara. Lenin, Mussolini, Oliveira Salazar o Fidel Castro eran extremistas porque representaban formas del Estado basadas en la supresión de las libertades individuales, ya fuera que esta supresión se justificara por raza, clase, nación o religión. Formas de concebir el Estado que surgieron de la oposición al liberalismo hace ya un poco más de cien años, todas relacionadas con el romanticismo alemán y su evocación del paraíso perdido. Tal vez la definición más sensata de extremismo político provenga de una agencia de seguridad, el MI5 británico: «Extremismo es la promoción o avance de una ideología basada en violencia, odio o intolerancia, que busca derrocar o socavar la democracia parlamentaria, crear un clima de miedo para lograr cambios políticos, religiosos o ideológicos y justificar o legitimar la violencia para alcanzar objetivos ideológicos».

Pero ya no es tan claro. Hay nuevos extremismos: los promotores del concepto del decrecimiento, la teoría crítica de la raza, el aceleracionismo, la Ilustración Oscura, el feminismo de tercera ola, la idea del individuo soberano. The Base y Antifa son también extremismos. Pero ahora los viejos liberales, como Borges, son fascistas y las momias soviéticas son libertarios. Es un caso extremo de inflación retórica. Una palabra que designaba algo muy concreto se ha convertido en un insulto comodín para descalificar a cualquiera que defienda el libre mercado, la libertad de expresión, el universalismo liberal o simplemente critique ciertas políticas identitarias. Es el equivalente moderno de “hereje” o “contrarrevolucionario”: una forma de excomunión moral instantánea.

En Colombia no han existido partidos de extrema derecha con vocación de poder, pero sí partidos y movimientos extremistas de izquierda, representados en organizaciones terroristas, insurgencias y combinaciones de las formas de lucha. Sin embargo, no han estado en condiciones reales de derrocar la democracia parlamentaria y han sido derrotados en las urnas y en el campo de batalla. El verdadero extremismo histórico en nuestro país ha sido lo que podríamos llamar Autoritarismo Elitista. Una entidad inorgánica en la cual confluyen la criminalidad organizada, la clase política, redes de corrupción y activistas radicales en torno a personalidades de las élites tradicionales. Esta asociación ha sido siempre antiliberal, hostil a la democracia y al libre mercado, y durante décadas ha impedido el desarrollo de las clases medias, excluyéndolas de la comunidad política.

Las élites autoritarias han promovido la confrontación social y la división, no siempre con éxito, para lo cual han creado el relato de la polarización y han sustentado su alianza con el crimen a través de la causa de la paz. El elitismo autoritario es socialista porque este modelo de Estado les permite capturar mejor los recursos de la sociedad y contar con un Estado grande que facilita las redes de corrupción y la creación de monopolios. Estos extremistas del ultraindividualismo van adaptando su relato a los acontecimientos. No hace mucho eran los “amigos de la paz” y los ciudadanos eran los “enemigos de la paz”; ahora se autodefinen como “el centro”, centro entre extremos que no existen, y por eso su “centro” no tiene representación: no es más que un relato vacío.

Esta facción extremista, alzada contra la democracia, la libertad y la gente, se ha visto, por primera vez en décadas, confrontada por un movimiento ciudadano y popular, lo que nos ha permitido tener claridad en cuanto a que la única y verdadera confrontación que existe en Colombia es la que esta élite ha impuesto. En esta elección, que no es una elección sino un reordenamiento de poder, el autoritarismo elitista está quedando al margen. Su narrativa culpabilizadora, según la cual quienes no refrendan su mandato son extremistas, ha dejado de tener sentido. Ya la gente entendió que los extremistas son ellos.

Jaime Arango

Cuando el miedo de nuevo pretende gobernar

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Dic 7, 2025. Publicado en Opinión.

Colombia es una nación que ha sobrevivido a heridas profundas, pero también es un país al que algunos sectores insisten en desgarrar por dentro mediante palabras que no pretenden dialogar sino dividir. La polarización no aparece de manera espontánea. Es una estrategia cuidadosamente construida por sectores políticos que han convertido el miedo en una herramienta de poder, un recurso para deslegitimar al que piensa distinto y para frenar cualquier posibilidad de transformación social. Cada frase estigmatizadora, cada señalamiento vacío, cada grito envenenado, ha ido moldeando un ambiente donde la sospecha pesa más que los argumentos.

En este clima crispado el país fue testigo de un momento que dejó al desnudo la gravedad de ese discurso. La senadora Paloma Valencia, en plena sesión del Congreso, le gritó al senador Iván Cepeda la expresión mándeme a matar. Esa frase no fue un desliz ni un arrebato. Fue la expresión más clara de un estilo político que busca deshumanizar al adversario y sembrar la idea de que la izquierda democrática es una amenaza mortal. Fue la evidencia de un deterioro profundo en nuestra convivencia institucional, una muestra de cómo la violencia simbólica sigue contaminando la vida republicana.

Durante años hemos escuchado las mismas advertencias desprovistas de sustento. Aseguran que la izquierda entregará el país a los violentos. Que la búsqueda de la paz es una capitulación. Que defender derechos humanos equivale a apoyar criminales. Que las reformas sociales conducirán al caos económico. Que la igualdad es apenas una excusa para imponer dictaduras imaginarias. Estas fórmulas no tienen como propósito ayudar al país. Su función es impedir que la ciudadanía mire de frente los verdaderos problemas que nos afectan, como la desigualdad estructural, la corrupción enquistada, el narcotráfico que destruye territorios y la falta de oportunidades que condena a millones a una vida de exclusión.

La polarización se convierte así en una herramienta para proteger privilegios, no para defender principios. Cuando se demoniza la paz, lo que se teme no es la violencia sino la verdad. Cuando se condena la justicia social, lo que se protege no es la economía sino un orden desigual que beneficia a unos pocos. Y cuando se ataca a quienes buscan cambios democráticos, lo que está en juego no es la libertad, sino la capacidad de la sociedad para imaginar un futuro distinto.

A esta estrategia del miedo se suma una tendencia igualmente peligrosa. El negacionismo de hechos victimizantes. Negar masacres, despojo de tierras, minimizar asesinatos selectivos, desdibujar desplazamientos o relativizar desapariciones forzadas es un intento de borrar el sufrimiento de miles de víctimas. Cuando se niega la responsabilidad histórica de estos hechos, se intentan limpiar biografías políticas y se oculta la verdad que el país necesita para sanar. No hay reconciliación posible cuando la memoria se manipula, cuando se busca imponer el olvido y cuando se pretende que la impunidad sea un camino aceptable.

En medio de este escenario cargado de tensiones los sectores progresistas, socialdemócratas y de izquierda tienen una responsabilidad enorme. No pueden caer en la trampa del odio. No pueden permitir que la provocación los desvíe del camino. La tarea es mantener un rumbo sereno y propositivo, reafirmar el compromiso con la construcción de paz, la erradicación del narcotráfico, la lucha contra la corrupción y la superación de la desigualdad y la inequidad que siguen dividiendo al país. La respuesta ética no es devolver la agresión sino profundizar el trabajo por la paz, la vida, la justicia y la dignidad de todas y todos los colombianos.

En esta construcción colectiva también es fundamental el papel del sector empresarial. Pequeños, medianos y grandes empresarios están llamados a fortalecer la responsabilidad social de las empresas, a invertir en la gente, a abrir puertas de oportunidad y a promover entornos laborales y sociales inclusivos y justos. Su aporte es indispensable para avanzar hacia un acuerdo sobre el salario mínimo que beneficie a las trabajadoras y trabajadores, que reactive el consumo interno, que dinamice la economía y que afiance la justicia social. Una sociedad más equilibrada garantiza condiciones más estables para el desarrollo y para un crecimiento económico sostenible que respete el medio ambiente, la cultura y la dignidad de cada persona.

La verdadera grandeza política aparece cuando la esperanza se mantiene firme y no se deja absorber por la rabia. Frente a la ofensa, la respuesta necesaria no es elevar el tono sino profundizar el compromiso con la vida, con el entendimiento y con la posibilidad de unir a Colombia en lugar de continuar desgarrándola. A quienes alimentan el miedo se les responde abriendo caminos de futuro. A quienes insisten en dividir se les responde creando comunidad y fortaleciendo el sentido de un país que solo podrá avanzar cuando el respeto y la serenidad sean más fuertes que cualquier provocación.

Colombia necesita que el afecto venza al odio, que la responsabilidad colectiva venza al egoísmo y que la imaginación de un país más justo venza al miedo que algunos quieren seguir imponiendo. Los sectores progresistas, la ciudadanía comprometida con el cambio y los empresarios que creen en el desarrollo con equidad tienen la oportunidad de demostrar que la patria se construye con respeto, con solidaridad y con la convicción de que la dignidad humana es el corazón de cualquier proyecto nacional. Esta patria merece mucho más que una política hecha de insultos y amenazas. Merece un destino donde la vida sea el centro y no la excusa, un futuro donde la esperanza sea más fuerte, un camino donde el desarrollo económico no excluya a nadie y donde el respeto por la naturaleza, la cultura y la dignidad guíe nuestras decisiones colectivas.

Luis Emil Sanabria Durán

¡Al límite!

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Dic 7, 2025. Publicado en Opinión.

En concepto de la presidenta de NATURGAS Luz Stella Murgas, “el déficit de gas en firme seguirá aumentando en los próximos años si no aceleramos los nuevos proyectos que hemos identificado…Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra si se presenta alguna contingencia”, de la cual no estamos exentos.

El déficit de gas, que ahora reconoce el Gobierno, ha obligado a su importación desde diciembre del año pasado para garantizar el cubrimiento de la demanda esencial. Como era de esperarse el precio del gas importado es mayor que el del extraído en el territorio nacional, que también ha subido de precio por la escasez y, como es apenas lógico, el mayor precio se termina trasladando al usuario vía tarifa por parte de las empresas comercializadoras. En su momento el ex ministro Camacho afirmó que esto último no podía darse. Sin embargo, a despecho de sus declaraciones, tuvimos a comienzos de año un incremento en las tarifas de gas en el interior del país que osciló entre el 20% y el 36%!

Eso era previsible y no tenía por qué sorprender a nadie, esos polvos tenían que traer estos lodos. Lo que se está dando en este momento es sólo una escalada del alza de las tarifas de gas de comienzos de año en el interior del país, que ahora se extiende al resto del país a partir de este mes de diciembre dado que los contratos que se habían firmado por parte de las empresas comercializadoras con sus proveedores llegaron a su fin, al vencerse en el mes de noviembre y ahora los nuevos contratos incorporan el componente de gas importado a los precios a los que se cotiza en el mercado internacional. El Alza anunciada para el gas vehicular es del 35%, para la industria el 28% y para gas domiciliario, en promedio, el 14%. Es de advertir que el alza no es mayor gracias a la revaluación del peso con respecto al dólar de 13.5%.

El Ministro de Minas y Energía Edwin Palma reaccionó anunciando “decreto y Resolución para contener el alza y garantizar precios justos”, asumiendo que los actuales no lo son. Y fue más lejos al anticipar que se tomarán “20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país y frenar prácticas especulativas”. De este modo nos estamos retrotrayendo a las declaraciones del entonces Ministro Camacho, quien se negaba a aceptar que había una escasez, un déficit de gas en el país y en su lugar, según el, se estaba dando una especulación por parte de algunas empresas que estaban acaparándolo. Le pidió a la Superintendencia de servicios públicos que lo investigara y todo se quedó en anuncios y de aquello nada, ningún hallazgo.

Huelga decir que la entidad competente para investigar las presuntas “prácticas especulativas”, si hay lugar a ellas y sancionar a la empresas que incurran en las mismas es la Superintendencia, no el Ministerio de Minas y Energía. Y de contera, no hay que perder de vista que el principal jugador en el mercado del gas, por ser el mayor productor y proveedor de gas natural en el país, con el 70%, es la estatal ECOPETROL, que vende el gas a los precios del mercado, no le es dable expenderlo a más bajo precio.

Además, como hemos tenido la oportunidad de advertirlo, debido a la tardanza de la CREG en expedir la Resolución 102 022 de noviembre 28, después de un año de espera, con la cual se facilita la importación y contratación de gas natural a largo plazo por parte de las empresas comercializadoras del mismo y de esta manera transarlo a precios más razonables. A falta de la misma, por una CREG procrastinadora, se vieron compelidas a comprar el gas en el mercado spot, a precios mucho más altos, mediante contratos trimestrales.

Así las cosas, no vemos cómo el MME va a expedir “una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata, evitando presiones adicionales sobre la tarifa” cuando los nuevos contratos ya están firmados y como decimos en mi tierra, después de rayo caído no hay magnifica que valga!

Ahora bien, lo urgente no nos puede llevar a perder de vista lo importante, que es garantizar el abastecimiento, en el entendido que la energía más cara es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere. Para ello será indispensable importar mayores volúmenes de gas, para lo cual se requiere ampliar la capacidad de regasificación, hoy limitada a la SPEC en Barú (Cartagena), que ya está copada. Este es un cuello de botella que limita la capacidad de importación de gas natural.

Se cuestiona por parte del Presidente Petro el “haber dejado”, según él “a un monopolio privado la importación” de gas, cuando la realidad es otra. El llamado Grupo térmico de la Costa, integrado por tres plantas generadoras (TEBSA, Termocandelaria y Celcia) la promovió, con el fin de asegurarse el aprovisionamiento de gas y poder así cumplir con la Oferta de energía en firme (OEF) que se derivaba de la asignación del tan denostado por este gobierno, Cargo por confiabilidad, de la cual habían sido objeto. Me correspondió como ministro de Minas y Energía licenciar su proyecto mediante las resoluciones 062 de 2013 y 022 de 2014. Esa es la explicación de que se instalara por la iniciativa privada y no pública y no otra, como la que se sugiere con suspicacia.

Amylkar Acosta

Los descuentos ilegales de Cundinamarca que desangran a Bogotá

Escrito por Juan David Quintero en Dic 7, 2025. Publicado en Opinión.

La semana pasada Bogotá observó cómo el gobernador Jorge Emilio Rey salió a defender con entusiasmo los descuentos ilegales que Cundinamarca lleva aplicando desde 2015 al impuesto de vehículos. Lo hizo justificando la ilegalidad con unas supuestas cifras, una incierta ineficiencia tributaria y una infundada necesidad de unificar jurisprudencia.

La realidad jurídica y fiscal no se sustenta con conjeturas o supuestos sino con certezas. Hoy reitero mi posición y me ratifico en cada denuncia: mediante un esquema ilegal de descuentos, Cundinamarca le quita a Bogotá las rentas del impuesto de vehículos que deberían financiar nuestras vías y los efectos negativos que generan estos vehículos en la ciudad.

Por eso, el martes pasado radiqué ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una demanda de nulidad contra la Ordenanza 038 de 2025 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, la cual extendió sin competencia hasta septiembre de 2028, descuentos al impuesto sobre vehículos, a vehículos nuevos con motor a combustión por hidrocarburos que sean matriculados en las secretarías de movilidad del departamento.

El gobernador afirmó que los descuentos responden al “principio de eficiencia tributaria”, que no existe una “línea jurisprudencial unificada” y que, al haber un “fallo mixto”, los incentivos no son ilegales.

Incluso sostuvo que una futura sentencia de unificación resolvería el debate. Sin embargo, esa postura lo que realmente busca es justificar una ilegalidad con meras suposiciones.

Porque el Consejo de Estado ya falló y con contundencia. La Sección Cuarta en 2014 y 2022 afirmó que las asambleas departamentales carecen de competencia y extralimitan el ejercicio de sus funciones, cuando establecen descuentos al impuesto nacional de vehículos automotores.

Las razones son evidentes y aplican también a Cundinamarca: (i) el impuesto sobre vehículos constituye una renta nacional, cedida a las entidades territoriales; (ii) de acuerdo con el artículo 147 de la Ley 488 de 1998, los departamentos y distritos solo tienen competencia para administrar y controlar el impuesto, no para conceder beneficios tributarios; y (iii) los descuentos sobre el impuesto de vehículos son competencia del Congreso de la República y no de las asambleas departamentales, según los artículos 138, 139 y 147 de la Ley 488 de 1998 y el artículo 294 de la Constitución Política.

Y sí. En el fallo de 2022 un consejero salvo el voto, pero los tres consejeros restantes estuvieron de acuerdo y declararon la nulidad de los descuentos establecidos por la Asamblea Departamental del Meta al impuesto de vehículos en su jurisdicción.

Este salvamento de voto no significa que exista una “discrepancia” que se debe resolver con una sentencia de unificación. ¿Y por qué? Porque hay dos fallos en firme que evidencian contundentemente la ilegalidad de los descuentos al impuesto de vehículos que establecen los departamentos. Por lo que en este caso no se requiere unificar o sentar jurisprudencia, precisar su alcance o resolver las divergencias en su interpretación y aplicación.

La jurisprudencia del Consejo de Estado no deja zonas grises. El gobernador omitió estos argumentos esenciales, quizás porque desarman su defensa a los descuentos ilegales que busca proteger.

Mientras tanto, el impacto fiscal recae sobre Bogotá, no sobre Cundinamarca. Los datos lo muestran sin necesidad de subrayados. El departamento recaudó casi tanto por habitante como la capital, incluso aplicando descuentos del 50% y del 20%.

Los 26.990 carros matriculados en Cundinamarca representaron 83 de cada 100 pesos que Bogotá perdió. En 2025, Cundinamarca matriculó más del doble de vehículos a combustión fósil que Bogotá.

El departamento creció 20%; la capital cayó 7%. Y mientras la ciudad asumió un gasto 71% más alto en infraestructura vial, siniestralidad y gestión del tráfico entre 2021 y 2025, Cundinamarca apenas giró 10 millones a la ciudad en 2024, una cifra irrisoria frente al tamaño del impacto.

Este no fue un resultado accidental. Fue el producto directo de una estrategia tributaria ilegal que distorsiona el mercado, fractura la lealtad territorial y traslada costos a quien no recibe el recaudo. Los contribuyentes deben tributar donde usan la infraestructura, no donde se les ofrece una tarifa ilegalmente más baja.

Hoy, miles de propietarios de carros que residen, circulan y generan costos en Bogotá, pagan impuestos en Cundinamarca.

Por todo esto radiqué la demanda de nulidad contra Cundinamarca.

La articulación y coordinación entre territorios exige transparencia, lealtad y respeto por la legalidad. Ese es el camino que defiendo y seguiré impulsando, porque Bogotá no puede seguir permitiendo que Cundinamarca la desangre con un esquema tributario ilegal.

Juan David Quintero

El viernes negro

Escrito por León Ferreira en Dic 4, 2025. Publicado en Opinión.

El llamado Viernes Negro o Black Friday se ha venido institucionalizando en Colombia. Se trata de una organizada estrategia comercial para colocar en el mercado productos a precios rebajados. Actividad que muchas veces se prolonga durante varios días, mientras los consumidores como hipnotizados por el flautista de Hamelin, forman largas filas, colapsan comercios y vías públicas con monumentales trancones, apoyados por los mandatarios locales que a la par, inventan recreativas jornadas nocturnas para incentivar a los consumidores a acudir al mercado para comprar cuanto chéchere es ofertado y no necesitan.

Hay quienes piensan que, los antecedentes del Black Friday se encuentran ligados a las tradiciones de los antiguos pioneros ingleses llegados en 1621 las colonias británicas en América; que, frente a las vicisitudes encontradas en su nuevo hogar, se unieron en un día especial de conmemoración para dar gracias a El Eterno por las bondades recibidas y por el apoyo recibido por parte de los indígenas Wampanoag que les enseñaron a sembrar maíz, lo que les permitió sobrevivir al crudo invierno.

El festejo de agradecimiento tuvo inicialmente una duración de tres días; ya antes en otras colonias hubo conmemoraciones similares de acción de gracias. La historia cuenta que, el Presidente George Washington (1732-1799) en 1789 declaró el día de acción de gracias como feriado nacional, pero cada estado lo conmemoraba en diferente fecha, hasta que, el Presidente Abraham Lincoln (1809-1865) en 1863, unificaría el cuarto jueves de cada mes de noviembre como festivo federal de acción de gracias.

Hay varias hipótesis sobre el origen de la expresión Black Friday conexa al día de acción de gracias. Algunos erróneamente, mencionan que, el viernes siguiente al jueves de acción de gracias, se realizaban ventas rebajadas de esclavos, además dicho día era asueto para los esclavos, quienes quedaban en libertad dentro de las haciendas para hacer su voluntad. Hipótesis que carece de sustento porque la esclavitud en Estados Unidos fue abolida en 1865, finalizada la Guerra de Secesión y ratificada la 13º Enmienda bajo el Gobierno del mismo Presidente Lincoln; si el festivo federal de acción de gracias data de 1863, dicha hipótesis resultaría infundada.

Otra hipótesis señala que, en los años 50s del siglo pasado justo después de un jueves de acción de gracias, se llevó a cabo en Filadelfia, Pensilvania, un encuentro de fútbol americano entre el Ejército y la Marina. Ese viernes la ciudad colapsó por cuenta de los visitantes que arribaron para el encuentro y los locales que salían a hacer compras navideñas. Oportunidad que aprovecharon los ávidos comerciantes que, al registrar sus libros en negro sin saldos en rojo, concedieron descuentos para incrementar las ventas, idea que hizo carrera en otras localidades.

El Black Friday colombiano además de día de aparentes ofertas, es día de desorden y caos vial, abundan los trancones y cada quien aprovecha para hacer de las suyas: Los motociclistas desenfrenados y, los ladrones atracando a cuanto despistando encuentran, entre tanto, alguno que otro comerciante avivato, subió los precios de sus productos unos días antes, para luego rebajarlos y “ofertarlos” en Black Friday por el precio real. Mientras el “blackfridiano” consumidor se va engañado y feliz con su compra.

No demora algún genial congresista en presentar un proyecto de ley para establecer el Black Friday como feriado nacional pro estimulo del comercio. Empero, lo que realmente vale le pena destacar, no es el comercio, es el precedente. El hecho que, un día al año, la sociedad se reúne en familias para dar gracias a El Eterno por la vida, por la cosecha, por las bendiciones recibidas durante el año. Los países donde sus ciudadanos rezan y agradecen unidos están irremediablemente destinados a ser prósperos. Colombia no necesita caóticos viernes negros; requiere imperiosamente, de días de conmemoración y agradecimiento a D-os.

León Ferreira

Un país dividido en tres tensiones: lo que revela la encuesta de Invamer sobre el rumbo político de Colombia

Escrito por Rafael Fonseca en Dic 3, 2025. Publicado en Opinión.

Las encuestas no eligen presidentes, y menos faltando cinco meses para las elecciones, pero sí revelan cómo se está moviendo el subsuelo emocional del país. La medición de Invamer de noviembre deja claro que Colombia está entrando en una fuerte recomposición: la izquierda aparece con un liderazgo nítido en primera vuelta, la derecha dura conserva un músculo emocional importante, y el centro sigue débil en arranque, pero competitivo en un escenario final. Tres velocidades, tres relatos y un solo tablero donde cada movimiento altera todo.

La lectura no es obvia. Requiere separar el ruido del dato y entender qué está diciendo la sociedad cuando distribuye su preferencia entre Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Las cifras hablan, pero lo hacen en clave de tensiones más profundas: continuidad, rabia y moderación. Con ayuda de la IA analizamos esas tensiones.

1. La izquierda gana la primera vuelta, pero no tiene asegurado el país

Iván Cepeda encabeza la intención de voto con un 31,9 % en el escenario con todos los candidatos. No es un apoyo “personalista”: es la cristalización de un bloque político que sigue viendo en la izquierda la narrativa dominante para interpretar el país, incluso después del desgaste del gobierno Petro. El reto es evidente: liderar sin heredar ciegamente, corregir sin renunciar, y evitar que el voto favorable al proyecto progresista se lea como cheque en blanco al continuismo.

El país está fracturado en dos mitades casi simétricas: 50,2 % dice preferir un candidato cercano al Gobierno; 46,9 % se va por la oposición. Cepeda no puede confiar en esa ventaja: la segunda vuelta lo obliga a hablarle a un electorado que duda entre la desconfianza hacia la derecha radical y el temor a repetir improvisaciones y malos resultados gubernamentales. La encuesta revela más que apoyo: expone una demanda de responsabilidad, de orden institucional y de resultados.

2. La derecha dura mantiene un voto emocional fuerte, pero con techo limitado

Abelardo de la Espriella es segundo con un 18,2 %. Su fuerza no nace de un proyecto de país: nace del enojo acumulado, del sentimiento de agravio moral, de la narrativa anti-política que se ha instalado en sectores urbanos y redes sociales. Es un voto real, duro, resistente al desgaste. Pero también es un voto con un techo evidente. Cada vez que se simula una segunda vuelta, la sociedad se repliega: Cepeda le gana con amplitud y Fajardo por un margen considerable.

La pregunta no es si De la Espriella puede pasar a segunda vuelta: puede. La pregunta es si puede ganar: hoy, no. Y esto coloca a la derecha en su viejo dilema: su base más ruidosa no es su base más representativa. El establecimiento conservador y empresarial tendrá que decidir si prefiere apostar a la “furia rentable” o a la “viabilidad gubernamental”.

3. El centro sigue pequeño en primera vuelta, pero sigue siendo decisivo donde importa: en segunda vuelta

Fajardo aparece con 8,5 %: una cifra fría, casi decepcionante. Pero en segunda vuelta, el clima cambia. Le gana a De la Espriella con holgura y casi empata con Cepeda. Es un candidato que no domina las alturas de la primera vuelta, pero que recoge la ansiedad del país cuando se reduce la oferta electoral. Representa una cierta necesidad de equilibrio: ni el vértigo de la radicalización ni la reanudación de la improvisación.

Su debilidad es conocida: carece de narrativa emocional de entrada. Su ventaja también: tiene la menor resistencia cuando el votante debe elegir entre extremos. En un país fatigado de tensiones, puede convertirse en el destino de electores de centro, segmentos empresariales y sectores de derecha desconfiados de la radicalización.

4. Tres campañas, tres estrategias y un solo problema compartido: la incertidumbre del rumbo

La encuesta no muestra un país inclinado hacia un modelo definitivo. Muestra un país tenso, dividido entre la urgencia de resultados, el hartazgo con la política habitual y la necesidad de un nuevo pacto de gobernabilidad. Por eso, cada campaña queda obligada a revisar su brújula:

La izquierda debe demostrar que aprendió de sus errores y que puede gobernar sin polarizar.
La derecha debe decidir si quiere ganar o solo hacer ruido.
El centro debe construir una narrativa capaz de entusiasmar, no solo de tranquilizar.

Ningún bloque tiene la victoria asegurada. Más que ofrecer certezas, la encuesta ofrece advertencias.

5. Un país frente al espejo

Más allá de las cifras, la encuesta muestra algo más profundo: Colombia está buscando un relato que supere el péndulo entre indignación y esperanza. Ninguno de los tres proyectos logra articularlo del todo. La izquierda tiene liderazgo sin hegemonía. La derecha tiene volumen emocional sin viabilidad institucional. El centro tiene viabilidad electoral sin potencia narrativa.

Esa tensión es peligrosa, pero también es productiva: obliga a cada sector a dejar de hablarle solo a su nicho y volver a hablarle al país. La sociedad está enviando un mensaje claro, mejorado con respecto a las elecciones del pasado: no votará solo por identidad ideológica; votará por quién logre ofrecer un horizonte de estabilidad, resultados y coherencia.

El país sí está dejando claro en la encuesta qué tipo de país quiere dejar de ser.

Rafael Fonseca Zárate

Listas al Congreso: Bogotá no tiene quien la represente

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Dic 2, 2025. Publicado en Opinión.

Esta semana Bogotá vuelve a ser el epicentro de la política nacional, mientras el país se distrae con consultas presidenciales y pactos improvisados, en los pasillos de la Registraduría se juega una batalla decisiva: el cierre de listas al Congreso, cuyo plazo vence el 8 de diciembre. Allí no se define solamente quién tendrá curul, sino quién trabajará -o no- en nombre de Bogotá durante los próximos cuatro años.

El panorama inicial se concentra en que los partidos deben armar sus listas a las carreras, entre negociaciones nocturnas, vetos internos, pactos frágiles y miedos a quedar por fuera de la foto. La política llega tarde a su propia cita, y Bogotá, como siempre, termina reducida a campo de batalla de intereses nacionales.

Los bloques ya visibles lo confirman, cuando el Pacto Histórico lleva una lista definida por consulta interna, con figuras digitales como Carrascal y Lalis encabezando el voto duro urbano. La alianza Verde y En Marcha intenta recomponer su credibilidad con Catherine Juvinao en Cámara y Lucho Garzón en el Senado. Por su parte, ALMA (la coalición entre La U, Cambio Radical y Oxígeno) se posiciona con una oferta de centro-derecha basada en seguridad y gerencia urbana, encabezada por Carolina Arbeláez. Y arriba, en el tablero nacional, la coalición Ahora Colombia (Nuevo Liberalismo, Dignidad y MIRA) proyecta una lista al Senado que busca capturar el voto de opinión en las grandes ciudades.

La situación del liberalismo bogotano es más compleja, pues una megaciudad comparable en tamaño a Nueva York, Londres o Bangkok, con más de ocho millones de habitantes, hoy tiene un solo representante liberal en la Cámara para que interprete y trabaje por las causas justas y los nuevos retos ciudadanos, pero éste único congresista lejos de defender los intereses de esta capital gigantesca, ha dilapidado su voz en riñas internas con el jefe del partido, a debates nacionales ajenos y a agendas políticas que no tocan las realidades de las localidades. Su energía se consume en guerras domésticas del liberalismo, mientras Bogotá (una ciudad del tamaño de las principales metrópolis del mundo) sigue sin un doliente claro en el Congreso para materializar la agenda social del partido que otrora realizó las grandes transformaciones sociales, culturales, económicas y políticas de la historia nacional.

Este vacío no es menor, pues distancia al Partido Liberal de las realidades bogotanas, lo aleja del territorio, de las comunidades y de una narrativa clara para la capital. Mientras los bogotanos claman por soluciones a problemas urgentes como la seguridad, movilidad, agua, energía, descontaminación, residuos, empleo juvenil, espacio público, deterioro urbano, gobernabilidad territorial y descentralización local, su único representante liberal aparece desconectado de las agendas locales y absorbido por luchas internas que no resuelven nada para la ciudad. El resultado es evidente cuando deja a un liberalismo sin brújula en Bogotá, sin agenda territorial y sin presencia real en los barrios. Un partido histórico que, en lugar de reconstruir su identidad urbana, se resigna a participar en discusiones nacionales desconectadas de la ciudad que dice representar.

Ni siquiera los representantes del Pacto Histórico de izquierda, que reciben votos de sectores populares vulnerables, están hablando hoy de la ciudad. En vez de liderar debates sobre los problemas cotidianos de Bogotá se concentran en respaldar sin matices las propuestas más maximalistas del Gobierno como la renombrada constituyente exprés, mega-reformas y agendas de “salvamento planetario” que poco dialogan con las urgencias de las localidades. Bogotá necesita congresistas presentes, soluciones concretas y territorialidad real, no corifeos ideológicos ni operadores de agendas ajenas.

Al preguntar en las localidades de Suba, Bosa, Kennedy, Engativá o Ciudad Bolívar (las cuales tienen mayor población que las principales ciudades capitales de Colombia) ¿quiénes son los representantes a la Cámara?, la respuesta es casi siempre la misma: “No sé, nunca los he visto.” A diferencia de Bogotá, en las regiones los congresistas son visibles, activos y reconocidos porque cumplen un rol esencial pues llevan recursos, gestionan proyectos y defienden el territorio como bancada.

Luis Fernando Ulloa

Un desempleo históricamente bajo… pero con una exclusión cada vez más alta

Escrito por Daniel Gómez Gaviria en Dic 1, 2025. Publicado en Opinión.

El DANE reportó que el desempleo cayó a 8,2 %, el nivel más bajo para un mes de septiembre en casi un cuarto de siglo. A primera vista es una buena noticia, pero basta mirar un poco más allá del titular para encontrar una realidad menos alentadora: la caída del desempleo convive con una informalidad que supera el 55 %, un autoempleo creciente y una proliferación de micronegocios de subsistencia. El mercado laboral se está moviendo, sí, pero en la dirección equivocada. De los nuevos empleos creados, 75% fueron en la informalidad. En Colombia la regulación laboral —con un salario mínimo equivalente al 92 % del salario mediano— empuja a millones hacia esquemas precarios. El resultado es la profundización de la exclusión del mercado laboral formal.

Es importante recordar que el desempleo solo mide a quienes buscan trabajo activamente. Si alguien deja de buscar empleo y termina vendiendo minutos, manejando una moto, montando un catálogo o abriendo un micronegocio para sobrevivir, ya no aparece como “desempleado”. Pero eso no lo convierte en parte del mercado laboral formal. Por eso, la informalidad es el verdadero termómetro del bienestar laboral, y ese termómetro sigue marcando fiebre. La pregunta relevante no es si el desempleo bajó; es si Colombia está creando trabajos formales, productivos y con protección social. Y la respuesta, por ahora, es no.

El mercado laboral colombiano está atrapado entre una economía que no genera suficientes empleos productivos al estar principalmente representado por micronegocios y pequeñas empresas que no crecen, y un sistema educativo desconectado de las necesidades del sector. La productividad lleva una década estancada, la inversión privada se desaceleró durante estos últimos 3 años, y la reindustrialización se quedó en discursos. A la vez, producimos profesionales que la economía no demanda, mientras miles de vacantes técnicas quedan sin cubrir. El 44 % de las empresas reporta dificultades para encontrar perfiles técnicos o tecnológicos, mientras jóvenes sin educación superior enfrentan barreras enormes para insertarse en el mundo laboral. El resultado es un círculo vicioso: la oferta laboral no calza con la demanda, y quienes no logran encajar terminan en la informalidad y creando pequeños negocios de subsistencia.

La salida está en modificar la regulación del mercado laboral para lograr mayor inclusión, y fortalecer la formación técnica, tecnológica, dual y modular. La evidencia internacional muestra que los países que han logrado cerrar brechas de productividad y empleo lo han hecho articulando sistemas educativos y productivos. Colombia tiene las piezas, pero no las ha conectado. La formación dual, que combina aprendizaje en aula y en empresa, permite que los jóvenes desarrollen habilidades pertinentes desde el primer día; Alemania, Suiza y Corea lo confirman. Los ciclos cortos —programas de 6 a 18 meses enfocados en competencias específicas— permiten reentrenar trabajadores rápidamente en sectores con alta demanda, como manufactura avanzada, logística, programación, energías renovables, servicios empresariales y economía digital. La certificación de competencias, por su parte, reconoce aprendizajes previos y abre puertas a quienes han trabajado toda su vida por fuera del sistema formal. Pero nada de esto despegará sin un sistema de formación alineado a las apuestas productivas del país: clusters regionales, vocaciones territoriales, cadenas de valor y oportunidades de nearshoring.

El dato de desempleo bajo es una invitación a mirar con lupa el tipo de empleos que se están creando. Si Colombia quiere reducir la exclusión laboral hay que generar empleos formales, productivos y de calidad. Ese camino pasa por construir un sistema de formación dual y modular que conecte a los trabajadores con las oportunidades del mercado y flexibilizar las normas del mercado laboral y del sistema de protección social. De lo contrario, el desempleo puede que baje, pero la exclusión continuará creciendo.

Daniel Gómez

El periodismo está muriendo: no podemos dejar que pase

Escrito por Andrés Prieto en Dic 1, 2025. Publicado en Opinión.

El periodismo en Colombia se está muriendo, y lo hace a plena luz del día. Lo veo, lo escucho y lo vivo en cada redacción que se vacía, en cada mesa donde ya no se cuentan noticias sino se monta un show, en cada agenda donde las historias que importan pierden espacio.

La frase se repite como alarma y como duelo: se están yendo los periodistas, las verdaderas noticias, los reporteros de a pie. Y pareciera que a muchos les da igual.

Esta semana más de 80 periodistas salen de dos grandes medios. El estruendo sacude la opinión pública, pero no por lo que debería: algunos políticos usan el hecho para sembrar desprestigio o para subirse a una narrativa de persecución entre izquierda y derecha que raya en lo patético.

La irresponsabilidad política se dispara y el delirio de protagonismo se vuelve insoportable. El periodismo se respeta; no se usa como muleta para ganar puntos en una pelea que ni siquiera les pertenece.
Pido sensatez. Que la ideología no nos vuelva ciegos.

Que no caigamos en el infantilismo de creer que despedir a una periodista brillante responde a un odio contra la izquierda o la derecha. Esa conversación es un espejismo que nos aleja del colapso real: se está desmoronando el ecosistema que sostiene la democracia.

Los espacios se cierran, la esperanza se reduce y la posibilidad de ejercer este oficio se convierte en un privilegio improbable. Estamos llevados.

La democracia solo pide una cosa: que no desaparezcan los reporteros que salen a buscar la noticia, los que investigan, los que no descansan hasta encontrar la verdad. Pero avanzamos en la dirección contraria.

Ahora toma fuerza la peligrosa idea de poner famosos en la silla del periodista solo porque generan audiencia. Mientras tanto, quienes sí saben hacer el trabajo, quienes sí sudan la calle, quienes sí cuentan lo que otros quieren ocultar, hoy no tienen ni siquiera un salario asegurado.

Para completar el desastre, aparece la verdad incómoda: los medios están perdiendo dinero desde hace años. El periodismo es un oficio en vía de extinción porque dejó de ser rentable. Se recortan nóminas, se cierran programas, se reducen equipos.

¿Quién investiga cuando ya no hay presupuesto? ¿Quién vigila al poder cuando nadie paga por hacerlo? La crisis económica de los medios no es un dato contable: es una alerta roja para la democracia.

Y sí, lo digo sin adornos: perder el trabajo es una calamidad espantosa. Pero lo que viene es peor si no reaccionamos. No podemos esperar que los Influencers hagan ese periodismo, que manejen la agenda pública y la rigurosidad quede a un lado casi inexistente.

Ojalá este sea el punto de quiebre. Ojalá lo entendamos antes de que sea tarde.

Como dijo un colega: todo va a salir bien. Pero solo si defendemos el periodismo ahora, mientras aún respira.

Andrés Prieto

La guerra entre los políticos no es lo mismo que la guerra política

Escrito por Jaime Arango en Nov 30, 2025. Publicado en Opinión.

Vladímir Aleksándrovich Lefebvre fue muchas cosas, matemático, psicólogo, pionero de la cibernética, pensador estratégico, comunista y luego exilado, trabajó con la KGB y la CIA. Murió en California en el año 2020. Fue el creador del primer modelo matemático formal de la reflexión y los juegos reflexivos, que explica cómo los sujetos se representan mutuamente las intenciones, creencias y modelos mentales del otro.

Esta base teórica y matemática fue luego operacionalizada por el Estado Mayor soviético y ruso como “estrategia de control reflexivo”. Sus modelos permitieron predecir cómo un adversario interpretará la información que se le suministra y diseñar operaciones de información que hagan que el enemigo llegue “solo” a la decisión deseada. En resumen, se trata de inducir al adversario a tomar decisiones que él cree que son propias y beneficiosas para sus intereses, pero que en realidad benefician al manipulador.

Dentro de está lógica de activar patrones de pensamiento preexistente y miedos profundos, el ejemplo más significativo fue la campaña de información rusa dirigida a lograr que Alemania abandonara su matriz de energía nuclear, apagara sus centrales y entrara a depender del gas ruso. El éxito de esta estrategia fue fundamental en la posterior invasión a Ucrania.

Resulta inquietante ver como variantes del modelo de control reflexivo se han deslizado en el escenario, frecuentemente caótico, de las campañas políticas, casi siempre operado por equipos amateur que incluso desconocen los principios básicos de la narrativa, no poseen investigaciones en profundidad sobre los algoritmos de decisión del adversario y confunden la comunicación política con guerra de información y el problema de la guerra de información es el mismo de todas las guerras: el azar.

Un estado puede librar contra otro una campaña de información en medio de un proceso electoral, pero en modo alguno buscando la elección de un determinado candidato, sino buscando socavar la legitimidad, o la estabilidad del estado atacado, radicalizando las partes en disputa, o promoviendo dudas sobre la credibilidad de las elecciones, o mediante control reflexivo, persuadiendo a los ciudadanos de abstenerse porque no tienen nada que ganar y que nada va a cambiar, sin embargo es cada vez más usual que este tipo de “medidas activas” se ejecuten como parte de la estrategia de comunicaciones entre candidatos en un mismo país. Por ejemplo, tratar de hacer creer a los seguidores de un candidato que lidera las encuestas de que no pueden ganar, incluso cuando ese candidato y sus competidores son victimas de un plan de guerra política y campañas de información de grado militar, desde el gobierno al que buscan reemplazar.

En la guerra de información a gran escala también se han desarrollado modelos como Firehose of falsehoods, “manguera de mentiras” que consiste en publicar tantas mentiras que sea imposible desmentirlas todas, o el Astroturfing emocional que es crear la ilusión de que “todo el mundo piensa X” por ejemplo, bots amplificando “From the river to the sea” o “Ucrania es nazi. La pregunta frente a estos recursos, que son militares y de inteligencia, es qué tan útiles pueden ser para un escenario de comunicación política y la respuesta es que son destrozos casi siempre para las campañas y candidatos que los usan.

Una elección no es una guerra, aunque metafóricamente puede describirse como tal, y si resulta que en realidad si es una guerra, entonces ya no es una elección sino un reacomodamiento del poder y un cambio del sistema político. Muy importante, en este momento, tener la mayor claridad sobre qué es lo uno y qué es lo otro. Pero en todo caso, no confundir la simple guerra entre políticos, con la magnitud catastrófica de la guerra política.

Jaime Arango

América Latina frente a la amenaza de una nueva injerencia gringa

Escrito por Luis Emil Sanabria Durán en Nov 30, 2025. Publicado en Opinión.

Las recientes operaciones de bombardeo contra pequeñas embarcaciones, que ya dejan más de ochenta personas asesinadas, junto con las amenazas de ingreso a territorio continental por parte de Estados Unidos, han encendido una preocupación legítima en América Latina y el Caribe. Estas acciones reproducen un patrón histórico de intervenciones que han causado graves daños en diversas regiones del mundo y vuelven a poner en duda el respeto a la soberanía de los pueblos.

Ante este escenario surge una pregunta que no puede ignorarse. ¿Quién le dio a Estados Unidos y con qué moral el derecho a decidir el presente y el futuro de los pueblos del mundo? Ninguna nación tiene la autoridad ética para imponerse sobre otra y mucho menos un país cuya larga lista de intervenciones militares ha dejado huellas profundas de destrucción y dolor.

La historia reciente confirma que la injerencia externa no ha traído paz ni estabilidad. Irak quedó devastado tras una intervención que prometía democracia. Afganistán terminó en un desastre humanitario que costó miles de vidas y concluyó sin que se resolvieran los problemas que supuestamente se iban a combatir. Libia fue empujada al caos y perdió su estructura estatal. En América Latina, Panamá y las naciones centroamericanas aún sufren las heridas que dejaron las incursiones militares que nunca atendieron las causas profundas de sus conflictos.

El continente ha defendido con persistencia el derecho a la autodeterminación. No es un anhelo romántico. Es una conquista histórica que sostiene la dignidad de los pueblos y que garantiza que cada nación pueda decidir su propio destino sin la sombra de potencias extranjeras tratando de imponer soluciones ajenas. Proteger este principio es un acto de responsabilidad colectiva con la memoria, con el presente y con el futuro.

Resulta preocupante ver a ciertos líderes políticos del continente apoyar la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el Caribe. No hablan por la prudencia ni por la paz. Suelen ser los mismos que se han opuesto de manera sistemática a los cambios estructurales necesarios para superar la pobreza, la exclusión y la inequidad que alimentan la violencia. Muchos de ellos han tenido cercanía con narcotraficantes, redes de corrupción o actores armados ilegales que se benefician de la inestabilidad política y del debilitamiento de los Estados. No buscan soluciones. Buscan preservar privilegios.

Estados Unidos insiste en justificar sus acciones en nombre de la lucha contra las drogas. Sin embargo su política antidrogas ha mostrado un fracaso rotundo durante más de cincuenta años. En vez de enviar portaviones, submarinos, tropas y aeronaves a nuestras aguas, debería revisar con honestidad el costo económico y humano de su maquinaria militar. Con lo que vale mantener esa flota gigantesca podría financiarse un programa capaz de enfrentar las causas estructurales que alimentan el narcotráfico en la región.

Esas causas no están en los campesinos cocaleros ni en los trabajadores que producen pasta básica en laboratorios clandestinos. Ellos son víctimas de una industria ilegal que tiene sus centros de poder en los países desarrollados. Allí están el consumo masivo, la demanda inagotable, el lavado de activos, la producción y venta de insumos, y la sofisticación financiera que sostiene el negocio. La raíz del problema no está en las montañas empobrecidas donde las comunidades solo buscan sobrevivir. Está en los mercados del norte que mantienen viva la cadena global del narcotráfico.

La región necesita abrir un debate distinto. Estados Unidos debe dejar atrás el discurso de la guerra y construir junto a América Latina un enfoque antidrogas basado en evidencia y no en prejuicios. Ese enfoque debe poner en el centro la regulación y legalización del comercio y la venta de cocaína. La prohibición solo fortalece a las mafias y perpetúa la violencia. Regular y legalizar permitiría quitar poder a las redes criminales, reducir la corrupción, mejorar la seguridad y tratar el consumo como un asunto de salud pública.

Este camino exige valentía política y un liderazgo dispuesto a abandonar las fórmulas que han fracasado durante décadas. También requiere cooperación internacional y un compromiso real con la vida y la dignidad de las comunidades afectadas. Es una ruta más humana, más racional y más coherente con la necesidad de romper definitivamente el ciclo de violencia.

América Latina merece respeto. No necesita flotas militares patrullando sus costas ni amenazas disfrazadas de solidaridad. Necesita que le devuelvan un poco de lo que se han llevado las potencias del norte, justicia global, programas sociales de largo plazo y un reconocimiento pleno de su derecho a decidir su propio rumbo. La soberanía no es una consigna vacía. Es el fundamento de la convivencia pacífica entre las naciones y la garantía de que los pueblos puedan construir su futuro sin imposiciones externas.

Defender la autodeterminación no es estar en contra de ningún país. Es afirmar la dignidad del continente y su vocación de paz. Frente a cualquier intento de intervención, América Latina debe mantener una postura firme y unida. La estabilidad, la libertad y el futuro del continente dependen de este compromiso colectivo con la paz, la soberanía y la justicia social.

Luis Emil Sanabria D.