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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Ni en las calles ni en las pantallas: 25N por una vida libre de violencias digitales

El 25 de noviembre de 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. La historia de estas hermanas, se convierte en el hito que, desde la Organización de Naciones Unidas, en 1991 establece el día internacional de la lucha contra la violencia contra las mujeres. Cada 25 se da inicio a 16 días de activismo, con el fin de destacar las acciones mas urgentes para garantizar la eliminación de estas violencias.

Este año la urgencia a destacar es la violencia digital, una violencia silenciosa que crece sin que podamos detectarla fácilmente y que alcanza rápidamente y por diferentes canales a niñas y mujeres en todo el mundo. Hoy, más de 1.8 mil millones de mujeres han sido víctimas de algún tipo de agresión en línea, pero el daño no cesa cuando las pantallas se apagan, las afectaciones por este tipo de violencia cruza al mundo real afectando la salud emocional, la integridad física y la estabilidad económica de millones de mujeres en todo el mundo. En el contexto de la violencia directa, vivimos en un mundo en donde una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual; a este escenario profundamente desigual se suma la expansión de herramientas de inteligencia artificial, muchas de ellas creadas sin perspectiva de género y entrenadas con datos que reproducen patrones misóginos. El resultado es una tormenta miedosa: la tecnología amplifica la violencia preexistente y crea nuevas vías para atacar, más rápidas, más sutiles y difíciles de rastrear.

 

La violencia digital aparece de múltiples formas que van desde el ciberacoso constante a través de mensajes ofensivos, amenazas y rumores, hasta la sextorsión basada en imágenes íntimas reales o manipuladas. También se manifiesta en el grooming, donde adultos engañan a menores para fines de abuso sexual, así como en la suplantación de identidad con el objetivo de engañar, robar información o destruir reputaciones. La difusión no consentida de imágenes íntimas, el doxeo que expone datos personales con fines de intimidación, los ataques coordinados, el troleo y el hostigamiento sexual forman parte de una larga lista de agresiones normalizadas en línea.

Las cifras son alarmantes. Según datos expuestos por ONU Mujeres (2025), el 38 % de las mujeres ha vivido violencia digital en lo personal, y el 85 % ha sido testigo de que se ejerza contra otras; afectando el trabajo, la vida cotidiana, las relaciones personales y la salud mental de sus víctimas.

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En este escenario, la inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo potenciador de violencia. La creación de ultrafalsos o deepfakes pornográficos es más que inquietante. Según la misma organización (2025), entre el 90 y el 95 % de estos contenidos se crean para mostrar imágenes sexuales no consentidas de mujeres, y su producción se ha disparado más de un 550 % en tan solo cuatro años. Las víctimas se enfrentan a un material que puede reproducirse, copiarse y circular indefinidamente, lo que hace casi imposible eliminarlo por completo. La IA también permite suplantaciones de identidad más sofisticadas y formas de engaño mediante bots conversacionales capaces de simular personas reales, lo que facilita nuevas modalidades de estafa y acoso. Incluso se emplea para construir campañas de doxeo personalizadas, utilizando el propio lenguaje de la víctima para amplificar el impacto emocional del ataque. La tecnología se convierte en una herramienta de abuso, porque es accesible, rápida y difícil de rastrear.

Mientras tanto, las leyes avanzan a un ritmo insuficiente. La iniciativa de este 25 de noviembre busca llamar la atención sobre la deficiencia legislativa de la mayor parte del mundo en donde menos del 40 % de los países cuentan con normativas que protejan a las mujeres contra el acoso digital, y aun donde existen, su aplicación es desigual o limitada. No basta con sancionar; hace falta transformar el ecosistema que permite que estas violencias ocurran con tanta impunidad. Algunos avances —como la Ley Olimpia en México, la Ley de Seguridad en Línea en el Reino Unido o el marco regulatorio de la Unión Europea sobre IA— representan pasos valiosos, pero aún insuficientes.

Hay acciones concretas que todas las personas podemos adoptar para construir entornos digitales más seguros. La primera es educarnos: comprender cómo funcionan estas tecnologías, reconocer sus riesgos, prevenirlos y hablar abiertamente sobre el abuso digital identificando sus modalidades. La segunda es protegernos y proteger a las y los menores de edad, mediante contraseñas seguras, verificación en dos pasos, perfiles privados, revisiones regulares de privacidad, control parental y regulaciones claras sobre el uso y el acceso a las redes sociales. La tercera es actuar: exigir responsabilidad a plataformas, gobiernos y empresas tecnológicas; apoyar iniciativas feministas; compartir campañas; y participar en espacios donde se construyen las reglas del mundo digital.

La violencia digital contra las mujeres no puede ser un daño colateral inevitable del progreso tecnológico; es un síntoma de desigualdades históricas que se van adaptando y acogiendo a nuevas formas. Regular no es lo contrario de innovar; regular es garantizar que la innovación sirva al bien común. Es posible crear un ecosistema digital que proteja, en vez de exponer; que acompañe, en vez de silenciar; que permita a las mujeres habitar internet sin miedo.

La violencia digital crece. Pero también crece nuestra capacidad de nombrarla, comprenderla y enfrentarla. El momento de actuar es ahora, antes de que la tecnología avance más rápido que los derechos de las mujeres que busca transformar. Si la violencia digital no conoce fronteras; las soluciones, tampoco deberían conocerlas.

Para seguir hablando sobre este y otros temas relacionados, los invitamos a participar en el: 4to. Encuentro de Diversidades e Inclusión. De los desafíos a las soluciones. El próximo miércoles, diciembre 3 de 2025, en la Universidad El Bosque, Auditorio Fundadores Registro a partir de las 7:00 a. m. Cupos limitados, inscríbete aquí y asegura tu participación: https://forms.office.com/r/2HqquLdcws

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Mariana Vásquez Cortés
Directora del Centro de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad El Bosque

El dilema de la inteligencia humana

El 3 de septiembre de 1949, un avión estadounidense de reconocimiento atmosférico recogió muestras de aire sobre Japón. Al analizarlas, los científicos hallaron trazas de material radiactivo: la Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica. La noticia cayó como un rayo en Washington. Apenas cuatro años después de Hiroshima y Nagasaki, el monopolio nuclear de Estados Unidos había terminado.

Entre los estrategas de la Guerra Fría, el pánico se disfrazó de racionalidad. Algunos, como el secretario de la Marina Francis P. Matthews, propusieron convertirse en “agresores por la paz”. Otros, como el matemático John von Neumann, creador de la teoría de juegos, lanzaban frases escalofriantes: “¿Por qué no bombardearlos hoy?”. Era la lógica impecable del miedo, pero también la semilla de la locura. Cada decisión “racional” en favor de la seguridad terminaba haciendo al mundo más inseguro.

 

Todo este contexto y sus implicaciones están presentados con claridad y belleza visual en el documental de YouTube “The Evolution of Cooperation”, del canal Veritasium, una pieza monumental que traduce en imágenes lo que aquí apenas se puede resumir: cómo la inteligencia colectiva detrás de la cooperación puede salvar, o destruir, al mundo. Este artículo se basa enteramente en el documental por considerarlo una reflexión singular para la humanidad, más que necesaria y especialmente en esta actualidad tan incierta.

El dilema del prisionero

La paradoja que explica ese comportamiento se llama el dilema del prisionero, formulado en la década de 1950 por Melvin Dresher y Merrill Flood en la RAND Corporation, y popularizado por Albert Tucker. Dos jugadores deben elegir entre cooperar o traicionar. Si ambos cooperan, ganan moderadamente; si uno traiciona mientras el otro coopera, el traidor gana más; si ambos traicionan, ambos pierden.

Razonando individualmente, “traicionar” parece siempre la mejor opción. Pero cuando ambos piensan igual, terminan en el peor resultado posible.

El dilema refleja, en miniatura, el drama nuclear: cada país decidió armarse para “no ser el tonto” que confía en el otro, y ambos acabaron atrapados en una carrera de destrucción costosa e inútil.

El torneo de Axelrod

Décadas después, el politólogo Robert Axelrod quiso entender cómo podía surgir la cooperación entre egoístas racionales. Organizó un torneo de computadoras: cada programa representaba una estrategia de decisión en el dilema del prisionero repetido cientos de veces. El experimento buscaba descubrir qué comportamiento prosperaba cuando las interacciones no eran únicas, sino continuas, como en la vida real, donde todos volvemos a encontrarnos.

Ganó la estrategia más simple, propuesta por el psicólogo Anatol Rapoport: Tit for Tat (“ojo por ojo”). Su regla era elemental: empezar cooperando y, a partir de ahí, imitar la última jugada del otro. Si el otro cooperaba, se cooperaba; si traicionaba, se castigaba una sola vez; y si volvía a cooperar, se perdonaba.

Cuatro reglas para sobrevivir

De esos torneos, Axelrod extrajo cuatro reglas que explican por qué la cooperación puede ser estable:

  • Ser bueno: no traicionar primero.
  • Ser claro: que tus intenciones sean comprensibles.
  • Ser vengativo: castigar la traición, pero solo una vez.
  • Ser indulgente: perdonar cuando el otro vuelve a cooperar.

El hallazgo fue sorprendente: la estrategia más ética era también la más eficaz. En los juegos iterados, resultó que la cooperación no era ingenuidad sino inteligencia.

El segundo torneo y el ruido del mundo real

Axelrod repitió el torneo con un cambio crucial: los jugadores no sabían cuántas rondas duraría el juego. Esa incertidumbre imitaba mejor la vida real, donde nadie sabe cuándo termina una relación, un negocio o una tregua. El resultado confirmó la lección anterior: las estrategias buenas, claras, vengativas e indulgentes volvieron a dominar.

Pero el experimento introdujo una nueva variable: el ruido, los errores de comunicación o percepción que pueden romper la cooperación. Como en 1983, cuando un oficial soviético, Stanislav Petrov, evitó una guerra nuclear al desconfiar de una falsa alarma de misiles estadounidenses. En contextos con ruido, Axelrod demostró que la mejor estrategia es el Tit for Tat generoso: mantener la reciprocidad, pero con una pequeña dosis de perdón. Esa pequeña concesión puede salvar la paz.

De los juegos a la vida

El dilema del prisionero no es una curiosidad matemática: está incrustado en la vida cotidiana, en la economía, en la política y hasta en la naturaleza. Las especies que sobreviven, desde los impalas africanos hasta los humanos, lo hacen porque cooperan a largo plazo. La cooperación repetida crea confianza y prosperidad; la traición constante crea ruina.

Si la colaboración es tan eficaz, ¿por qué los humanos actuamos al revés? En parte, porque confundimos cooperar con participar en el sistema. El capitalismo funciona gracias a una vasta red de colaboración anónima: millones de personas que, sin conocerse, hacen que la sociedad funcione. Pero no lo debemos confundir con la solidaridad. La solidaridad es un acto consciente de reciprocidad, una cooperación con sentido, que busca el beneficio mutuo, no la ventaja individual.

La paradoja humana

Y aquí la pregunta brutal: si la cooperación es ganadora, ¿por qué la humanidad no coopera para resolver sus problemas comunes?

¿Por qué seguimos compitiendo en una carrera absurda por el poder y la riqueza mientras el planeta se agota, la desigualdad crece y millones viven sin dignidad?

La respuesta duele: no actuamos inteligentemente. Hemos desarrollado tecnologías asombrosas, pero no la inteligencia ética para usarlas cooperativamente. En términos de Axelrod, somos jugadores que siguen el peor algoritmo: desconfianza preventiva, castigo infinito, opacidad total.

Quizás, como especie, estamos atrapados en un dilema del prisionero global, incapaces de entender que nadie gana solo. Y que la verdadera inteligencia, la colectiva, consiste en cooperar sin ingenuidad, castigar sin odio y perdonar a tiempo. Solo entonces podremos decir que hemos aprendido a jugar el juego de la vida.

Rafael Fonseca

Un propósito industrial

Hay una oportunidad de reindustrialización, impulsada por la reconfiguración de las cadenas globales de valor, nuestros costos de producción nos dan una ventaja. Mientras el mundo se fragmenta entre potencias, la manufactura se vuelve sinónimo de seguridad nacional. Según el Banco Mundial, los costos industriales en Colombia son hoy 30 % más bajos que en México y 50 % menores que en Estados Unidos. El país tiene tratados de libre comercio con 66 naciones, acceso simultáneo al Pacífico y al Atlántico mas una base urbana de 25 millones de trabajadores. Pero el potencial no está en maquilar, en ese varios son mas baratos, sino en agregar valor desde la innovación tecnológica con energía limpia.

Entre 1990 y 2023, la participación de las manufacturas en las exportaciones cayó del 38 % al 16 %. En 2024, el país exportó US $5.700 millones en bienes industriales, frente a US $44.000 millones de México y US $13.000 millones de Chile. El problema histórico de economías de escala en competencia con China lo esta resolviendo la geopolítica con criterios diferentes al costo marcando decisiones de inversión.  La brecha no es de talento, sino de ecosistema.

 

El DANE muestra que Colombia tiene 7.000 empresas manufactureras medianas con potencial exportador, pero solo 1.200 acceden regularmente a crédito de innovación. La productividad laboral industrial creció apenas 0,5 % anual en la última década, frente al 4 % de Vietnam. La energía, aunque abundante, cuesta 65 % más que en Perú por deficiencias de transmisión. Y el país invierte apenas 0,3 % del PIB en I+D, contra 2,3 % de Corea del Sur.

Sin embargo, las condiciones del entorno están girando a favor. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) calcula que el near-shoring podría generar US $8.000 millones adicionales en exportaciones manufactureras en una década. Las tensiones entre China y Occidente han generado una reubicación de plantas en el hemisferio occidental. Centroamérica y Colombia aparecen como candidatos naturales por su ubicación, tratados y estabilidad relativa. Pero para que la manufactura renazca, debe cambiar la mentalidad. No se trata de volver al proteccionismo de los setenta, sino de crear política industrial inteligente: crédito productivo, eficiencia logística, integración universidad-empresa y encadenamientos regionales, Colombia puede convertirse en la base manufacturera verde de la región andina.

El Consejo Privado de Competitividad estima que una estrategia nacional de manufactura avanzada podría añadir 2 puntos de PIB por año con 1,5 millones de empleos calificados hacia 2035. Los sectores de mayor potencial son equipos eléctricos, biotecnología, farmacéutica, agroindustria procesada, y componentes de movilidad eléctrica. De hecho, el ensamblaje de buses eléctricos en el país ya ha superado las 2.000 unidades anuales.

La reindustrialización no será un milagro; será un diseño. En un mundo que busca producir cerca de sus mercados, Colombia tiene la posibilidad de fabricar el futuro si entiende que su competitividad no está en el subsuelo, sino en su talento humano, su energía limpia y su posición geográfica. El nuevo oro no está en las minas: está en las fábricas que aún no hemos construido. Si la matamos con regulación hostil, nunca llegaran.

Simón Gaviria Muñoz

Contra la misoginia electoral 

Vuelve y juega. La violencia contra las mujeres en política, en este caso verbal, volvió a ser noticia nacional y caso de repudio por parte de gobernantes locales, regionales, nacionales, periodistas y líderes de opinión. «¿Qué podemos esperar de una vaca que no puede parir? ¿Nos toca inyectarla o qué?», expresó, en plena sesión de la corporación, el presidente del Concejo Municipal de Ortega, Luis Eduardo Suárez cuestionando a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Todo un comentario salido del más bajo nivel social.

Frente a este ordinario episodio debo recordar que en varias oportunidades he venido destacando el papel de las mujeres en escenarios políticos principalmente desde su rol como serias, encumbradas y recordadas lideresas que van desde ser presidentas en Latinoamérica, pasa por la valentía de María Corina Machado para liberar a su pueblo del régimen «madurista» y termina con la abierta posibilidad  de una mujer siendo la primera mandataria de los colombianos. Son féminas públicas de honorable respeto.

 

Como de honorable respeto es cualquiera de las 32 Senadoras y las 32  Representantes a  la Cámara que diariamente debaten a «capa y espada» proyectos de ley en el escenario legislativo, entendiendo la mayoría de fuertes y poderosas posiciones de los «varones o machos» de la política tradicional y sus radicales posturas ideológicas o particulares intereses. También un llamado urgente de tolerancia para con las seis gobernadoras, 146 alcaldesas y 2.267 concejalas encargadas de velar por el bienestar de las comunidades en sus regiones pese a la negligencia del gobierno central para atender sus peticiones. 

Amigo lector podría seguir investigando cifras de las cientos de mujeres que por medio del ejercicio político han llegado a sus cúspides para trabajar en  la función pública. Ese no es mi punto. Debo recalcar en que han  enfrenta numerosos desafíos durante más de siete décadas para empoderarse en la contienda electoral porque en cierta medida se les ha buscado limitar, restringir y, en muchos casos, anular el ejercicio de los derechos políticos en nuestra criolla patria. Esos poderosos e históricos esfuerzos merecen un incuestionable respeto en una sociedad marcada por el decadente «machismo».

Machismo popular escenificado en las palabras de un disque honorable presidente del Concejo Municipal de Ortega, Tolima. Estas palabras o frases, se infiere, propias de la jerga local llevan su carga de sarcasmo, gracia o risa en aras de alimentar una narrativa barata que seguramente merecerá el total repudio de la sociedad colombiana y un pronunciamiento de la  Procuraduría. Pero también, creo, en una reacción inmediata de la Gobernadora para exigir respeto a su rol como primera autoridad departamental. Estos constantes episodios de misoginia en nuestro radar político no deben entenderse como un simple «folclor político». 

Lo más paradójico de todo esto es que, en la actual contienda política alrededor de 13 mujeres representando a partidos, movimientos e independencias por firmas se la están jugando en una cara a cara para ganarse su candidatura oficial que les permita ser posibles presidentas. Dos de ellas en particular han recibido agravios de fuerte calibre por parte del mismísimo presidente, Gustavo Petro, parte de sus integrantes de gobernanza y de sus influyentes alfiles en las redes sociales. ¿Dónde está el respeto por Ley 2453 de 2025 que busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política?.

A propósito de la violencia contra las mujeres en la política, la Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de su primera mandataria regional, Dilian Francisca Toro arrancó la campaña #NoMáMisoginia, «una una iniciativa dirigida a rechazar la violencia, persecución y hostigamiento político contra las mujeres en la región y el país, especialmente en escenarios de poder público y político», destaca el periódico regional El País de Cali. Iniciativas como esta me inclinaron a estas letras como aporte a visibilizar el atroz ataque de reconocidos machotes de la «cosa política» contra las políticas que están de moda. La democracia sigue viva.

Edgar Martínez Méndez

Las mujeres que sueñan el país no caben en las maquinarias

Se vienen las listas. Y cada cuatro años vuelve la misma escena: las cúpulas partidistas jugando al tetris electoral, organizando nombres como si fueran fichas intercambiables, disfrazando de democracia interna lo que en realidad es un acuerdo entre unos pocos. Y en ese juego calculado, silencioso, casi siempre quedan por fuera las mujeres que han dedicado su vida a construir país desde la ética, la coherencia y el territorio.

En Colombia tenemos una ley que debió haber marcado un antes y un después: la lista cremallera, las acciones afirmativas, la obligación de paridad. Fue una conquista histórica, arrebatada con años de movilización y exigencia feminista. Pero hoy, cuando debería ser la regla que ordena el sistema político, los partidos la tratan como un estorbo que hay que evadir, una formalidad incómoda, una letra bonita sin intención de cumplirse.

 

La estructura patriarcal electoral —esa que nunca se desmontó— protege a las maquinarias, a los barones y baronesas que viven del voto amarrado y del poder heredado. Esa aplanadora sigue aplastando las oportunidades reales de participación para las mujeres que llegan sin padrinos, sin alianzas turbias, sin compromisos que hipotecan su independencia.

Las mujeres que quieren hacer política desde la convicción, no desde el clientelismo, son vistas como una amenaza. Una mujer que piensa por sí misma incomoda. Una mujer que no se arrodilla altera los pactos. Una mujer que llega limpia asusta a quienes han hecho de la política un negocio familiar.

Y mientras tanto, los partidos “cumplen” con la ley poniendo mujeres, sí… pero en posiciones marginales, sin financiación, sin apoyo, sin posibilidad real de competir. Las presentan como cuota, como adorno, como trámite. Un país donde las mujeres sostienen la vida entera no puede permitirse una democracia donde solo las de maquinaria puedan llegar.

Por eso hay que decirlo con fuerza: lo que está en juego no es solo la participación política de las mujeres, es la coherencia misma del sistema democrático.

Un país donde las leyes se convierten en maquillaje termina reproduciendo el mismo orden que ha dejado por fuera a las mayorías.

En los territorios, en las veredas, en las organizaciones, en las calles, ya hay mujeres liderando procesos, mediando conflictos, defendiendo la paz, cuidando la vida. ¿Por qué no están en las listas? ¿Por qué no están en los espacios de decisión? ¿Por qué la política sigue temiéndole a las mujeres libres?

La respuesta es clara: porque una mujer libre no es funcional a las maquinarias. Pero justamente, por eso es necesaria.

Hoy más que nunca se necesita valentía política para defender la democracia de verdad, no la de papel. La lista cremallera y las acciones afirmativas no son un favor: son una obligación. Quien no las cumple, no defiende la democracia; la traiciona.

Y aquí va la conclusión combativa que el país necesita escuchar:

Las mujeres no pedimos permiso para existir en la política. Exigimos que la ley se cumpla, que los espacios se abran y que las maquinarias dejen de decidir por nosotras. Colombia no cambiará mientras su representación siga secuestrada por quienes le temen al cambio. Y ese cambio, les guste o no, viene con rostro de mujer.

Marcela Clavijo

La crisis eléctrica Bogotana llegó silenciosamente

Mientras la ciudad avanzaba en un mero discurso de sostenibilidad, movilidad eléctrica y modernización urbana, nos llegó la previsible crisis eléctrica que no es un accidente técnico ni un fenómeno repentino pero sí llegó de manera silenciosa, y lo peor es que pareciera que los políticos quieren que se quede cómodamente instalada. La Nación tampoco puede garantizar lo esencial que Bogotá requiere en materia energética, pues  la electricidad se constituye como  el sostenimiento de todo el desarrollo en constante crecimiento.

Hoy, la ciudad capital opera con un sistema eléctrico al límite, con un margen mínimo de reserva y con una demanda que aumenta año tras año. El crecimiento urbano, la expansión de edificaciones, la electrificación del transporte y el impulso tecnológico han disparado el consumo. En pocas palabras, Bogotá crece más rápido de lo que su sistema energético puede soportar. La ciudad está ampliando su demanda, pero no su capacidad. Se proyecta que, si la tendencia continúa, la capital podría enfrentar un racionamiento que afectaría hogares, industria, hospitales y la vida urbana en su conjunto.

 

La raíz del problema es clara, Bogotá no cuenta con la infraestructura eléctrica necesaria para responder a su crecimiento. Hoy depende casi por completo del sistema eléctrico nacional y opera con redes de transmisión insuficientes. Para garantizar estabilidad y seguridad energética, se requieren, como mínimo, dos nuevas líneas de transmisión que refuercen la conexión de Bogotá con el Sistema Interconectado Nacional, así como nuevas subestaciones y ampliaciones de su capacidad operativa. Sin esa infraestructura, la ciudad no podrá sostener la demanda creciente ni evitar el riesgo de apagones o racionamientos.

Sin embargo, el marco normativo actual no responde a esta urgencia, aunque se adoptaron decisiones distritales como el Acuerdo 946 de 2024, orientado al ahorro de energía y agua, y el Acuerdo 927 de 2024, que adopta el Plan Distrital de Desarrollo, ninguno prevé  acciones  concretas en materia de gestión para la expansión de infraestructura eléctrica o construcción de nuevas líneas de transmisión que indudablemente exige voluntad política y coordinación con el gobierno nacional. Lo que deja a la ciudad en campo de las normas declarativas, más no operativas, mientras que Bogotá enfrenta un problema estructural con herramientas jurídicas simbólicas.

El control político del Concejo de Bogotá tampoco ha sido suficiente. A pesar de los debates y las alertas sobre el riesgo de desabastecimiento, no se han generado decisiones vinculantes ni se han exigido planes de acción con cronogramas, responsables y mecanismos de financiamiento. Las discusiones reconocen el riesgo, pero no lo transforman en política pública efectiva.

Este vacío se agrava por la ausencia de un sistema legal especial que permita coordinar de manera obligatoria las responsabilidades entre la Nación y el Distrito. En un contexto marcado por la fría relación política entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, la ejecución de obras estratégicas quedó atrapada en la indiferencia mutua. Ni la Nación impulsa las grandes obras energéticas ni el Distrito lidera una hoja de ruta territorial. La infraestructura quedó huérfana de autoridad y voluntad.

La respuesta que Bogotá necesita es tan concreta como inaplazable: más infraestructura, más recursos y un marco legal robusto. Esto implica asegurar la construcción de por lo menos dos nuevas líneas de transmisión, destinar recursos económicos para garantizar la ejecución de las obras y avanzar en un proyecto de ley de la República que establezca una hoja de ruta obligatoria para la expansión energética de la capital. Este marco jurídico debería fundamentarse en los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, donde la Nación planifica y financia la infraestructura estratégica; el Distrito gestiona territorio, licencias y socialización comunitaria; y ambos asumen responsabilidades sincronizadas y verificables.

Si la energía es un servicio esencial, no puede quedar a merced del conflicto político entre dos gobiernos enfrentados, así la ley debe blindar las obras estratégicas frente al vaivén político y garantizar que la seguridad energética sea un deber jurídico y no una promesa discursiva. Solo así Bogotá podrá evitar convertirse en una capital sostenible solo en el discurso, pero al borde del apagón en la realidad. La energía no puede seguir siendo víctima del hielo político entre Galán y Petro; debe convertirse en un compromiso institucional inaplazable.

Luis Fernando Ulloa

Un fiasco de aniversario

Tal vez no les comenté en su día que el as que Pedro se guardaba en la manga para este año 2025, era nada menos que la celebración de la muerte de Francisco Franco, dictador español, que murió plácidamente en su cama después de ganar una guerra civil, poner orden en el caos, ser terriblemente malo para unos y ser magníficamente bueno para otros. Cien actos organizados por un comité especial, cien actos de los que tal vez por vivir al norte del norte de los Pirineos, no he oído tanto hablar. Hace cuatro días se cumplía la efeméride, 50 años de una muerte. Dicen que inicio de la democracia, pero lo cierto es que hasta tres años después no se pudo votar la Constitución del 78, único motivo de alegría para los demócratas.

No soy tan mayor como para haber vivido un segundo de dictadura y en mi casa no se guarda rencor por aquello, pues ya se sabe que el camino para la paz es la mala memoria. Memoria que el rojerío moderno, el de este siglo XXI, el que vino de la mano del expresidente español Zapatero; sí, el mismo que colabora y ejerce de lobista para el régimen de Maduro, el mismo al que el actual gobierno de Estados Unidos está pensando retirarle la visa por sus vínculos con el nada democrático y muy ligado al narcotráfico régimen venezolano, quiso avivar desde sus primeros años de gobierno, moviendo los rescoldos de una guerra que dejó marcada España. Si algo tienen los españoles es además de mala memoria poco sentido crítico de los hechos históricos, si a esto le sumamos que la izquierda atiza el fuego desde el victimismo del perdedor entonces tenemos como resultado la conmemoración de la muerte de un señor al que ya pocos conocimos. Lo más triste es que creen que avivando el odio ganarán una última batalla.

 

La última batalla ya se ganó, y tanto levantar al muerto de su cama, y tanto desgobernar para los vivos lo único que están logrando es que cientos de jóvenes se identifiquen en las antípodas del socialcomunismo que gobierna hoy España; VOX. 

Siempre le doy un voto de confianza a los jóvenes, ellos tienen su ideal de mundo, de España, llevan dentro una energía que los adultos tal vez hayamos ya gastado y no les falta motivación para emprender sus causas. Tal vez quieran cambiar lo que el socialcomunismo de Sánchez les ofrece: una prosperidad precaria, el hombre como violador, la ecología como religión, un futuro laboral gris, una patente falta de ideales y exigencia, un exceso de carga impositiva, una diferencia social en aumento y una brecha que crece entre comunidades, una familia desprotegida, la inmigración desatendida, la delincuencia en aumento… Y sospecho que además perciben el deterioro institucional: ese gobierno que ejerce a base de reales decretos- imponiendo-, una cámara baja amordaza, un senado sin fuerza que no puede cambiar o paliar el rumbo de las cosas, una sociedad que no puede votar a pesar de que no se han presentado ni aprobado ni presupuestos. Vean, con un panorama democrático así cualquiera se cambiaría de bando.

Lo mejor de todo el año ha sido precisamente el 20 N. No porque muriera Franco, sino porque en esos procesos que tiene el destino, la mala idea que tiene el karma, el azar o el Poder Judicial, bastante vilipendiado por la pandilla de políticos progresistas que tenemos, en una jugada pensada o sin pensar, ha querido zanjar uno de los asuntos judiciales que más le agobiaban a Sánchez.

“ ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal general?”, recogía el titular la semana pasada. Nadie. Mejor dicho, usted, señor Sánchez.

No son pocos procesos judiciales que atañen al círculo más cercano de Sánchez; su mujer, su hermano, su querido y buen amigo Santos Cerdán- secretario de organización del partido socialista español-, su mano derecha, ahora calcinada, José Luis Ábalos, ex secretario de organización del partido y dos veces ministros del gobierno en Fomento y Transporte, su fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, éste último proceso judicial tal vez sea el más relevante para medir la salud garantista de España.

Un año y ocho meses ha tardado Sánchez en pasar a los libros de Historia del Derecho. Tiempo que ha tardado la justicia en resolver el caso contra el Fiscal General del Estado por revelar secretos. El primer caso en la historia. No es para estar orgullosos, no, pero en parte sí, porque a pesar de que García Ortiz fuera pieza fundamental del sistema judicial, a pesar de depender del Gobierno, a pesar de estar Sánchez apoyándolo, podemos decir que en España aún hay garantías y que tarde o temprano la Justicia habla. Imagino que a los miembros del gobierno que la Justicia empañara la celebración de una muerte anunciada nos les hizo ni pajolera gracia.

Almudena González

Las ideas liberales que Colombia necesita para prosperar entre 2026 y 2030

Colombia llega a 2026 con una mezcla de frustración y esperanza. Frustración por la baja inversión, el insuficiente crecimiento, la informalidad persistente, las brechas de oportunidades y un Estado que promete mucho pero cumple poco. Esperanza porque también estamos frente a una oportunidad de lograr nuevos acuerdos sobre qué tipo de país queremos ser y qué tipo de ideas nos pueden sacar del círculo vicioso de bajo crecimiento, desigualdad, polarización y progreso insuficiente.

Entre los muchos proyectos políticos en disputa, hay un conjunto de ideas que por años ha sido subestimado, caricaturizado o usado de manera superficial: las ideas liberales. No liberales como eslogan, ni como dogma, sino como un proyecto profundamente humano que coloca la libertad, la dignidad, el esfuerzo individual y las instituciones al servicio de la movilidad social.

 

El liberalismo que Colombia necesita para 2026–2030 no es aquel que entiende que la libertad solo florece cuando las instituciones funcionan, cuando la ley protege a todos por igual, cuando los mercados son abiertos, y cuando el progreso económico se convierte en movilidad social ascendente para millones de colombianos.

La primera idea que debemos recuperar es la centralidad del individuo y su capacidad de transformar su vida. Colombia debe superar la idea de un estatismo que promete resolverlo todo desde el poder central, y un populismo que prefiere ofrecer culpables antes que soluciones. El enfoque liberal busca garantizarle a cada persona las condiciones para que pueda ser protagonista de su propio proyecto vital.

Eso significa instituciones que reduzcan trámites absurdos, que no castiguen al que produce, que faciliten emprender y trabajar. Significa un Estado que deja de obstaculizar a los sectores productivos para convertirse en un aliado del crecimiento. Y significa entender que no hay política social sostenible sin un sistema educativo un mercado laboral y un sistema de protección social.

Entre 2026 y 2030, Colombia debe apostar por un liberalismo que fortalezca las bases materiales de la libertad. No se es verdaderamente libre si la informalidad impide ahorrar, si la educación no forma para el trabajo, si la justicia tarda años en resolver un conflicto o si la seguridad se desmorona.

En ese sentido, las ideas liberales no son abstractas: son profundamente prácticas. Una economía que crece al 4 % anual durante una década saca más gente de la pobreza que cualquier otro tipo de reforma. Un mercado laboral flexible con protección social moderna integra a millones que hoy sobreviven en la informalidad. Una política fiscal responsable ayuda a mantener baja la inflación y protege el ingreso de los hogares más vulnerables. Y un sistema de educación y formación para el trabajo alineado con las necesidades del sector productivo multiplica la movilidad social.

También hay una dimensión ética del liberalismo que Colombia necesita recuperar: la confianza y la asociación voluntaria. En un país polarizado, la confianza es un acto de valor. Los liberales entienden que la cooperación social no surge por decreto, sino de reglas claras, de transparencia, de instituciones independientes y de un debate público basado en evidencia. Sin confianza no hay inversión, no hay innovación, no hay proyectos de largo plazo. Sin confianza, el país se queda atrapado en la sobrevivencia del día a día.

Por eso las ideas liberales son, en el fondo, un proyecto de modernización: mercados abiertos y competitivos, Estado eficiente y transparente, libertad económica acompañada de oportunidades reales para todos, protección de los derechos individuales, instituciones sólidas y meritocracia como motor del ascenso social.

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Colombia puede ser un país que produce más, que incluye más y que confía más. Para lograrlo, necesitamos una narrativa distinta: menos miedo, menos resentimiento, menos promesas imposibles.

El liberalismo no es una ideología fría. Es, quizás, la apuesta más cálida y esperanzadora para un país que quiere que cada colombiano pueda vivir mejor, decidir más y soñar más. Y esa es, en esencia, la promesa más poderosa para la Colombia de 2026–2030. ¿Qué partidos y qué candidatos mejor representan las ideas liberales en Colombia?

Daniel Gómez Gaviria

El canto inquieto de los mercados

En los vastos reinos del comercio y las finanzas, donde los sabios dibujan gráficos como astrólogos y los mercaderes leen datos como augurios, comenzó a oírse un extraño murmullo. Era un susurro que venía del gran reino del Norte, donde los ministros del trabajo anunciaban que el ejército de trabajadores se debilitaba… pero curiosamente, los nuevos reclutas seguían llegando en abundancia.

Aquella contradicción confundió a todos: unos veían señales de enfriamiento y vendían sus tesoros, mientras otros celebraban, confiados en que la Gran Reserva (la Fed) bajaría pronto sus hechizos de tasas.

 

Los oráculos recordaban que hace unos meses la probabilidad de un recorte era de 95%, luego cayó al 40% y ahora, con los nuevos presagios, ascendía al 70%. Aun así, todos coincidían en algo: el reino del Norte estaba lejos de caer en desgracia. Más al sur, en las tierras calientes de Latinoamérica, la marea no era tan benévola.

El poderoso S&P 500 había tropezado, el dólar volvió a inflarse como un dragón irritado, y las monedas de la región se debilitaban, arrastradas por los vientos globales de temor. Muchos sabios decían que era inevitable: tarde o temprano, las monedas debían ajustar su valor frente al fortalecimiento del Dólar-Dragón (DXY).

En el reino colombiano, sin embargo, algo inquietaba a los guardianes de la economía: el peso llevaba semanas fortaleciéndose como un guerrero invencible, quizá demasiado. El brillo excesivo en su armadura despertaba sospechas de un desequilibrio por venir.

Más al sur, en Chile, el destino escribió un capítulo político lleno de giros. La dama Jara ganó la primera batalla electoral por un suspiro, pero la suma de los ejércitos de derecha mostraba una fuerza mayor para la gran guerra final. Además, el reino chileno ya había celebrado con una bolsa subiendo más del 50%, así que una toma de ganancias era casi inevitable.

Cuando llegó el resultado electoral, el mercado no se sobresaltó: ya lo tenía tatuado en sus profecías. Los sabios comparaban Chile y Colombia. En ambos reinos, la izquierda parecía tener un techo entre 25% y 30%, pero a diferencia de Chile —donde todos los caballeros fuertes eran de derecha— en Colombia reinaba el caos: derecha, centro y outsiders se batían en el mismo tablero, creando un torbellino de incertidumbre.

La gran encuesta CNC reforzó este misterio. Cepeda lideraba con cerca del 21%. Abelardo, un caballero inesperado de la derecha, sorprendió a todos con su ascenso rápido. El centro ocupaba el tercer y cuarto lugar, y Roy Barreras vagaba lejos del podio. Del pueblo, un 31% seguía sin decidir, como aldeanos aguardando señales en el cielo. Los augures del reino concluían: el próximo gobernante saldría probablemente de los primeros cuatro nombres. Y Cepeda, aunque líder, no tenía cómo vencer en primera ronda. Mientras tanto, el reino colombiano celebraba su crecimiento económico.

El tercer trimestre mostró un poderío del 3.6%, superando lo esperado. Diez de doce gremios prosperaron: el gasto público se disparó como un cofre abierto, el comercio minorista floreció, la recreación y la cultura cantaban con júbilo, y hasta el sector financiero revivía. Pero no todo era festejo: los sabios advertían que crecer a punta de gasto y consumo era como construir un castillo sobre arena. La inflación podía despertar, el déficit engordaba y la deuda pública comenzaba a gruñir.

Fue entonces cuando los guardianes revelaron el verdadero monstruo: la Montaña de Deuda. Meses atrás, cuando el peligro parecía inminente, Crédito Público había evitado emitir TES largos —para no enfurecer a los mercados— y eligió armas de corto alcance: TES cortos, créditos externos y trucos colaterales. Aquello aplazó la batalla, pero no la ganó. Ahora la montaña reclamaba su tributo. El año 2026 aparecía en el horizonte como un dragón gigantesco: vencerían cerca de 68 billones en deuda —el triple de lo habitual— y no habría escapatoria.

El reino tendría que emitir TES largos, quisiera o no, y los mercados ya estaban ajustando sus precios para ese futuro inevitable. Los maestros concluyeron: —No es un mal nuevo, ni un dragón recién nacido. Es el mismo que vimos en junio y julio… solo que esta vez ha despertado con más hambre. Y así, en medio de presagios mixtos, monedas que se fortalecen demasiado rápido y montañas de deuda que exigen atención, los reinos financieros siguen adelante, atentos al próximo capítulo en esta crónica que nunca descansa.

Fabián Herrera

Si Estados Unidos ataca y Maduro cae, ¿quién salva a Colombia del caos regional?

Existe una pregunta que ya ronda en todas las mesas de análisis, y en otras mucho más banales: ¿Maduro sí llegará a diciembre? Yo me hago la misma pregunta mientras revisó el ruido geopolítico de estos días. La región vibra, retrocede y avanza como si estuviéramos en un tablero donde los jugadores nunca muestran todas las cartas. Y Colombia, como siempre, queda justo en la mitad.

Algunos sectores de derecha gritan que Colombia ya esta en problemas, que la crisis venezolana nos arrastra, que Estados Unidos toma decisiones sin medir consecuencias. También escucho a quienes dicen que Petro solo juega a posicionarse globalmente, a aparecer en el mapa como un líder progresista que busca protagonismo internacional mientras el país lidia con sus tareas internas.

 

Esa tensión, entre alarma y espectáculo, define buena parte de la conversación.

Lo que sí cambió fue la actitud de Nicolás Maduro. El hombre que antes tildó de cobarde a Donald Trump ahora muestra un rastro de miedo. Porque una cosa es retar al tigre desde lejos y otra muy distinta sentir el aliento cuando se acerca. Trump rugió, movió fichas, desplegó fuerzas, y Maduro, que siempre presumió fortaleza, solo pide calma. Ahí se ve el quiebre: quien gobierna un país no debería mostrarse tan asustado… a menos que el poder ya no repose del todo en sus manos.

Yo lo único que quiero es que Colombia no se meta en una pelea ajena. Pero tampoco deseo que el presidente se deje llevar por Estados Unidos. Esto no se trata de izquierdas o derechas; se trata de sobrevivir en un vecindario inestable sin entregar la soberanía. No peleemos con Trump, pero tampoco nos dejemos devorar por Estados Unidos. Hay que tener dignidad.

Ahora bien, ¿quién asegura que Estados Unidos no comete delitos internacionales al atacar lanchas supuestamente narcotraficantes en aguas que nadie definió claramente como internacionales? Eso abre un debate serio: si Maduro fuera tan fuerte como pregonó, no permitiría esas incursiones. Pero tampoco olvidemos que en Venezuela ya no entra un avión comercial, aunque Estados Unidos aún no ataca directamente. El silencio aéreo dice más que los discursos.

El periodista Juan Camilo Merlano reporta que hay muchísimo ruido en el país norteamericano: la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, la alerta NOTAM en Maiquetía y múltiples reportes que insinúan una “nueva fase” militar.

Todo alimenta la tesis de que ahora sí viene un ataque. Pero así como sube el humo, también baja. Porque designar al Cartel no implica necesariamente accionar misiles; para los talibanes, por ejemplo, nunca hubo designación formal y aun así los bombardearon. Nada es lineal con Estados Unidos.

El ruido, los reportes y los rumores siempre existen. Y aun con ese ruido, muchos en Estados Unidos se preguntan, con fastidio, por qué tendrían que resolver lo que los venezolanos no resolvieron después del 28 de julio.

Un ataque puede suceder, sí, pero difícilmente será la fórmula mágica. La solución real sigue dependiendo del quiebre interno en Venezuela.

Por ahora, el mundo espera. Y yo veo a Estados Unidos jugando a asustar, midiendo fuerzas y recordándonos que Latinoamérica sigue siendo, para ellos, un tablero que no quieren soltar.

Andrés Prieto

El “matriculazo” que vacía a Bogotá: la jugada ya cobra 1,1 billón de pesos

Bogotá y Cundinamarca deben actuar de forma coordinada y armónica, con el fin de atender debidamente las necesidades de sus habitantes. Pero para alcanzarlo es indispensable que su actuar se caracterice por lealtad y transparencia. Por eso, cuando identifiqué que Cundinamarca activó un esquema diseñado para drenarle recursos a la capital, levanté la voz.

Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana: el “matriculazo” se instaló como una práctica silenciosa que opera desde hace años y ya generó una pérdida de 1,1 billones de pesos para la ciudad. Y sí, lo digo con toda claridad: Cundinamarca se aprovecha de Bogotá violando la ley y generando una competencia desleal.

 

El mecanismo funciona con precisión quirúrgica. Primero, varios municipios ofrecen tarifas bajas para atraer matrículas de carros que en realidad circulan casi todo el tiempo en Bogotá. Luego, la gobernación entrega descuentos del 50% y del 20% en el impuesto vehicular durante los dos primeros años. Todo esto pese a que el Consejo de Estado ya declaró, en 2014 y 2022, que los descuentos sobre el impuesto de vehículos establecidos por los distritos y departamentos son ilegales.

Aun así, el plan continúa y produce un incentivo perverso: que miles de propietarios registren sus vehículos y paguen impuestos fuera de la ciudad, a pesar de que circulan cotidianamente en la capital. En otras palabras, Bogotá pone las vías, Bogotá pone el trancón, Bogotá pone el aire contaminado… y otros se quedan con la plata.

Desde el 2015, Bogotá ha dejado de matricular 241.000 vehículos. Cada uno de esos carros circula, contamina y desgasta nuestras vías todos los días. Tres de cada diez vehículos que transitan por la capital se matriculan en otro territorio. El desbalance tributario se vuelve insostenible. Para que se hagan una idea, con esos 1,1 billones de pesos perdidos se pudieron haber financiado seis Centros de la Felicidad completos. Ese dinero ya no volverá.

Ante este escenario, actuaré. Presentaré una demanda de nulidad contra la Ordenanza 002 de 2024 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca que establece los descuentos sobre el impuesto de vehículos, porque viola de manera abierta la Ley 488 de 1998 y la Constitución. Los departamentos no tienen competencia para conceder descuentos sobre un impuesto que es propiedad de la Nación. La norma es clara y el precedente judicial también.

Sin embargo, el beneficio sigue operando como si nada. Por eso, la acción judicial que impulsaré no busca un choque político, sino restaurar el equilibrio y frenar una práctica que lesiona e impide ilegalmente el recaudo al que tiene derecho Bogotá.

El Alcalde Galán, consciente del rezago tributario, anunció como medidas para 2026 que los vehículos no matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes y un incremento del 50% en el pico y placa solidario. La ciudad decidió cerrar una puerta que permaneció abierta demasiado tiempo.

Teniendo en cuenta estas medidas, y con el propósito de nivelar la cancha desde ya, propongo al Gobierno distrital que los municipios de Cundinamarca que nivelen la tarifa de la matrícula con la de Bogotá, sean exentos de la medida de pico y placa cada dos sábados al mes.

Además, propongo abrir la discusión nacional sobre el domicilio fiscal de los vehículos: no puede seguir siendo solo el domicilio del organismo de tránsito donde se registra, sino también el lugar donde realmente reside y circula el propietario o poseedor.

Gobernador Jorge Emilio Rey, el “matriculazo” contra Bogotá es inaceptable. No se puede hablar de unión y armonía entre territorios, mientras no hay justicia ni lealtad.

Bogotá se respeta. Quien genera la carga, debe contribuir a pagar el costo. Y yo seguiré defendiendo esa premisa. Mi deber como concejal de la ciudad es actuar. Aquí no hay improvisación: hay justicia tributaria.

Juan David Quintero

Un Frente Amplio para ahogar las violencias

Colombia atraviesa un momento decisivo en el que la unidad de las fuerzas democráticas del país se vuelve indispensable para fortalecer el cambio iniciado. La izquierda, el liberalismo progresista, la socialdemocracia y el socialismo democrático comparten hoy una responsabilidad histórica que ya no admite aplazamientos. La unidad abre la puerta para profundizar el cambio progresista, dignificar la vida, defender la soberanía y ampliar la democracia. Esa unidad compromete asumir de manera consciente la responsabilidad de trabajar por un presente y un futuro de nación colectiva e incluyente, en el que todas las personas y todos los territorios se sientan parte de un mismo proyecto compartido.

El país necesita un Frente Amplio que confronte de manera decidida la violencia y las políticas que debilitan el Estado, mercantilizan los derechos, precarizan el trabajo y destruyen la cohesión social. Este modelo que convierte la tierra, el agua, el aire, la educación, la salud y los bienes comunes en mercancías y condena a millones a la pobreza y la exclusión. Frente a este panorama, se requiere un proyecto que defienda las tesis redistributivas, recupere lo público como bien común y reorganice la economía en función de la vida y de la justicia social. Dar continuidad al cambio progresista implica transformar desde la raíz la estructura económica que sostiene la desigualdad y hacerlo con una visión de nación que incluya a las mayorías y no solo a unos pocos.

 

La unidad tiene que convertirse en una estrategia política y organizativa de largo plazo. Es preciso que el Frente Amplio se consolide a partir de la unidad para las elecciones presidenciales, pero no puede limitarse a un acuerdo temporal. Las fuerzas que lo integren deben continuar su proceso más allá de los calendarios electorales, con el fin de construir un programa político, pedagógico y cultural estratégico, capaz de ganar la voluntad de las mayorías, disputar el sentido común, dialogar con la sociedad y demostrar con claridad que la justicia social, la paz y la democracia intensa son el camino para un país con dignidad. Este esfuerzo ha de concebirse como un compromiso generacional con la construcción de un proyecto de nación colectiva, incluyente y solidaria, que convoque a las nuevas generaciones.

Uno de los pilares de este proyecto consiste en reconstruir o generar la presencia del Estado desde y en los territorios históricamente excluidos. Numerosas regiones de Colombia han vivido bajo el abandono institucional o bajo la autoridad de poderes ilegítimos. En esos vacíos surgió y se fortaleció la violencia armada. Por eso, hay que promover que el Estado y la democracia emerjan desde los territorios, incluidos los territorios de los pueblos étnicos, sus gobiernos propios y sus espiritualidades ancestrales. La nación no estará completa mientras los pueblos étnicos no sean reconocidos plenamente como actores fundamentales en la construcción de la paz, la defensa de la naturaleza, la armonía territorial y la soberanía cultural.

La paz se repara o construye con la diversidad cultural y espiritual del país. La superación de la violencia armada exige combinar seguridad humana, igualdad social, desarrollo sostenible y participación efectiva. La violencia se derrota cuando la democracia se expande y cuando el Estado se fortalece con justicia, bienestar, cultura, educación, salud, vías y alternativas económicas. Allí donde la ciudadanía participa y decide, la confrontación violenta alimentada por el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico de armas pierde sentido y la sociedad recupera su horizonte de futuro.

Es imprescindible que la planeación nacional recupere su papel central en la definición de los grandes rumbos del país. Colombia alcanzará la paz y la soberanía si avanza hacia un modelo de desarrollo sostenible que ordene el territorio alrededor del agua, proteja la biodiversidad, enfrente el cambio climático y garantice la soberanía alimentaria. La transición energética justa, la restauración ambiental y el fortalecimiento de las economías populares, comunitarias y solidarias deben convertirse en objetivos permanentes del proyecto nacional.

Una sociedad democrática de nuevo tipo exige una descentralización real acompañada de recursos suficientes. Los territorios requieren poder decisorio y mecanismos de participación directa capaces de vincular sus decisiones a las políticas públicas. La democracia necesita dejar de ser un ritual y transformarse en una práctica cotidiana que incida de manera efectiva en la vida de las mayorías. Un presente y un futuro de nación colectiva e incluyente implican que las decisiones no permanezcan concentradas en las capitales, sino que se construyan con las voces de los territorios y con las comunidades que han sido históricamente silenciadas.

Para ganar las elecciones y avanzar en un proyecto nacional transformador, la unidad requiere grandeza, coherencia programática y visión estratégica. La izquierda y las fuerzas progresistas necesitan superar los personalismos y los cálculos inmediatos, reconociendo que las coincidencias tienen un peso mucho mayor que las diferencias. La patria reclama madurez, liderazgo y claridad de propósito. Cuando hay división, el país retrocede. Cuando hay unidad, la democracia avanza. La responsabilidad de construir un presente y un futuro incluyente también recae en la ciudadanía organizada, en los movimientos sociales y en todas las personas convencidas de que otra Colombia es posible.

Esta es la hora del Frente Amplio. La hora de ahogar el neoliberalismo, la corrupción y la violencia armada con más democracia. La hora de construir Estado desde las regiones excluidas y con los pueblos étnicos como protagonistas. La hora de enfrentar el cambio climático y defender la naturaleza como fundamento de la vida. La hora de profundizar el cambio progresista y abrir el camino hacia una sociedad justa, soberana, colectiva e incluyente, en paz consigo misma y con su diversidad. El país lo necesita y la historia lo exige.

Luis Emil Sanabria D.

Inversiones globales con lentes locales

Alemania se compromete con 1.000 millones de euros al fondo de bosques tropicales de Brasil (Reuters, noviembre 19/2025)

La Unión Europea simplifica los fondos de inversión sostenibles para evitar el greenwashing (Cinco Días, noviembre 20/2025)

 

La ISSB integra los riesgos relacionados con la naturaleza en los estándares globales de reporte (Financial News, noviembre 19/2025)

En las últimas semanas, el mundo de la sostenibilidad nos ha reconocido algo que muchos pedimos: la naturaleza no espera y nosotros tampoco podemos hacerlo. Alemania anunció que invertirá 1000 millones de euros en el fondo de bosques tropicales de Brasil, la Unión Europea está reformando sus reglas para que los fondos sostenibles sean más claros y la ISSB (Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, por sus siglas en inglés) se prepara para que los riesgos relacionados con la naturaleza dejen de ser un tema secundario en los reportes financieros. Noticias que, al principio, pueden parecer distantes, pero que juntas nos cuentan algo más profundo: la biodiversidad empieza a ser reconocida como un verdadero activo estratégico.

La inversión alemana en la Amazonía es un gesto histórico, sin duda, pero también nos recuerda lo difícil que es proteger lo que es de todos y, al mismo tiempo, de nadie. En Brasil, muchas comunidades dependen de la selva para vivir, mientras que las presiones de la agricultura industrial y la tala ilegal siguen ahí. Para que este dinero realmente funcione, no basta con transferirlo; hace falta fortalecer las instituciones locales, involucrar a las comunidades y apoyar los proyectos de base que ya están haciendo un trabajo increíble. Por ejemplo, en Mato Grosso, iniciativas indígenas están usando tecnología satelital y conocimiento ancestral para monitorear la selva y denunciar la deforestación, demostrando que la combinación de ciencia y cultura local puede ser más potente que cualquier política nacional.

En Europa, la reforma del SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles, por sus siglas en inglés) busca ponerle fin a la confusión sobre qué fondos son realmente sostenibles. Pero no es magia: los gestores de fondos tienen que adaptarse rápido, y los inversionistas, especialmente los menos experimentados, pueden perderse entre cifras y clasificaciones. Aquí la solución está en educar, en dar herramientas claras y confiables. Fundaciones como WWF y grupos como la UNEP-FI están trabajando en guías de inversión que combinan impacto real con rentabilidad, algo que demuestra que la sostenibilidad no está peleada con el sentido común financiero.

Y luego está la ISSB, que con su decisión de integrar los riesgos de naturaleza en los reportes financieros nos está diciendo algo que deberíamos haber sabido hace tiempo: lo que dependemos de la naturaleza es tan real como nuestra deuda o nuestro flujo de caja. Empresas como Natura en Brasil o Patagonia en Estados Unidos ya reportan cómo sus operaciones dependen de la biodiversidad y qué impacto tienen, mostrando que es posible hacerlo sin que la contabilidad se vuelva un laberinto. Aun así, muchas pymes y empresas medianas luchan por recopilar estos datos. Por eso es importante que los estándares sean escalables y que existan herramientas accesibles que permitan a todos participar sin sentirse abrumados.

Lo cierto es que ninguna inversión o regulación por sí sola garantiza la conservación. Sin políticas locales fuertes, sin educación ambiental y sin la participación de la comunidad, los resultados pueden ser regulares, en el mejor de los casos.

Por eso proyectos que conectan la inversión financiera con la gobernanza territorial, los conocimientos indígenas y la educación ambiental son los que realmente marcan la diferencia. Por ejemplo, programas en Perú que vinculan pagos por conservación con educación comunitaria han logrado reducir la tala ilegal mientras generan ingresos directos para las familias locales. Ese es el tipo de enfoque que necesitamos ver replicado en todas partes.

Lo que estas noticias muestran es un cambio profundo: la biodiversidad empieza a ocupar el lugar que siempre debió tener. Ya no es un tema de ética ambiental; es económico, social y humano. Proteger la naturaleza significa asegurar el agua, los alimentos, la energía y la estabilidad de nuestras comunidades. Pero también implica reconocer los retos: la gobernanza local, la recopilación de datos confiables, la transparencia de los fondos y la educación de los inversionistas son obstáculos reales que requieren soluciones creativas y colaborativas.

Si algo queda claro, es que estamos ante una oportunidad histórica. Invertir en la naturaleza no es solo un acto responsable; es un acto inteligente. La combinación de inversión, regulación y estándares globales puede ser la llave para que la conservación deje de ser un ideal lejano y se convierta en un proyecto tangible, con impacto medible, que beneficie tanto a los ecosistemas como a quienes vivimos de ellos.

Es más, si logramos que estas acciones se sientan cercanas, conectadas con historias humanas, con comunidades y empresas que ya están dando pasos concretos, entonces la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto y se transforma en algo que todos podemos entender, apoyar y replicar.

Juan Camilo Clavijo

El tijeretazo a puerta cerrada a la educación de Antioquia

El martes 18 de noviembre la Asamblea Departamental de Antioquia dio un espectáculo que retrata la forma como el uribismo entiende la democracia: los estudiantes de las universidades públicas protestando en las graderías por los recortes al presupuesto de educación superior, y la Presidenta de la corporación, la diputada del Centro Democrático Verónica Arango, ordenando suspender la sesión y anunciando que al otro día el debate sería “a puerta cerrada”. Solo cuando la indignación ciudadana creció y el propio gobernador tuvo que hacer el regaño en público por redes sociales, se vieron obligados a recular y permitir el ingreso de la gente a la sesión del miércoles 19.

El episodio no es menor. Que la presidenta de la Asamblea intente sacar a la ciudadanía del recinto justo el día en que se discute el Presupuesto Departamental de 2026 –un plan de casi 8 billones de pesos para el próximo año– no es justificable de manera alguna. Es una decisión profundamente antidemocrática: querían recortar a las universidades públicas sin tener que escucharles la voz a quienes estudian y trabajan en ellas. Fueron los estudiantes, con sus arengas y su presencia masiva, los que dejaron en evidencia la incomodidad del uribismo cuando las gradas se llenan y la política deja de ser un diálogo entre élites.

 

El miércoles 19, finalmente, el presupuesto se aprobó “a puerta abierta”, pero con una puerta bien cerrada en lo que de verdad importa: los recursos para la educación superior pública en Antioquia. Los porcentajes hablan por sí solos. La Universidad de Antioquia pasa de recibir el 0,88% del presupuesto de 2025 al 0,79% en 2026. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid baja del 1,09% al 0,99%. El Tecnológico de Antioquia, del 0,40% al 0,36%. Y la IU Digital de Antioquia, del 0,47% al 0,43%. En un presupuesto general tan grande, estos puntos porcentuales parecen pequeños sobre el papel, pero en la realidad significan menos cupos, menos profesores, menos laboratorios, menos bienestar estudiantil y más puertas cerradas para los jóvenes de los barrios populares y de los municipios.

No es un error aislado: es una política. Andrés Julián Rendón viene construyendo, paso a paso, un proyecto de castigo sistemático a las instituciones de educación superior del departamento. Hace unas semanas intentó eliminar las estampillas universitarias que financian al Politécnico, al Tecnológico y a la IU Digital. Solo la presión estudiantil y el rechazo de sectores políticos alternativos obligaron a la Gobernación a echar para atrás la jugadita y mantener ese recurso clave para nuestras universidades.

Ahora, con el presupuesto 2026, vuelve a la carga por otra vía: recorta la participación de estas instituciones dentro del total departamental, al tiempo que intenta vender la idea de que todo se compensa con una supuesta “base presupuestal” que, en la práctica, queda a merced de la voluntad política del gobernante de turno. Es el mismo libreto de siempre: debilitar las fuentes de financiación propias y autónomas de las universidades para concentrar el control de la plata en el Ejecutivo. Cuando la educación superior depende menos de normas estables y más del guiño o el regaño del gobernador, lo que se fortalece no es la calidad académica, sino el clientelismo.

Lo que ocurrió esta semana en la Asamblea deja ver, además, una fractura dentro del propio oficialismo departamental. La idea de sesionar a puerta cerrada fue tan indefendible que el mismo Rendón tuvo que salir en X a desautorizar a su aliada del Centro Democrático y a recordar que el presupuesto debía discutirse “escuchando todas las voces”. Pero que el gobernador haya corregido la forma no borra el fondo: el presupuesto que su administración defendió y logró aprobar reduce la tajada para la UdeA, el Poli, el TdeA y la IU Digital. Regaño por redes, recorte por decreto: así no se gobierna la educación de todo un departamento.

Mientras el Gobierno del cambio trabaja para ampliar el acceso a la educación superior pública, condonar deudas del Icetex y fortalecer la financiación de las universidades, en Antioquia el proyecto de Andrés Julián Rendón y el uribismo se dedica a reducir su participación en el presupuesto y a intentar sacar a los estudiantes de los escenarios donde se toman las decisiones. Esa incoherencia no solo es injusta: es un obstáculo directo al derecho a la educación de miles de jóvenes antioqueños.

La lección de estos días, sin embargo, también es esperanzadora. Cuando el uribismo quiso cerrar las puertas de la Asamblea, los estudiantes respondieron con organización y movilización; cuando intentaron quitarles la estampilla, la presión social obligó a revertir el ataque; ante el ataque directo de disminuir la incidencia que tiene la educación superior en el presupuesto, los estudiantes de Antioquia no se quedarán de brazos cruzados.

Alejandro Toro

El Mediterráneo Americano

“Mediterráneo americano” es un concepto del influyente politólogo y geopolítico Nicholas Spykman para definir la importancia que ha tenido y tiene para los Estados Unidos su hegemonía en la cuenca del Caribe. Para Atenas fue el control sobre el Egeo y para Roma, el control del Mediterráneo, el Mare Nostrum. En 1898, los Estados Unidos derrotó a la flota española en la guerra hispano-estadounidense y, con ello, expulsó definitivamente a las potencias coloniales europeas de la cuenca del Caribe. Esa cosa maravillosa que había comenzado en el Reino de Castilla cuatrocientos años antes terminaba en el mar donde empezó, y fue a partir de ese hecho que Estados Unidos se convirtió en una verdadera potencia mundial y, de alguna manera, tomó forma su vocación imperial. América se hizo consciente de sí misma aquel 3 de julio, en medio de la destrucción de la escuadra naval española en Santiago de Cuba, e iniciaba, casi sin saberlo, un nuevo capítulo de lo que Kipling llamó “la carga del hombre blanco”. Unos años después abriría el Canal de Panamá y pasaría el siglo XX defendiendo su “mar intermedio” de la piratería impulsada desde La Habana, pagada por Moscú. Eso quedó atrás.

Ahora América ha vuelto al Caribe. La operación “Lanza del Sur” constituye una redefinición del poder global. El hemisferio occidental se encuentra frente a una amenaza emergente: el crecimiento desmesurado del crimen organizado en la región. Ya no se trata de delincuentes; se trata de actores criminales capaces de capturar Estados. Pasó en Venezuela y, estratégicamente, se proyecta sobre Colombia. Es más que un problema de inestabilidad: es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. El Cartel de los Soles no quiere el poder para hacer negocios; ha replanteado el paradigma criminal y ahora entiende que el poder es el negocio. El régimen venezolano imagina su posición desde la perspectiva que Chávez llamó “El Gran Caribe”, “un polo de poder” alternativo al dominio histórico de Estados Unidos en la región. El Gran Caribe implicaba crear una zona de influencia donde la presencia militar estadounidense fuera contrarrestada por acuerdos de cooperación militar ruso-venezolana y cubano-venezolana en el Caribe. El Cartel de los Soles ha seguido impulsando este objetivo. El Caribe es un punto sensible para la proyección rusa, dada la base militar en Cuba y los acuerdos con Venezuela. La flota americana limita la capacidad rusa de amenazar el Estrecho de Florida o apoyar a Caracas con envíos de armas y energía, como se vio en el incidente del Seahorse. Además, amenaza indirectamente a Cuba desde el sur y el norte, reduciendo su rol como “puente” para influencias rusas en el Atlántico.

 

La designación del Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) supone que el gobierno venezolano ya no será tratado como una dictadura criminal, sino como una fuerza hostil que afecta gravemente el equilibrio político del hemisferio y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sus jefes y sus miembros, a todo nivel, serán considerados como “combatientes enemigos” y, por lo tanto, sujetos de fuerza letal en cualquier caso donde ello sea pertinente. Esta organización terrorista utiliza la inmigración como un arma, realiza operaciones clandestinas en el extranjero a través de una fuerza ilegal creada por sus organismos de inteligencia, a la que denomina Tren de Aragua, y cuenta con ejércitos proxy que usa para socavar la democracia en Colombia, traficar drogas, explotar minerales ilícitamente y gestionar redes internacionales de lavado de activos. Este cartel es socio de Hezbolá y Hamás y apoya actividades ilegales para burlar las sanciones internacionales impuestas a Irán y Rusia. No se le reconoce a este cartel-Estado ninguna legitimidad.

Desde México hasta Venezuela, las nuevas organizaciones criminales se expanden como un vector viral que devora la sociedad mientras intentan convertirse en carteles de Estado usando medios típicamente terroristas. Washington ha puesto en práctica una estrategia para responder a esta agresión. Los países latinoamericanos que se encuentran amenazados deben tomar atenta nota y replicar los medios militares, legales y narrativos que Estados Unidos está aplicando en medio de este rediseño estratégico. Una nueva visión para una nueva amenaza.

Jaime Arango