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Histórica condena al expresidente Uribe Vélez

Escrito por Luis Fernando Ulloa en Jul 29, 2025. Publicado en Opinión.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentó su primer gran proceso judicial por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, acusado de haber influido en declaraciones para desacreditar al senador Iván Cepeda, su principal acusador. Tras múltiples intentos fallidos de preclusión por otrora Fiscalía, el caso en esta reciente oportunidad fue llevado ante el juzgado 44 de conocimiento a cargo de la juez Sandra Heredia, quien emitió fallo condenatorio en primera instancia este 28 de julio de 2025.

La condena judicial contra el expresidente, representa un hito histórico sin precedentes en Colombia. El fallo, basado en pruebas documentales, grabaciones y testimonios validados, inculcó que Uribe fue “determinador” de varios casos de soborno y fraude procesal. Esta decisión marca la primera vez que un expresidente colombiano es condenado penalmente por actos asociados al ejercicio del poder y la manipulación del sistema judicial. El fallo condenatorio marcó un hito sin precedentes: Uribe fue condenado por 3 sobornos de testigos y 2 fraudes procesales. El juicio ha sido calificado como el más mediático de la historia reciente del país, generando debates sobre independencia judicial, «lawfare» y el rol del poder político frente a la justicia. Desde el uribismo se denunció persecución política, mientras defensores del fallo lo celebraron como una victoria histórica por el Estado de Derecho. En un país donde la impunidad ha sido una constante para las élites del establecimiento, el proceso se suma a una tendencia latinoamericana en la que expresidentes han enfrentado la justicia, como ocurrió con Cristina Fernández en Argentina o Fujimori en Perú.

Lastimosamente le correspondió al poder judicial hacer lo que le correspondía a un juez natural de un presidente que sería el Congreso de la República por medio de la famosa cámara baja o de “absoluciones”. Luego el caso pasó a la Corte Suprema que venía reclamando sus heridas por las famosas “chuzadas” de Uribe. Pero hábilmente el expresidente renunció a su fuero de congresista para ser acogido por la fiscalía y el imperio de los jueces ordinarios, aunque eso ya es historia colombiana.

Sin embargo, el verdadero conflicto no radica en la sentencia, sino en la batalla por su interpretación política. Para la extrema derecha, Uribe se convierte en mártir, un símbolo de la lucha contra la “izquierda radical” y la judicialización de la política. La narrativa del complot y la persecución judicial ya se impone entre sus bases, alimentando un relato que fortalece emocionalmente su militancia y que podría derivar en una nueva ola de movilización ultraconservadora. Por su parte, la izquierda gobernante ya exalta el 28 de julio como un acto de justicia histórica en forma de “refundación de la patria” contra el símbolo del paramilitarismo y de los abusos del poder, donde por fin tienen la respuesta al costoso interrogante: ¿quién dio la orden de las 6.402 ejecuciones extraoficiales? o los mal llamados falsos positivos, que ahora sí eran jóvenes “recogiendo café”, así como las respuestas de ¿Quién dio la orden de las masacres del Aro, La Granja y San Roque?, para el senador y actor procesal Iván Cepeda, hoy la justicia cura con una profunda verdad sobre el máximo responsable de estos graves delitos.

Políticamente, el fallo no solo sacudió al partido Centro Democrático, y a su presidente fundador, símbolo de la derecha tradicional colombiana que ahora enfrenta esta costosa condena penal que pone en entredicho su liderazgo y legado; también sacudió el panorama internacional como lo referenció el secretario de Estado Norteamericano Marco Rubio, quien se pronunció desde su estrado político en defensa del exmandatario colombiano aduciendo que “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria”, si bien esta indebida intromisión extranjera, sin más muestras de delicadeza diplomática, prende una hoguera internacional mediante la politización del caso judicial como era de esperarse del Trumpismo radical, igual que Bernie Moreno y otro tanto muy significativo de legisladores gringos.

Así las cosas, la entronización del veredicto donde la juez declaró que “la Justicia no se arrodilla ante el poder”, anticipa una reconfiguración del mapa electoral de cara a las elecciones legislativas y presidencial de 2026. Una condena de esta naturaleza enredada y técnica nunca debilitará el liderazgo de un Uribe victimizado que reclama recuperar la seguridad democrática del país, incluso facilitará una transición hacia candidatos emergentes dentro de una coalición de la centro derecha. En suma, el juicio y la condena de Uribe no solo representan un precedente histórico en la justicia colombiana, sino que moldean un escenario político donde los electores evaluarán no solo opciones partidistas, sino también la integridad institucional, la coherencia ética en el ejercicio del poder y la transparencia frente al legado de impunidad.

La pregunta para 2026 será si Colombia opta por una derecha reformada o un compromiso renovado con la izquierda. Las implicaciones electorales son más profundas: la polarización se agudiza y las elecciones a Congreso y Presidencia del 2026 se perfilan como un plebiscito moral entre dos relatos antagónicos. La derecha radicalizará su discurso de resistencia, buscando en la figura de Uribe un aglutinante de base electoral, mientras que la izquierda aprovechará la condena como símbolo de su cruzada ética y reformista, donde el senador Iván Cepeda se consolida como el verdadero protagonista por la carrera a la presidencia a nombre de la izquierda colombiana que logra fructificar después de 13 años de esta lucha judicial. El riesgo mayor, sin embargo, es que la justicia sea tomada como un instrumento político y no como árbitro independiente, debilitando aún más la confianza ciudadana.

Colombia entrará en un ciclo electoral donde la realidad judicial será menos importante que la “verdad política”, y donde el país deberá decidir si sigue profundizando sus fracturas o encuentra una salida institucional que supere el legado del caudillismo, y como siempre, en esta polarización, el centro político se diluye, atrapado entre extremos que lo excluyen de la narrativa dominante y que podrían desincentivar su papel articulador en las elecciones de 2026.

Luis Fernando Ulloa

El juicio de la historia, Colombia exige justicia y dignidad

Escrito por Marcela Clavijo en Jul 29, 2025. Publicado en Opinión.

Este lunes 28 de julio de 2025, el país presencio un momento sin precedentes: la sentencia de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. Más allá de un proceso penal, se trata de un juicio simbólico en el que la historia se sienta frente a un espejo, y en él, miles de víctimas de la violencia, el despojo y la impunidad buscan justicia.

¿Por qué podría ser condenado Uribe?

La historia del caso se remonta a 2012, cuando Uribe intentó judicializar al senador Iván Cepeda, quien lo había señalado por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Pero en lugar de perseguir al acusador, la justicia volteó su mirada al expresidente: en 2018, la Corte Suprema abrió investigación formal en su contra. Lo que se reveló desde entonces son prácticas de manipulación de testigos, engaños procesales y sobornos, en un intento por silenciar las voces que buscaban esclarecer la verdad.

La Fiscalía ha documentado un extenso expediente: más de 27.000 grabaciones, interceptaciones, chats y testimonios que señalan al abogado Diego Cadena —y por su intermediación, al propio Uribe— como actores claves en una red de presión e impunidad.

Un juicio histórico

El juicio oral, iniciado el 6 de febrero de 2025, reunió más de 90 testigos y 67 audiencias que culminaron con los alegatos finales en junio y julio. La jueza Sandra Heredia emitirá la sentencia definitiva en un caso que trasciende lo jurídico: es un hito político, social y ético para Colombia.

Si es condenado, Uribe podría enfrentar entre 6 y 12 años de prisión, posiblemente en detención domiciliaria por su edad. Sin embargo, la verdadera condena será el juicio moral de un país que ha despertado. El riesgo de prescripción amenaza con cerrar el caso antes de octubre de 2025, dejando impunes delitos que nos duelen como pueblo.

¿Y las víctimas? ¿Y los desaparecidos? ¿Y los 6.402 falsos positivos?

Este proceso no ocurre en el vacío. Nos interpela a todos y todas. Porque Álvaro Uribe Vélez no solo carga hoy un expediente judicial: también representa el rostro de una época marcada por la guerra sucia, los «falsos positivos», el paramilitarismo institucionalizado, las chuzadas del DAS, los escándalos de corrupción como Agro Ingreso Seguro o la compra de votos para la reelección.

Durante su mandato (2002–2010), miles de vidas fueron truncadas: jóvenes ejecutados y disfrazados de guerrilleros, campesinas despojadas, líderes asesinados. Aún hoy, muchas familias siguen preguntando: ¿Dónde están nuestros hijos e hijas desaparecidas? ¿Cuándo llegará la verdad completa?

Este juicio no es revancha, es memoria. No es persecución, es justicia.

Frente a los discursos que intentan victimizar al expresidente o convertirlo en mártir de la derecha, el pueblo colombiano sabe que este proceso judicial es una oportunidad histórica para romper el ciclo de impunidad. No se trata de «uribismo vs antiuribismo», sino de elegir entre el silencio cómplice o la dignidad colectiva.

¿Cómo impacta esto en el futuro político?

Una condena sacudiría las estructuras del uribismo, debilitado electoralmente desde 2022. Podría fracturar aún más el Centro Democrático, abrir paso a liderazgos que intenten desmarcarse de su figura o, por el contrario, usarlo como símbolo electoral desde la victimización. Mientras tanto, las fuerzas progresistas y de izquierda deben mantener viva la bandera de la justicia, sin caer en el odio ni la polarización vacía, sino con firmeza ética y política.

Este juicio también puede reordenar alianzas: sectores del centro y la derecha podrían alejarse del uribismo, mientras que la izquierda podría consolidarse como garante de la justicia transicional, la memoria y los derechos humanos.

Colombia está cambiando. Que la verdad y la justicia no lleguen tarde.

El juicio contra Álvaro Uribe Vélez no borra el dolor, pero puede ser un paso firme hacia una Colombia distinta. Una Colombia donde ningún poder esté por encima de la ley, donde las víctimas sean escuchadas, donde la política se limpie del odio y la corrupción.

Que este 28 de julio sea recordado como el día en que la dignidad venció al miedo.

Marcela Clavijo

Por favor, no lo sigan llamando pastor

Escrito por Jefferson Mena en Jul 29, 2025. Publicado en Opinión.

Las personas que me conocen y las que me hayan leído, deben saber de mi profunda creencia en Dios y en su palabra manifestada por medio de su hijo. son más de 12 años en los que mi oficio preferido ha sido la lectura de la Biblia y el estudio de la misma, y es increíble las verdades absolutas que en un documento tan antiguo como este, se pueden encontrar.

Estos estudios me han enseñado y hecho comprender, la razón por la cual Dios decidió separar las actividades del gobierno de las actividades de la iglesia, como lo vemos en todos los apartes del escrito desde Éxodo en adelante.

A lo largo de la historia vemos como solo dos personas regentaron la condiciones de ejercer las dos distinciones reunidas en un solo individuo, me refiero hacer tanto líderes administrativos de un pueblo, como líderes espirituales. Una de estas figuras es Melquisedec, quien aparece en Genesis y en un momento de mucha dificultad ayuda a Abraham, el otro es Cristo quien es el líder de la iglesia y quien, de acuerdo a sus promesas vendrá a gobernarnos durante mil años.

Lo anterior solo para explicar la conveniencia que representa la división de estas dos instituciones, la de gobernar o administrar y por otra parte la de dirigir espiritualmente a un pueblo; cuando se ha tomado la decisión de no respetar esta división de tareas, el fin no ha sido bueno, excepto por los dos casos citados. La mezcla entre la responsabilidad espiritual que se tiene frente a una comunidad y la responsabilidad política o administrativa que se deba ejercer sobre la misma nuca ha sido la regla, más bien la excepción.

Para nadie es un secreto la crisis que atraviesa la iglesia, crisis que se enmarca en la emancipación que el hombre ha querido tener de todo aquello que limite su libertad, como respuesta a eso, muchas iglesias han caído en la tentación de adaptase al mundo, cuando el llamado es totalmente diferente.

Esa adaptación ha llevado a la exposición de concepto no Bíblicos; a la tergiversación de muchos otros, y como se ha permitido la interpretación subjetiva de la misma, tenemos tantas creencias como personas hay en el mundo, lo que ha llevado a que incluso la verdad revelada en sus capítulos y versículos sean relativizados de acuerdo al entendimiento que cada persona le quiera dar.

Esto ha llevado a que aparezcan figuras dentro del actual gobierno que se hacen llamar pastores, cuando efectivamente no lo son. De ellos hay que decir que pueden ser muchas cosas menos Pastores, llamarlo así es un descrédito para todos aquellos que de forma entregada se esmeran en seguir las sendas de Jesucristo.

De acuerdo con las escrituras si quieres saber quien es un verdadero pastor debes buscar en él características táles como: el vivir una vida irreprochable, es decir no se trata de vivir una vida sin errores, eso es imposible para nosotros, pero si vivir una vida buscando siempre imitar a Cristo.

El pastor debe ser un hombre de buena reputación, no solo con los que lo rodean, también con todos aquellos que le conocen, debe ser una persona reconocida por su correcto comportamiento, tanto en la iglesia como por fuera de ella, debe por los tanto inspirar respeto y admiración.

Debe ser amable, hospitalario y servir a los demás, tal como lo hizo Jesús, debe estar dispuesto a recibir a todos, sin importar si los conoce o no y tratarlos con amabilidad y consideración.

Un Pastor no debe ser iracundo o contradecir siempre lo que las otras personas dicen, ni mucho menos entrar en disputas, la única disputa que se le permite es aquella que esta relacionado con la defensa de la palabra y del evangelio, la única manera de responder es solo si se está desacreditando a Dios y a su naturaleza divina.

Un Pastor debe siempre dominar su orgullo, lo que lo lleva a practicar una humildad en la cual el mérito propio desaparezca y reconozca que en él no hay nada bueno y que todo proviene del dador de todo, Dios.

Jefferson Mena Sánchez

La inteligencia estratégica no es para perseguir a la oposición

Escrito por Columnista en Jul 28, 2025. Publicado en Opinión.

En la Colombia actual, hablar de inteligencia estratégica no tendría por qué incomodar ni despertar fantasmas del pasado. Por el contrario, debería infundir esperanza y marcar el inicio de una conversación seria y urgente sobre el porvenir del Estado. Bien concebida y ejecutada, la inteligencia estratégica permite anticipar amenazas y garantiza que las decisiones políticas y de seguridad sean tomadas con base en conocimiento estructurado, ético y legítimo.

En los últimos años, en el país hubo un retroceso en la materia, porque en lugar de consolidar una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) profesional, técnica y al servicio del Estado, se permitió su captura por agendas ideológicas. La DNI ha estado ausente frente a las amenazas más graves de la última década: el estallido social, la captura criminal de los territorios, la expansión de las disidencias de las FARC, el fortalecimiento del ELN, la sofisticación del Clan del Golfo y la infiltración del crimen transnacional en actividades extractivas, electorales y de gobernanza local. Por eso hoy, más que nunca, Colombia necesita una reforma profunda, audaz y ética de su sistema nacional de inteligencia estratégica.

¿Qué es la inteligencia estratégica?

Se debe empezar por aclarar que la inteligencia estratégica no es espionaje ni persecución. Por el contrario, es la herramienta institucional que transforma datos e información dispersa en conocimiento útil para tomar decisiones en función del interés general y mantener la vigencia del estado social de derecho. Y más aún, es un acto de responsabilidad estatal frente a las incertidumbres del entorno nacional e internacional siempre complejo.

En otras palabras, la inteligencia estratégica es el puente entre el presente y el futuro, que permite a los líderes políticos, a los planificadores y estrategas del Estado, anticipar escenarios, prevenir crisis, reducir daños y preservar el orden constitucional y democrático.

Inspirado en modelos como el del Reino Unido, Sir David Omand (2010), exdirector del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno -GCHQ- británico, ha dicho con claridad que “la inteligencia es la manera como un Estado puede mirar hacia el futuro tomando decisiones en el presente”.

El nuevo enfoque de inteligencia estratégica que se debe proponer para Colombia entiende esta disciplina como un sistema público de gestión de conocimiento especializado, orientado a la protección de bienes públicos esenciales como la vida, la soberanía, la infraestructura crítica, la gobernabilidad, los derechos fundamentales y, sobre todo, para construir la paz.

La inteligencia estratégica no puede depender de la voluntad del gobernante de turno. Tampoco, reducirse a una oficina que produce informes de coyuntura, ni mucho menos debe ser una proveedora de empleos bien pagos para los intereses clientelistas de tirios y troyanos. La inteligencia debe ser el cerebro anticipador del Estado. Si se tuviera que definir inteligencia con una sola palabra, esta es anticipación.

Un nuevo enfoque para reconstruir la inteligencia en el país debe partir de los siguientes postulados:

Actuar bajo el principio de imparcialidad, libre de sesgos ideológicos y partidistas, como lo exige la Ley 1621 de 2013.
Ser parte del sistema de gobernanza pública, dialogando con las instancias de planeación, la evaluación de políticas y la protección de bienes estratégicos.
Tener una visión amplia, multinivel y multiactor, que permita articular esfuerzos entre la Fuerza Pública, la academia, la sociedad civil y las agencias de control.
Ser transparente en sus límites, y sujeta a control político y judicial razonable, sin comprometer su eficacia operativa.
Contar con doctrina nacional, para dejar de importar modelos ajenos que no responden a nuestra realidad.

En este marco, la inteligencia estratégica no es sólo una función de seguridad, es también de planeación del desarrollo, gestión del riesgo, gobernabilidad territorial y protección de la democracia. Por eso propongo una “ruta crítica de acción” que incluya medidas como:

Nombrar en los cargos y acción de la inteligencia estrategica a servidores públicos profesionales expertos y respetuosos de la constitución y la leyes.
Restablecer alianzas internacionales con agencias de inteligencia de países aliados.
Reactivar las “task forces” -grupos de trabajo temporales- de inteligencia conjunta, hoy desmanteladas.
Reincorporar personal experto de la Fuerza Pública que han sido estigmatizados y retirados.
Fortalecer la inteligencia cibernética y electrónica.
Rediseñar el Plan Nacional de Inteligencia con prioridades claras para los próximos 10 años.

La prioridad para el próximo gobierno será recuperar la seguridad sin perder el alma democrática. Un Estado fuerte no es aquel que vigila sin control. Es aquel que anticipa sin violar derechos. Por eso, la inteligencia estratégica debe operar siempre dentro de los límites de la Constitución y el respeto por los derechos fundamentales.

La clave está en tener una doctrina de inteligencia para la democracia, no para el autoritarismo. Una inteligencia al servicio de la “res publica”, que no confunda la crítica con la amenaza ni la oposición política con el enemigo interno. Esto implica educación, formación, transparencia, control parlamentario y fortalecimiento del sistema judicial.

Quiero cerrar esta columna con un llamado sincero a las fuerzas vivas del país a recuperar la confianza en la inteligencia estratégica colombiana. A pesar de los errores, el país cuenta con oficiales, analistas, académicos y profesionales comprometidos con una visión ética y moderna de esta función del Estado. Son mujeres y hombres que creen en la democracia, que trabajan en silencio, que aman a Colombia y que saben que su deber es servir a los ciudadanos colombianos. A ellos les debemos la totalidad de las victorias que hemos obtenido en nuestra historia frente al crimen y a los enemigos del Estado.

Necesitamos proteger los valores fundacionales de nuestra sociedad: la paz, la vida y la libertad. Sin inteligencia estratégica, Colombia camina a ciegas. Y un país que camina a ciegas siempre tropieza en el mismo abismo.

Por: Coronel (RP) Juan Carlos Nieto Aldana, PhD en Gestión, experto en inteligencia estratégica y en seguridad ciudadana.

Un recorrido histórico por los 500 años de Santa Marta

Escrito por Amylkar Acosta | Opinión en Jul 27, 2025. Publicado en Opinión.

Este 29 de julio arriba Santa Marta a sus 500 años de su fundación. Por ella pasaron los conquistadores Pedro de Heredia, Gonzalo Jiménez de Quezada y Rodrigo de Bastidas. La expedición de los dos primeros los llevó a fundar a Cartagena en 1533 y a Santa fe de Bogotá en 1538, respectivamente, pero el adelantado de Bastidas erigió a Santa Marta antes que ellos el 29 de julio de 1525. Como hecho curioso es de destacar que, según la Academia de Historia del Magdalena, un barrio samario, Gaira, ubicado en la Localidad 3, territorio del cacique al que le debe su nombre, sirvió de embrión fundacional dos años antes. Santa Marta es considerada, según los registros históricos, la ciudad más antigua de Colombia y la segunda de Sudamérica.

Santa Marta es conocida y reconocida en el mundo entero como la Perla de América. Se atribuye tal denominación al Sacerdote jesuita Antonio Julián, quien en su obra La perla de América, Provincia de Santa Marta, exalta su belleza, majestuosidad y su riqueza en recursos naturales. Y no es para menos. Como justo reconocimiento a su potencial, fue erigida como Distrito turístico, cultural e histórico mediante el Acto legislativo 01 de 1993. Fundada por el español Rodrigo de Bastidas en 1525, fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Ley 1617 de 2013, “por ser la ciudad más antigua sobreviviente fundada por España en América del Sur”. Y fue, también, hasta el año 1870 el principal Puerto marítimo del país.

Santa Marta está enclavada en la cuenca del Caribe, flanqueada por el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, declarada Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979 y la Bahía del mismo nombre, la que es considerada como la más bella del continente. Según el último censo tiene una población de 479.853 habitantes, predominantemente urbana, con más del 80% de participación. Se ubica como la 9ª urbe en Colombia.

Entre sus monumentos históricos se destaca la Casa de la Aduana, construida hacia 1730, por los hermanos Domingo y José Nicolás Jimeno, prósperos comerciantes de la península ibérica, dotada con un extraño minarete que les permitía otear y controlar desde allí el movimiento de sus barcos mercantes. Cabe recordar que Santa Marta llegó a convertirse en el último bastión de los reductos de las tropas leales a la monarquía española y a Murillo el pacificador, ante el avance arrollador patriota que se hizo al control del puerto en 1820 y su marcha triunfal hasta dar al traste con el sitio del cual era objeto en ese momento Cartagena de Indias.

Emancipada la provincia de Santa Marta, la Casa de la Aduana fue confiscada y pasó a manos de los criollos. Vueltas que da la vida, allí se alojó años después, entre el 1º y el 6 de diciembre de 1830, el Libertador Simón Bolívar y retornaría a ella, para ser velado, sólo pocos días después, luego de expirar en la Quinta de San Pedro Alejandrino (17 de diciembre), su última morada antes de fallecer.

Se destaca también en el Distrito de Santa Marta la Catedral Basílica, construida en 1765 y considerada, según los registros históricos, como la primera en su género en Latinoamérica. Allí reposan los despojos mortales de su fundador Rodrigo Bastidas desde 1953 y hasta 1842 los restos del Libertador, cuando se dio su repatriación a su natal Caracas, en cumplimiento de su última voluntad y la del Congreso de Venezuela, que el 30 de abril de ese año dispuso “trasladar sus cenizas desde Santa Marta a esta capital con el decoro propio y previa participación al Gobierno de la Nueva Granada”.

Y desde luego, la Quinta y otrora Hacienda de San Pedro Alejandrino, fundada el 2 de febrero de 1608 por el canónigo de la Catedral de Santa Marta Francisco de Godoy, a donde Bolívar arribó el 6 de diciembre de 1830, gracias a la hospitalidad y altruismo de don Joaquín de Mier, un caracterizado hombre de negocios español. Este Altar de la patria se ha convertido en obligado lugar de destino turístico, por la carga de historia que posee y el simbolismo de la gesta libertadora que hizo posible la emancipación de nuestra patria de la coyunda de la Corona española.

Amylkar Acosta

Uribe, la serie: un thriller sin pruebas y con libreto flojo

Escrito por Ricardo Ferro en Jul 27, 2025. Publicado en Opinión.

Si Netflix hiciera una serie sobre el proceso judicial contra Álvaro Uribe, sería de esas producciones que uno empieza con emoción y termina viendo con rabia, diciendo: “¿En serio? ¿Eso fue todo?”.

El libreto arrancaría bien: un expresidente poderoso, enemigos políticos, un supuesto entramado de testigos y la promesa de una verdad que lo cambiará todo. Pero a medida que pasan los capítulos, el espectador se da cuenta de que el guionista no tiene pruebas, solo suposiciones. Y que los testigos principales cambian de versión más que de camiseta.

El “gran giro” sería que al protagonista lo investigan por manipular testigos… cuando en realidad quien empezó moviendo fichas fue su contradictor político. Pero eso no importa en esta serie, porque desde el primer capítulo ya estaba decidido quién era el villano. No por lo que hizo, sino por quién es.

Álvaro Uribe ha sido condenado mil veces… en redes sociales. En memes. En columnas de opinión. En reuniones de café. Pero nunca, hasta hoy, con pruebas sólidas en un tribunal. Lo suyo ha sido un juicio moral, no penal. Porque la justicia, al menos la buena, no se hace con likes, sino con evidencias.

Es curioso: en Colombia hay criminales confesos que gozan de impunidad, y personas como Alvaro Uribe, un expresidente sin antecedentes que lleva años con la espada de Damocles encima. No porque haya delinquido, sino porque un sector de la opinión no le perdona el haber tenido carácter.

¿Que Uribe cometió errores? Como todos. Pero una cosa es equivocarse en decisiones de gobierno, y otra muy distinta es delinquir. Confundir esas dos cosas es tan absurdo como decir que quien lanza una pelota es culpable de romper una ventana… que nunca se rompió.

La justicia colombiana está hoy frente a una gran prueba: demostrar que es capaz de decidir sin miedo, sin presiones y sin revanchismos. El país no necesita un chivo expiatorio. Necesita que se respete la presunción de inocencia, incluso cuando se trata de alguien que genera tantas pasiones como Uribe.

Y si alguien aún tiene dudas, yo le recomiendo algo más sencillo que leer el expediente completo: imagine que el acusado no se llama Álvaro Uribe. Imagine que es otro ciudadano, cualquiera, enfrentado a los mismos hechos, las mismas versiones cambiantes, y las mismas ganas de juzgarlo sin pruebas. ¿Le parecería justo?

Porque la justicia, como las buenas series, debe tener algo sagrado: coherencia.

Ricardo Ferro

Conspiración binacional

Escrito por Jaime Arango en Jul 27, 2025. Publicado en Opinión.

El 16 de enero de 2025 el llamado Ejército de Liberación Nacional, ELN, una fuerza armada Proxy, o ejército vicario del régimen de Venezuela, lanzó una amplia ofensiva en la zona del Catatumbo con el objetivo inicial de expulsar de la región a los elementos del frente 33 las disidencias de las FARC. Esta operación requirió meses de planeación, organización logística y trabajo de inteligencia humana y técnica para establecer los blancos, definir las misiones y desplegar la fuerza en una amplia zona que incluía los municipios de Tibú, El tarra, Hacarí, Teorama, Convención y Ábrego, un enclave cocalero de por lo menos 50.000 hectáreas.

El ELN debió movilizar hombres entrenados y mandos capacitados desde Arauca cruzando la frontera hacia Venezuela hacia el estado de Apure, donde cuenta con bases de operaciones y una presencia consolidada y luego transitar por los estados de Táchira y Zulia para reingresar a territorio colombiano en el Catatumbo donde se sumaron al grupo del frente Efraín Pavón. En total la operación contó con casi 2000 hombres desplegados en toda la región.

Esta acción generó una crisis humanitaria sin precedentes. En las primeras 48 horas se reportaron por lo menos 80 muertos en su mayoría personas que el ELN había identificado como activos civiles de apoyo, milicianos y colaboradores del frente 33. En los siguientes días, más de 56.000 personas fueron desplazadas por los combates, mientras los hombres en armas de las FARC se replegaban abandonando la zona con un número de bajas no estimado.

El ELN no hubiera podido realizar una operación de esta magnitud si el conocimiento, consentimiento y apoyo activo del régimen de Venezuela. De hecho, esta fue el primer paso de una estrategia conjunta de control territorial y proyección de poder del gobierno bolivariano en territorio colombiano, en acuerdo con el Pacto Histórico y en un marco geopolítico amplio que implica la imposición de un modelo de gobernanza criminal, clonado del venezolano, en nuestro país, comenzando por la creación de una zona influencia en la frontera nororiental, que es a lo que llaman ahora formalmente, zona binacional.

El gobierno colombiano y el venezolano consideran que el control de este amplio territorio, convertido en una zona gris, es estratégico para la permanencia en el poder de uno y otro, porque hace posible desarrollar actividades que permiten a la régimen de Venezuela esquivar las sanciones internacionales, operar con mayor eficacia las actividades relacionadas con narcotráfico y explotar recursos en una zona muy rica, Norte de Santander, Cesar y la Guajira, frente a la catástrofe económica de los Estados de Táchira y Zulia.

Desde 2015 Táchira ha perdido el 41% de su población debido a la migración y Zulia el 31.5% por el mismo motivo. Para Venezuela la creación de esta zona binacional, controlada territorialmente por sus proxis del ELN, es el equivalente de haber logrado la victoria en una guerra de conquista por recursos y población. Para el gobierno del Pacto Histórico es poner en marcha un piloto, una prueba en terreno, del modelo de gobernanza criminal con el que buscan sustituir la democracia colombiana.

Es muy probable que en el marco del desarrollo de esta estrategia se declare una segunda zona binacional, que abarcaría para Colombia los departamentos de Arauca, Vichada y Guainia, de manera que el régimen de Venezuela pueda controlar toda la franja fronteriza con el ELN como fuerza de vanguardia y autoridad de frontera de facto, respaldado por las capacidades de la FANB, e ir ocupando rápidamente la zona con población militante o afecta a la revolución bolivariana, al ELN y al Pacto Histórico.

Un territorio tan amplio constituye también en el mediano plazo una plataforma de retaguardia estratégica para avanzar sobre el centro geográfico del país y el Caribe siguiendo el modelo de guerra hibrida con el cual llegaron a la declaración de esta primera zona binacional, pero el objetivo es la “patria grande” como la llamaba Chávez.

Es importante tener claridad en cuanto que no estamos frente un error estratégico del gobierno de Colombia, sino frente la ejecución de una estrategia conjunta de conquista territorial y control político entre el Pacto Histórico, el régimen bolivariano y sus socios en las organizaciones criminales. Esta asociación existe hace tiempo y explica, o arroja luz, sobre muchos eventos y acciones aparentemente inexplicables del gobierno de Colombia. Estamos como sociedad frente un escenario de guerra política, nosotros no la declaramos, pero tenemos que pelearla y ganarla.

Jaime Arango

Colombia respalda a Álvaro Uribe Vélez

Escrito por Andrés Barrios en Jul 27, 2025. Publicado en Opinión.

Lo del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido un burdo montaje; coincido plenamente con esta afirmación hecha en días pasados, a través de una carta, por 38 respetados magistrados y juristas. No solo dejaron en evidencia, argumentativamente, que el proceso contra el exmandatario ha estado sustentado en testigos falsos y pruebas inexistentes, sino que también recogieron el sentir de millones de colombianos que respaldamos al hombre de mano firme y corazón grande.

A pocas horas de conocerse el sentido del fallo del caso Uribe, tal vez la decisión judicial más trascendental en la historia reciente de Colombia, han sido múltiples los pronunciamientos de apoyo hacia él y su familia, que apuntan a que este largo proceso, en el que quisieron poner en tela de juicio su honorabilidad, solo ha sido una patraña.

Sin embargo, Uribe ha dado la cara, demostrándole al país que el honor se defiende a toda costa, así la izquierda esté empecinada en perseguirlo. Asimismo, su actuar ha sido el de un estadista con ímpetu y determinación, que no se atemorizó, ni siquiera cuando sus detractores trataron de influir en la opinión pública sin pruebas sólidas.

Pero aquí hay muchas cosas en juego. Más allá de las afinidades políticas, el país debe tomarse el tiempo de entender que no solo es el nombre de una personalidad como Álvaro Uribe, sino también la legitimidad de nuestra justicia y el bienestar de la democracia colombiana.

El expresidente Uribe no es un político más. Durante dos periodos de gobierno tomó decisiones que cambiaron el rumbo de un país asediado por el terrorismo y abandonado por un Estado débil. Mientras muchos optaban por la indiferencia o la complicidad con la delincuencia, disfrazada de neutralidad, Uribe asumió el reto de gobernar devolviéndole al país la esperanza, la seguridad y el derecho a vivir sin miedo.

Este caso contra Uribe ha estado más motivado por el deseo de castigo que por la evidencia. En este proceso se violaron principios esenciales como la imparcialidad del juez natural, tuvo testimonios contradictorios, no se respetó el derecho a la defensa e, incluso, hubo una clara persecución con más de 20.000 interceptaciones telefónicas. ¿No es lo suficientemente escandaloso?

Las acusaciones contra Álvaro Uribe no han sido más que una persecución política y judicial que ha buscado destruir su legado y su honra, aún sin pruebas concluyentes ni procedimientos transparentes.

Pese a todas estas irregularidades, es de destacar que el expresidente Uribe ha comparecido ante la justicia como cualquier ciudadano, aún en medio de ataques, intentos de linchamiento moral, y campañas de desprestigio. Su comportamiento ha sido el de quien no teme responder, pero sí exige lo que todo colombiano merece: un proceso justo, imparcial, sin presiones externas ni motivaciones políticas.

Y si a un expresidente lo pueden juzgar de esta forma, ¿qué queda para el ciudadano común? Hoy más que nunca, debemos tener el coraje de decir lo impopular: Álvaro Uribe Vélez ha sido víctima de una instrumentalización de la justicia.

Cuando la justicia se politiza, se distorsiona su función esencial de proteger derechos y garantizar imparcialidad, lo que debilita la confianza ciudadana en las instituciones. La separación de poderes se ve comprometida, los jueces pueden convertirse en instrumentos de agendas partidistas, y se abre la puerta a persecuciones políticas disfrazadas de procesos judiciales. Esta erosión institucional no sólo mina la credibilidad del sistema judicial, sino que también pone en riesgo la estabilidad democrática y fomenta la polarización social.

El país no debe olvidar que, como presidente, Uribe hizo todos los méritos para ganar lugar como uno de los líderes políticos que marcó y encauzó el destino del país, haciendo historia. No en vano es el gran colombiano. Por eso, en circunstancias como las que afronta actualmente, Colombia lo respalda con cariño y fe.

Andrés Barrios Bernal

Mientras Fico pasea, en Medellín no hay cómo pagar los arriendos

Escrito por Alejandro Toro en Jul 27, 2025. Publicado en Opinión.

En la última década, Medellín ha experimentado un alza imparable en los cánones de arrendamiento, un crecimiento masivo de las rentas temporales y una avalancha de compras de vivienda por parte de inversionistas extranjeros. Este fenómeno de gentrificación no es un mero cambio urbano: es un éxodo silencioso que amenaza el derecho a una vivienda digna de miles de familias y pone en jaque la identidad y la diversidad social de la ciudad.

En el 2024 el precio del metro cuadrado en Bogotá tuvo un crecimiento del 5%. En Medellín, de acuerdo a Camacol, el precio del metro cuadrado aumentó en un 9% en los estratos altos y, más preocupante aún, entre el 12% y el 16% para los estratos medios y bajos. ¿Qué significa? Que las familias de menos recursos, que son las que más mueven el mercado de arriendos, tuvieron que pagar un 15% más de arriendo cuando de acuerdo a la ley el precio del arriendo debe estar atado al de la inflación, que fue del 5.2%. En el barrio Bolivariana, en Laureles, los arriendos aumentaron en el 2023 en un 81%. Familias pagando casi el doble de un año a otro sólo por el hecho de vivir en un sitio

Simultáneamente, el mercado de rentas temporales se ha convertido en un motor de especulación. Medellín figura hoy entre las ciudades latinoamericanas con mayor densidad de anuncios en plataformas como Airbnb, con más de 19.000 propiedades disponibles para alquiler vacacional y un volumen de reseñas que supera el medio millón. El aumento de casi 5.000 nuevos anuncios solo entre 2023 y 2024 reduce drásticamente el parque de vivienda destinada a arrendamientos tradicionales, presionando aún más los precios y beneficiando a grandes inversionistas que desplazan a las familias locales.

A este desequilibrio se suma la ola de compras de vivienda por parte de extranjeros. En 2024, aproximadamente una de cada cuatro transacciones de inmuebles en Medellín correspondió a compradores no residentes, procedentes principalmente de Estados Unidos, España y Chile. Detrás de esta tendencia no hay turistas ocasionales, sino inversionistas que ven en la ciudad un mercado emergente de alta rentabilidad, transformando las viviendas en activos financieros antes que en hogares. El resultado es una oferta permanente de vivienda cada vez más reducida y costosa para quienes viven y trabajan aquí.

Medellín está invivible. Lo peor, la alcaldía de Federico Gutiérrez parece no tener ningún interés en garantizar el derecho a una vivienda digna para la gente de la ciudad. El déficit de vivienda de la ciudad tiene a 233.000 familias necesitando de manera un buen lugar para vivir, pero mientras que en Bogotá se vendieron 18.601 viviendas VIS en el 2024, en Medellín apenas fueron 1.118, por debajo de otras capitales como Cali, Barranquilla y Cartagena.

La respuesta de Fico: un Plan de Desarrollo Distrital con una meta irrisoria en materia de vivienda en comparación con el tamaño de la problemática. Apenas 4.000 subsidios para adquisición de vivienda cuando se estima que son 37.000 familias las que están necesitando un nuevo lugar para vivir, y una inversión de apenas $351.880 en el cuatrienio para el componente de vivienda, inferior a los $405.673 que destinó la alcaldía de Daniel Quintero para el mismo ítem.

La inacción del gobierno local no solo profundiza la brecha entre quienes viven de la ciudad y quienes lucran con ella, sino que contradice la visión de una Medellín inclusiva y solidaria. El derecho a la vivienda digna debe prevalecer sobre la lógica del lucro especulativo. El Gobierno Nacional, a través de sus programas de vivienda digna y de incentivo a la producción de vivienda social, ha demostrado su compromiso con las familias colombianas; sin embargo, esas políticas requieren del apoyo y la articulación del nivel municipal para surtir efecto en el territorio.

Medellín no puede resignarse a ser un ejemplo de desigualdad espacial. Es momento de que la Alcaldía asuma con voluntad política la misión de articular un plan de vivienda integral: priorizar proyectos de construcción de vivienda VIS, movilizar recursos para mejora de vivienda existente, y regular la valorización del suelo mediante gravámenes a la especulación. Solo así se garantizará que el derecho a la vivienda digna deje de ser una estadística y se convierta en una realidad para todos los medellinenses.

Alejandro Toro

El susurro del dragón fiscal y la danza de los reinos

Escrito por Columnista en Jul 26, 2025. Publicado en Opinión.

En la lejana tierra de los reinos financieros, los vientos del Viento del dólar seguían soplando con fuerza moderada. Aunque la bestia de la inflación en EE. UU. seguía viva con un aliento del 2.7%, sus rugidos se debilitaban: los sabios del Reino revelaron que tanto los precios subyacentes como los de los productores venían bajando.

Ante esto, el poderoso Consejo de la Reserva Federal mantuvo sus planes: lanzar dos hechizos (recortes de tasas) en el segundo semestre, con la esperanza de apaciguar a la bestia sin destruir el equilibrio del bosque de Wall Street.

Mientras tanto, en las aldeas internacionales:

El castillo del S&P 500 crecía casi hasta las nubes (6,300),

El dólar global, debilitado, permitía que nuevas monedas florecieran, entre ellas, el valiente peso colombiano.

Y el petróleo, cual río encantado, permanecía sereno en los $80.

En el Reino de Colombia, las cosas estaban cambiando…

El DANE, el oráculo de los datos, anunció un hechizo positivo: crecimiento del 2.8%, gracias a los gremios del comercio, las finanzas y la manufactura. Pero en las profundidades oscuras de las montañas, el gremio de los mineros sufrió una maldición: el carbón cayó -35%, víctima de decisiones del reino central.

En las ciudades, los ciudadanos empezaban a pedir préstamos otra vez. Los gremios de vivienda y comercio revivían, y en la aldea de la VIS, las construcciones crecían un 23%, como hongos después de la lluvia.

Pero no todo era armonía…

Un misterioso decreto buscaba prohibir que los fondos de pensión invirtieran en tierras extranjeras. Los sabios temen que, de concretarse, este hechizo desestabilice el equilibrio: peso muy fuerte y tasas locales muy bajas. Aunque improbable, el rumor corría como pólvora entre comerciantes y alquimistas financieros.

Aun así, los TES colombianos se convirtieron en el oro del momento. Los reinos lejanos – Noruega, Canadá, Países Bajos, Singapur y Kuwait – enviaron caravanas con 40 billones de monedas de oro en compras durante el primer semestre. El ministro Cuéllar, con su varita de políticas, también ayudó a que estos TES brillaran con fuerza.

Pero debajo del trono… algo se agitaba: La deuda pública creció como un dragón dormido entre 2019 y 2024. Primero, alimentado por dólares durante la pandemia, y ahora con pesos por menor recaudo y mayor gasto. Los sabios advierten: si no se doma, este dragón podría despertarse… y arrasar con todo.

El reino tenía poco margen para recortes, y muchos retos para el futuro.

Fabián Herrera

Las promesas rotas de la seguridad de Galán

Escrito por Quena Ribadeinera en Jul 25, 2025. Publicado en Opinión.

El alcalde Carlos Fernando Galán llegó a la alcaldía con una promesa tajante —hacer de la seguridad el eje de su administración. Pero hoy, cuando analizamos los datos del sistema de videovigilancia, del crecimiento de la extorsión y del estado real del Sistema Integrado de Seguridad (C4), una verdad queda clara: esa promesa se ha quedado en el discurso. Bogotá no camina segura. Bogotá está ciega, sorda y, en muchas de sus zonas más vulnerables, sin capacidad de respuesta.

Hoy, 4 de cada 10 cámaras de videovigilancia en Bogotá no funcionan. De las 5.824 cámaras instaladas, 1.793 están fuera de servicio, 335 presentan novedades y 168 están en caída masiva. Este no es un problema menor ni simplemente técnico: es un reflejo del abandono institucional en un tema que debería ser prioritario. Es una falla estratégica.

Más grave aún es la distribución territorial de esta crisis. En localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Engativá —zonas con los más altos índices de homicidio, hurto y extorsión— se concentran también las cámaras averiadas. En Ciudad Bolívar, 361 de sus 491 cámaras están en mantenimiento correctivo. ¿Cómo se explica esta negligencia en territorios con niveles críticos de violencia?

Además, el sistema cubre solo el 27% del espacio público. Es decir, el 73% de Bogotá está completamente desprovisto de videovigilancia. Y lo que debería ser la columna vertebral de una respuesta articulada —el sistema C4— presenta un avance irrisorio del 3% en su fortalecimiento, según lo estipulado en el Plan Distrital de Desarrollo. A mitad de gobierno, eso no es un retraso: es una señal de negligencia institucional.

Paradójicamente, mientras esto ocurre, la administración presenta como logro una supuesta reducción de delitos: hurto a personas (-19%), hurto a residencias (-77%) y a comercios (-50%). Toda mejora debe celebrarse, sí, pero también cuestionarse con rigor. ¿Cómo puede atribuírsele ese éxito a la tecnología si el 40% del sistema está inactivo? ¿Qué sentido tiene invertir millones en cámaras si están desconectadas, si la fibra óptica es robada, si no se hace mantenimiento y si en los territorios con más necesidades las cámaras simplemente no operan?

La realidad es que hay más cámaras privadas que públicas en localidades como Usaquén y Suba, lo cual acentúa la desigualdad: en Bogotá, la vigilancia se ha convertido en un privilegio de quien puede pagarla, no en un derecho garantizado para todos.

Adicionalmente, hay un delito que se ha disparado y que, aunque menos visible, es profundamente devastador: la extorsión. En 2024, Bogotá registró 2.617 denuncias por extorsión, un crecimiento del 71,4% frente al 2023. La mayoría de los casos se concentra en Kennedy, Mártires, Suba, Santa Fe y Engativá —territorios con alta densidad comercial, migración y pobreza. En 2025, aunque hubo una caída del 24% en las denuncias, preocupa el aumento en localidades como Tunjuelito (200%), Usaquén (72%), Teusaquillo (21%), Chapinero y Santa Fe (15%). La extorsión no es solo un delito económico, es una violación directa a la libertad y dignidad de quienes la padecen.

Frente a esta problemática, impulsamos un proyecto de acuerdo para fortalecer la ruta de denuncia y atención integral a víctimas de extorsión. ¿La respuesta del alcalde Galán? Objeción total. Alegó que ya existen mecanismos como las casas de justicia o la estrategia AIDE. Pero si esos mecanismos funcionaran, no estaríamos hablando de más de 2.600 denuncias. El hecho de que tantas víctimas sigan sin recibir atención es la evidencia más contundente de que algo no funciona.

La administración asegura que una nueva ruta sería una “duplicación”. Yo pregunto: ¿qué es más inconveniente? ¿Una guía territorial que articule prevención y acompañamiento o seguir dejando a las víctimas solas? La realidad es que muchas personas ni siquiera conocen las rutas existentes. Mientras el crimen se adapta, la institucionalidad se paraliza. La innovación en seguridad parece prohibida.

Desde el concejo de Bogotá hacemos un llamado firme:

Dejen de gobernar la seguridad desde los escritorios y empiecen a construir rutas con la ciudadanía.
La tranquilidad no es un lujo, es un derecho.

Y la seguridad no puede seguir siendo un eslogan de campaña. La seguridad humana —la que protege la vida, la dignidad, la movilidad libre y sin miedo— debe estar en el centro de toda política pública. Si la institucionalidad no lo entiende, aquí estamos para recordarlo, insistir y persistir.

Quena Ribadeneira

El alcalde Beltrán, alias ‘Pichi’ y el show de la seguridad

Escrito por Columnista en Jul 25, 2025. Publicado en Opinión.

En Bucaramanga ya no se gobierna desde el Palacio Municipal. Se gobierna desde las cámaras. Desde el titular fácil. Desde la indignación fabricada y el populismo punitivo.

Cada vez que el miedo se asoma en las calles, el alcalde Jaime Andrés Beltrán responde con el mismo libreto: un video, una frase incendiaria, una dosis de victimismo y una crítica impulsiva a un proyecto legislativo que no ha leído, pero que igual condena sin rigor ni responsabilidad.

Su alarma por la posible liberación de alias Pichi —un hombre ciertamente señalado por delitos graves, pero cuya excarcelación no ha ocurrido ni representa hoy una amenaza concreta— se convirtió en otro capítulo de su narrativa favorita: la del salvador solitario que lucha contra enemigos invisibles del orden.

Pero el problema no es solo el oportunismo. El problema es que confunde el espectáculo con la solución.

Porque para hablar con seriedad del proyecto de sometimiento del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se necesita algo más que frases efectistas. Se necesita comprensión jurídica, conocimiento del conflicto, enfoque territorial y voluntad real de construir institucionalidad.

Y en eso, el alcalde también se raja.

Bucaramanga sigue enfrentando homicidios selectivos, redes de microtráfico que instrumentalizan menores, amenazas constantes a líderes comunitarios y una presión migratoria que se agudiza cada semana. Y mientras todo eso ocurre, la ciudad carece de una política pública de seguridad con enfoque social, diferencial y de largo aliento.

El alcalde dice que la justicia lo deja solo. Pero, ¿dónde están sus propias acciones más allá del discurso? ¿Dónde están las inversiones locales en prevención? ¿Dónde está el trabajo articulado con jueces, fiscales, defensores, ONG y comunidad? ¿Dónde está el alcalde cuando no hay cámaras?

Ahora declara que “no quiere ser irresponsable con lo que dice”, pero al mismo tiempo vocifera liberaciones sin haber analizado con rigor un proyecto de ley. Eso sí es ser irresponsable. Eso es hacer política con el miedo.

Yo sí creo en la justicia firme. Yo sí creo en enfrentar a las estructuras criminales con decisión y sin concesiones. Pero la seguridad no se resuelve con indignación cronometrada.

Ni con hashtags. Ni con poses.

Bucaramanga necesita Estado, no espectáculo. Justicia, no propaganda. Y esa es la diferencia entre alzar la voz y proteger de verdad.

Erika Sánchez

La carga espiritual de Colombia

Escrito por León Ferreira en Jul 24, 2025. Publicado en Opinión.

Gobernar un País no es sólo tener un programa de gobierno y ganar unas elecciones, además de saber, hacia dónde dirigirlo con base en un plan de desarrollo en todos los aspectos económicos, sociales y culturales, se requiere también que, los gobernantes tengan claridad en materia espiritual. Los estados modernos son laicos y existe separación entre la Iglesia y el Estado, pero no riñe con el hecho de que, quienes presidan el gobierno acepten la existencia de un ser superior que rige la vida. Los estados cuyos líderes están mal orientados en materia espiritual son por lo general, estados caóticos y fallidos.

El Gobierno de Colombia en materia espiritual es poco menos que un esperpento, por ello al País le va cómo le va, no sólo en materia de seguridad y económica, también en lo deportivo, cultural y social. Quienes dirigen un Estado deberían entender que en materia de espiritualidad hay energías que benefician y hay otras oscuras que producen ruina. Cuando el demonio reposa en el corazón de los dirigentes difícilmente se articularán bendiciones en la vida pública del Estado; hace un par de años hubo una ministra de cultura que juramentó su cargo por todas las diosas, dioses y por un panteón completo, y he allí el resultado desastroso sobre cómo le fue a Ella y le va a la Cultura colombiana en general, nada que despega, todo un pandemónium. Lo mismo sucedió con el ineficiente Ministerio de la Igualdad, la cacareada Vicepresidencia, y con el Congreso de la Patria, que albergó hasta ritual pagano dentro de sus instalaciones.

Que los gobernantes acudan a la brujería y a la hechicería como protección para mantenerse en el poder es algo atávico y hasta cultural. En Latinoamérica hay registros de este tipo de prácticas por parte de sus gobernantes. De hecho, a una primera dama de un país centroamericano le atribuyen la condición de bruja. Los gobernantes colombianos han acudido a la consulta de energías oscuras al igual que sus equipos de trabajo, bajo el argumento reivindicatorio de la ancestralidad. He allí la doble moral, les repudia la sangre del toro en la plaza, pero no la sangre empleada durante el ritual esotérico.

El problema de estas prácticas infieles es la negativa carga espiritual que arrojan sobre el País y sus gentes. Los dirigentes ateos de antiguos países socialistas como la Unión Soviética, Cuba y Corea del Norte negaron la espiritualidad y también lanzaron sobre sus ciudadanos la ruina. No en vano, hace pocos años, el Gobierno ruso por medio de una reforma constitucional volvió a reconocer a la Iglesia Ortodoxa Rusa como la única oficial en dicho Estado. Cuentan que durante la Segunda Guerra Mundial ciudadanos suizos iban a rezar a la frontera con Alemania para que las tropas Nazis no traspasaren la frontera, éstas nunca lo hicieron.

Los líderes del Gobierno colombiano gozan de una espiritualidad controversial, más cercana a la oscuridad acompasada con un activismo antisionista. Dedican sus esfuerzos para declarar guerra a Israel, el pueblo elegido de D-os, como si fuera poco, le defenestran. Hecho per se, implica serias consecuencias negativas para Colombia, no sólo en asuntos diplomáticos y económicos, también espirituales. Como si fuese algo diabólicamente planeado, tal toxicidad espiritual va de la mano con las asiduas visitas de Estado a Haití, país reconocido ampliamente por las prácticas espirituales de sus ciudadanos, que han arrojado miseria y oscuridad generalizada.

Colombia debe sanar y doblar rodilla luego de tanto despropósito. Resulta imperativo restaurar relaciones con Israel, otrosí de unirse en rezo y, acordarse de su Hacedor, que no fue ningún Bolívar o Santander. El Eterno bendiga a Israel y de paso a Colombia y Sudamérica toda. Los países son el reflejo de la espiritualidad de sus habitantes.

León SandovalFerreira

Oye, Petro! No regañe a los negros

Escrito por Edgar Martinez en Jul 24, 2025. Publicado en Opinión.

Aclaro de entrada que el título es un símil a una de las líneas de la famosa y legendaria canción del maestro, Joe Arroyo, titulada: “La Rebelión”. Me parece pertinente, también, usar el término negro en esta redacción bajo la premisa del respeto hacia la grandeza de una raza que históricamente sale victoriosa en todos los ámbitos de nuestra sociedad, pero también destacando la rebeldía y la fuerza ancestral de la palabra en boca del finado, Joe. Petro!, a los negros se les respeta.

En ese orden de ideas, quisiera obviar de estas letras al primer mandatario, Gustavo Petro, porque es necesario pensar en proyectos o vivencias esperanzadoras en medio del caos y la incertidumbre vividas las 24 horas de cada semana y cada mes en la descompuesta Colombia. No obstante, los contantes agravios del presidente contra quien siquiera soslaye contradecirlo hacen detonar reacciones de hasta el más desprevenido. Y es que sacar lo peor y más vulgar de su radical pensamiento se volvió normal y costumbre. Petro!, a su pueblo se le respeta.

Observar y oír en la televisión nacional a un mandatario presidencial durante los acalorados consejos de ministros “atacar” ‘sin pelos en la lengua’ a uno de sus funcionarios de raza negra, presuntamente por la injerencia en la contratación de algunos funcionarios, nos deja atónitos por tratarse de una conversación entre los más altos y dignos representantes de nuestro gobierno y refleja la falta de respeto hacia el hibrido de razas gestadas en Colombia desde la llegada de los españoles a nuestras tierras. La verdad, para ejercer un cargo, el color de piel es lo de menos.

Nota relacionada: Comentario racista de Gustavo Petro levanta ampolla

Con este caliente panorama, alentar a las ‘barras bravas’ de la oposición para que exijan por medio de insultos y agravios en las redes sociales bajar el tono a los excesos en los señalamientos racistas es alimentar el odio y la crispación social. Por eso, es urgente tarea de la vicepresidenta, Francia Márquez, representante icónica de los “afros” revelarse ante el primer gobierno de izquierda exigiendo respeto por sus pasados y presentes negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros, teniendo presente que fueron ellos quienes en gran medida pusieron a Gustavo Petro en su trono.

Frente a este ordinario ataque racista, venido de un mandatario que vocifera a diestra y siniestra ‘el progresismo, la igualdad y la equidad’, el único afrodescendiente, en recientes tiempos integrante del gobierno Petro, ahora precandidato presidencial, que se reveló fue el excanciller, Luis Gilberto Murillo, quien mostró total indignación diciendo: “Sí podemos porque estamos listos. Que no se diga que ‘yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa’. Porque es racializar el discurso en Colombia. Y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República. Es inaceptable”.

“El ministro Rosero (de piel negra atacado por el presidente en pleno consejo de ministros), obviamente, renunció, ¿no? Nada, silencio total. ¿La vicepresidenta, de raza negra, recriminó fuertemente al presidente por su comentario racista? Tampoco, silencio absoluto. Claro, en el caso de Francia Márquez es entendible un poco más, pues ya Petro y sus secuaces demostraron en innumerables comentarios su actitud racista y misógina contra ella cuando se revelaron los audios del excanciller Álvaro Leyva”, reflexionó en su última columna, el ex embajador en Estados Unidos, Francisco Santos. Cuestionamientos valederos…

A Gustavo Petro es justo recordarle que una negra como María Isabel Urrutia se reveló en unos juegos olímpicos para otorgarle a Colombia su primera medalla de oro en la historia. En esa línea, la atleta colombiana, Catherine Ibarguen, calificada en su momento como la reina del salto triple, al conquistar la medalla de oro en Rio 2016. En la política, en el derecho, en la vida pública y privada y en todos los espacios de nuestra vida social vemos a nuestros ‘panitas’ de raza negra peleársela para salir adelante. Y un dato histórico! el general liberal, Juan José Nieto Gil, fue el único presidente negro que ha tenido Colombia durante seis meses, entre el 25 de enero y el 18 de julio de 1861. Petro!, a los negros se les respeta.

Amigo lector, estamos atrapados o casi esclavizados diariamente de mensajes y narrativas gubernamentales alrededor de atacar sin rubor a los congresistas recordándoles la mamá “hp”, a las mujeres periodistas señalándolas de “muñecas de la mafia”, a los representantes de las EPS tildándolos de asesinos, a los médicos estudiantes calificándolos de ‘ricachones’, a los gremios y empresarios de tratar de desestabilizar su gobernanza y un etcétera lleno con una ‘lengua de fuego’ que sistemáticamente invita a pensar a más de un desprevenido que Gustavo Petro es una víctima. ¿Dónde está el rigor del discurso con altura y respeto hacia su pueblo.

Edgar Martínez Méndez

Hablemos del Metro de Bogotá

Escrito por Marcela Clavijo en Jul 23, 2025. Publicado en Opinión.

Hablar del Metro de Bogotá no es solo hablar de trenes, estaciones y rieles; es hablar de una ciudad que se prepara para encontrarse consigo misma, para alcanzar el nivel cosmopolita que exige su futuro. Un futuro que se construye no solo con concreto y acero, sino con valores, comportamientos y sueños compartidos.

Este proyecto, que cobró años de desplazamientos, no puede convertirse en una deuda social. Debe ser el orgullo de sus habitantes y su aporte al desarrollo. Por eso, hoy los invito no solo a imaginar, sino a construir una verdadera *cultura metro*: una que nazca del respeto, del cuidado mutuo, de la conciencia cívica y del orgullo por lo que nos pertenece.

En Medellín, el Metro cumple 30 años, y no es simplemente un sistema de transporte. Es símbolo de civismo, transformación y confianza. Allá, desde mucho antes de su inauguración, se sembró la semilla del respeto en colegios, barrios y parques. Con el tiempo, esa semilla floreció en una ciudadanía que valora, protege y se siente parte de su sistema.

La buena noticia para Bogotá es que no partimos de cero. Ya hay talleres en colegios, activaciones culturales en el transporte público y una pedagogía interinstitucional que une esfuerzos para demostrar el poder de la educación en la transformación de hábitos.

Necesitamos que nuestras niñas y niños crezcan entendiendo que el Metro es suyo, de todos, y que representa su progreso.

Requieren campañas masivas que despierten el sentido de pertenencia y el orgullo por Bogotá, pues con nuestros impuestos se ha financiado cada peso de esta inversión. También normas claras y justas, aplicadas con firmeza y sin titubeos, porque respetar las reglas es una forma de cuidarnos y proteger nuestra ciudad.

Necesitamos un dúo inseparable:

1. Una *comunidad comprometida*.

2. Una *institucionalidad firme*.

Ambas deben trabajar juntas por una ciudad donde el respeto sea el punto de partida.

La cultura metro no se impone; se construye entre todos. En la fila, al ceder el asiento, al no colarse, al mirar con empatía al otro. Es un acto diario de amor por la ciudad, porque cuidar el Metro es cuidarnos como sociedad.

Este es nuestro momento. El Metro está por llegar, y con él, la oportunidad de demostrar que Bogotá puede ser más amable, organizada y digna. No permitamos que sea solo una obra de ingeniería. Hagámoslo una obra colectiva de cultura ciudadana, solidaridad y convivencia.

Una ciudad no se transforma cuando cambia su transporte, sino cuando cambia la manera en que nos relacionamos, nos miramos y nos cuidamos.

El Metro traerá desarrollo, progreso, y más cables aéreos, ojalá, un tranvía por la carrera séptima. Nos merecemos una calle principal a la altura de nuestras aspiraciones.

El Metro no es el destino. Es el camino hacia una mejor Bogotá.

Y ese camino comienza hoy. Contigo, conmigo, con todos, todas y todes.

Marcela Clavijo