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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

El largo viaje para devolverle la vida al río Bogotá

El Río Bogotá nace puro en el páramo de Guacheneque, Villapinzón. Atraviesa 46 municipios, serpentea por 380 kilómetros y muere enfermo al caer en el Magdalena. Antes, a mediados del siglo XX, era vida: lo navegaban, lo cuidaban, lo abrazaban. Hoy, arrastra desechos industriales, aguas residuales y la indiferencia histórica de quienes debimos protegerlo. Cada día, el Río Bogotá recibe más de un millón de metros cúbicos de aguas negras y cerca de 690 toneladas de carga contaminante: basuras, arenas, grasas y vertimientos. A diario, enterramos en su cauce la dignidad de la ciudad y la vida misma.

Pero existe una esperanza: la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas. Esta infraestructura monumental trataría el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de Soacha. Una obra que promete devolverle la dignidad al río y la vida misma en su ronda y zonas aledañas. El Río Bogotá, ya cuenta con una primera planta de tratamiento, la PTAR Salitre, que limpia parte de sus aguas antes de continuar su paso por Bogotá. Sin embargo, con las dos PTAR en pleno funcionamiento, el 100% de las aguas del Río Bogotá serían tratadas. La historia de la PTAR Canoas, sin embargo, se ha tejido con hilos de demoras, obstáculos y abandono.

 

En 2014, el Consejo de Estado ordenó limpiar el río y construir infraestructura de tratamiento de aguas como la PTAR Canoas y su estación elevadora. En 2017, se diseñó el proyecto Canoas técnica y financieramente. En 2019, se firmó un convenio de financiación entre la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) y la Corporación Autónoma Regional (CAR): un acuerdo que permitía a la EAAB solicitar créditos con bancos internacionales, respaldados por vigencias futuras y apoyados en principio por el Gobierno Nacional

Ahí surgió el primer gran obstáculo. Para acceder a la cofinanciación internacional, el Acueducto necesitaba que el Ministerio de Hacienda otorgara una contragarantía: una especie de aval estatal que reduce riesgos para los bancos y permite mejores condiciones de crédito. Esa contragarantía se solicitó en 2022, pero nunca llegó. Sin ella, la financiación se volvió incierta, los costos aumentaron y los tiempos se alargaron.

Básicamente entre 2020 y 2022 no pasó nada. Tiempo muerto. La construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales de Canoas, aunque arrancó, no se entregó para cuando debía (2022).

Para 2023, la EAAB inició la licitación internacional, aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la frenó para exigir que fuera en dos fases. En 2024, el avance físico de la Estación Elevadora de Canoas era del 85% y por su parte la PTAR cerró la etapa de precalificación para la licitación. Ocho años después, el río seguía atrapado entre papeles y sin garantía soberana para su financiación. Por fin llegó abril de 2025 y el Consejo Directivo de la CAR aprobó vigencias futuras que permitirán financiar el proyecto e iniciar con su ejecución.

En parte esta dolorosa historia se debe a que una vez más, nos encontramos con otro proyecto que es necesario para Bogotá, pero la voluntad política es el gran contrincante. El Gobierno nacional “de la potencia mundial de la vida” que debía ser aliado, se volvió un muro. Mientras Bogotá pedía un río limpio, la Nación a cargo del presidente Petro entregaba silencio. El Acueducto de Bogotá no pudo esperar más y buscó alternativas: un crédito internacional sin garantía soberana, negociado con aliados del Banco Mundial.

Hoy sabemos que Canoas podría costar más de 12 billones de pesos. Que se construirá en dos fases, con tecnología de punta para tratamiento y desinfección. Que reducirá la contaminación no solo del Río Bogotá, sino del Magdalena. Que podría significar la recuperación de medio país. ¿Se imaginan una Bogotá con barcos recreativos y nuevo espacio público, usos comerciales y mejoramiento del paisaje alrededor del Río Bogotá? ¿Proyectos como Ciudad Río del exalcalde Enrique Peñalosa? Ese debería ser nuestro horizonte, no solo una utopía.

El anhelo más grande de los bogotanos ha sido ver el río limpio, navegable, vivo. Volver a construir la ciudad alrededor del agua, como hacen las civilizaciones que honran su historia y su territorio. Uno cuida lo que conoce. Cada litro descontaminado sería también una deuda saldada con la naturaleza, con la memoria y con nosotros mismos.

Hoy, más que nunca, la PTAR Canoas no es solo un proyecto. Es una deuda moral, histórica y ambiental. No se trata solo de Bogotá. Se trata del país entero. Por eso hoy celebramos cada avance, pero no olvidamos cada retraso. Hoy, Canoas camina porque Bogotá no dejó de luchar por su río, a pesar de la indiferencia nacional.

Como decía Gabo, “la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla”. Que la historia del Río Bogotá no sea la de una vida que dejamos morir, sino la de una vida que logramos recuperar.

Juan David Quintero

El carbón en su encrucijada

El carbón en Colombia, que representa 56% del PIB minero y 1.5% del total, hasta el 2023 segundo renglón en importancia de las exportaciones, siendo el sexto mayor exportador de este mineral en el mundo, después de Indonesia, Australia, Rusia, Suráfrica y EEUU, está en una verdadera encrucijada y no está pasando por su mejor momento. Como todos los commodities, los precios internacionales tienen un comportamiento cíclico alternándose los precios altos con los bajos. Fue así cómo pasó de la sima de un mínimo de US $38.6 la tonelada en mayo de 2020 a la cima de su máximo histórico de los US $457.80 la tonelada en septiembre de 2022, aupado por la crisis que desató la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones a Putin por parte de la OTAN.

Contrariamente a las previsiones de la Agencia internacional de energía (AIE), lejos de aplanarse la curva de demanda a nivel mundial por carbón, en los tres últimos años esta viene de récord en récord, así: 8.350 millones de toneladas en 2022, 8.530 millones en 2023 y 8.771 millones en 2024. Y se prevé por parte de la AIE que “la producción mundial se mantendrá estable en torno a los 9.000 millones de toneladas para 2027”.

 

De manera que mientras el Presidente Petro, pensando con el deseo, afirma que según “las últimas cifras del DANE nos muestran que hay una caída del carbón; le echarán la culpa a Petro, pero es que el mundo ya no compra carbón”, para el Director de mercados energéticos de la AIE Keiduke Sadamori, si bien “el mundo está a punto de alcanzar un máximo en el uso de combustibles fósiles y el carbón será el primero en disminuir, aún no hemos llegado a ese punto”. 

Y ello se explica en gran medida porque grandes consumidores de carbón como China tuvo en 2023 el mayor aumento en su capacidad instalada de energía desde 2016, con 44 GW netos (más del doble de toda la capacidad instalada de generación de Colombia), todos a carbón. En 2023 el mundo puso en funcionamiento 69.5 nuevos GW de generación a carbón y solo pasaron a mejor vida 21 GW. 

El problema que afronta la producción de carbón en Colombia, entonces, no obedece a la caída de la demanda, que por el contrario, como quedó visto crece constantemente, sino que sus exportaciones se han visto desplazadas de sus dos principales mercados. Del de EEUU, que era el primero, debido a la sustitución promovida por el Presidente Obama del carbón, altamente contaminante, por gas natural barato, gracias a la revolución de los esquistos (extraído utilizando la técnica del fracking) y menos contaminante. Y del de la Unión Europea, el segundo mercado en importancia, en donde EEUU se nos convirtió en competidor. 

Le tocó, entonces a Glencor, que opera El Cerrejón en La Guajira y Drumond en sus minas Pribbenow y El Descanso en el Cesar, que son los dos principales productores de carbón térmico, por fuerza de las circunstancias, migrar hacia el mercado asiático asumiendo unos mayores fletes, los cuales son críticos en este negocio, se trata, además, de un mercado más competido y por lo tanto los márgenes de ganancias para las empresas son menores.

Y, mientras tanto, en Colombia durante este gobierno le elevaron la carga impositiva, elevando sus costos operacionales y de contera afectando su competitividad. Así se explica que Colombia, después de exportar 90 millones de toneladas en 2017, según los registros más recientes 64.6 MMT en 2024, para un incremento del 7% en volumen, pero el precio cayó el 28% con respecto al año anterior, por valor de US $7.106 MM, muy por debajo de los US $11.700 millones de 2022. La descolgada de los precios y los mayores costos en los que están incurriendo llevó a ambas empresas a ajustar su producción a la baja en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.

Además, como es bien sabido, desde bien temprano, este Gobierno tomó la decisión similar a la industria de los hidrocarburos de darle un no rotundo a los nuevos proyectos de explotación de carbón a gran escala, máxime si es a cielo abierto, lo cual lo llevó a congelar los dos títulos mineros en el Cesar que le devolvieron al Estado PRODECO – GLENCOR, renunciando a la producción y exportación de 15 millones de toneladas, a lo cual se vino a sumar la absurda decisión de prohibir la exportación de carbón a Israel. 

Colombia, a propósito, se ha quedado con el pecado y sin la gracia, porque si bien es loable el propósito, bien intencionado, de abstenerse de extraer y exportar carbón como una contribución a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el mismo no se logra, porque como quedó dicho anteriormente el consumo sigue creciendo y viene de récord en récord. Se cumple así la Ley de Keynes según la cual toda demanda crea su propia oferta. En consecuencia, el carbón que no extrae ni exporta Colombia lo extrae y exportan otros, quiénes, nuestros competidores. Así de claro

Y de paso, con el marchitamiento prematuro de los hidrocarburos y el carbón Colombiano está renunciando a su principal fuente de financiamiento, no solo del presupuesto general de la Nación y de las entidades territoriales, sino también del financiamiento de la propia Transición energética justa de la que tanto alarde, más de lo que hace, el Gobierno, porque, como solemos decir los economistas, no hay almuerzo gratis y la Transición energética cuesta y siempre se ha dicho que las correas salen del cuero, de ninguna otra parte!

A propósito en la Cumbre de Seguridad energética que se realiza en Londres el Director ejecutivo de la AIE Fatih Birol dejó claramente establecidas tres reglas de oro para lograr la seguridad energética y la primera de ellas es la que establece que “un sector como el energético, que requiere inversiones masivas y apuestas a muy largo plazo, no puede verse sometido a la continua alteración de las reglas de juego que se está produciendo en la actualidad”. Y este es el caso de Colombia!

Amylkar Acosta

Brics, la puerta de entrada de Colombia a India

En un mundo cada vez más interdependiente, la política exterior no puede estar desligada de las oportunidades de desarrollo económico y social de los países. Las relaciones entre Colombia e India, aunque históricamente cordiales, hoy tienen el potencial de convertirse en un eje estratégico para el crecimiento de nuestra nación y una vía hacia una mayor inserción en el escenario internacional, es hora de mirar hacia Asia con pragmatismo, visión y ambición.

India con más de 1.438 millones de habitantes y una economía que ya es la quinta más grande del mundo en términos de PIB nominal, representa una oportunidad inmensa para Colombia y aunque nuestra balanza comercial con ese país aún está en proceso de maduración, pues en 2023 exportamos hacia India cerca de USD 1.400 millones, principalmente en carbón, petróleo y café, mientras que importamos alrededor de USD 700 millones en productos farmacéuticos, maquinaria y vehículos. Esto significa que, a pesar de tener una balanza comercial favorable, estamos lejos de explotar todo el potencial de complementariedad entre nuestras economías.

 

Por otro lado, es importante resaltar que India necesita energía y alimentos y nuestro país tiene ambos. Pero también tiene servicios, innovación, tecnología agroindustrial y talento humano. Además, hoy los mercados indios ofrecen oportunidades reales para productos colombianos con valor agregado como el aguacate hass, las flores, el cacao, las frutas exóticas, los textiles y los servicios basados en conocimiento y teniendo en cuenta el crecimiento de la clase media en India y su apertura gradual al comercio internacional es el momento para consolidar un relacionamiento comercial robusto y diversificado.

Existen ya mecanismos de cooperación bilateral que debemos potenciar como el Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología firmado en 2005, que ha permitido el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas como biotecnología y energías renovables. Además, desde 2018, India y Colombia cuentan con un mecanismo de consultas políticas que ha facilitado el diálogo bilateral y la exploración de nuevas áreas de colaboración. Sin embargo, estos espacios aún no se traducen en acciones ambiciosas y sostenidas, al país le urge materializar estas alianzas.  

Un camino claro para fortalecer esta relación es avanzar hacia un acuerdo comercial preferencial que reduzca aranceles y barreras no arancelarias para productos estratégicos a través del ingreso de Colombia a los BRICS, este bloque representa más del 40% de la población mundial y más del 30% del PIB global. Hacer parte de los BRICS no solo nos permitiría diversificar nuestras alianzas internacionales, sino acceder a nuevas fuentes de financiación, transferencia tecnológica y mercados estratégicos como el indio.

India es un actor clave dentro de los BRICS, su influencia en la definición de prioridades dentro del bloque, en especial en temas de cooperación Sur-Sur, tecnología y salud pública, es creciente. Si Colombia quiere aprovechar al máximo su acercamiento a India, hacerlo desde el marco de los BRICS podría facilitar sinergias políticas y económicas que hoy resultan más difíciles de alcanzar de manera bilateral. Por ejemplo, la creación de cadenas regionales de valor en biotecnología o energías limpias con participación de India y América Latina puede ser una realidad si contamos con espacios de integración más ambiciosos.

Es claro que la relación con india no puede seguir siendo marginal ni limitada a lo comercial, tiene que ser un pilar de nuestra estrategia de inserción internacional, no estamos hablando solo de exportaciones e importaciones, estamos hablando de construir un eje de cooperación sur-sur que redefina nuestra posición en el nuevo orden global. Colombia debe entender que la política exterior no es un lujo diplomático, sino una herramienta de transformación nacional, alianzas como la que podemos consolidar con india no solo amplían nuestras fronteras comerciales, sino también nuestras capacidades tecnológicas, científicas y productivas y si queremos insertarnos en las grandes discusiones del siglo XXI, energías limpias, salud global, innovación, seguridad alimentaria, necesitamos estar en la mesa donde se toman las decisiones.

La oportunidad está sobre la mesa, lo que falta es que Colombia dé el paso con decisión y construya una agenda común de desarrollo económico, cooperación tecnológica y liderazgo compartido. En un mundo donde el crecimiento depende de la integración, las alianzas estratégicas no son un privilegio son la diferencia entre quedarse al margen o impulsar la innovación, la inversión y la competitividad para convertirse en protagonista.

Alejandro Toro

Graves problemas en la política de vivienda social por parte de la Caja de Vivienda Popular

Lanzó un fuerte llamado de atención al Distrito por la crítica situación de la vivienda prioritaria en la capital. En una intervención ante el Concejo de Bogotá expuse tres denuncias que evidencian una preocupante combinación de mala gestión, promesas incumplidas y uso ineficiente de recursos públicos por parte de la Caja de Vivienda Popular (CVP).

Existe una alarmante realidad de más de 860 mil personas que viven en condiciones precarias y 988 mil hogares sin vivienda propia y con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, que tan solo tienen una oferta formal de 2.672 viviendas de interés prioritario (VIP).

 

Sobre el presupuesto de la Caja de Vivienda Popular para el 2025 se aprobaron $116 mil millones y solo $44 mil millones están destinados para vivienda, mientras que los $72 mil millones restantes, están destinados para mejoramiento de espacio público, fachadas, titulación, burocracia y articulación entre entidades. Es decir, solo $3,8 de cada $10 pesos se destinan realmente a vivienda (mejoramiento, reasentamiento e iniciación de VIP).

Tres evidencias soportan mi denuncia. Primero, el fracaso del emblemático Plan Terrazas política de Cláudia López, que prometía mejorar 1.250 viviendas, por medio de la Caja de Vivienda Popular, y terminó con más de $68 mil millones gastados, solo 114 viviendas terminadas en malas condiciones y 135 viviendas destruidas y abandonadas, dejando a estas familias sin donde vivir y las casi 1.000 restante sin saber qué va pasar con ellas.

Segundo, Proyecto Santa Teresita: iniciado hace más de una década, debía entregar 1.302 viviendas para reasentar familias de zonas de alto riesgo. A hoy, solo 394 han sido entregadas; muchas sin cumplir requisitos técnicos como el RETIE, y otras están incompletas, abandonadas o presentan graves fallas estructurales. En este se han gastado más de 64 mil millones y nadie responde a las familias.

En cuanto a proyectos nuevos, de seis lotes propuestos por la CVP para desarrollar vivienda para poblaciones de bajos recursos, cinco fueron descartados por falta de viabilidad. En el único adjudicado, que es el predio La María, donde se planea construir 658 viviendas (180 VIP), hay un contrato firmado en octubre de 2024, pero a abril de 2025 aún no inicia. Tampoco se evidencia cronograma ni transferencia del predio. A pesar de la necesidad urgente de vivienda VIP, la CVP no administra con responsabilidad el suelo público, ni garantiza procesos de adjudicación eficaces.

Mi advertencia también se hace por el uso de los recursos del Fondo de Compensación VIS/VIP, que por ley deben destinarse exclusivamente a vivienda formal, no a gastos operativos ni intervenciones inconexas.

Sandra Forero

¿Se puede construir sobre la miseria?

Es claro que cualquier proyecto: personal, empresarial o social, requiere de bases sólidas y liderazgos que se permitan primero reconocer los errores sin revanchismo y, sobre todo, dar un paso adelante para pensar en el bienestar y el desarrollo sin exclusión, ni polarización.

Colombia es un país que debe ‘pasar muchas páginas’ sí quiere un verdadero cambio colectivo y así construir una sociedad más conectada, sensata y respetuosa. Las décadas pasan, las generaciones también, pero los problemas persisten: narcotráfico, violencia, corrupción y desconexión (este último se traduce en un sentimiento que combina pesimismo y escepticismo).

 

Lo que más preocupa son los primeros compases que se viven de cara a las próximas elecciones presidenciales, que cabe decir han sido apresurados y poco constructivos para Colombia. Es lamentable como vamos caminando de la mano de personajes que aspiran liderar el país a partir de la queja, el insulto y la cascada de errores del gobierno de Gustavo Petro.

Si la campaña del año 2022 fue de insultos, ataques y cruce de las líneas éticas, qué podemos esperar cuatro años después cuando las barreras de la buena comunicación y el diálogo se han ido perdiendo por cuenta del afán de buscar visibilidad y reconocimiento a partir del escándalo. Además, el escenario ha empeorado gracias un gobierno, cuyo presidente y altos funcionarios se han radicalizado en la queja, el escándalo, el cinismo y el chantaje, no solo contra opositores y críticos, sino que ha sido un verdadero ‘club de la pelea’ entre ellos.

La última elección que tuvo un tono más propositivo y menos ácido sobre el futuro del país fue la ocurrida en el año 2010 cuando Juan Manuel Santos, representando la continuidad del presidente Álvaro Uribe, ganó llegando casi al 70% de los votos en la segunda vuelta. Las siguientes tres elecciones (reelección de Santos, Iván Duque y Gustavo Petro) se decantaron por el nivel de miedo, odio y burla que construyeron alrededor de la figura de su antecesor.

Santos se reeligió con la idea de que era la paz con él o la guerra con Zuluaga. Duque se declaró un opositor radical del proceso de paz de Santos, con mucha mezquindad sobre los logros de su antecesor. Y ni que decir de Gustavo Petro, que desde el día uno de su derrota en el año 2018 decidió asumir una postura beligerante y revolucionaria frente al ganador, sin siquiera brindarle el beneficio de duda su gestión. Finalmente, el líder de Colombia Humana llega en el año 2022 con un discurso de cambio, que se quedó en eso: un triste y vacío discurso.

¿Quién es el siguiente? ¿El qué más le cuente los errores al gobierno actual? ¿El que represente la continuidad del discurso de la queja, la deuda histórica y la lucha de clases? ¿Quién más ataque la vida privada del otro? Esas preguntas no son difíciles de responder, quizás ya hay varios que sobresalen.
Gobernar con la queja, la excusa y la falta de acción es actuar con cobardía, pero elegirse enfrascado en la incapacidad del otro, es un gran intento paso para construir sobre la miseria y así perpetuar el conflicto en Colombia. ¿Queremos seguir en lo mismo?

Luis Carlos Martínez González

Lecciones por aprender de la tragedia de la discoteca en Santo Domingo

La noche del 17 de abril, el techo de la famosa discoteca JetSet en Santo Domingo se vino abajo matando a 225 personas. Colapsó en medio de una presentación de un famoso cantante de merengue y su orquesta (CNN, 2025). Y con él, se desplomó también la confianza mínima que cualquier sociedad debe tener en las edificaciones que habita, visita o usa. No porque se haya demostrado aún una negligencia clara por parte del dueño o del Estado —eso lo dirán las investigaciones—, sino porque lo que sí es evidente es que ese techo inseguro nunca debió estar allí. Ni colapsar. Ni matar.

Era una estructura construida hace más de cincuenta años para un uso muy distinto, que fue convertida en un espacio de entretenimiento con música, luces, equipos encima y otros colgados del techo, vibraciones, humedad permanente, y aglomeraciones constantes en su recinto. ¿Quién que fuera al JetSet se pudiera haber imaginado una tragedia así? ¿Acaso no había forma de evitarla? Lo más probable es que estemos corriendo riesgos enormes sin siquiera saberlo.

 

El mecanismo de falla

Para quienes no han seguido los hechos, los invito a ver este análisis técnico riguroso aunque con la información preliminar disponible, realizado por el ingeniero Jeff Ostroff. Su evaluación es clara sin ser aun la investigación de las autoridades. La estructura original, diseñada como cine, soportaba cargas adicionales que nunca estuvieron previstas: grandes sistemas de aire acondicionado encima del techo, que producen vibraciones y agua, luces y altavoces colgados del techo, y vibraciones permanentes por el sonido, con filtraciones que habrían debilitado el acero por corrosión, y más por la cercanía al mar, sumado a la contracción térmica del concreto a la hora del desplome.

Tragedia: fue una cadena de eventos

Lo anterior permite entender que esto no fue un accidente fortuito sino una cadena de eventos, de largo y corto plazo, que terminó en catástrofe. Fue el resultado de múltiples decisiones, algunas por acción, otras por omisión. Es indispensable entonces, hablar de responsabilidades.

La del propietario, que operaba un establecimiento con indicios visibles de deterioro —goteras, fisuras, desprendimientos— y no actuó. Quizás por ignorancia técnica, lo cual obviamente, no lo exime de su responsabilidad. En ese caso, la ausencia del Estado es aún más grave.

El Estado debe proteger incluso a quienes no saben cómo protegerse a sí mismos ni a los demás. No se le puede permitir a nadie abrir y operar un negocio con público masivo en una edificación sin verificar periódicamente que cumple con las condiciones mínimas de seguridad estructural. El Estado es responsable por no tener normas y estándares técnicos actualizados y/o no hacerlos cumplir, por no hacer control, por no exigir revisiones periódicas.

Por último, la de los profesionales que hayan hecho alguna intervención allí y no previeron, desde la técnica, todo lo necesario para hacer segura la estructura con su nuevo uso y condiciones. Si alguien actuó sin garantizar la seguridad de lo construido o remodelado, estaríamos frente a una falta profesional y ética muy grave.

Una discusión que suele surgir en estos casos es si el dueño sabía o no sabía el riesgo. Pero había goteras y desprendimientos del techo: había evidencias físicas. La pregunta no es si sabía, sino por qué no actuó. Y por qué el Estado lo dejó operar sin hacer inspecciones y exigencias. Tener un permiso de funcionamiento no puede ser suficiente para suponer que un espacio es seguro, si ese permiso (licencia) no incluye esta verificación periódica. Como dijimos, la ignorancia no hace que el propietario pueda eludir su responsabilidad. Ni el silencio del Estado es una forma de exoneración. Nada sustituye la verificación técnica para asegurar a los ciudadanos; para eso está el Estado.

En el mundo hay recertificaciones

En EE.UU. a sabiendas que las edificaciones envejecen, cambian de uso, se transforman, y que su seguridad estructural y funcional no puede seguir siendo presumida eternamente, existen códigos como el International Existing Building Code (IEBC), adoptado por los estados (California, Florida). Este código establece inspecciones periódicas obligatorias, especialmente para edificaciones con más de 30 años, con revisiones cada diez años.

En Colombia el Capítulo A.10 de la Norma Sismo Resistente NSR-10, Ley 400/97 habla de la intervención de edificaciones existentes, pero no con el alcance equivalente al IEBC. El Decreto 1077/15, Ley 388/97 habla de las intervenciones de edificaciones existentes como son las ampliaciones, modificaciones, adecuaciones, reforzamientos y sus licencias. Pero no tenemos una norma para recertificación estructural, que obligue a inspecciones sistemáticas de las estructuras existentes.

Hay normas en caso de incendios. Sin embargo, aparecen noticias incomprensibles: los concejales Sandra Forero y Daniel Briceño a finales del año anterior lideraron la eliminación de la visita técnica de bomberos (para su concepto favorable) para la apertura y/o funcionamiento de establecimientos de comercio. Semejante barbaridad en contra de la seguridad de los ciudadanos fue promulgada por sus autores y el gremio de comerciantes -Fenalco- como una gran conquista. Es una absoluta irresponsabilidad que los concejales (y en general, todos los políticos que ocupen posiciones legislativas) no se aseguren de entender bien cualquier norma que promuevan o desmonten.

Urgencia de acción

Esta tragedia debe sacudirnos. No se puede seguir esperando que haya tragedias y muertos para reaccionar. Y en esto, la responsabilidad no recae solo en el Estado: también en las academias y los profesionales ingenieros civiles y arquitectos. ¿Dónde están las voces que exigen que se reglamente la inspección periódica de construcciones existentes? ¿Dónde está el liderazgo técnico que, con conocimiento, presione decisiones oportunas?

El llamado debe ser contundente: el Estado debe establecer un marco normativo para que cualquier edificación existente —especialmente si se pretende usar para públicos numerosos— sea inspeccionada y recertificada periódicamente. La inspección debe incluir cambios de uso, aspectos estructurales, condiciones de carga, vibraciones, humedad, corrosión, toda señal de deterioro y todos los aspectos de prevención de incendios. En caso de cambio de uso, no puede haber licencia de funcionamiento sin evaluación estructural previa. El IEBC propone plazos de 30 años para la primera revisión, y luego cada 10. Pero en un cada cambio de uso, por supuesto que la expedición de la licencia debe exigir cuidadosamente la revisión estructural.

Ningún evento debería terminar con muertes evitables. Ninguna estructura insegura debería estar en pie. Ninguna tragedia debería necesitarse para mover la conciencia de quienes tienen la capacidad —y el deber— de actuar.

Rafael Fonseca Zarate

Francisco ‘El hombre’

Argentino, hijo de migrantes italianos —hoy tal vez lo llamarían extranjero—, estudió metalurgia y fue portero nocturno en un bar. Amante del tango y del fútbol, su camino lo llevó a convertirse en sacerdote jesuita. Fue párroco en las villas de Buenos Aires, luego Obispo y más adelante Cardenal.

Vivió la dictadura de Videla, una época marcada por la represión, los carros verdes, el minuto, y la desaparición de amigos de su juventud. Su ejercicio pastoral, sin duda, tuvo que confrontar esa dura realidad.

 

Francisco llegó a Colombia para abrazar el proceso de paz. Fue el primer Papa que visitó Villavicencio, donde estremeció con sus palabras sobre la paz, la justicia social y la igualdad. Un Papa sencillo, recio, tal vez con un dejo de arrogancia bien argentina, pero que renunció a toda pompa y lujo. Decía ser la cabeza de una Iglesia para los pobres, y lo vivía: podía comer un plato de lentejas con chorizo o una cazuela de mariscos, pero nunca desperdiciar ni dejar de compartir.

Desde su llegada al pontificado lo seguí de cerca, lo leí, lo admiré, me volví su fan. ¿Un Papa con redes sociales? ¡Esto sí era demasiado!, pensé. Francisco nos dijo que todos somos hijos de Dios, que Él no discrimina a nadie, que ve el mismo corazón en cada uno de nosotros. Que somos personas, y que nunca deberíamos ser juzgados por sentir amor. En mi reencuentro con Dios, así lo he sentido: tuvimos un Papa que nos liberó de la culpa, que no nos rechazaba por la orientación sexual, que nos recordaba que Dios nos quiere tal y como somos, y que debemos aprender a querernos también.

Francisco hablaba de ser humanista, de leer, de estudiar. Admiraba a Dostoievski, y decía que los sacerdotes debían ser lectores y pensadores. Tal vez se inspiró en Pobres gentes, El idiota, Los hermanos Karamazov, o en Crimen y castigo.

Oraba por el cese de la guerra en Gaza, por la vida del pueblo palestino, por Ucrania y por Colombia. Fue el único Papa que reunió a líderes de otras religiones y oró junto a ellos por la paz del mundo: un acto ecuménico sin precedentes.

Con firmeza y sin ambigüedades, enfrentó los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia. Para él, la casa de Dios no podía ser profanada. Defendió a los niños y niñas como sagrados.

Abrió camino a las mujeres, cuestionando su rol subordinado dentro de la Iglesia. Aunque no apoyaba el aborto, comprendía que no todas las mujeres deseaban ser madres, y que muchas se sentían solas frente a una familia sin padre cuidador y sin protección. Francisco hablaba de responsabilidad, no de condena.

Nos exhortó a amar la tierra, el agua, la naturaleza y a cuidar de los animales. Su llamado fue integral: espiritual, humano y ecológico.

Ojalá el próximo cónclave elija a alguien como Francisco. Hoy, que Dios te ha llamado en Domingo de Pascua, tu despedida tuvo el sello de los elegidos: pudiste hablarle una última vez a tu rebaño. Gracias por renovar mi fe, por dar coherencia a mi Iglesia, por sembrar una semilla que, sin duda, seguirá germinando.

Descansa en paz, Francisco. Saluda a esos buenos seres que ya están en el cielo. Tu legado nos acompaña.

Marcela Clavijo

Francisco, el Papa que nos enseñó a mirar al otro

La muerte del Papa Francisco no es solo la despedida de un líder religioso. Es la partida de un referente moral y político global que transformó, desde la raíz, los discursos de poder en el mundo contemporáneo. Francisco fue mucho más que el primer Papa latinoamericano: fue, y será por siempre, el Papa de los pobres, de los excluidos, de quienes no tienen voz. Y, sobre todo, fue el Papa que nos recordó, una y otra vez, que la Iglesia no debe ser una fortaleza de privilegios, sino una casa abierta, con olor a pueblo. Su pontificado fue un bálsamo en un mundo donde el poder parecía aplastante y distante, donde mirar al otro era la excepción y no la generalidad, fue un ejemplo de esos que hacen que lo humano y lo colectivo cobren sentido real.

Quienes estuvimos en Colombia durante su visita en 2017 no olvidamos la potencia de sus palabras: “No se dejen robar la esperanza”, nos dijo. Con ese tono cálido y firme que caracterizó todos sus discursos, habló a un país en proceso de sanar las heridas de la guerra. Respaldó el proceso de paz y llamó a todos los actores —iglesia, Estado, sociedad— a reconciliarse, a construir sobre el perdón y la justicia. Francisco comprendió, como pocos líderes mundiales, la dimensión espiritual del conflicto colombiano, y nos invitó a desarmar los corazones, antes que nada.

 

Pero no fue solo con palabras. Con hechos, Francisco transformó a la Iglesia desde adentro. Su papado estuvo marcado por una reforma progresista y valiente. Francisco abrió las puertas de la Iglesia a las mujeres como nunca antes. En enero de 2025, el nombramiento de la hermana Simona Brambilla como prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada fue histórico. Fue la primera vez que una mujer encabezó un organismo de semejante nivel en la Curia Romana. Pero no fue un gesto aislado. Nombró a mujeres en espacios estratégicos, con poder real de decisión. Reconoció su lugar y su aporte como esenciales para el corazón de la Iglesia.

También rompió silencios. Enfrentó con determinación la dolorosa crisis de los abusos sexuales. No se escudó en tecnicismos, no protegió a los responsables. En 2019, estableció la obligatoriedad de denunciar los casos. Se reunió, en múltiples ocasiones, con víctimas. Les pidió perdón en nombre de la Iglesia. Y en 2022, destituyó a obispos y cardenales por encubrimiento. En una institución donde el silencio había sido norma, Francisco eligió la justicia, la reparación, y la verdad. Su postura incomodó a sectores conservadores, pero para las víctimas y para la humanidad, marcó un nuevo estándar ético.

Su valentía como líder religioso también se expresó en la inclusión de parejas del mismo sexo en el debate público sobre su aceptación y reconocimiento. En diciembre de 2023, permitió que se bendijeran esas uniones. No fue un gesto doctrinal: fue un acto de compasión. Francisco entendía que el amor humano no puede ser medido con reglas frías. “Dios bendice a todos sus hijos”, dijo. Lo que hizo fue recordarnos que la Iglesia no puede ser una aduana, sino un refugio.

En su pensamiento también hubo espacio para la defensa del planeta. Con Laudato si’ en 2015 y Laudate Deum en 2023, convirtió la crisis climática en una causa moral. Denunció el capitalismo depredador, el extractivismo sin límites, el negacionismo climático. Nos habló del cuidado de la casa común, de la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza, de nuestra obligación intergeneracional. Francisco fue, también, el Papa verde.

Su voz se alzó contra las guerras. Condenó la violencia en Ucrania, en Palestina, en Siria, en África. Nunca titubeó al denunciar el comercio de armas, ni al exigir a los gobiernos que priorizaran la diplomacia sobre la muerte. Fue un líder pacifista, en el más profundo sentido del término. En un mundo atravesado por el odio y la polarización, Francisco insistió en la ternura como forma de resistencia.

El Papa nos enseñó a mirar al otro, a los que viven en las periferias, a los descartados del sistema. Reivindicó la compasión, el amor, el cuidado del prójimo como valores irrenunciables. Su papado fue una revolución del alma y de la estructura. Y aunque su partida nos deja con un profundo vacío, también nos deja con una hoja de ruta. La de una Iglesia más humana, más cercana, más real. Con su partida, el mundo pierde una brújula ética, un referente espiritual que supo hablar el lenguaje de los pueblos, que se bajó del trono papal para caminar con los descartados.  

Francisco, el Papa de los puentes y no de los muros, logró algo inusual y profundo: que muchos de los que no somos fieles creyentes volteáramos nuestra mirada hacia sus enseñanzas, y encontráramos en su palabra una verdad conmovedora. Con él comprendimos que el amor siempre tiene la tarea de vencer al odio y la división. Hasta siempre al Papa progresista que nos enseñó que pensar diferente no es un delito sino una necesidad en un mundo de injusticias.

Quena Ribadeneira

Aranceles Trump

La política arancelaria proteccionista de Donald Trump puede ser el error de política pública más monumental de los últimos 90 años. Su propuesta consiste en imponer un arancel general del 10% a todas las importaciones y, en los casos en que EEUU registre un déficit comercial, aplicar una sobretasa adicional. Se trata de una guerra comercial basada en la idea imaginaria de que EEUU es una víctima. Ya que, por muchos años Colombia ha tenido un déficit comercial con EEUU, podríamos aprovechar el menor arancel relativo para atraer inversión. Navegar las aguas turbulentas del cambio estructural en el comercio global para atraer inversión y fortalecer nuestra competitividad.

Estados Unidos es nuestro principal mercado, destino del 27% de nuestras exportaciones. Aunque nuestras ventas están concentradas en combustibles y productos agrícolas, el efecto dominó de una guerra comercial impactará sectores no vinculados al comercio internacional. A pesar de la animadversión personal entre nuestros mandatarios, este es el momento de acercar más a Colombia a EEUU, no de alejarnos.

 

En primer lugar, si Estados Unidos cierra sus puertas a productos asiáticos, empezará a buscar alternativas más cercanas. Nuestra proximidad geográfica sumada a los tratados de libre comercio vigentes, facilita el traslado de cadenas productivas a países más cercanos al consumidor final. Esto podría convertirnos en un socio estratégico en sectores como confecciones, agroindustria y manufactura ligera. En el caso del café, la ventaja es evidente, ya que, a nuestra principal competencia, Vietnam, se le impuso un arancel del 46% y, al otro competidor, Indonesia, del 32%.

Colombia podría capitalizar esta oportunidad si ajusta sus políticas de competitividad. Un primer paso sería nombrar un Min Comercio. Alguien debería estar mapeando los sectores en los que podríamos utilizar las ventajas arancelarias para exportar a EEUU. Claro hay mucho por hacer: reducir costos logísticos –actualmente un 15% más altos que el promedio regional–, mejorar la infraestructura portuaria y eliminar la tramitología que obstaculiza el comercio. Hay que posicionarnos como el aliado natural para suplir la demanda estadounidense desplazada desde Asia y que ni EEUU ni México pueden cubrir.

Además, este nuevo escenario debe llevarnos a replantear nuestra matriz exportadora. El 75% de las ventas al exterior siguen siendo materias primas, pero existe chance de mejorar, mientras EEUU habla de producción local, cadenas cortas y soberanía industrial. Adquirir el conocimiento para exportar valor agregado puede ser una posibilidad.

No podemos ser ingenuos: un Estados Unidos más proteccionista traerá volatilidad en los mercados financieros, presión sobre nuestra moneda y una posible contracción del comercio global. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia económica reciente, es que las disrupciones globales generan ventanas de oportunidad para los países que logran leer la coyuntura y adaptarse con agilidad.

Colombia no puede cambiar la política comercial de Estados Unidos, pero sí decidir si quiere ser víctima o protagonista en esta nueva dinámica global. Trump ya subió los aranceles. La pregunta es: ¿estaremos listos para ocupar el espacio que otros dejarán libre? Por ahora, la respuesta de dejar de comprar aviones F-16 es tan estupida que amerita su propia columna. 

Simón Gaviria Muñoz

Caso Octopus Sarabia 

El caso Octopus Sarabia no es un escándalo aislado, son los tentáculos de un entramado de más de 50 eslabones criminales que vinculan a las altas esferas del Gobierno con el narcotráfico, el desvío de fondos públicos y los pactos con grupos armados. Los tentáculos de esta red no solo envuelven a la ahora canciller Laura Sarabia, sino que revelan una maquinaria sistemática de corrupción.

Al respecto tenemos dos preguntas centrales. La Primera: ¿Sarabia actúa sola?. Pareciera que detrás de todo está la actual canciller, pero si lo analizamos detenidamente,  Laura Sarabia es el nombre que más resuena, pero difícilmente actúa sola, aunque su historial abarca desde el caso de la niñera Marelbys Meza (donde buscaba recuperar una “platica” usando interceptaciones ilegales, polígrafo y concluye con  el suicidio del jefe de seguridad presidencial coronel Óscar Dávila) hasta el saqueo de Fiduprevisora y los contratos turbios de la UNGRD y FNA mediante por Grupo Bicentenario controlado por Sarabia. 

 

Sin embargo, al lado de ella hay muchos actores poderosos, empezando por  Nicolás Petro, hijo del presidente, investigado por el presunto lavado de dinero en su contubernio con el Hombre Marlboro. Los hermanos Benedetti, exdiplomáticos cuyos audios exponen negociaciones con mafias.  Ricardo Bonilla, exministro de hacienda. John Mauricio Marín,  nuevo rico, expresidente de Fiduprevisora al servicio de los políticos tradicionales. David Cure y Andrés Ávila (intermediarios de la salud). Aunque se suman muchos más que no cabrían en esta columna, les dejamos otros eslabones de peso pero que se conservan a la sobra de la justicia: Andrés Sarabia hermano de Laura Sarabia,  Jaime Ramírez Cobo  (el lobista presidencial que compró las reformas en el congreso) y su esposa Daniela Andrade,  la notaria 36 de Bogotá, quienes aperaban el «Grupo Bicentenario» como una gigantesca lavadora de recursos públicos. La exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz quien fue la mensajera de maletas por $3.000 millones. El exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y DAPRE, Carlos Ramón González quien dio órdenes en el caso UNGRD, y un largo etc.    Aunque todos tienen un solo hilo conductor en común, y  el país aún se cuestiona si estos tentáculos podrían actuar aisladamente sin que Sarabia lo supiera en su calidad de directora de la presidencia. 

En consecuencia, la  segunda  pregunta sería: ¿Cuánto nos cuesta a los colombianos este pulpo corrupto?. Recordemos que esto se configura como  un delito que tiene víctimas y un costo concreto. Según Transparencia por Colombia, entre 2016 y 2022 se perdieron 21 Billones de pesos en actos de corrupción. Dinero que pudo engrandecer a Colombia salvando vidas en hospitales, educar a niños o reconstruyendo zonas devastadas por desastres naturales. 

Pero el daño más profundo es la burla de la democracia, cuando el narcotráfico financia campañas (como los $500 millones de «Papá Pitufo»).  Cuando la justicia se doblega al poder (magistrados al servicio presidencial, el silencio ante el «suicidio» del coronel Dávila), o Cuando funcionarios como Sarabia operan en la sombra mientras el país clama transparencia. 

Señora Canciller, su nombre está en demasiados eslabones de esta cadena delincuencial. Si usted cree en la «ética de lo público», como pregona el Gobierno Petro, rompa el pacto de silencio y dignifique al país con la verdad y la reparación, recuerde que la justicia cojea pero llega, y si no es en este, será en próximos gobiernos.

Luis Fernando Ulloa

Tiempos de reflexión

En tiempos donde todo parece acelerado, las discusiones públicas o debates muchas veces se tornan álgidos, y la rutina parece desbordarnos, se hace necesario detenernos a reflexionar.

Y pocas épocas del año nos invitan tanto a hacerlo como la Semana Santa. Más allá del significado religioso, este tiempo constituye una oportunidad para mirar hacia dentro, revisar nuestras motivaciones y preguntarnos por el tipo de ciudad que estamos construyendo.

 

Bogotá es una capital maravillosa. A veces caótica, sin duda. Pero está llena de vida, de historias, de gente proveniente de todos los lugares del país y del mundo. Sin embargo, es también una ciudad herida por la inseguridad, por la falta de orden, por las basuras en las calles y por la desconfianza entre unos y otros. Pero, justamente, por eso, necesita de una ciudadanía que quiera participar y que aporte en su transformación.

Bogotá también necesita, en palabras simbólicas, resucitar: en su manera de convivir y de escucharse. Esta columna no pretende sermonear, pero en ella sí quiero invitar a creer que otra ciudad es posible si cada uno de nosotros decide actuar con un poco más de civismo, de respeto, de tolerancia y de sentido de pertenencia. Si decidimos “bajarle el volumen” a la conveniencia propia y “subirle” al compromiso por el bien común.

Hay un versículo bíblico que me acompaña y que hoy quiero compartir como idea para pensar la ciudad: “No se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos” – Gálatas 6:9.

Y hacer el bien puede empezar desde lo más cotidiano, aquí expongo algunos ejemplos. Ceder el paso, respetar las señales de tránsito, parquear donde se debe, no tirar la basura en la calle, cuidar el mobiliario público, tratar con respeto al que piensa distinto, escuchar antes de juzgar. Seguramente son muchos más, pero pequeños actos, multiplicados, cambian el entorno de una ciudad. Lo que nos falta no es gente buena, es gente convencida de que sus acciones sí tienen impacto.

Bogotá necesita una ciudadanía activa. Que se indigne ante lo que no funciona, que reclame, que exija a las autoridades y líderes políticos, pero también que trabaje desde lo pequeño para transformarla.

En este tiempo de reflexión, donde la resurrección de Cristo significa, para mí y millones, la posibilidad de salvación y redención, podríamos preguntarnos: ¿qué tenemos que resucitar en nuestra ciudad?

Como concejal de Bogotá, analizo cada día los desafíos que enfrentamos. Y también veo la fuerza que tiene nuestra amada ciudad cuando se une. Cuando trabaja junta. Cuando se acuerda de que todos, absolutamente todos, queremos lo mismo: vivir bien, vivir tranquilos, vivir seguros.

Por eso, más allá de credos, invito a todos a tomarnos este tiempo como una pausa para pensar y renovarnos. Bogotá no es perfecta. Ninguna ciudad lo es. Pero tiene en sus manos, en las nuestras, el potencial de reinventarse cada día. No olvidemos que aún en los días más oscuros, siempre hay luz si sabemos hacia dónde mirar.

Andrés Barrios Bernal

El odio más antiguo

Cantidades de estudiantes en las universidades norteamericanas y en otros lugares del planeta han protestado, violentamente muchas veces, contra la llamada “ocupación” israelí y la intervención militar de Israel en Gaza. Se creería que estas personas están defendiendo algún derecho importante, por ejemplo, el derecho de los palestinos a una nación, o su derecho a vivir en democracia. Sin embargo, si les preguntamos si saben que desde 1948 Gaza y Margen Occidental fueron regiones de Egipto y Jordania respectivamente, liberadas por Israel en 1967, no tienen ni idea. Tampoco saben que en 1948 se reconocieron los países de Líbano, Iraq, Siria y Jordania, además de Israel. No tienen ni idea que el 80% de la geografía que aspiraba Israel fue entregada al rey Hachemita, hoy Jordania, en donde el 70% de la población es palestina. La ignorancia sobre el complejo conflicto del Medio Oriente es generalizada.

La pregunta obligada es: ¿Si estas personas no conocen la realidad del Medio Oriente – la mayoría ni siquiera ha visitado la región –, ¿qué hacen protestando? ¿Por qué nunca han protestado por las masacres en Siria, ni por aquellas en Somalia, o las más recientes en Sudán, ni a favor de los kurdos perseguidos por los turcos hace muchos años? ¿Por qué no protestan ni una sola vez por las atrocidades de Hamás el 7 de octubre, cuando durante horas, miles de terroristas entraron a un territorio pacífico, acuchillaron en el vientre a mujeres embarazadas luego de violarlas, mutilaron sus senos, amarraron niños para quemarlos vivos, mataron a más de 1200 jóvenes que bailaban y cantaban en un concierto, y secuestraron a 251, muchos ya fallecidos, incluyendo dos bebés? 

 

Son rápidos para cantar “del río hasta el mar…” pero cuándo les preguntamos cuál mar y cuál río, se quedan mirando lejos. Cuando les preguntamos porqué los palestinos no aceptaron la partición de 1948, o les hablamos de las doce veces que Israel aceptó la paz propuesta por otros países, pero los palestinos las rechazaron, no tienen la más remota idea a lo que nos referimos. ¿Entonces, por qué protestan?

En realidad, el espíritu que les embarga a estos protestantes es el mismo que les embargó a quienes asesinaron a 12 mil judíos en Alemania en 1096 por no querer convertirse al cristianismo. El mismo espíritu que asesinó a 3000 judíos en Berlín en 1510 por rehusar ser bautizados.

Es el mismo espíritu del rey Eduardo que en 1290 expulsó a los judíos de Inglaterra y les confiscó todos los bienes. El mismo espíritu que los expulsó de Francia en 1394, de Hungría entre 1360, de Austria en 1421, de regiones de Alemania en los siglos XIV y XVI, de Lituania en 1495, de España en 1492, de Portugal en 1497, y de Bohemia y Moravia en 1744. Con ese espíritu, ucranianos liderados por Chmielnitzki en el año 1648 mataron a 100,000 judíos. Muchos fueron enterrados vivos. Se conocen historias de casos en que les sacaban los hijos a las mujeres embarazadas y los lanzaban al vació frente a sus ojos. Tal como hizo Hamás el 7 de octubre.

En el mismo espíritu de Adolf Hitler, cuyo régimen en la Segunda Guerra Mundial, mató a seis millones de judíos en campos de concentración.

No se engañen, las protestas de hoy, así como las masacres de hoy y de antes, no tienen nada que ver con palestina, ni con los derechos de nadie.

Estas obedecen a una sola cosa, al odio más antiguo del mundo: el odio a los judíos.

Samuel Azout

La paz más allá de la fuerza

Es habitual en el análisis del conflicto colombiano recurrir a dicotomías simplistas entre violencia y paz, fuerza y justicia, buenos y malos. Desde diferentes orillas se plantea que la violencia actual es resultado de la falta de decisión de paz de los actores armados ilegales que creen que pueden seguir disfrutando de su discurso y del accionar violento; de grupos criminales que se benefician de las economías ilegales nacionales y trasnacionales; o un fenómeno propio del postconflicto, omitiendo, ya sea por cansancio o por convicciones ideológicas, que en el país persisten causas estructurales que retroalimentan las violencias.

La idea de que la paz total es posible si aplicamos la receta de fuerza militar y justicia, omite una variable fundamental que siempre se ha reclamado y es la participación efectiva y directa de las comunidades locales y de la sociedad en general para decidir sobre su presente y su futuro. La experiencia histórica enseña que los acuerdos impuestos o mediados sin la plena participación comunitaria rara vez logran sostenibilidad. Se requiere, más que oportunidades, la consolidación de una gobernanza local efectiva, empoderada y democrática, soportada sobre la emergencia de una sociedad que rechaza la violencia y la ilegalidad, capaz de romper ciclos históricos de exclusión, desigualdad y abandono institucional.

 

Resulta cuestionable la afirmación de que las estrategias de los grupos residuales o disidencias, así como del ELN se pueden romper y desmantelar de forma definitiva a través exclusivamente de la fuerza militar, ignorando la complejidad estructural de los conflictos armados. La dinámica cambiante de la confrontación en Colombia ha demostrado que derrotas militares o tácticas rara vez conducen a la desaparición absoluta de grupos armados ilegales o del fenómeno criminal. Las estructuras delincuenciales y sus cabecillas se reinventan constantemente ante vacíos de gobernabilidad, corrupción, debilidad social e institucional y oportunidades económicas ilícitas persistentes.

En este punto es pertinente contrastar estas reflexiones con la estrategia de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) implementada por el gobierno de Duque. Esta política se presentó como una intervención integral del Estado en territorios priorizados por su alta conflictividad, presencia de cultivos de uso ilícitos y economías ilegales. Sin embargo, en la práctica, dicha estrategia reproducía una visión del territorio, en donde la acción militar y la erradicación forzada ocupaban el centro de la estrategia. La participación ciudadana fue limitada, y los procesos de desarrollo territorial quedaron subordinados a la agenda de seguridad nacional.

Lo anterior contradice la necesidad, señalada por múltiples estudios y experiencias internacionales, de priorizar el desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social en zonas históricamente marginadas. El control militar, por sí solo, no resuelve los problemas de legitimidad estatal ni genera confianza entre las comunidades, especialmente cuando el Estado ha sido históricamente percibido como ausente o represivo. Si bien es válida la necesidad de enfrentar con contundencia las economías ilegales y fortalecer la justicia, es esencial desarrollar iniciativas y estrategias sostenibles de inclusión económica y social, de reparación efectiva a las víctimas, educativas, culturales y de reconciliación que promuevan una cultura de paz; estrategias urgentes y coordinadas, arraigadas en el goce pleno de los derechos humanos, la convivencia pacífica, la democracia participativa, la justicia restaurativa y la inclusión política y social.

Muchas comunidades siguen demandando un Estado distinto, más garante que vigilante, más promotor de derechos que represor de ilegalidades. Cualquier intento de paz que priorice fundamentalmente el uso de la fuerza termina replicando las causas del conflicto. La paz auténtica no será solo el resultado de acciones punitivas o coercitivas, sino el fruto de una visión holística comprometida con transformar las condiciones estructurales que originan y reproducen las violencias.

Luis Emil Sanabria D

Puerto Antioquia avanza imparable y pone a Urabá en el mapa del mundo

Esta semana, tres gigantes metálicos surcaron los mares desde China hasta Turbo, Antioquia. No son cualquier maquinaria: son grúas tipo Ship to Shore, entre las más modernas del continente, y su llegada marca un momento histórico para el país. Son el corazón tecnológico de Puerto Antioquia, el nuevo puerto que transformará no sólo la región del Urabá, sino también la forma en que Colombia se conecta con el mundo.

Estas grúas, fabricadas por la empresa Qingdao Haixi Heavy-duty Machinery Co., Ltda, pueden levantar hasta 65 toneladas en un solo movimiento y operar embarcaciones de gran calado, con capacidad para más de 14.000 contenedores. Son máquinas que respiran eficiencia, precisión y velocidad. Pero más allá de su tamaño y sofisticación, lo que traen consigo es una promesa: la de un futuro más próspero, más cercano, más justo.

 

Puerto Antioquia, cuya entrada en operación está prevista para 2025, será la primera gran terminal marítima del país con acceso directo desde el corazón productivo del interior. A menos de 400 kilómetros de Medellín, permitirá reducir en casi un 50 % la distancia que hoy deben recorrer nuestras exportaciones hacia los puertos tradicionales. Eso se traduce en menos tiempo, menos costos y más oportunidades.

Y esa oportunidad no es solo para las grandes empresas. Es también para los agricultores, los caficultores, los floricultores, los transportadores, los emprendedores. Para las familias del Urabá que, por generaciones, han estado al margen de las grandes autopistas del desarrollo. Ahora, el mar no queda lejos. Ahora, la economía global sí pasa por su puerta.

La historia de Puerto Antioquia es también la de un modelo distinto: una alianza entre lo público y lo privado, entre inversionistas internacionales, autoridades locales y comunidades. Más de 700 millones de dólares se están invirtiendo para que este sueño sea una realidad. Y no se trata solo de infraestructura: se trata de dignidad, empleo, educación, movilidad y progreso.

En su fase operativa, el puerto generará más de 1.500 empleos directos y unos 6.000 indirectos. Ya hay programas de formación para que los jóvenes del Urabá sean los primeros en ocupar esos cargos. Ya hay dinamismo comercial, nuevas vías, nuevos negocios. Fueron pilotos urabeños los encargados del atraque del buque con las grúas. La transformación no es promesa futura: es presente en movimiento.

Además, el proyecto avanza con un compromiso serio con el medioambiente. Las grúas operarán con sistemas eléctricos de bajo consumo, y se han implementado planes de conservación para los manglares, de monitoreo de biodiversidad y de gestión responsable de residuos. Desarrollo sí, pero no a cualquier costo. Desarrollo con conciencia.

Hoy, frente a las costas del Caribe, se levantan tres grúas que son más que estructuras metálicas. Son el símbolo de un país que decide apostar por la equidad territorial, por la eficiencia logística, por el futuro. Puerto Antioquia será una nueva puerta al mundo. Una puerta que, por fin, se abre para todos.

Alejandro Toro