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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Opinión

Diplomacia científica para salvar la Amazonia

La Amazonia, hogar de una riqueza biológica y cultural incomparable, fuente de servicios ecosistémicos esenciales para la humanidad, está en peligro por las presiones humanas que amenazan su integridad y funcionamiento. La deforestación, los incendios, la minería y la expansión de la frontera agrícola son apenas algunas de las causas de la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero, factores que ponen en riesgo la supervivencia de millones de especies, cientos de pueblos indígenas y la estabilidad climática regional y global.

Ante este escenario, es urgente que los ocho países de América del Sur que comparten la cuenca amazónica fortalezcan su colaboración para gestionar de forma sostenible este ecosistema vital. La diplomacia científica se presenta como una herramienta clave para facilitar la cooperación, el entendimiento y la confianza y avanzar en la resolución de los desafíos globales de interés común, como el cambio climático, la protección de la biodiversidad, la salud global o la transición energética.

 

La ciudad de Leticia, donde la Universidad Nacional de Colombia cuenta con la sede Amazonia, es la ciudad indicada para ser la sede de dicha iniciativa, por ser punto de encuentro de tres naciones hermanas: Colombia, Brasil y Perú. Por estar ubicado en una parte estratégica del Noroeste de la Amazonía, contribuye significativamente a la humedad atmosférica sobre el continente y es fundamental para el ciclo del agua en la región, facilitando la evapotranspiración y la formación de lluvias.

En este escenario, Colombia puede afianzar su liderazgo, impulsando la creación del primer Centro Internacional de Resiliencia para la Amazonia (CIRA), basado en tres pilares: ciencia, innovación y gobernabilidad; busca promover acciones en investigación, innovación y gobernanza efectiva para la gestión sostenible de los sistemas socioecológicos de la Amazonia, enfocándose en la resiliencia ambiental, social y ecológica de los paisajes y la salud de la cuenca y de su población. 

La propuesta, en línea con los objetivos de política exterior de Colombia, debe buscar el respaldo de la OEA y la UE, además de otros socios como son el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la UNESCO y la FAO.

Con su experticia y sus nueve sedes regionales, la Universidad Nacional de Colombia está en condiciones de aportar conocimiento, capacidad y visión para salvar la selva de todos, y apoyar al gobierno en todos los aspectos científicos y técnicos.

La creación del CIRA representa una oportunidad para Colombia como anfitrión de la COP16-2024. Esta conferencia será un escenario clave para mostrar el compromiso de Colombia en la agenda medioambiental regional y global. El CIRA será un ejemplo de cómo la diplomacia científica puede contribuir a la acción climática y al desarrollo sostenible, contribuyendo a materializar la agenda discutida en la cumbre amazónica celebrada en Belém, Brasil en agosto de 2023. No olvidemos que para el gobierno colombiano la conservación de la selva es una prioridad, manifestada en acciones y políticas públicas, como la firma del Pacto de Leticia por la Amazonia, la declaración de emergencia climática, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2030, la implementación del Plan Nacional de Reforestación, la promoción de la economía circular y la bioeconomía, y el fortalecimiento de la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la gestión ambiental.

Como profesor, investigador y candidato a la rectoría de la Universidad Nacional, brindo todo mi respaldo para la concreción de esta iniciativa, convencido de que nuestra alma mater podrá contribuir a la construcción del diálogo entre ciencia y sabiduría ancestral para los desafíos globales que se nos presentan. 

Jairo Alexis López

Profesor de la Universidad Nacional, doctor en Física y candidato a rector.

Cuenta en dólares

 Dada la irresponsable política monetaria, Javier Milei está planteando dolarizar la economía argentina. Aunque ya el mismo les bajó el tono a las expectativas de corto plazo, mientras logra un ajuste fiscal, su espíritu reformador se siente en todo el país. Para Ecuador, tras años de desaciertos monetarios, la dolarización salvó la economía frenando la inflación. En Panamá, el uso de la divisa verde facilitó el comercio y permitió el desarrollo de su sector financiero. Tras décadas de populismo económico, es razonable que, en Argentina, la dolarización se piense como alternativa. Para Colombia no es el caso, el Banco de la República ha sido exitoso logrando la estabilidad de precios. Lo que si puede ser útil es permitir que se abran cuentas en dólares y otras monedas en el sistema financiero colombiano, el país tiene que seguir avanzando en libertad económica.

Dado el éxito de la independencia del Banco de la República y una tasa cambiaria flotante, en Colombia no tiene sentido abandonar el peso, se pierde más de lo que se gana. Poniendo a un lado las reflexiones sobre soberanía, la economía colombiana, a pesar de que EEUU es su principal socio comercial, no tiene sincronicidad con la economía americana. El precio del petróleo, el café y la minería tienen un impacto desbordado en la tasa de cambio. Los riesgos de encarecer el país, pero especialmente perder la posibilidad de fijar la tasa de interés acorde con la necesidad de la economía, es más dañino. Eso sí, habilitar la cohabitación cambiaria, específicamente permitiendo cuentas en monedas extranjeras, podría disminuir el costo del crédito, facilitar las coberturas cambiarias y frenar el éxodo de capital.

 

A pesar de los retos políticos del Perú en épocas recientes, la estabilidad económica es un pilar de nuestros vecinos. El sol es la moneda más estable de América Latina de los últimos 25 años, valiendo casi lo mismo que cuando fue introducida en 1999. Lo que diferencia a Perú es que su sistema bancario permite tener cuentas en dólares y que la moneda circule libremente. Dada la hiperinflación de los 80s, la economía peruana estaba de facto dolarizada, así como la Argentina. Al permitir el refugio del dólar al interior del país, se estabilizó la moneda y los precios sin un éxodo masivo de capital. Hoy tan solo el 34% de los depósitos bancarios son en dólares, pero el hecho que exista la posibilidad genera protección.

Con temores sobre la institucionalidad y problemas estructurales de crecimiento, muchos colombianos están optado por la solidez del dólar frente a un peso incierto. Si se pudiera abrir cuentas en dólares en Colombia, muchos de esos recursos se quedarían en el país en vez de irse a Panamá o Miami. Durante 2023 la inversión colombiana en el exterior creció 64%. Adicionalmente, el sector exportador podría tener créditos en dólares eliminando su riesgo cambiario que hoy puede costar 8% de ventas en coberturas. Tocaría hacer ajustes en materia de depósitos y provisiones, pero nada que no esté inventado. Los grandes beneficiarios serían los colombianos que reciben remesas que podrían obviar costos cambiarios. Es más, lo bueno que lo malo, la innovación en temas bancarios beneficia a todos.

Simón Gaviria

La pesadilla del Covid 19

Ya han transcurrido cuatro años desde que se declaró como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ataque inmisericorde del COVID 19 a nivel planetario y sólo diez meses desde que dio el parte de que la misma había llegado a su fin. Fueron tres años largos, de pesadumbre y de desazón, con precedentes sólo en tiempos remotos.

Según la OMS esta pandemia cobró más de 7 millones de almas, cifra esta que se queda corta frente a los estimativos del sistema de las Naciones Unidas, para el cual la cifra superaría los 20 millones. Muchas defunciones no fueron registradas ni atribuidas al COVID 19 propiamente dicho sino a sus letales secuelas y ello explica la inconsistencia y discrepancias en las cifras, dada la dificultad de establecer tan difusa como confusa demarcación entre una y otra patología.

 

Todo empezó el 1º de diciembre en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei de la República Popular China, cuando la autoridad sanitaria reveló la existencia de los primeros infectados y contagiados con el coronavirus SARS – CoV – 2 y lo puso en conocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo Director general Adhanom Ghebreyesus alertó al mundo y declaró la “emergencia de salud pública de importancia internacional” el 30 de enero de 2020.

A poco andar, la que se denominó como COVID – 19 ya se había propagado a los siete continentes, razón por la cual la OMS la declaró como pandemia el 11 de marzo del mismo año. Ello llevó al Gobierno Nacional presidido por Iván Duque a declarar la emergencia económica, social y ecológica, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del año 2020. Dicha emergencia se prolongó hasta el 30 de junio de 2022.

Sólo el 5 de mayo de 2023, el Director de la OMS declaró que “el Comité de Emergencias se reunió por decimoquinta vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, declaro con gran esperanza el fin de COVID-19 como emergencia sanitaria internacional”. Por fín!

Pese a ello el patógeno sigue mutando y circulando, presentando nuevas variantes. Se habla ahora de la variante úmicron del virus, que es mucho más contagiosa, aunque menos mortal que otras variantes y podría llegar a convertirse en una nueva cepa dominante que se esparce peligrosa y velozmente

por el mundo. Y más recientemente se ha identificado una subvariante de la misma denominada JN.1 Pirola. No se puede, entonces, bajar la guardia ni cantar victoria, sería demasiado prematuro hacerlo.

Esta pandemia vino a alterar nuestras vidas, afectó y de qué manera nuestra cotidianidad, nos hizo familiarizar con una serie de términos hasta entonces desconocidos para los mortales, tales como las pre-existencias, la intubación, el confinamiento, la paradoja del “aislamiento” social, la virtualidad, etc. Pero, como dijera Warren Buffett, “sólo cuando baja la marea, se sabe quién nadaba desnudo”. Y este es el caso, con su advenimiento, la pandemia se encargó de poner al desnudo muchas de las vulnerabilidades que acusa la sociedad colombiana, entre ellas las falencias y debilidades del sistema nacional hospitalario, que se vio a gatas para sortear la crisis pavorosa que se desató poniendo a prueba el Sistema Nacional de Salud.

Sus consecuencias han sido devastadoras tanto en lo económico como en lo social, al punto que se perdieron por cuenta del COVID – 19 tres años de esperanza de vida al nacer en Colombia, pasando de 77 años en la pre-pandemia a 74. Esta fue una verdadera pesadilla, que provocó un número de decesos sin precedentes. En Colombia particularmente, al corte del 8 de agosto de 2023 se registraron 142.942 víctimas fatales del COVID – 19, muchos de ellos a consecuencia de sus secuelas, que fueron tan mortíferas como la misma enfermedad.

Este infortunio se llevó a muchos de nuestros seres queridos, familiares, amigos y relacionados. Es muy raro encontrar a alguien a quien no tocara, de una u otra manera, este devastador tsunami, que puso a prueba nuestra capacidad de resiliencia. Se volvió un lugar común decir que después de esta amarga experiencia seríamos capaces de sacar de nuestro yo nuestra mejor versión. Por lo pronto quedémonos con la evocación, que se confunde con deprecación del actor, comediante y escritor cubano Alexis Valdés: “cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Cuando la tormenta pase te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado”. Amén!

Amylkar Acosta

Miembro de Número de la ACCE

La Paz dialogada avanzará si todos y todas la rodeamos

El proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y e E.L.N. sigue su camino, a pesar de las adversidades y de los esfuerzos fallidos de quienes, desde las trincheras políticas y sociales, hacen todos los esfuerzos para que estos diálogos fracasen y nuestra sociedad, en especial los más empobrecidos y excluidos, vean nuevamente truncado sus anhelos de paz territorial y nacional.

El Comité Nacional de Participación- CNP, instancia conformada mediante acuerdo de la mesa de conversaciones, sesionó esta semana en la ciudad de Bogotá. Durante dos días, casi 80 delegados y delegadas de más de 30 sectores sociales y económicos, bajo la coordinación de la comisión de diálogo del Gobierno, encabezada por la Sra. Vera Grabe y el Senador Iván Cepeda, y la gestoría de paz del ELN, dirigida por el Sr. Juan Carlos Cuellar, intercambiamos opiniones e ideas, y asumimos compromisos para elaborar un mecanismo expedito de participación social, que aporte a la transformación de los conflictos y causas que alimentan la confrontación armada.

 

La jornada transcurrió de forma fluida y amena, pero como es apenas previsible, se generaron interrogantes en relación con el hecho de que aún las conversaciones de la Mesa de Diálogo siguen suspendidas, razón por la cual la delegación del ELN no estuvo presente en este evento. También, se escucharon diversas opiniones, frente a los alcances políticos del CNP, y otras consideraciones relacionadas directamente con los compromisos pactados, tales como el cese al fuego bilateral y en relación con la confrontación que el ELN mantiene con otros grupos armados. Tampoco se hicieron esperar las exigencias, tanto a la organización guerrillera como al Gobierno Nacional, sobre las garantías a la vida y a la participación de líderes, lideresas sociales y de las personas que integran el Comité Nacional de Participación.

Dos días de un fructífero intercambio de opiniones y de propuestas, en donde, además de la excelente disposición de las partes que coordinan el Comité, se hizo evidente la determinación y los aportes de las y los delegados de los diferentes sectores, siendo destacado el papel de las mujeres, no solo en cantidad, sino indiscutiblemente, en la calidad de sus aportes. Lamentablemente la delegación de los pueblos indígenas no se hizo presente, lo que privó a la sociedad colombiana y a la deliberación sincera y constructiva que se dio, del punto de vista, la experiencia y las consideraciones del los pueblos ancestrales; ojalá, las organizaciones indígenas valoren este espacio, que seguramente no elaborará una propuesta para ser acogida o sobrepuesta a las tradiciones indígenas, pero  que sí requiere de su palabra y su sabiduría, para construir una ruta que haga posible la reconciliación nacional.

Indiscutiblemente, la sociedad colombiana, el Gobierno Nacional y el ELN, deben valorar positivamente este esfuerzo por avanzar en la construcción de una propuesta, lo suficientemente amplia e incluyente que permita la participación del más copioso torrente de colombianas y colombianos, capaz de hacer posible un acuerdo que beneficie preferiblemente a los más excluidos y violentados, una propuesta tan generosa y atractiva, que se convierta en un laboratorio de experimentación social, de lo que pudiera ser, el embrión de una reforma política que, equilibre el poder y la soberanía del pueblo expresado a través de la democracia directa, con la democracia representativa, haciendo posible, como lo expresa el artículo 3º de la Constitución, el sueño de contar con una verdadera democracia participativa.

El CNP definió los lineamientos que guiarán la propuesta de participación y retomó la construcción de un cronograma de convocatorias a los pre-encuentros ciudadanos zonales, y a los encuentros sectoriales y territoriales, buscando concitar el interés de líderes y lideresas de todas las expresiones sociales, y buscando su participación efectiva. Estos pre-encuentros y encuentros, finalizarán con un gran encuentro nacional a finales de mayo de este año, en donde, se revisará y aprobará el documento central que guiará la convocatoria y la participación social, en todo el país, de todos los sectores, para construir soluciones al conflicto armado, sus causas y consecuencias

La idea es que con una metodología consensuada y construida participativamente, nos sintamos convocados y partícipes, a elaborar las propuestas y a tomar las decisiones que hagan posible, la construcción de un documento en donde se expresen las transformaciones que, a corto, mediano y largo plazo, se deben implementar para superar las causas y consecuencias de la confrontación armada. Las y los colombianos, tendremos la oportunidad, por diferentes medios y en diversos espacios, de proponer soluciones, de intercambiar opiniones y de consensuar los acuerdos que serán entregados a la mesa de diálogo y que deberán convertirse en el eje central alrededor del cual gire el acuerdo de paz que nos lleve al fin de la confrontación armada entre el Estado y esta organización guerrillera.

Un gran reto para el Comité Nacional de Participación, que seguramente sabrá asumir, lo mismo que para el Gobierno, el ELN, y en especial para la sociedad colombiana, pues no se trata solo de lograr un acuerdo entre dos partes antagónicas sentadas en una mesa de diálogo, lo que de por si es bastante complejo e importante, sino especialmente, conquistar el respaldo, el reconocimiento y el apoyo de la mayoría de colombianos y colombianas, quienes finalmente serán las y los beneficiarios de la paz, y los encargados de velar por el cumplimiento de lo acordado, así como de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, y empeñarse para que, los y las futuras excombatientes, cuenten con las salvaguardias necesarias a la vida, la dignidad, la libre expresión y organización.

Todo este andamiaje de participación, repleto de innovaciones y compromisos, seguramente nos llevará a finales del 2025, a la firma de un acuerdo de paz con esta guerrilla que, desde ya, debe estar pensando en cómo seguir el proceso de desescalamiento de la confrontación armada, cómo aclimatar la paz en las regiones en donde tienen su mayor influencia militar, política y social, y como abocarse a abandonar definitivamente el uso de la violencia armada.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos, es claro que la paz de Colombia no solo se logra con un acuerdo entre el Gobierno Nacional y ELN, es también necesario y urgente seguir insistiendo y exigiendo que los demás grupos armados, como las llamadas FARC-Estado Mayor, FARC-Segunda Marquetalia, se mantengan en el proceso de diálogos para la paz, respeten a la población civil, cumplan el compromiso del cese al fuego y suspendan todos los ataques a las comunidades, y que el Clan del Golfo y otros grupos armados herederos del paramilitarismo, se sienten a dialogar con el Gobierno Nacional, sin más dilaciones, para que la Paz y la Reconciliación se logren, con la urgencia y la necesidad que el pueblo lo exige.

Luis Emil Sanabria D.

El show de Fico y la tal auditoría

El lunes 4 de marzo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó una rueda de prensa en la sede de la Alcaldía, Alpujarra, para presentar los resultados de una auditoría forense a la contratación pública de la ciudad entre 2020 y 2023. Anunció alrededor de 501 hallazgos, destacando presuntos casos de corrupción por parte de su antecesor, Daniel Quintero Calle. Denunció malos manejos en el presupuesto participativo, irregularidades en el programa «Computadores a Futuro», y lo que más llamó la atención fue su denuncia a la contratación directa de un software para la formación de inglés en las instituciones de Medellín, cuestionando la violación de la ley de contratación pública


¿Le falló la memoria al alcalde? En 2019, Federico contrató mediante modalidad directa a Lengio Corporation, la misma empresa que ahora denuncia. El contrato se realizó con un objeto similar: «Adquisición de licencias para el uso de la plataforma virtual SLANG, para el aprendizaje de un inglés técnico y profesional en las áreas de medidas de los nodos TIC y turismo». Lo extraño es ¿Por qué la Contraloría de Medellín no auditó el contrato de Federico Gutiérrez durante su administración y sí cuestiona ahora el contrato de Daniel Quintero?, dejando dudas sobre la imparcialidad de los entes de control a la hora de investigar.

 

El accionar del alcalde deja varios interrogantes. A pesar de anunciar 501 hallazgos, aún no ha hecho público el informe de la auditoría, lo que plantea dudas sobre la transparencia del proceso. Además, su presunta omisión al no solicitar información y aclaración a los funcionarios salientes podría constituir una violación a la Ley.

En la rueda de prensa, manifestó que las autoridades competentes ya tienen conocimiento de todos estos hallazgos; no obstante, hoy nos seguimos preguntando ¿Dónde están los traslados a los entes de control que indicó haber realizado? ¿Por qué se hicieron públicos los presuntos hallazgos de forma verbal, pero no se ha hecho público el informe emitido por la firma, contratista que elaboró el informe? La falta de claridad y la aparente selectividad en la divulgación de información generan una incertidumbre que requiere respuestas claras y precisas por parte del mandatario.

Principio del formulario

La estrategia política también se asoma. La denuncia coincidió con la oferta presidencial a Daniel Quintero para dirigir el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). ¿Es acaso un intento de debilitar a un potencial rival político? Pues se sabe que una de las aspiraciones de Quintero es llegar a la Presidencia de la República.

Mientras las acusaciones infundadas continúan, la Procuraduría Delegada primera para la Vigilancia Administrativa archivó una investigación contra Quintero por falta de pruebas. Sin embargo, Gutiérrez persiste en generar distracciones para no cumplirle a la ciudad, dejando en segundo plano la seguridad y la gestión de residuos.

Esperamos que Federico Gutiérrez cumpla con el llamado a la transparencia, revele el informe de la Auditoría Forense y atienda las necesidades reales. La ciudad merece un liderazgo comprometido sin caer en los desvíos políticos que hoy están obstaculizando el verdadero progreso de Medellín.

Alejandro Toro

Es un gran error la fobia antipetrolera

Sumando papayas con aguacates –suma que en matemáticas se considera equivocada–, el gobierno de Petro exageró el aumento de los turistas extranjeros a Colombia en 2023. Pero lo peor fue que de esas cifras, como suele hacerlo, sacó conclusiones erradas, dirigidas contra la economía del petróleo y el carbón, que aportaron el 50 por ciento de las exportaciones nacionales de 2023, y contra Ecopetrol, la principal empresa del país, economías que en el corto y mediano plazo es imposible reemplazar por otras.

En su desproporción, Petro fue capaz de decir que “el gobierno ha logrado nuestra meta, que tiene que mantenerse y profundizar, que es reemplazar dólares petroleros y carboneros por dólares de turismo” (ver enlace), sustitución absurda –delirante, incluso– que no promueve ningún otro presidente de país productor de combustibles fósiles en el mundo. ¡En el mundo! Y en el colmo de los colmos, esto lo dice mientras hace demagogia sobre la “reindustrialización” de Colombia, a la par que ataca las dos principales industrias nacionales y anuncia –a través del presidente de Ecopetrol– que prefiere importar gas de Venezuela que promover que se produzca más en Colombia.

 

Las cifras demuestran que un país puede tener, al mismo tiempo, turismo y dólares por exportaciones de petróleo. Colombia: 5,5 millones de turistas y 15.610 millones de dólares, México: 20,3 millones de turistas y 21.870 millones de dólares, Estados Unidos: 30,2 millones de turistas y 67.800 millones de dólares y Emiratos Árabes Unidos más Arabia Saudita: 44 millones de turistas y 196.500 millones de dólares. Y los gobiernos de esos países no se proponen dejar de producir, consumir y exportar petróleo, gas y carbón en el corto plazo.

Petro además engaña cuando le atribuye el aumento de los turistas a realizaciones de su gobierno, que no puede mostrar. ¿O les será muy atractiva la mucha violencia en Colombia en 2023? (ver enlace). Además, CNN en español relacionó el incremento de los visitantes extranjeros con el aumento del “turismo sexual y de consumo de drogas”, corrupción por pobreza que nos avergüenza a los colombianos y que Petro ni mencionó. Y la embajada de Estados Unidos les advirtió a sus nacionales sobre los peligros de ese turismo (ver enlace).

Si Petro lograra su despropósito contra el petróleo, el gas y el carbón, inevitablemente, aumentaría la pobreza en Colombia y, con ella, el turismo extranjero de prostitución, en mucho originado en que las niñas y las jóvenes colombianas se prostituyen muy barato acosadas por la pobreza y el hambre.

Aumenta el rechazo a que Ricardo Roa continue en la presidencia de Ecopetrol, pues lo único que puede mostrar para estar en ese cargo es ser incondicional de Gustavo Petro, a cuyo servicio, en dos ocasiones, fracasó como administrador: como gerente de la Empresa de Energía de Bogotá (ver enlace) y de las cuentas de su campaña presidencial. Y porque son inaceptables los cruces de Roa con el petrolero Serafino Giácono, además de haberse demostrado que no tiene el carácter para defender a esa empresa de la fobia antipetrolera de Petro, quien además pretende convertirla en caja menor de su clientelismo político y de sus demagógicas e irresponsables aventuras con otras fuentes de energía.

Coletilla. Repito: sí hay un problema de cambio climático y Colombia debe hacer su transición energética. Pero un proceso inteligente, que no destruya al país, porque además el aporte nacional al CO2 por quema de combustibles fósiles es de apenas el 0,2 por ciento del total del mundo, luego los colombianos no somos la causa de un lío global ni podemos resolverlo solos.

Jorge Enrique Robledo

Políticos versus técnicos

Escuché con atención la intervención en la plenaria del Senado de la República del congresista, Iván Cepeda, el pasado miércoles 6 de marzo y debo decir que quedé bastante sorprendido porque tiene toda la razón en su reclamo a la oposición al Gobierno Petro, porque los argumentos con los que ejercen su derecho a expresar sus opiniones son muy poco inteligentes.

Esa pobreza en los argumentos se deja ver en que, por ejemplo, hoy por hoy se reclama al presidente Gustavo Petro porque sus últimos nombramientos los ha hecho con un rigor político y no con el tan mentado rigor técnico con el que se debería hacer, según ellos.

 

Lo curioso del asunto es que los mismos que hoy reclaman al presidente Petro por hacer nombramientos con carácter político y no con un carácter técnico, son los mismos que en el Gobierno Duque, reclamaban al entonces primer mandatario porque los nombramientos de sus ministros los hacía con rigor técnico y no con rigor político.

A lo anterior se le puede aplicar la frase de la Chimultrufia: “Como digo una cosa, digo otra. Digo hay cosas que ni qué”.

A nadie se le puede descalificar su capacidad laboral, sin antes tener evidencias que no puede cumplir con la misión que se le encomienda.  Con toda su razón el nuevo director de Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, defendió su nombre y su honra ¿Quién dijo que es necesario estudiar en Oxford o Harvard para conocer de las necesidades de los territorios y trabajar para que los indicadores de necesidades básicas insatisfechos mejoren? Lo único que se requiere en este caso es conocer a fondo las regiones y su gente.

Si el ser técnico y tener diez títulos como egresados de las grandes universidades de Estados Unidos y Europa es garantía de éxito, no entiendo como este país no sale del fracaso porque prácticamente todos los políticos nacionales gritan en Do Mayor que cuentan con un alto número de postgrados, maestrías y doctorados

Que yo recuerde Gina Parody fue directora del Sena y ministra de Educación sin ser ni maestra ni tener ni idea sobre el sector. Marta Lucía Ramírez ocupó el cargo de ministra de Defensa sin antes conocer sobre las Fuerzas Militares y de Policía y ni hablar del caso de Germán Vargas Lleras a quien nombraron ministro de Vivienda sin que tuviese la menor idea de cómo se pega un ladrillo con otro.

¿Cómo es que entonces ahora se exige que en los altos cargos se nombre a gente experta en el sector que va a manejar y antes, cuando otros lo hacían, todos calladitos?

Ahora, si el tener técnicos en los altos cargos evita que se pierdan los recursos públicos y se generen actos de corrupción, que alguien me explique cómo es que un técnico como Pierre García tiene orden de captura de Interpol por temas de corrupción. Por cierto, hay que recordar que Pierre García fue director de Prosperidad Social del gobierno Duque.

En lugar de deslumbrarnos con los cartones de grandes títulos de los políticos que para lo único que sirven es para adornar una pared y demostrar lo extravagantes y provincianos que somos, deberíamos exigirles un conocimiento real de lo que es nuestro país.

Oscar Sevillano

Del castigo amoroso y permisivo a los límites con sentido

Hablemos de un tema que ha generado uno de los mayores debates en los últimos años, la llamada «Generación de Cristal«. Se refiere a los jóvenes que parecen más sensibles y menos resistentes a las adversidades, tal vez, demasiado frágiles para la vida real.

Algunos argumentan que el nacimiento de la Generación de Cristal se debe a la falta de respeto a los adultos y la sobreprotección en la crianza, otros, a la extrema autoridad o «mano dura» que vivieron las generaciones anteriores que ahora son padres, madres y educadores.

 

La Generación de Cristal: ¿El resultado de la falta de límites?

La Generación de Cristal se ha caracterizado por una aparente falta de resiliencia y una sensibilidad extrema ante las dificultades. Algunos críticos argumentan que esto se debe a una crianza sobreprotectora y a la falta de límites claros en la infancia. Pero, ¿Qué impacto tiene la falta de límites en la educación socioemocional de los niños y niñas?

a. Desarrollo de la autorregulación emocional:

La falta de límites puede dificultar el desarrollo de la autorregulación emocional en los niños y niñas. Cuando no se establecen límites claros y consistentes, los niños(as) pueden tener dificultades para comprender y gestionar sus propias emociones. Esto puede llevar a respuestas emocionales exageradas o a la incapacidad para hacer frente a los desafíos de manera adecuada. El error más frecuente es la inconsistencia, hacer flexible los límites. Al hacerlos borrosos, los niños(as) son confundidos, se abruman en sus emociones y tienden a evadir o querer desistir de las consecuencias.

b. Falta de resiliencia:

La falta de límites puede impedir el desarrollo de la resiliencia en los niños y niñas. La resiliencia implica la capacidad de hacer frente y recuperarse o adaptarse a las dificultades. Cuando los niños(as) no enfrentan límites y desafíos en su crianza, pueden carecer de las habilidades necesarias para superar obstáculos y ser flexibles a las situaciones adversas en la vida.

c. Dependencia emocional:

La falta de límites puede promover una dependencia emocional en los niños y niñas. Si se les permite evitar situaciones incómodas o desafiantes, pueden volverse dependientes de los demás para lidiar con sus emociones o resolver problemas. Esto puede limitar su autonomía y capacidad para tomar decisiones informadas.

Abordando la falta de límites de manera efectiva

Es importante destacar que la falta de límites no significa que se deberían criar y educar a los niños y niñas en un ambiente autoritario. Al contrario, se trata de establecer límites claros y confiables qué promuevan un ambiente seguro y estructurado. Te comparto algunas estrategias para abordar la falta de límites de manera efectiva:

1. Establecer límites claros y consistentes

Los límites deben ser establecidos de manera clara y confiable, comunicando a los niños(as) qué se espera de ellos y cuáles son las consecuencias de sus acciones. Esto les brinda estructura y los ayuda a comprender las expectativas sociales y emocionales.

Ejemplo: Las madres y padres les dicen a sus hijos(as) que no esperan las mejores notas en el colegio, qué quieren que sean felices. Al recibir el informe o reporte de notas y escuchar que han perdido varias asignaturas, aplican un límite y sus consecuencias. ¡Para ahí! Se debe ser claro en los deberes, responsabilidades y asignaciones a los niños(as), indicar cuáles son las expectativas, lo que se espera y lo que no. Le dices que sea feliz y que no importan las notas para después castigar por las notas, el mensaje es que no debe ser feliz, debe estudiar y obtener buenas notas.

2. Fomentar la autonomía y la toma de decisiones

Aunque es importante establecer límites es esencial que estos fomenten la autonomía y la toma de decisiones informadas.

2.1 Enseñar habilidades de autorregulación emocional:

Proporciona a los niños(as) herramientas y estrategias para identificar, comprender y regular sus emociones. Enseñarles técnicas de respiración, la importancia de la auto-reflexión y el uso de palabras adecuadas para expresar sus sentimientos y emociones. Esto les ayudará a desarrollar habilidades de autorregulación emocional y a gestionar mejor los desafíos que enfrenten.

2.2 Fomentar la resiliencia:

Dale a tus hijos(as) o estudiantes la oportunidad de enfrentar desafíos y superar obstáculos de manera gradual. Anímalos a aprender de los errores y a ver los contratiempos como oportunidades de crecimiento. Brindarles el apoyo emocional necesario para que puedan desarrollar la resiliencia y la capacidad de recuperarse ante las dificultades. Evita asumirlos como tuyos, evadir que son ellos(as) quienes deben enfrentarlos.

Ejemplo: Promover la resolución de problemas

Alienta a los niños y niñas a desarrollar habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones. Anímalos a buscar soluciones creativas cuando se enfrenten a obstáculos, en lugar de depender siempre de la ayuda de los demás. Proporciona situaciones en las que puedan practicar estas habilidades, ya sea a través de juegos de roles o desafíos del mundo real. A medida que los niños(as) encuentren soluciones a problemas por sí mismos, ganarán confianza en su capacidad para enfrentar y superar desafíos, lo que fortalecerá su resiliencia.

Recuerda que cada niño es único, por lo que es importante adaptar estas estrategias a su edad, desarrollo y carácter. Fomentar la resiliencia en los niños y niñas es un proceso gradual, evita consultar acciones que le corresponden al cuidador.

3. Promover la responsabilidad personal

Enseña a tus hijos(as) y estudiantes a tomar responsabilidad por sus acciones y a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esto les permitirá desarrollar un sentido de responsabilidad y autonomía, fortaleciendo su capacidad para afrontar los retos de la vida de manera cotidiana. La solidaridad se aprende en casa, si tu hijo(a) solo tiende la cama y ordena su propio cuarto, abandona el apoyo de grupo y la comprensión de la dificultad del trabajo de hogar o trabajo del cuidado que hace la madre o el padre. Es necesario asignar las responsabilidades acorde a la edad y el desarrollo buscando que sean parte de los deberes diarios y globales de la familia, la escuela y su entorno.

El término Generación de Cristal hace parte de un discurso de invalidación socioemocional. Es fundamental recordar que los límites son necesarios y esenciales en la crianza y educación de los niños(as), al caer en la permisividad se es también un cuidador negligente que cede ante las exigencias por temor a decir NO o establecer estructuras de rutina, hábitos y cumplimento de obligaciones o deberes. Responsabilidades que vienen incluidas en el buen trato y el respeto.

¿Cómo estableces límites en tu día a día?

Alexandra Parra

Neuropsicóloga y pedagoga

La paradoja del derecho a la educación y huelga en Colombia

Hace unos días, dictando mi clase en la facultad de derecho de la Universidad Libre, casa de estudios del libre examen y pensamiento, revisábamos los principios del derecho administrativo en consonancia con los fines del Estado, entendidos ellos como valores dentro del Estado social de derecho.

En esas, un acucioso estudiante me cuestiona al respecto que si bien, la educación es un derecho ciudadano y a la vez es un fin del Estado, enmarcado entre las obligaciones del servicio público de esta entelequia, como tal no debe ni puede ser suspendido de manera general y menos por razones políticas gremiales, entonces, por qué con los paros promovidos por FECODE, si se puede interrumpir el servicio de educación, me pregunta el conspicuo joven.

 

Esto ha generado una interesante reflexión, que ha calado profundamente cuestionando las razones para un sí o un no, preguntándole al militante de las ideas liberales, para quien la protesta es legítima; al abogado, el cual se ceñiría al mandato constitucional, donde no sería dable en tanto primarían los derechos de los niños al reñir con el derecho a la asociación sindical y la protesta pacífica en ponderación adicional a ser un servicio público esencial el derecho a la educación en nuestra carta superior y al académico; el que iría a la máxima de weber, quien al respecto de las relaciones de poder democráticas, decía, se “debe tener capacidad de negociación o chantaje”.

Dependiendo de los múltiples enfoques que como abogado, político o académico le podamos presentar al público, va a depender una respuesta, pero de fondo, lo que realmente hay es un debate social complejo en el que cualquier postura que acojamos generará quereres y resquemores, pero por lo que somos como sociedad, seguramente serán más los segundos.

Pero, las cosas como son, si bien el articulo 56 de nuestra carta superior plantea como garantía constitucional el derecho a huelga, “paro” como lo denominados coloquialmente, preceptúa la misma carta superior, que no es posible esto en aquellas actividades que desarrollen un servicio público, menos aún, si es esencial, tal como lo es el de la educación en nuestro ordenamiento jurídico.

Lo anterior según las sentencias hito, C-450 de 1995, que define lo que es un servicio público esencial y la T- 423 de 1996, que define expresamente a la educación con la doble connotación de derecho y servicio público esencial, sentencias promulgadas por la llamada corte de oro, aquella integrada entre otros como Antonio Barrera Carbonell, Vladimiro Naranjo, José Gregorio H. y Carlos Gaviria, entre otros brillantes juristas con tendencias garantistas y democráticas puras.

Así mismo en el artículo 366 de nuestra C.P., nuestros constituyentes honran la educación, le dan toda la relevancia como a pocos temas en nuestra carta superior donde le dan un sitial como uno de los fines fundamentales del Estado, es decir, categorizándolo además de derecho y servicio público esencial, como un fin fundamental de nuestro sistema.

Sin embargo, según investigaciones de las profesoras Karen Abadía y Silvia Soler de la Universidad Javeriana, establecen que al año en promedio hay 78 días de suspensión de clases de nuestros niños, niñas y adolescentes (N.N.A.), del sistema público de educación por causa de huelgas de maestros del sindicato de FECODE, es decir un 39% de los días en que puede asistir un estudiante al colegio en un año académico.

Y si bien, las huelgas, propenden por mejoras en infraestructura escolar, accesibilidad, gratuidad, materiales pedagógicos, programas de alimentación, en fin, un mejor sistema educativo, asunto totalmente valido, también hay huelgas que tienen que ver con programas de salud, pagos de salarios atrasados, mejoras de escalafón y plazas del cuerpo docente, incluso su propia seguridad, que también es entendible y lo debemos respaldar.

No obstante, lo anterior, en el periodo del año 2000 a 2016, según el estudio de las profesoras de la javeriana, las huelgas de los docentes del sistema público, representaron el 37% de todas las huelgas convocadas por los sectores sindicales en el país, en un total de 478 huelgas o paros, convirtiéndolos en el sector sindical que más paros genera y si llevamos eso a días sin que los chicos entren a un salón de clase, la cifra es alarmante.

Esto genera una paradoja, como muchas de las que suceden en macondo, se lucha por una educación para los sectores populares que son los que acuden principalmente al sistema educativo público, pero son los que menos clases al año reciben en comparación con los que acceden al sistema privado, es decir, a los más humildes se les está dejando en desventaja y se les está cercenando su derecho a la educación ante la incompetencia de un Estado que tendría el deber de garantizarles ese derecho con calidad.

Pero si de calidad hablamos, el mismo estudio arroja lo evidente, en relación con las pruebas saber 11 en el periodo señalado, año 2000 a 2016, los estudiantes de la ruralidad, ya en desventaja y demás colegios públicos, obtuvieron menores calificaciones en matemáticas y lectura, que los N.N.A. de los colegios privados, claro, como no, si recibieron un 39% menos de clases, que además no se recuperan ya que los profes luego del paro no compensan ese precioso tiempo perdido para esas jóvenes mentes.

Con esto volvemos al contrasentido, se lucha por los derechos de los más humildes a costa de aumentar las brechas de la inequidad académica e intelectual para ellos, o más bien a costa de ellos mismos, de su futuro, por ello debemos abrir éste debate y esta reflexión haciendo el llamado a entender que si bien existe el derecho a la huelga, esta no puede seguir instrumentalizando al futuro del país para presionar cambios políticos, de gobierno, ni para ser usados como mecanismo de presión a la hora de hacer reclamaciones salariales o prestacionales del cuerpo docente.

La protesta sí, las reivindicaciones sociales y laborales del cuerpo docente sí, pero no a costa de seguir generando inequidad y exclusión en los hijos del pueblo irredento. Si los docentes tienen reclamaciones, deben buscar mecanismos para hacerlos valer por fuera del horario laboral de un servicio-derecho fundamental, pueden hacerse escuchar sin que eso afecte a los estudiantes, pero los N.N.A., no pueden ser utilizados para presionar a los gobiernos cuando no cumplan las expectativas de los que se equivocaron en las urnas.

Así mismo los jueces de la república deben sensibilizarse al respecto y hacer las respectivas declaratorias de ilegalidad de estos paros cuando sean transgresores de los derechos de los N.N.A., cuando se utilizan para apoyar a otros compañeros de la clase trabajadora, si bien debe haber solidaridad, esta debiera ser en mayor medida con aquellos que ya bastante carga tienen sin merecerla, no aumentárselas.

Juan Camilo Castellanos

Ley Minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida

Con cerca de 30 audiencias públicas en todo el territorio nacional, la Comisión Accidental para la revisión del Código Minero ha recorrido el país para recoger los insumos que permitan reformar el código minero desde la base social. Nuestro principal objetivo es proteger la minería ancestral, la pequeña y mediana minería y los territorios biodiversos afectados por la explotación a gran escala.

El Proyecto de Ley tiene 219 artículos, en su articulado se hace necesario fortalecer el principio de precaución (prevenir y reducir los daños de la minería al medio ambiente), generar un equilibrio entre el tema afro e indígena como pueblos étnicos con protección especial, así como analizar caso a caso las dinámicas de la pequeña y mediana minería en todo el territorio nacional. Así mismo es clave analizar la integralidad del campesinado y la relación entre minería y vida campesina en territorios concretos

 

Este proyecto viene acompañado de otro de carácter estratégico como es la creación de la empresa estatal Ecominerales, fundamental para materializar la visión de una minería para la vida y no solamente para la acumulación, para regular el mercado de minerales en Colombia, solucionar temas de informalidad e ilegalidad, apoyar a la pequeña y mediana minería, a la vez que generar exploración y explotación regulada de minerales estratégicos para la reindustrialización nacional, el desarrollo tecnológico, la construcción de vías terciarias tan necesarias en el campo colombiano.

Es clave tener en cuenta el antecedente del nacimiento de Ecopetrol, con la reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 1951. No sobra recordar las utilidades que le dejó Ecopetrol el año pasado a la nación por cerca de 52 billones de pesos.

Ecominerales tiene como base la reversión al Estado de Prodeco, un grupo empresarial propiedad de la multinacional suica Glencor y que en Colombia se dedicaba principalmente a la explotación de carbón en Valledupar y el Cesar desde 1989. La maquinaria revertida al Estado tiene un valor de 74 millones de dólares, una base importante para que Ecominerales pueda iniciar con la fabricación de insumos claves como el fosfato que además de su empleo como fertilizante, se utiliza en alimentos balanceados, bebidas, cerámicas, ablandadores de aguas, productos limpiadores, jabones, detergentes e insecticidas, entre muchos otros usos.

Es clave en ambos proyecto (reforma al código y creación de Ecominerales, la construcción de espacios de concertación con las comunidades y que lo que se planteó en las audiencias sea recogido en este nuevo código minero, a fin de evitar nuevos conflictos. Principalmente que se deje de criminalizar la minería así no más, que se pare con la quema de maquinaria amarilla y se busque su reconversión en usos que le sirvan a las comunidades. Es decir, una minería en función no solamente del mineral y su explotación sino principalmente de las comunidades: vías terciarias, transición energética, reindustrialización y producción de fertilizantes para la agricultura.

Finalmente, recordar que esta propuesta de “Ley Minera” tiene 5 pilares: Minería planificada y con parámetros ambientales para definir dónde se puede y dónde no hacer minería; Minería incluyente para el reconocimiento y la protección diferencial y acompañamiento a la minería ancestral y de pequeña escala para desincentivar la informalidad; minería con altos estándares modernizando el modelo de contratación y de oportunidades de negocio en todas las fases del ciclo minero; minería para la productividad para avanzar en la reindustrialización, la diversificación productiva y superar la minería puramente extractiva; minería basada en conocimiento, con el fortalecimiento de los sistemas de información

(https://x.com/andrescamachom_/status/1764976614230642883?s=46&t=oI5PsHnIsACsb3V-YWtfew).

Esta propuesta en su conjunto busca iniciar un proceso gradual de descarbonización que permita bajar la explotación de combustibles fósiles, incluyendo al carbón térmico.

Pedro Baracutao

¡Vísperas de mucho y día de nada!

La convocatoria de una Cumbre en el Palacio de Nariño con la bancada parlamentaria y de los gobernadores de la región Caribe, presidida por el Presidente de la República, para abocar el espinoso tema de las desmesuradas alcas de las tarifas de energía despertó mucha expectativa. La misma estuvo precedida de un anuncio de un paro legislativo en el evento de que el Gobierno Nacional no les prestara atención.

Al término de la reunión dijo que había propuesto “tres grandes acciones”, la principal de ellas el “cambio de la fórmula tarifaria en la CREG”, porque, a su juicio “la tarifa de generación debe reflejar precios de libre competencia y no de monopolio”. A este respecto acotó el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho sobre “la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”. Y ello, porque según él “los altos precios de la energía son el resultado de la crisis estructural del modelo neoliberal de desarrollo en los últimos años”.

 

Desde el 24 Congreso de ANDESCO, que tuvo lugar en septiembre de 2022 en Cartagena, en su discurso de clausura, el Presidente Gustavo Petro viene planteando su intención de cambiar la fórmula tarifaria y hasta ahora, 18 meses después seguimos sin que se revele cuál es la propuesta. El desconcierto de los convocados fue total, pues esperaban respuestas concretas a la exasperación de los usuarios del servicio que ven cómo mes a mes se les incrementa el valor de la factura y no fue así.

Hasta ahora, que se sepa, la Superintendencia de servicios públicos no ha sancionado a la primera empresa por prácticas de abuso de posición dominante, si ha habido lugar a ello. Luego, no se entiende el alcance de su afirmación cuando tácitamente le atribuye las alzas tarifarias al hecho de que la “tarifa de generación” debe reflejar “precios de libre competencia y no de monopolio”. Tampoco es inteligible la afirmación del Ministro cuando afirmó que “hay consenso sobre la necesidad de actuar colectivamente para resolver un modelo estructural que durante décadas ha venido cargando el peso de los costos de la energía en las facturas de la gente”.

Porque hasta donde sabemos el Presidente Petro no se ha retractado de lo dicho en su discurso pronunciado tras su elección, en el sentido de que “vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque se trata primero de superar la premodernidad en Colombia”. Este es un verdadero galimatías, pues esas son las reglas del capitalismo, tal como lo establece la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, la misma que dicen abominar, inexorablemente se tendrán que seguir “cargando el peso de los costos (eficientes) de la energía en las facturas”. No hay otra alternativa!

En mi concepto, sin perjuicio de los cambios que requiere la formación del precio en Bolsa de la energía, para evitar distorsiones y malas prácticas por parte de los generadores, mientras no se destraben y acelere la ejecución de los proyectos de generación y transmisión, que están súper atrasados. A guisa de ejemplo, de los 6.608 MW nuevos de expansión de la capacidad instalada de generación que han debido entrar en 2023 sólo lo hicieron 1.141 MW, el 17%. Y de contera, también se registran atrasos considerables en la ejecución de los proyectos de transmisión de energía, los cuales han abocado a la región Caribe, como lo ha afirmado la firma XM, que opera el sistema interconectado nacional (SIN), a tener “demanda no atendida”, que es el eufemismo usado para no hablar de racionamiento.

Y mientras tanto la demanda, que viene creciendo a un ritmo endiablado de 7.8%, de 224.5 GWHD supera la Oferta de energía en firme(OEF), en promedio, de solo 221.8, con un margen de maniobra que no supera el 10%, lo cual redundará en que el SIN seguirá estresado y presionando al alza el precio en Bolsa y por consiguiente las tarifas de energía.

Lo más grave es que mientras se anunció por parte del Presidente Petro que el “cambio de la fórmula tarifaria en la CREG”, ésta está devuelta a la interinidad a la cual ya nos tiene acostumbrados, sin quorum para tomar decisiones, por la terquedad de no nombrar en propiedad 5 de los 6 expertos comisionados, como se lo ha solicitado reiteradamente la Procuraduría y se lo ordenó el Tribunal administrativo de Cundinamarca9. Hasta la Corte Constitucional debió terciar, pronunciándose a raíz de la demanda incoada ante la misma pretendiendo que los expertos comisionados pudieran ser removidos sin fórmula juicio por parte del Presidente de la República. En su fallo la Sala plena declaró constitucional el literal d) del artículo 44 de la Ley 209 de 2021, que fija en cuatro años el período de los expertos de la CREG es constitucional. Qué más hace falta para que se provean dichos cargos como lo manda la Ley y la Constitución.

Amylkar D. Acosta M

¡Plata O Plomo!, ¿La Vida O La Plata?

El pasado: “La vida está más desvalorizada que el peso colombiano”, me dijo hace muchos años como practicante de periodismo deportivo,  en el lobby del Hotel Hilton en el centro de Bogotá, el jugador de la Selección Colombia, Rubén Darío Hernández, “Rubencho”. Eran tiempos de muertes violentas como consecuencia de la pelea entre “capos del narcotráfico”. 

El Presente: “La vida de una persona vale la mísera suma de un celular”, relató a Noticias Caracol, emisión del medio día del jueves 29 de febrero, con rabia, la familiar de un joven muerto por robarle su móvil tras los constantes hechos de inseguridad en la capital. Siendo sinceros, amigo lector, el paso de los años muestra que en ni “miércoles” hemos cambiado.

 

Es así como las cifras de muertes impactantes de un colombiano por falsedades realizadas en el mundo del narcotráfico y calificadas de “vueltas” o “torcidos”  por parte de  sus mismísimos sobrevivientes y que las describen o enaltecen en las publicitadas narconovelas se nos volvieron costumbre y en cierta forma aceptables socialmente. En esa línea, publican resultados de investigaciones, estudios, programas periodísticos y artículos de prensa de unidades investigativas desmenuzando la tipología -ya da asco describirlas- del accionar violento de estos delincuentes contra quien les traicionó y traiciona en sus empresas ilícitas a grande, media, pequeña y mínima escala. A estas figuras en nada les ha encajado en esas depravadas mentes que: “toda vida humana es digna y sagrada”, como rezan las enseñanzas bíblicas.

La pesadilla mortal no da tregua. Por estos caóticos días de inseguridad en Bogotá, las víctimas, unas veces en casos catastróficos o en otras ocasiones, menos dolorosos para familiares y la óptica de la opinión pública muestran la ferocidad de los delincuentes por un celular, un reloj de alta gama, una maleta con herramientas tecnológicas de alto valor, el robo sin mediar de altas sumas de dinero a cualquier descuidado y la acribillada a sangre fría sobre ciudadanos de bien o personas del común en hechos  por  esclarecer, según las autoridades, pero que en esencia nos dejan en estado de ‘shock’ ante la insensibilidad del delincuente o sicario para obtener su fin. “(…) entre todos los males que se pueden ocasionar al prójimo, el más grande es matarlo (…), dice Santo Tomas de Aquino.

Busco desde esta somera línea de tiempo referenciar a manera propia un contenido para evidenciar, de acuerdo con mis propias experiencias, cómo la inseguridad tiene particularidades definidas, en este caso, la ilegalidad del narcotráfico y sus históricos resultados criminales y el atraco a mano armada para despojar  de sus bienes y en últimas sus vidas a cientos de parroquianos. Vidas perdidas que en muchos casos se quedan sin justificar por parte de las autoridades, en el caso particular de la ciudad capital, en las 20 localidades, teniendo presente que para los matones en estos momentos de efervescencia violenta poco interesa el estrato social.  “Sin saberse aún si se trata de una tendencia o si el fenómeno viene de tiempo atrás, lo cierto es que la seguidilla de asaltos a establecimientos comerciales, particularmente restaurantes y cafeterías, tienen en zozobra a los bogotanos (…) se registran balaceras con muertos de por medio (…)”, destaca uno de los últimos editoriales de (@ELTIEMPO).

Lo cierto es que del cosquilleo, el raponazo y el atraco, modus operandi en otrora tiempo por parte de la delincuencia común, ahora se pasó a una cotidianidad matizada por bandas de pillos que merodean  a sus presas en caravanas de motos, con sus rostros tapados con pasamontañas, desenfundando  pistolas al estilo el viejo oeste y obligando a sus víctimas a entregar sus pertenencias o gruesas sumas de dinero. Si el objetivo muestra resistencia un cachazo en su cabeza o una puñalada en cualquier parte de su cuerpo puede dejar resultados cercanos a la muerte o en últimas entrar a formar parte de la estadística de los asesinados por los altos índices de inseguridad, dirán los estudios de la Alcaldía de Bogotá.

Quiero recordar que en el antaño quedaron esos amagos de susto o maneras de bromear provocados por familiares, amigos de barrio o cercanos que de sorpresa llegaban por nuestra espalda, nos puyaban con su dedo índice y nos decían en tono fuerte: ¡la plata o la vida! El susto era abismal, pero la esencia del momento terminaba en carcajadas. Ahora, o mejor,  desde hace varias décadas hacía acá la frase: ¡plata o plomo!, ligada a la forma de negociar del narcotraficante, Pablo Escobar, que se caracterizaba por entrar en su «planilla de sueldos» o recibir la descarga de la ametralladora de un sicario, pareciera vuelve a tomar fuerza entre las bandas y sus delincuentes encargados últimamente de aumentar el desorden público con escenas en donde el ruido de las balas con difunto a bordo encienden las alertas en todos los puntos cardinales de la ciudad.

Resumiendo y siendo honesto, el futuro en temas de inseguridad y violencia están en cuidados intensivos porque desafortunadamente para Colombia y los colombianos en este caótico contexto están inmiscuidos en su mayoría jóvenes de los estratos más vulnerables, jalonados a la fuerza al mundo del hampa por sus fuertes necesidades para subsistir, con escolaridad  limitada o sin recursos financieros para iniciar una formación técnica o tecnológica, sin serias opciones de empleo y una visión de mundo acorde a las negativas vivencias de su alrededor social. Un pasado, un presente y un futuro poco alentador por ese ADN de ser violentos por naturaleza… 

#Parzival: ¿Será Qué El Gobierno, Gustavo Petro (@petrogustavo) Va A Meter La Mano Por La Inseguridad En #Bogotá?

Edgar Martínez Méndez

Otro frente en la lucha contra la crisis climática: ¿ESG Vs. PYMEs?

Un nuevo estudio de BDC encuentra que casi todas las grandes empresas exigen informes ESG de sus proveedores, y las pequeñas empresas que no puedan cumplir con los requisitos ESG perderán la oportunidad de ganar grandes contratos. (Canadá Newswire, marzo 2023)

En el mismo artículo se afirma que: un tercio de las PYMEs (pequeñas y medianas empresas) que son proveedoras, actualmente no necesitan informar sobre ESG, sin embargo, creen que tendrán que hacerlo dentro de los próximos cinco años. Lo anterior implica unos gastos, adecuaciones, y conocimiento que las compañías deben generar rápidamente.

 

¿Pero que es ESG?

Para comenzar, ESG es el acrónimo de Environmental, Social and Governance (Medioambiental, Social y Gobernanza) y es el resultado del rendimiento global de una empresa en materia de sostenibilidad. Además, estos criterios están totalmente relacionados con los llamados ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), término utilizado por la ONU para referirse a las 17 metas, que representan los desafíos y vulnerabilidades que deben ser abordados por todos para 2030.

Por otro lado, hasta el Acuerdo de París de 2015, las inversiones sostenibles eran más abstractas que tangibles. Sin embargo, este acuerdo estableció compromisos vinculantes sobre el cambio climático, lo que aceleró la adopción de acciones e inversiones para la descarbonización de la economía. Como resultado, los criterios ESG se convirtieron en la mejor ruta para las empresas que quieren trabajar en estos temas.

Hoy en día, según Mauricio Paez de Steelcase, ESG se considera clave en la evaluación del rendimiento financiero y la sostenibilidad a largo plazo de una empresa, especialmente si comercia públicamente sus acciones. Se ha convertido en una parte integral del proceso de inversión, y cada vez más empresas reconocen la necesidad de abordar los problemas de ESG para cumplir con las expectativas de sus grupos de interés y mejorar su desempeño general. ESG también se está convirtiendo en un factor clave para que las empresas atraigan y retengan clientes, empleados e inversores.

El tema se complejiza cada día más, porque se va necesitando de mayor cantidad de datos, de información, lo que lleva a términos como: la taxonomía verde (o de ESG) que, para hacerlo más comprensible se puede mirar como un diccionario de actividades sostenibles. Esta definición refleja el objetivo último de: unificar los criterios utilizados para definir qué entendemos por sostenibilidad. Esta es una herramienta tanto para empresas, como entidades reguladoras, y organismos internacionales.

¿Cómo se aplican?

–              Integración a la estrategia empresarial

–              Compromiso de la alta dirección

–              Políticas y procedimientos

–              Participación de los empleados

¿Y las pequeñas y medianas empresas?

Las PYMEs y las organizaciones sin fines de lucro están descubriendo que están en el mismo barco. Existe una presión cada vez mayor por parte de las partes interesadas para que sean más transparentes y responsables en cuanto al desempeño ESG, sin importar el tamaño de la empresa.  (Roopa Davé, socio, servicios de sostenibilidad, KPMG).

Estas presiones vienen desde distintos ángulos, como:

–              Inversionistas

–              Clientes

–              Empleados

–              Entidades reguladoras

Cada uno, con sus intereses, prioridades y tiempos, inevitablemente impactan los costos, operaciones, recursos, cadenas de producción y proveedores, etc. Las PYMEs están recibiendo estas demandas, y lo peor, se suman a las presiones de ventas, que en algunos casos condicionan su existencia mes a mes.

¿PYME-reto?

Según Greenomy, al igual que ocurre con las grandes empresas, los criterios ESG tienen sus propios desafíos para las PYMEs. Al intentar proporcionar los datos solicitados para sus informes ESG, las pymes se enfrentan a problemas clave:

–              Restricciones financieras: a medida que aumentan los requisitos ESG, la cantidad de recursos que las PYME pueden dedicar a la presentación de informes e implementación de medidas ESG no necesariamente crece con ellos.

–              Falta de experiencia: como empresas más pequeñas y, a veces, más jóvenes, las PYME pueden carecer de las habilidades y los conocimientos necesarios para comprender, recopilar y compartir los datos solicitados, de una manera que cumpla con los estándares solicitados.

–              Ausencia de datos existentes: Establecer procesos sólidos de recopilación de datos es complejo y costoso para las empresas más pequeñas. Este proceso puede complicarse aún más por la posibilidad de que esos datos no existan.

–              Falta de incentivos: Faltan incentivos claros para cumplir con la implementación de estos criterios. Las pymes todavía están intentando comprender cuál es el beneficio para ellas de cumplir con estos nuevos marcos ESG. Por el momento, lo ven como un nuevo centro de costes y no lo perciben como una oportunidad que podría acelerar su negocio.

¿Y si mi PYME no los aplica?

En el mismo informe de Greenomy, se afirma que hay estudios que muestran que los consumidores prefieren cada vez más empresas más sostenibles. Por ende, no sólo los bancos o los inversionistas se negarán progresivamente a financiar a las PYMEs insostenibles en la medida que se integren los riesgos ESG en sus evaluaciones de cartera, sino que las empresas más grandes también seleccionarán a los proveedores más sostenibles para mejorar su desempeño en materia de sostenibilidad.

¿ESG Vs. PYMEs?

Aquí hay algunos consejos para las PYMES, en su aplicación de criterios ESG, y para dejar de lado los temores:

1.            Evaluar el estado actual: Comience por evaluar las prácticas y el desempeño ESG actuales de su PYME, abordando cuestiones ESG clave. Identificar riesgos potenciales, brechas y oportunidades.

2.            Establecer objetivos: defina objetivos claros y medibles para su programa ESG que se alineen con los valores, la misión y los objetivos a largo plazo de su PYME.

3.            Involucrar a las partes interesadas: Involucrar a las partes interesadas clave, tanto internas como externas, en la implementación del programa ESG, incluidos inversores, empleados, proveedores, clientes, comunidades locales y organismos reguladores.

4.            Realizar una evaluación de materialidad: Evalúe las cuestiones ESG materiales que sean más relevantes para las operaciones y la industria de su PYME.

5.            Evaluar riesgos y oportunidades: identifique y evalúe los riesgos y oportunidades potenciales asociados con su programa ESG.

6.            Desarrollar políticas y procedimientos: cree políticas y procedimientos integrales que reflejen sus objetivos ESG, abordando información ESG clave.

Falta algo ¿No?

En teoría, el plan para aplicar criterios ESG es fácil de aplicar, pero las PYMEs no pueden hacer esto solas. Los gobiernos deben facilitar ayudas para que estas no se vean tan afectadas en su flujo de caja, pues los cambios y nuevos procesos que deben implementar les quita recursos a las operaciones del día a día, que de por sí, ya las pone en serio aprietos.

Por otro lado, y especialmente en América Latina, la legislación debe moverse al mismo ritmo de las empresas, para que estas tengan un norte a donde ir, y se organicen estos criterios. Se necesitan políticas que promuevan estas prácticas, y que coordinen esfuerzos a través de sectores, para organizar el ecosistema.

Finalmente, es necesario que las grandes empresas que contratan a PYMEs como proveedores, y hacen parte de sus cadenas de valor, les den asesoría y les presten toda la asistencia técnica necesaria, para que estas empresas puedan cumplir con los parámetros ESG requeridos por esas compañías. Así, no solo las grandes empresas mejoran sus propios índices, sino que apoyan a las PYMEs en su inserción al mundo ESG.

Juan Camilo Clavijo

La falsa percepción de lo justo

La falsa percepción de lo justo es uno de los temas más interesantes para abordar en un ejercicio de reflexión sobre la justicia y la exigencia de derechos por parte del ciudadano contemporáneo, particularmente, el ciudadano de la sociedad occidental donde la hiperdemocracia e hiperderechos producto del discurso desbordante de los derechos humanos, que dejó de ser derecho de garantías fundamentales, para convertirse en derecho de aspiraciones humanas, además del exacerbado garantismo jurídico consecuencia de lo anterior, y del exceso de confianza en que los derechos no tienen deberes correlacionados, ha llevado a que la justicia se haya distorsionado en un constructo a partir de percepciones falaces, donde los grupos de interés claman por protección y esa protección muchas veces es injusta a costa de otros que supuestamente son los responsables de ello.

Uno de los problemas podría radicar en la forma como se publicitan hiperderechos, a través de la difusión masiva de ideas por parte de agentes oficiales y no oficiales, cual gota que cae espaciadamente sobre la roca hasta horadarla. La publicidad mediada por todo tipo de exposición, desde los documentos oficiales a partir de sesudos “papers” producidos en las más connotadas universidades occidentales hasta las redes sociales en las que cualquier tipo de mensaje puede ser libremente difundido y lamentablemente, muchos de esos mensajes cargados de valores subjetivizados sobre la justicia.

 

Un caso de lo anterior, la falsa percepción de lo justo en torno de la crianza actual de los niños. La sobrevaloración constitucional de los derechos de los niños como agentes de una sociedad de consumo, los roles de padre y madre avenidos a proveedores de todo lo que el dinero pueda comprar, y los niños tienen el derecho natural a tener todo lo material, de todo, porque de lo contrario será un adulto traumado y sin futuro.

Hoy es casi impensable que un menor comparta con los otros hijos de la familia las cosas. Es inconcebible que un bluyín tenga las marcas del crecimiento escolar, dado que la bota se va bajando en la medida que la creatura se estira, y que la ropa pase de mano en mano, del mayor al menor. Hoy, este tipo de prácticas pueden resultar insultantes y atentatorias contra la dignidad humana. Cada hijo debe tener lo propio y lo exclusivo.

Lo justo no puede basarse exclusivamente en el sentido de lo material, pese a que el receptor de la justicia sea una sociedad canalizada por bienes y servicios, que parte de un fundamento aspiracional, nunca lo material será suficiente porque siempre faltará algo, por ello lo espiritual es un camino válido en la búsqueda de lo justo.

Como fuego se extienden percepciones falsas de justicia, no hay un sentido adecuado de lo justo. Los principios y valores están en subasta, se manipulan y adaptan según las circunstancias. Verbo y gracia, se educa para consumir, y en el consumo el papel del padre se transforma en el del amigo que consume, en aras de su aprobación: Los hijos terminan siendo padres de sus padres.

Para que los niños sean capaces de desenvolverse en esta sociedad de consumo, en tiempos de percepciones falaces de lo justo, es indispensable y necesario establecer límites desde el amor, desde el respeto, desde los valores y desde el sentido material y no material de las cosas, no hacerlo, podría desembocar en consecuencias importantes como baja autoestima, frustración y falta de disciplina que se reflejaría en su vida adulta. Es allí donde se hace necesario una percepción real de lo justo, donde los adultos de manera responsable deben construir canales de diálogo, corregir y educar desde el respeto para potenciar la autoestima de los niños, que serán los encargados de la justicia del futuro.

León Sandoval

Incentivos que frenan o promueven el desarrollo: la libertad para emprender

El gobierno del presidente Petro ha transcurrido durante un año y medio, un periodo en el cual la sociedad colombiana ha cuestionado el modelo de desarrollo del país, preguntándose cómo debe promoverse y hacia dónde deben orientarse los incentivos para que Colombia siga avanzando. Los recursos públicos ¿deben destinarse a los jóvenes reclutados por el mundo del crimen organizado o las organizaciones narco-terroristas, o deberíamos promover a los colombianos que siempre actúan correctamente, aquellos que están dispuestos a trabajar arduamente, emprender y salir adelante? Son ciudadanos que han tomado la decisión libre de regir sus destinos, actuando dentro de la legalidad, en un país donde el crimen a menudo resulta ser una actividad lucrativa, llegando al punto de que el gobierno esté considerando establecer un salario para los bandidos.

En mi opinión, es fundamental apostar por la defensa de la propiedad privada, la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás. Estos principios generan importantes incentivos que fomentan la creatividad y promueven el espíritu emprendedor. En Colombia, el desafío es considerable. Mantener una alta tasa de tributación desincentiva la actividad empresarial. Emprender no es una tarea sencilla: nos enfrentamos a un sistema tributario complejo y a una regulación laboral excesiva, donde incluso tareas aparentemente simples como el pago de horas extras se vuelven complicadas debido a requisitos como la autorización especial del Ministerio del Trabajo, certificados de la ARL, manifestaciones sindicales, entre otros, lo que parece más bien un obstáculo autoimpuesto.

 

Los recursos del Estado deberían dirigirse hacia los colombianos que deseen emprender, estudiar e incluso aquellos que aspiren a adquirir su primera vivienda. Además, deberían orientarse hacia las empresas que inviertan en la capacitación de sus empleados, en maquinaria, tecnología, transformación digital y en organizaciones comprometidas con la reducción de su huella de carbono. El Estado también debería garantizar seguridad, justicia y, por qué no soñar, una carga impositiva más ligera.

Sin embargo, el gobierno actual adopta una postura diametralmente opuesta en cuanto a los incentivos, al flexibilizar el concepto de lo que hoy conocemos como crimen. No hacemos ningún favor al imperio de la ley al llamar «retención» a lo que es claramente un secuestro. Aunque la terminología cambie, la persona seguirá secuestrada al final del día. Al no condenar de manera inequívoca este acto repudiable y al no actuar con firmeza contra sus perpetradores, ¿no estaríamos incentivando estos comportamientos delictivos en la sociedad? Esta postura indulgente podría tener graves consecuencias, es casi como otorgar una patente de corso, una invitación a delinquir.

Personalmente, prefiero adoptar una postura firme y entender el problema de la criminalidad desde la teoría de la elección racional. El individuo responde a ciertos incentivos, como la severidad de la pena, la posibilidad de ser descubierto y el beneficio que pueda obtener del acto delictivo. Estos son factores que explican el comportamiento humano. Por lo tanto, necesitamos más cárceles de máxima seguridad, una justicia decidida y recursos para establecer el imperio de la ley, así como respaldar y defender la actuación contundente de las fuerzas del orden.

La izquierda ha comprendido que al sacar a la gente de la pobreza y permitirles acumular un patrimonio que defender, por ejemplo, al montar su propia empresa, tendrán un incentivo para frenar el avance del estado. Empezarán a querer tomar decisiones por sí mismos y cuestionar la intervención política excesiva en sus vidas. Sentirán el peso de un socio que se apropia violentamente de la riqueza que generan los individuos y las empresas, un socio que nunca considera suficiente y cuyos incentivos lo llevan a gastar y gastar, como si el estado no pudiera quebrar, como si ese dinero no tuviera un origen, ya que esa vaca lechera siempre produce más. Y aquí estamos, con un crecimiento del 0,6% o incluso en recesión si no se considera la actuación del gobierno, dependiendo de cómo se mire.

Por todo esto, los invito a reflexionar, porque en esta vida no podemos tenerlo todo. ¿Queremos promover el crimen o el respeto por las normas? ¿Apostamos por un estado grande o por la iniciativa privada? ¿Vamos a promover a los criminales o a los empresarios, la propiedad privada o la expropiación? Estas son algunas de las decisiones fundamentales que frenarán o promoverán el desarrollo y sentarán las bases de la libertad para emprender.

Santiago Echeverri