Con un Congreso en su mayoría distanciado de los intereses del Gobierno, luego que en las comisiones económicas del legislativo no se alcanzará el quorum suficiente para aprobar el Presupuesto General de la Nación; toma mayor relevancia la suerte que podría tener la Ley de Financiamiento o reforma tributaria 2.0 en la Cámara de Representantes y en el Senado.
Los $12 billones que proyecta recaudar el ministro de Hacienda con esta propuesta, no sólo parecen estar enredados, sino que, según la opinión de varios analistas de la ANDI, Fedesarrollo y Fenalco, entre otros, no justifican un nuevo incremento de impuestos y, al contrario, generan un ambiente de incertidumbre y desconfianza en el sector privado.
De hecho, un reciente un informe económico de la firma internacional de auditoría y finanzas Crowe Co, revela los cinco y más polémicos puntos de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria 2.0 que más podrían afectar a los empresarios del país, ocasionando pérdidas millonarias en la operación, decrecimiento y reducción en la rentabilidad.
Introducirá una tasa mínima del 20 % de tributación sobre la “utilidad depurada”, que corresponde a una base gravable que se calcula a partir de los resultados financieros de acuerdo a varios conceptos contables. “Esto afectará especialmente a las empresas que no cuentan con sistemas contables sofisticados o personal especializado en tributación. Asimismo, cambiará el método tradicional de cómo se calcula el impuesto sobre la renta, lo que causaría errores en las declaraciones y posibles sanciones”, afirma Pedro Sarmiento, socio y director de Impuestos y Servicios Legales de la firma Crowe Co.
Creará un nuevo impuesto a los activos que no generen ingresos permanentes, entre ellos, terrenos sin utilizar o maquinaria en desuso. “Las empresas que tengan estos activos, como las que pertenecen a los sectores de construcción, inmobiliario y manufacturera, tendrán que pagar un tributo adicional sobre sus activos no productivos, poniendo en riesgo su operación en el mediano y largo plazo”, agrega Sarmiento.
Eliminará el régimen simple, perjudicando directamente a las pequeñas y medianas empresas, pues ya no tendrán la opción de contar con un sistema tributario simplificado, lo que podría aumentar su carga administrativa y desincentivar la formalización. Vale recordar que este régimen siempre ha permitido a las PYMES cumplir con sus obligaciones fiscales de manera más sencilla y con menores costos.
Incrementará la tasa del impuesto a la renta a las personas naturales con mayores ingresos, una medida que desincentivaría la atracción y retención de talento en las organizaciones internacionales o multinacionales. ¿La razón? “Las cargas tributarias elevadas para individuos con altos recursos económicos reducen la competitividad del país frente a sus pares de la región que tienen sistemas tributarios más favorables. En otras palabras, los mejores y más calificados ejecutivos verían con buenos ojos irse de Colombia para no pagar mayores impuestos”, reitera Sarmiento.
Generará una mayor complejidad y carga administrativa, debido a que implementará nuevas normas y cálculos complejos, como los relacionados con la utilidad depurada y el gravamen a los activos no productivos, aumentando la carga administrativa de las empresas. Asimismo, “las compañías tendrán que asumir sobrecostos operativos al tener que contratar asesoría especializada y dedicar más recursos para cumplir con estas obligaciones”, puntualiza el experto de Crowe Co.
Cuatro preocupantes cifras que explican los efectos negativos de la reforma
Las empresas reducirían su rentabilidad entre un 15 y 20 %, pues al pagar más impuestos dejarían de reinvertir mayores capitales o asignar presupuestos en planes de crecimiento, expansión, innovación y tecnología.
Se incrementarían los costos operativos hasta un 20 %, en parte por el incremento al gravamen a los activos no productivos y la tasa mínima sobre la utilidad depurada. Ante la necesidad de equilibrar sus finanzas, muchas organizaciones optarán por reducir su personal para mantener sus márgenes de rentabilidad, en particular en sectores con altos costos de operación como manufactura y construcción.
Podría disminuirse la generación de nuevos empleos entre un 5 y 10 %, sobre todo en las PYMES, que no tendrían recursos para ampliar las nóminas y comenzarían a operar por fuera del sistema formal para evitar pagar más impuestos, optando por no registrarse oficialmente o no declarar todos sus ingresos.
Aumentarían algunos precios de productos y servicios entre un 5 y 15 %, debido a que las compañías, en especial del comercio minorista, trasladarían los sobrecostos por impuestos a sus clientes, afectando el poder adquisitivo de sus usuarios y a larga perjudicando sus ventas. Los principales aumentos se verían reflejados productos básicos y alimentos (5 al 10 %) y servicios de tecnología (10 al 15 %).
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