El juez argentino Sebastián Ramos abrió esta semana una investigación para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades venezolanas contra la oposición al amparo de la justicia universal.
El fiscal Carlos Stornelli fue quien abrió la causa a instancias de la denuncia presentada por la Fundación Clooney en abril contra “integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que la instrucción eventualmente determine, sea del ámbito de la fuerza y/o de funcionarios gubernamentales de los cuales dependieran” por los homicidios de manifestantes durante las protestas de 2014, informa el diario argentino ‘Clarín’.
Entre los militares investigados se encuentran altos mandos chavistas como Justo José Noguera, quien fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014 y posteriormente ocupó el cargo de gobernador del estado de Bolívar.
También son investigados el general de división José Dionisio Goncalvez Mendoza, quien fue comandante de la Guardia del Pueblo en 2014; el general de brigada Arquímedes Herrera Russo, Comandante de la Región Nº2 de Carabobo; el Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilan, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Región Nº2 de Carabobo; el Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo; el teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento Nº 24 de la Guardia Nacional Bolivariana; el teniente coronel Carlos Martínez Astudillo, comandante del Destacamento Norte; el teniente Luis Amaya Chirino; y otros seis sargentos.
Los nombres de las víctimas están recogidos en el documento al que tuvo acceso el diario ‘Clarín’. Estos funcionarios militares cometieron un ataque “generalizado” y “masivo” contra la población civil generando una “multiplicidad de víctimas”.
El fiscal Stornelli ha pedido para avanzar con esta investigación informes al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Tribunal Penal Internacional (TPI), donde actualmente está en marcha una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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