Los concejales de Bogotá, Diego Cancino del Partido Alianza Verde y Susana Muhamad de la Colombia Humana, presentaron nuevas denuncias sobre graves violaciones a derechos humanos por parte de miembros de la policía, en las instalaciones de los portales de Suba y Américas de Transmilenio durante las jornadas de paro del 29 de abril de 2021.

Apoyados en los relatos de Cristian Cabrera, ex funcionario de la Alcaldía Local de Kennedy, los cabildantes revelaron que la noche de las protestas, la Policía retuvo a por lo menos 9 personas, incluido un menor de edad en Portal Américas.

Cabrera, quien abandonó el país tras recibir amenazas contra su vida, detalló que en desarrollo de su labor, hizo parte de un grupo de chat integrado por funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, incluida la personería y el delegado de la Policía Nacional para los derechos humanos de la localidad, entre otros, donde quedaron consignadas las actividades de seguimiento y las alertas de esos días.

En pantallazos de WhatsApp del día 29 de abril (7:43 p.m.) se lee que un miembro de la Policía “detuvo” a varias personas en el Portal Américas, incluido un menor de edad; hecho que fue puesto en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), vinculado a la Alcaldía Mayor y a la Policía Nacional. Es decir, que tanto la Alcaldía distrital como la Policía Metropolitana estaban al tanto de la situación que se estaba presentando en el portal esa noche, antes del estallido social, e hicieron caso omiso frente a las alertas. Se lee también en los chats que al parecer la intervención del ESMAD se dio por órdenes del Puesto de Mando Unificado (PMU) del que hacen parte altos funcionarios de la administración distrital.

Varios testimonios, incluido el de Cristian Cabrera, hablan de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, tratos crueles, violencia sexual y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en instalaciones públicas, como es el caso de los portales de Transmilenio.

En este sentido, la Personería Local de Suba pudo constatar que el 19 de mayo de 2021, cuatro jóvenes fueron detenidos y conducidos al interior del Portal Suba. La Personería recalcó que “la Policía Metropolitana estaba utilizando el portal como centro de acopio no apto para retener personas, y recordó que no es un Centro de Traslado por Protección ni una Unidad de Reacción Inmediata”.

¿Qué pasó el 29 de abril en el Portal Américas?

En su rol de funcionario público Cristian llegó esa noche del 29 de abril al Portal Américas y sólo 45 minutos después logró que lo dejaran entrar a la caseta de los guardias de seguridad donde tenían detenidos a los muchachos: “(…) ocho jóvenes y un menor de edad estaban en ese cuarto sin ventana. Llevaban allí más de cuatro horas y nos relataron que venían del trabajo, fueron bajados de sus bicicletas y trasladados a ese sitio donde fueron golpeados con distintos elementos, incluso con cinturones; nos dijeron que intentaron asfixiarlos con gases lacrimógenos que lanzaban al cuarto y cerraban la puerta”, anota Cristian en su testimonio. Estas prácticas se pueden calificar “de tortura”.

Cuando se hizo la denuncia, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho aseguró que: “(…) se realizó traslado por protección de un número aproximado de diez personas, las cuales fueron conducidas a un espacio de las instalaciones del Portal de las Américas para salvaguardar su vida e integridad”. Camacho fue contundente al responder que ese día no hubo capturados en el Portal Américas y tampoco en sus alrededores. Al contrario, el inspector general de la Policía, mayor general Jorge Luis Ramírez, argumentó que fueron capturas en flagrancia.

Denuncian los concejales Diego Cancino y Susana Muhamad, que la declaración oficial de Transmilenio, la Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería, más el testimonio de Cristian Cabrera, “confirman las múltiples denuncias que se han hecho sobre la grave situación de violación de derechos humanos en Transmilenio, lo cual (…) permite cuestionar si la aprehensión física de personas y conducción a sitios no oficiales, concretamente a instalaciones de TransMilenio, es una práctica repetida, con patrones similares y parecen hacer parte de un plan predeterminado de la Policía para amilanar la protesta social”.

Los concejales Cancino y Muhamad que pusieron estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, y la Procuraduría, pidieron a la Alcaldía Mayor que presente una relatoría independiente sobre el uso de las instalaciones de Transmilenio por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá en franca violación a los derechos humanos y tome medidas urgentes y eficaces.