La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el polémico artículo que establece una adición al código penal para que se establezca la injuria y calumnia contra funcionarios y exfuncionarios públicos.

La propuesta del representante Cesar Lorduy busca imponer penas de 60 a 120 meses de presión a los que “mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de un funcionario público”, evitando además la retractación en la persona que no pueda comprobar los actos de corrupción por los que señala a determinado funcionario público.

En el mismo artículo se establece que si el responsable de esta conducta es el representante legal o miembro de cualquier organización comunitaria, “el juez de control de garantías ordenará a la autoridad competentes que, previo al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la suspensión o cancelación de la personería jurídica de la organización comunitaria”.

La iniciativa aprobada fue planteada en medio de la discusión del proyecto que busca “adoptar medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”. La votación que le dio el visto fue 7 votos en contra y 51 votos a favor.