Un grupo de congresistas independientes y de oposición publicaron el informe de seguimiento sobre la implementación del Acuerdo de Paz, cuando se cumplen cinco años de la firma, donde se incluyen los hallazgos de las 27 visitas a los municipios más afectados por la violencia y la pobreza en las 16 subregiones PDET, los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR).

Según el documento, el proceso de paz tuvo impacto muy positivo para el país, porque logró la desmovilización de 13.609 excombatientes, de los cuales el 94.9% están activos y cumpliendo con su proceso de reincorporación; las FARC entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de 6 meses; en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24.8 por cada 100.000 habitante; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%; entre 2013 y 2017 se redujeron los ataques contra la infraestructura en un 81.2%; entre enero y agosto de 2011 y 2021 se redujeron los asesinatos contra la Fuerza Pública en un 74.6%.

En lo que tiene que ver con el compromiso del Gobierno Duque, el informe precisa que este marcó un deterioro dramático de las condiciones de seguridad territorial: “entre enero y septiembre de 2019 y 2021 ha habido un incremento del 6.8% en la tasa de homicidio nacional: las subregiones más graves son Norte del Cauca, Piedemonte Caqueteño, Macarena Guaviare, Montes de María, Pacífico medio, Sur de Bolívar, Putumayo, Frontera Nariñense, Chocó y Sur del Tolima; entre 2019 y 2020 hubo un incremento del 29.1% en homicidios de líderes sociales; en el período de enero a agosto de 2018 y 2021 hubo un incremento del 78.6% en el número de víctimas de masacres; y en el primer semestre de 2021 crecieron en un 256% las víctimas de desplazamiento frente al mismo período en 2020”.

Para los autores del seguimiento, “esto se debe a la falta de voluntad política para implementar en forma el Acuerdo de Paz y a la ausencia de reformas al sector seguridad que eran fundamentales para enfrentar en nuevo escenario operacional”.

Los congresistas aseguran que continúan pendientes el 33.6% de las leyes relacionadas con la implementación del proceso de paz, en donde el punto más rezagado es el de la Reforma Rural Integral, con un 58% sin tramitar.

En lo relacionado con la financiación para la implementación, se haba de los 9,9 billones que el Gobierno dice haber destinado para los PDET, de los cuales, según el informe, solo ha empezado la ejecución en territorio el 5%, “se está ejecutando al año en los PDET el 2% de lo que se necesita para cumplir con el Acuerdo de Paz en 15 años; y del total de recursos de OCAD Paz, el 26% de se están destinando por fuera de los municipios PDET”.

Aquí pueden ver otras cifras por cada uno de los puntos del Acuerdo de paz:

Punto 1- Hacia un nuevo campo:

• 10 de las 16 Hojas de Ruta de los PDET se han expedido.
• 10 de los 16 Planes Nacionales han sido expedidos.
• Del total de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, solo el 17,8% han sido efectivamente entregadas, y tan solo el 1,5% han sido entregadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
• Se está formalizando al año el 29.74% de lo que deberíamos estar haciendo para cumplir con la meta de 7 millones de hectáreas formalizadas en 10 años.

Punto 2- Apertura democrática:

• De las normas requeridas para implementar este punto, están pendientes el 50%. Por ejemplo, Reforma política, ley de participación ciudadana y regulación de la protesta pacífica, Código Electoral que está en revisión previo por la Corte Constitucional.
• Solo el 24% de los municipios en los que se otorgaron licencias para emisoras comunitarias son municipios PDET.

Punto 3- Reincorporación:

• Del total de excombatientes de las FARC-EP de FARC que dejaron las armas, el 48.9% no tiene aún un proyecto productivo financiado por el Gobierno.

Punto 4- Solución al problema de las drogas:

• De las 82.240 familias que firmaron acuerdo voluntario de erradicación solo el 8.6% han tenido acceso al proyecto productivo del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Punto 5- Víctimas:

• De las más de 9 millones de víctimas registradas, solo 16% han sido indemnizadas. Al ritmo al que vamos nos tomará 59 años llegar a todas.
• 819 ex FARC se han sometido a la JEP para ser investigados, juzgados y sancionados. Ya han sido imputados por la política de secuestro como crimen de guerra y de lesa humanidad.
• La Comisión de la Verdad ha entrevistado a 26.577 personas.
• De las 98.000 personas dadas por desaparecidas, solo el 1% está incluido en un plan de búsqueda de la UPBD.

Los congresistas autores del informe son: Juanita Goebertus, Angélica Lozano, Antonio Sanguino y Wilmer Leal, de la Alianza Verde; Ángela María Robledo, del Estatuto de la Oposición; Iván Cepeda, del Polo Democrático; Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe y Carlos Ardila, del Partido Liberal; Temístocles Ortega y José Daniel López, de Cambio Radical; John Jairo Hoyos y John Jairo Cárdenas, del Partido de la U.