Bajo la consigna “La libertad es mi causa”, el Movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones, prestadoras / es de salud, integrantes de la academia, centros de investigación y activistas, le pide a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el Artículo 122 del Código Penal mediante el cual se establece el aborto como delito, ya que es ineficiente, injusto con las mujeres y vulnerabilidades fundamentales como la salud, la igualdad, la libertad y sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres que habitan el territorio colombiano. La demanda se interpone en un contexto en el que diversos países de América Latina y el Caribe (Argentina, Ecuador, República Dominicana, entre otros) están discutiendo, por vía legislativa o judicial, reducir o eliminar el uso del derecho penal para regular el aborto.

Desde hace 14 años, con la sentencia C-355 de 2006, el aborto se despenalizó parcialmente en Colombia, permitiendo que las mujeres accedan a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como derecho fundamental, sin límite del periodo gestacional, bajo tres circunstancias:

1. Cuando la continuación del embarazo constituye un riesgo para la vida y la salud física, mental y social de la mujer.

2. Cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero.

3. Cuando el embarazo sea el resultado de incesto o de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia del óvulo fecundado no consentidas.

Aunque la sentencia C-355 de 2006 fue un hito en América Latina y el Caribe, pues se convirtió a Colombia en uno de los países de la región con las excepciones más amplias a la penalización del aborto , siguen persistiendo barreras estructurales que obstaculizan en la práctica el acceso el servicio de IVE. La penalización es la barrera principal de la cual se desprenden las demás. Las mujeres en Colombia siguen enfrentándose al riesgo de que se les inicie un proceso penal, de ir a la cárcelo de ser sometidas a la discriminación y al estigma cuando buscan acceder al servicio de forma segura, debido, en gran medida, a que el aborto sigue existiendo como delito en el Código Penal .

Datos arrojados por el Informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación [1] , en el que se hace un análisis de estos casos durante los últimos 20 años, evidencian que el 97% de las mujeres denunciadas por aborto pertenecen a zonas rurales, y que un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Estos datos reflejan que en Colombia está prevaleciendo un marco de persecución en contra de las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.

Se estima que en el país, debido a las barreras estructurales de acceso, solo entre un 1% y un 9% de los abortos se practican dentro del sistema sanitario, concentrándose en las ciudades principales. Esto quiere decir que la mayoría de mujeres recurren a abortos clandestinos que ponen en peligro su salud, sus vidas y su dignidad.

Por otra parte, que el aborto se mantiene como delito en el Código Penal colombiano también afecta el derecho a la libertad de profesión y oficio de las y los prestadores de salud; quienes por cumplir su deber de brindar el servicio de IVE se enfrentan al estigma social en sus ámbitos profesionales, a la sobrecarga laboral y al riesgo de tener procesos judiciales en su contra.

La eliminación del delito de aborto del Código Penal es una Causa Justa con las mujeres de Colombia. Por esta razón, el movimiento Causa Justa, a través de esta demanda, busca no sólo que se declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal, sino que además el Estado brinde acceso a abortos seguros en todo el territorio nacional y garantice la ciudadanía plena de las mujeres, la cual se fundamenta en el respeto a su libertad, autonomía y autodeterminación sobre las decisiones relativas a su cuerpo y su proyecto de vida .