La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch ha pedido este sábado al Gobierno colombiano que agote «de forma urgente» todas las vías legales para lograr la extradición del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos.

Mancuso, conocido como ‘Santander Lozada’ o ‘Triple Cero’, uno de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se encuentra en Estados Unidos tras haber cumplido una pena en ese país por tráfico de cocaína.

«Hasta ahora», denuncia HRW, «las autoridades colombianas han hecho mediocres esfuerzos» por lograr el retorno de un hombre acusado de atrocidades, cuyo testimonio «podría ser extremadamente valioso para lograr la verdad plena sobre crímenes cometidos por grupos paramilitares y sus cómplices».

Los tribunales colombianos han condenado a Mancuso por más de 1.500 homicidios y desapariciones, hechos reconocidos por el propio paramilitar, que con frecuencia ha implicado a comandantes y políticos.

En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó a Mancuso y otros 13 comandantes paramilitares de forma abrupta a Estados Unidos para que fueran procesados por causas de narcotráfico. HRW, en este sentido, ha cuestionado el momento de la extradición, uno en que el Tribunal Supremo de Colombia estaba logrando «avances significativos en investigaciones en contra de aliados de Uribe en el Congreso».

Las autoridades judiciales colombianas aún están adelantando cientos de investigaciones por crímenes de guerra en contra de Mancuso, de acuerdo con entrevistas a fiscales y documentos judiciales a los que tuvo acceso Human Rights Watch.

Si Mancuso confiesa su rol en estos delitos y coopera con el sistema judicial, es probable que muchos de estos casos sean consolidados con las condenas con arreglo a la ley de reconciliación Justicia y Paz, diseñada específicamente para alcanzar la paz con los grupos armados de Colombia.

Sin embargo, con arreglo a las decisiones del Tribunal Constitucional, Mancuso podría perder los beneficios de esta ley y recibir una larga pena en prisión si comete nuevos delitos, miente sobre sus crímenes o no coopera debidamente con el sistema judicial, por lo que no tendría incentivos para seguir cooperando.

De hecho, hace tres meses, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le negó el acogimiento a Mancuso pues le considera un «miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate» y no un colaborador o financiador de actividades paramilitares entre 1989 y 1997, tal y como él se presentó.

La preocupación reside en que Mancuso, de origen italiano, puede ser también extraditado a este país del sur de Europa, por lo que dejaría de responder ante dos procesos que tiene abiertos en la Justicia colombiana, por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi un millar de personas, y más de una treintena de desapariciones forzadas.

El presidente Iván Duque, protegido en su momento de Uribe, ha dicho que quiere que Mancuso vuelva al país o que sea juzgado en el exterior por sus crímenes, sin descontar el Tribunal Penal Internacional (TPI), una actitud que HRW considera una mera excusa.

«En lugar de hacer anuncios espectaculares sobre su intención de llevar a Mancuso al TPI , sería mucho más útil que el presidente Duque priorice este caso y se asegure que su Gobierno haga esfuerzos urgentes, oportunos y eficaces para lograr su extradición a Colombia», ha declarado el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.