Más de 7 mil miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas del Cauca marcharon este miércoles en Popayán para defender la presencia de los agentes del Estado en el territorio y denunciar abusos de la guardia indígena.

Las autoridades indígenas son quizás los representantes más legítimos de la población en el Cauca. Durante décadas, han impartido orden y justicia en los cabildos y son las voces de las comunidades ancestrales ante el resto del país.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca – Acin y el Consejo Regional de Indígenas del Cauca – Cric encarnan el sentimiento de la mayoría de los indígenas en la región, y son estas organizaciones las que coordinaron, por ejemplo, el desalojo de los militares del alto de Berlín, un cerro en Toribío, el pasado 11 de julio.

Sin embargo, el 27 de abril del 2009, bajo el gobierno de Álvaro Uribe y la coordinación del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, nación la Opic. Desde entonces, el sentido de la organización ha sido la de defender la institucionalidad en el territorio caucano.

“Somos una iniciativa que está bajo el marco de la Constitución y que defiende las instituciones del Estado”, afirmó a Confidencial Colombia el coordinador de la Opic en Toribio, Romel Campo.

La idea de los indígenas para crear esta asociación nació de un “inconformismo”, de la necesidad de presentar “que hay muchos habitantes del Cauca que no nos sentimos representados por las autoridades tradicionales”, según informó Campo. Desde el departamento afirman que la Opic cuenta no solo con el beneplácito del gobierno sino que también recibió beneficios económicos de la administración Uribe.

“Son organizaciones legítimas, cumplieron unas exigencias constitucionales para consolidarse como asociación y tienen el aval de Estado”, dijeron en su momento los funcionarios del gobierno.

Sin embargo, para los representantes de las autoridades mayoritarias en el Cauca, esta organización no es más que una asociación creada por el gobierno para dividir el movimiento indígena en el departamento a través de posturas que van en contra de las creencias ancestrales.

“En el tema del territorio y de la autonomía, los pueblos indígenas del cauca tenemos una visión clara. Lo que pretende hacer la Opic es desestabilizar el proceso de resistencia” indicó James Yatacué, consejero mayor de la Acin en Santander de Quilichao.

Frente a frente

La posición de esta nueva organización entra en directa contradicción con los paradigmas de defensa del territorio y de autonomía que intentan defender las autoridades indígenas tradicionales.

Luego del conflicto generado en varios municipios del departamento, que tiene su génesis en la inconformidad de las comunidades por la presencia de la fuerza pública en el territorio, generó una tensión entre las organizaciones tradicionales (Cric y Acin) y el Estado.

Esta situación determinó la necesidad de un diálogo entre comunidades y funcionarios del gobierno, incluido el Ministro del Interior. Las autoridades indígenas denuncian abusos por parte del ejército, invasión a sus tierras y uso de sus bienes para tomarlos como fortines de batalla.

Curiosamente, en la marcha a la que asistieron casi 7 mil indígenas de la Opic, se denunció que la guardia indígena – controladores del orden en los cabildos – robaba terrenos, incendiaba cultivos y se comía los animales de las fincas por las que pasan. Los mismos argumentos que usa la guardia para referirse al ejército.

Estos mismos puntos son los que, en la región caribe de Colombia, utiliza la asociación Nuevo liderazgo campesino contra los pobladores de fincas como Las Pavas. Sobre esta organización también existen dudas, pues fue creada en el mismo tiempo en el que se conoció de la idea de crear movimientos paralelos para desprestigiar colectividades de víctimas por parte de funcionarios del gobierno Uribe.

La Opic tiene ese mismo manto de duda, y se convierte en otra voz dentro del conflicto en el Cauca. Hoy, en Popayán, demostraron que no son una organización menor y volvieron a sentar su posición de defensa de la institucionalidad y de respaldo a la presencia de la fuerza pública en la región.