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Latam Airlines ha detallado el plan de financiación con el que proyecta obtener los fondos necesarios para concretar su salida de la quiebra en la primera semana de noviembre, según ha notificado en un comunicado remitido a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Esto representa uno de los últimos hitos de la compañía en su proceso de Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que se acogió en 2020 como consecuencia de la pandemia. El plan para captar nuevos fondos supone una combinación de emisión de bonos convertibles, aumento de capital y nueva deuda.

Por un lado, el grupo ha finalizado la fijación de precios de los bonos senior garantizados a cinco y siete años por 450 y 700 millones de dólares (460,2 y 716 millones de euros), respectivamente; además de una financiación a plazo por 1.100 millones de dólares (1.125 millones de euros) a cinco años. La compañía también ha obtenido una nueva línea de crédito rotativa (‘RCF’) por una cantidad aproximada de 500 millones de dólares (511 millones de euros).

«En un contexto muy desafiante y dinámico, estamos en camino de cerrar la totalidad de la financiación requerida bajo el plan de reorganización de la compañía. En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con 2.200 millones de dólares (2.250 millones de euros) de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso», ha comentado el consejero delegado de Latam, Roberto Alvo.

El pasado mes de junio, el grupo informó a la CMF sobre la estructura de financiación de salida del Capítulo 11, que contemplaba la contratación de nueva deuda por hasta 2.250 millones de dólares (2.301 millones de euros), incluyendo los bonos y una financiación a plazo, además de una nueva línea de crédito rotativa por un monto de 500 millones de dólares (511,3 millones de euros).

La compañía tiene la intención de utilizar parcialmente los ingresos de estos recursos para pagar el actual Crédito DIP suscrito en el marco de la quiebra.

Los bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos, y sus modificaciones (la ‘Ley de Valores’), o las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción. Como resultado, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos ni a ninguna persona estadounidense a menos que sea de conformidad con una exención aplicable o en una transacción no sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores.