La Defensoría del Pueblo ha alertado que el desplazamiento forzado en Colombia se ha duplicado respecto al año 2020, lo que supone que más de 44.000 personas, unas 15.300 familias, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el primer semestre de 2021.

Esto supone, según ha indicado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, un aumento del 256 por ciento respecto a los datos recabados en el mismo periodo del año pasado. En 2020 estas cifras alcanzaron los 13.912 desplazados y las 4.311 familias afectadas.

Además, durante la primera mitad de 2020 se registraron 51 eventos de desplazamiento masivo, mientras que en el primer semestre de este año ya se han producido 102 eventos de este tipo.

Camargo ha alertado así de que 36.101 personas de 192 comunidades distintas han sido obligadas a confinarse a causa de la violencia y los conflictos armados durante los seis primeros meses de 2021.

«El accionar de los grupos armados ilegales están generando situaciones que aterrorizan a la población y generan el desplazamiento masivo de las comunidades, por cuenta de amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad, disputas por el control territorial y social, entre otros», ha lamentado el funcionario.

El informe también advierte de que los departamentos más afectados son Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda y Arauca. El departamento con mayor el número de casos por confinamiento es Chocó (con 52), seguido de Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca.

Camargo ha señalado que en el 59 por ciento de los casos de desplazamiento forzoso las comunidades étnicas fueron las principales afectadas, mientras que los campesinos lo fueron en el 41 por ciento de los casos restantes. Estas cifras contrastan cuando se refiere al confinamiento: de los 68 eventos que se han presentado durante este año, el 98,5 por ciento corresponde a territorios con diferentes comunidades étnicas.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a las autoridades para «adoptar medidas de control de los factores de violencia y amenazas, que están atentando contra la población civil, ocasionando desplazamientos masivos, así como confinamientos con grave afectación a comunidades campesinas y étnicas».

A su vez, ha destacado que «es urgente brindar medidas de protección y mitigación del riesgo y la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por medio de acciones de prevención y protección que garanticen la atención integral y el goce efectivo de los derechos de la población».