La Fiscalía General de la Nación judicializó ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Calarcá (Quindío), con función de control de garantías, a una mujer que presuntamente vendría vulnerando la integridad física y sexual de su propia hija menor de edad, tras ofrecerla a un hombre de 74 años por dinero.

El ente acusador, conoció el caso por la denuncia interpuesta por el padre de la menor, quien indicó que durante tres meses su hija fue víctima de tocamientos íntimos en múltiples ocasiones a cambio de dinero y que en septiembre de 2019, el adulto mayor, al parecer la accedió carnalmente a cambio de $50.000. Se presume que el dinero fue repartido entre su mamá y sus hermanos.

También se evidenció que al parecer la progenitora permitía que se presentaran los abusos sexuales, pues era quien llevaba a la niña a la vivienda de Giraldo Henao. Incluso, se conoció que para los hechos registrados en septiembre, habría instruido a su hija para que tuviera relaciones sexuales con el anciano y evitara algún embarazo.

Asimismo, según el testimonio de los hermanos de la víctima de 9 y 11 años de edad, quienes conocieron del acceso carnal, confirmaron que el señor le daba su hermana $2.000, $5.000 o $10.000 y también le daba alimentos.

La madre de la víctima fue imputada como presunta responsable de los delitos de proxenetismo con menor de edad con circunstancias de agravación punitiva, acto sexual con menor de catorce años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, en calidad de coautora.

Igualmente, el ente acusador imputó en calidad de autor a Libardo de Jesús Giraldo Henao por las mismas conductas, excepto la de proxenetismo, pero con el agravante en el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

El juez de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los imputados, quienes no admitieron su responsabilidad en los hechos.

Las capturas de los procesados fueron materializadas dos barrios de Calarcá (Quindío) por servidores del CTI en conjunto con la Policía de Carreteras y miembros del Batallón Cisneros el pasado 13 de mayo.