De todos es sabido que la crisis de la justicia en Colombia es uno de los problemas más serios y complejos por resolver. Proyectos como el de la JEP, casos controversiales de parapolítica, falsos positivos o errores de congresistas o políticos encarcelados injustamente durante meses o años, no hacen sino sembrar de dudas la eficacia de la justicia y minan la confianza entre el pueblo, que al final, desencantado, o la ignora, o simplemente acaba por pensar: «todos los políticos son iguales».

El último episodio que salpica a la alcaldía de Montería, cuanto menos arroja muchas dudas del proceso que se inició el viernes con la Operación de Cristal. Con un respaldo popular poco visto en Colombia, las alcaldías de Marcos Daniel Pineda y Carlos Eduardo Correa, ha sido modelo nacional e internacional de gestiòn y eficacia en una ciudad intermedia que pide paso entre las importantes del paìs. Pues bien, en los últimos días, se han visto salpicados por unas supuestas irregularidades que la Fiscalía imputa a ambos alcaldes por la obra del Coliseo Happy Lora, en la capital cordobesa. Nadie entiende que los mejores alcaldes en popularidad y gestión de los últimos años estén envueltos en este escándalo.

Cuando rascas un poco y comienzas a investigar, con documentos y testimonios, te das cuenta que en este país, especialmente para el político honrado, decente y que intenta hacer las cosas con la ley por delante, es muy difícil ejecutar, hacer, gobernar, en resumen. Sin entrar en el papel de juez o fiscal, y siguiendo con este caso, que nos ocupará los próximos meses, ¿me gustaría que se explicara a la opinión pública dónde está el delito? La obra de la discordia, es una de las pocas del país que el valor inicial es el mismo final y jamás tuvo una adición ni un sobrecosto, A los alcaldes, hoy en día retenidos cinco días después sin imputación clara de cargos, no se les acusa de embolsillarse ni un peso, sino de “presunta corrupción” en el manejo del presupuesto, sin aclarar más.

Por si fuera poco el embrollo, dicha obra no era exclusivamente de la Alcaldía. En el proceso de contratación y adjudicación intervinieron MinCultura, DNP, Coldeportes y la Gobernación. Era el gobierno central y el DNP quien inyectaba plata de las regalías para la construcción, pero al haber retrasos porque hubo que cambiar los diseños iniciales por no cumplir la norma de sismorresistencia, levantó sospechas de los entes de control.

Lo más surrealista de todo es que la obra ya se entregó, con retraso, pero ahí está para el disfrute de los deportistas monterianos. Si un retraso es motivo de escarnio público de un servidor, en un país donde la burocracia mata al reloj, todos los regidores o cargos públicos deberían estar tras la rejas. De eso no creo que haya dudas.

Como muchos millones de ciudadanos, esperamos que se aclaren las circunstancias de estas detenciones, por el bien de Colombia, la dignidad de la justicia y la creencia de que no todos los cargos públicos y gente de bien se meten en política para robar. El país estaría muy enfermo si pensamos eso.