Este miércoles 8 de julio fueron detenidas 14 personas. Todas ellas fueron acusadas de pertenecer al ELN y ser responsables de varios atentados en Bogotá. El Congreso de los Pueblos ha calificado de falso positivo judicial estas detenciones.

En la mañana de este 8 de julio, poco después de que se supiera que las Farc adelantarán una tregua unilateral desde el próximo 20 del mes en curso, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación anunciaron la captura de 14 personas sindicadas de ser responsables de los dos atentados con explosivos el año anterior. Entre las acciones que se les imputan, la Fiscalía suma a varias acciones con artefactos explosivos hechos que alteraron el orden público en la Universidad Nacional.

Entre los detenidos por estos hechos y que según la Policía y la Fiscalía General pertenecerían al ELN, se encuentran Paola Salgado, Lorena Romo y Sergio Segura.

Los tres tienen en común que pertenecen al Congreso de los Pueblos y que tienen contratos con la administración distrital.

Sobre Salgado cabe destacar que su labor en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha sido una constante. Se desempeñaba como coordinadora del Centro Amigable de Suba. Su activismo la hizo abanderar el derecho de una niña de 12 años a interrumpir el embarazo, para lo que tuvo que interponer una acción de tutela. Su vinculación con el Distrito era a través de la Secretaría de Salud.

Por su parte Lorena Romo es una joven de origen pastuso que se dedicó durante varios años al activismo político, interesándose por el trabajo con comunidades y víctimas. También estaba relacionada con el Distrito a través de la misma Secretaría.

A su vez Sergio Segura trabajaba en la misma entidad pero además se encontraba trabajando con la Agencia de Comunicación de los Pueblos desde hacía 5 años. El área de trabajo de Segura eran los temas de conflicto y paz.

Al respecto el Congreso delos Pueblos consideró este hecho como un falso positivo judicial e hizo un llamado para que se respete el debido proceso de los detenidos.

A su vez Reporteros Sin Fronteras pide un «estricto acatamiento al debido proceso y presunción de inocencia. Es preocupante que situaciones como estas, en contextos tan polarizados como el colombiano, sirvan para estigmatizar a sectores, como el de los periodistas alternativos, entre otros». También añade, Fabiola León, representante de este organismo que «El interés mediático por mostrar resultados en investigaciones judiciales y operaciones policiales no puede en ningún momento atentar contra los derechos fundamentales de cualquier persona. A estos hechos, se suma la inquietante declaración del Fiscal General de la Nación del pasado 3 de julio, en que advertía de posibles judicializaciones a quienes entregaran los videos de hechos delictivos a los medios de comunicación».

Por su parte la Universidad Nacional de Colombia emitió un comunicado en el que «…rechaza los actos de violencia ocurridos la semana pasada en la ciudad de Bogotá y reitera su compromiso por contribuir, desde la academia y la investigación, a la promoción de valores democráticos, convivencia pacífica y respeto por los derechos humanos». Además, se permite aclarar que «Teniendo en cuenta que en medios de comunicación y redes sociales se ha mencionado que alguno o algunos de los capturados presuntamente serían profesores de esta institución de educación superior, nos permitimos aclarar que ninguna de esas personas ha sido o es profesor de la Universidad Nacional de Colombia».