El Bajo Cauca, el sur de Bolívar y la mayor parte del departamento de Boyacá comparten un elemento en común; son regiones en las que la pequeña y mediana minería han sido proscritas bien sea por el uso de la fuerza estatal o por la concepción errada de sus características propias. Por esa y otras razones se ha anunciado un paro minero nacional para le próximo 18 de febrero.

La pequeña minería de oro ha sido una de las actividades que han marcado la vida de las comunidades del Bajo Cauca. en lugares como Tarazá, Nechí o el Bagre, según estimaciones de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Connaminercol), cerca de 25 mil familias subsisten de esta actividad.

La presencia de grupos armados al margen de la ley en esa, y en otras regiones, ha sido un azote que ha generado situaciones violentas que se han sostenido por décadas. A esto hay que sumar el hecho de que la mayor parte de este tipo de actividad no tiene control alguno por parte del gobierno nacional.

Esta situación se repite en el sur de Bolívar. En la Serranía de San Lucas, en donde los pequeños y medianos mineros de oro representados por la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar, esta actividad, además de sufrir de las vicisitudes propias de estar en regiones olvidadas por el poder central y en el que los actores armados del conflicto son una constante, deben luchar cada vez más con la arremetida estatal en contra de la minería a pequeña y mediana escala.

Algo similar ocurre en el departamento de Boyacá en el que la minería tradicional de carbón y la actividad minera de los esmeralderos no cuentan con un respaldo efectivo del gobierno nacional según lo dicho por Germán Suárez, vicepresidente de la Confederación de Esmeralderos de Colombia y miembro de la Asociación de Mineros del Norte de Boyacá.

Las minas de carbón que por décadas han sido la fuente de sustento de cientos de familias campesinas de Boyacá han ido cerradas paulatinamente y la maquinaria ha sido destruida siendo conducidos los mineros ante las autoridades. Por esta situación las tensiones en la región han ido en aumento.

Además, la minería de oro y de esmeraldas ha empezado a ser equiparada con la gran minería. Ese hecho hace que los mineros no puedan competir directamente con esas grandes empresas mineras. Esto para no mencionar que en esas áreas auríferas la ilegalización de la minería artesanal es una realidad, al igual que lo sucedido con la minería de carbón.

Por otro lado el sector esmeraldero ha manifestado su inconformidad debido a que no existen mecanismos efectivos para que esta actividad sea protegida. Un ejemplo de ello es que cada piedra retirada del subsuelo debe ser registrada en el RUCOM (Registro Único Minero); estas piedras son retenidas en la mayor parte de los casos ya que no todos los que ejercen esta actividad son empresas formalizadas. Estas medidas se toman, según Wilson Quintero presidente de esa agremiación esmeraldera, sin mayor conocimiento del trabajo y de las zonas esmeraldíferas.

Estas situaciones han llevado a que las diferentes asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de mineros pequeños, medianos y artesanales hayan anunciado un paro minero nacional para el próximo 18 de febrero.

El paro ha puesto en alerta a las autoridades que, en regiones como el Bajo Cauca, comenzaron a desplegar operativos preventivos para evitar bloqueos de vías y posibles alteraciones del orden público.

Así pues, el próximo 18 de febrero, si el Ministerio de Minas no ha solucionado las preocupaciones de los mineros colombianos, una gran parte del país se verá afectada por un cese de actividades que buscará sentar un precedente frente a la “locomotora minera” que ha sido uno de los principales frentes de acción del gobierno de Juan Manuel Santos.