La Defensoría del Pueblo, advierte sobre la tragedia que podría presentarse en varias URI de Bogotá por hacinamiento. Según el defensor Jorge Armando Otálora Gómez, la sobrepoblación en estos lugares se da luego de que el fin de semana en estos Centros de Detención Transitoria, se dieran varios hechos que ponen en peligro a los retenidos.

La entidad registró varias situaciones críticas en los centros, la primera, advertencia se dio en la URI de Puente Aranda en donde los detenidos se amotinaron y retuvieron a los policías que estaban a cargo del centro, allí resultaron siete presos lesionados y tres agentes heridos. El segundo hecho se presentó el domingo 21 en la URI de Kennedy en donde se presentó un intento de fuga de 12 personas, de las cuales 10 de ellas fueron recapturadas.

La Defensoría ha podido constatar que en los Centros de Reclusión Transitoria los detenidos están en condiciones «indignas e inhumanas»; la mayoría de las personas deben dormir en el piso, no tienen servicio de comedores, no hay baños ni duchas, las condiciones higiénicas de salud y alimentación son “deplorables”.

El Defensor Otálora Gómez señaló que “situaciones como las registradas el fin de semana en varias Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá son un claro llamado de alerta para tomar decisiones urgentes y evitar que se llegue a registrar una tragedia”. Asimismo enfatizó en que los detenidos permanecen hasta 4 meses, cuando las normas establecen un máximo 36 horas.

Las URI se encuentran en un estado de hacinamiento que sobrepasan su capacidad, por ejemplo, en la de Engativa es para 35 detenidos, actualmente se registran 100 detenidos en las celdas y pasillos; la de Kennedy tiene una capacidad para 50 detenidos, allí permanecen 182 personas; la URI de Puente Aranda, con capacidad para 90 detenidos y ya suma 147 personas y de Ciudad Bolívar, con capacidad para 50 personas y 142 detenidos en celdas y pasillos.

Finalmente, la Defensoría solicita a las autoridades competentes para que estas protejan «el derecho fundamental a la dignidad humana y, por ende, garantizar los derechos a la salud, a la vida y al debido proceso, de la población detenida en las URI».