La Corte Suprema de Justicia sentenció al exministro de Agricultura por su participación en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cometidos durante el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Luego de cuatro años, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a Andrés Felipe Arias, quien era el ministro de Agricultura del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por conducta irregular en la elaboración de millonarios contratos por medio del denominado programa de Agro Ingreso Seguro, un sistema que pretendía ofrecer subsidios a campesinos bajo el marco del TLC con Estados Unidos.

Para el alto tribunal las pruebas presentadas por la defensa del acusado no calaron frente a los factos testimoniales y documentales que la Sala Penal posee, en el sentido de que estos dan conocimiento de que Arias en efecto incurrió de gravedad en peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

En este orden de ideas se espera que los magistrados que atienden el caso revelen los años de condena contra el exministro y se especula que este puede llegar a pagar entre 18 y 33 años. Un plazo de 15 días quedó estipulado para anunciar la temporada de presión, que tendría en cuenta los dos años de confinamiento que Arias Leyva pagó en un fuerte militar de Bogotá.

Esta decisión de la Corte da las últimas estocadas en contra de Andrés Felipe, quien en su defensa argumentó el pasado 24 de febrero que la Fiscalía General cometió múltiples errores en el proceso de hacer el escrito de la acusación. El abogado defensor Jorge Aníbal Gómez Gallego, indicó en su momento que no hay pruebas suficientes para condenar a Arias, relacionados con convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 052 de 2009, celebrados con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) de 2007 a 2009, por un valor aproximado de 280 mil millones de pesos.

El togado hizo énfasis en que en que el Ministerio que dirigía el acusado estaba habilitado para celebrar los contratos con el Iica, denominados en convenios científicos y técnicos durante el trámite del AIS, no obstante el alto tribunal precisó este jueves que esta jugada se hizo bajo el pleno conocimiento de Arias y que los convenios representan una administración de recursos públicos por parte del Iica, más no «no es una actividad tecnológica ni científica».