Treinta y tres organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la CIDH la «impunidad» en que permanecen las desapariciones forzadas en México, Colombia, Guatemala y Perú, y la falta de políticas eficaces ante un fenómeno que, aseguraron, sigue produciéndose en los tres primeros países.

«La práctica de la desaparición forzada no es algo del pasado, sino que se sigue practicando hoy en al menos tres de los cuatro países aquí representados, y persiste la impunidad de sus autores materiales», dijo el abogado Carlos Rodríguez Mejía, expresidente de la Comisión Colombiana de Juristas; en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mejía, que habló en nombre de todos los denunciantes, lamentó la «falta de eficiencia y de voluntad política para buscar a los desaparecidos», la «tendencia a negar la existencia de la desaparición forzada» y la «falta de coordinación de las entidades» en esos cuatro países.

Por ello, pidieron a la CIDH que elabore un informe con recomendaciones a los Estados para 2014, que desarrolle un «protocolo guía» para la búsqueda de los desaparecidos, que refuerce las medidas cautelares para estos casos y que «se pronuncie con urgencia sobre la grave tendencia al negacionismo de los Estados».

Sobre México, las organizaciones indicaron que pese al gesto del Gobierno de Enrique Peña Nieto de publicar la lista de 26.121 personas desaparecidas durante el sexenio anterior, persiste una «falta de voluntad política para resolver estos casos», en palabras de Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos.

«La impunidad de las desapariciones forzadas en México es del 100%. Los casos no se investigan a fondo y no se castigan los autores materiales de estos crímenes», agregó Reyes.

Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en México (Fundem), lamentó que el Ejecutivo de Peña Nieto «ni siquiera haya reconocido que haya desapariciones forzadas» en el listado que publicó, y que aún no hay «ningún banco de datos confiable» al respecto.

En cuanto a Colombia, el problema también «se vive aún hoy», marcado por «mecanismos de impunidad» como «la presencia de los victimarios en la región que envían mensajes a las familias para que no denuncien» y por la «continua pérdida de expedientes en las fiscalías», según Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FNEB).

Agregó que hay «más de 7 leyes alrededor de los derechos de estas víctimas», pero «no se aplican ni son eficaces», y la ampliación del fuero militar dentro del nuevo marco jurídico para la paz impulsado en Colombia «permite una amnistía encubierta para los autores de esas desapariciones».

En Guatemala, «no existen esfuerzos serios y comprometidos por parte del Estado para la búsqueda de personas desaparecidas, ni para reparación de las víctimas», y «la impunidad y protección a autores materiales e intelectuales persiste», denunció Carla Caxaj, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).

Alertó que «recientes mensajes» del presidente de Guatemala, Otto Pérez Medina, de «que no existieron los delitos de desapariciones porque no están tipificados», son un «indicador de la negación» del Estado que impide que haya una política al respecto.

Por último, el director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, aseguró que en Perú no hay «una institución que esté preparada para impulsar la búsqueda de los desaparecidos» y «persiste una tendencia a ignorar las sentencias en cuanto a desaparición forzada que propician la impunidad».

Con EFE